Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.
Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.
Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.
Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.
Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.
Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.
La Plata
El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.
La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.
Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.
Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.
El pasado 7 de julio, diversos medios de comunicación alertaron sobre un incendio suscitado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llamada Nohoch-Alfa, establecida en las aguas del golfo de México, en el estado de Campeche. No obstante, había pasado desapercibido un derrame de crudo acontecido cuatro días antes.
De acuerdo con una secuencia de imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, el derrame de crudo inició aproximadamente entre el 3 y 4 de julio en la plataforma Balam que, hasta este día lunes (16), ha alcanzado una dimensión de 400 kilómetros cuadrados y el vertido podría extenderse hasta los 4,000 metros cúbicos.
Este desastre ambiental actualmente ha alcanzado una dimensión de más del doble de la ciudad de Guadalajara, pero “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo”, han denunciado en conferencia de prensa una veintena de organizaciones de la sociedad civil.
Estas organizaciones temen que, por antecedentes de otros casos similares, el derrame pueda pasar desapercibido y sin cuantificar los daños. “Una revisión de la misma zona en el mes de junio permitió identificar otro derrame con una extensión aproximada de 270 km2” puntualizan los activistas en un documento que fue presentado ante la prensa.
En el mismo documento destacan que, solo en los últimos dos años existe un aumento de 152% de accidentes de PEMEX, siendo que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto de una error humano, cuando en realidad de trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70%”, señalan las organizaciones.
En el documento que presentaron las organizaciones llamado Recientes Incidentes Ambientales en el Área de Explotación Hidrocarburífera Cantarell en el Golfo de México (Junio/julio 2023), resaltan que el vertido de hidrocarburos y otros fluidos contaminantes se ha convertido en algo recurrente por parte de la paraestatal.
Las organizaciones reiteran que esto es un motivo más de porque “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa”, señalan las organizaciones.
Las activistas urgen el remplazo de la energía fósil como respuesta a la emergencia climática.
Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López / Soy502)
En portada: Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)
El escenario político en Guatemala, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, ha adquirido aires autoritarios. En respuesta, distintos sectores de la población y organizaciones sociales salieron a las calles para frenar lo que es señalado como un golpe de Estado “técnico”.
La mañana de este jueves (13), agentes del Ministerio Público (MP), acompañados de elementos encapuchados y armados de la División de Información Policial, allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La acción fue justificada con el argumento de recopilar pruebas para proceder legalmente contra el partido Movimiento Semilla (MS), al cual acusan de falsificar firmas para adherir miembros a su organización política, así como por lavado de dinero.
Esto ocurrió horas después que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, con lo cual confirmó los candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto: Bernardo Arévalo del MS, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).
La injerencia del MP sobre el tribunal ocurre en un contexto de grave crispación política. El 30 de junio, nueve partidos políticos señalaron fraude electoral y demandaron la revisión de los votos y actas de la primera vuelta. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinio para cotejar los datos de las mesas de votación. Para el 6 de julio, la revisión a nivel nacional concluyó sin que el fraude fuera comprobado.
Con la irrupción del MP al tribunal electoral, organizaciones sociales consideran que la maniobra es una acción más en el proceso para interferir en las elecciones. Así lo considera José Luis Caal integrante de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), organización con presencia en el norte del país centroamericano.
“Guatemala está viviendo en estos momentos un golpe de Estado ‘técnico’; ya no es con el uso de la fuerza física, mediante el ejército, sino a través de los operadores de justicia que están al servicio de grupos criminales”, asevera Caal en entrevista con Avispa Mídia en su oficina de Raxruhá, Alta Verapaz.
Para Caal, la reciente acción de los fiscales del MP está encaminada a desactivar al candidato del Movimiento Semilla y sacarlo de la contienda presidencial. “Estamos muy preocupados porque vemos que estamos bajo una dictadura(…), no están respetando el voto de la ciudadanía”, reclamó durante la mañana de este jueves, mientras la organización en la que participa se sumaba al llamado de otras agrupaciones que criticaron este hecho.
Caal, defensor de derechos humanos, nos comparte que es alto el nivel de incertidumbre ante el desarrollo de los eventos mas recientes en la disputa electoral. “Aquí lo que está en juego para nosotros no es el Movimiento Semilla, sino que es la poca institucionalidad y la débil democracia que tenemos en Guatemala”.
Es en ese marco que, contextualiza, los movimientos y organizaciones populares se encuentran en estado de alerta. “Estamos en comunicación con diferentes organizaciones a nivel nacional porque no vamos a permitir que el partido de Alejandro Giammattei (presidente de Guatemala) quiera imponer a un gobierno que no es de la decisión popular”.
Las declaraciones de Caal y su organización son una pequeña muestra de las reacciones de descontento que no demoraron en multiplicarse en distintas geografías del país centroamericano.
Integrante de Congcoop se prepara para manifestar su rechazo a la injerencia del MP en las elecciones presidenciales. Foto: Aldo Santiago.
Desde el centro de la capital de Guatemala, frente a las instalaciones del MP, pasando por Quetzaltenango, San Marcos, Antigua y la ciudad de Cobán, entre otras, cientos de manifestantes salieron a las calles para repudiar el intento de golpe de Estado.
Al cierre de esta edición, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al MS el cual le brinda protección contra la suspensión de su personalidad jurídica hasta que exista resolución definitiva de la orden judicial que emprendió el MP.
Por su parte, el TSE indicó que no tomará en cuenta la orden judicial del MP, con lo cual reafirmó la participación del Movimiento Semilla a la segunda vuelta de las elecciones.
Pacto de corruptos
Para entender la coyuntura actual, Caal explica que, debido al trabajo con Naciones Unidas para dar seguimiento a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, el gobierno de Guatemala aceptó, en 2006, la conformación y operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia, emprendió investigaciones para sancionar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos.
Para ello, se conformo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), organismo que coadyuvó a la CICIG como al MP de Guatemala para investigar los casos de alto impacto.
“La FECI investiga a los grupos que se han beneficiado del dinero del pueblo, estos grupos que influyen en los gobiernos. A partir de este trabajo de la FECI se empiezan a descubrir cómo el poder económico financia a los partidos políticos de derecha de manera ilegal”, contextualiza Caal.
Sin embargo, cuenta el defensor de derechos humanos, fue durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), cuando los grupos criminales que operan paralelamente al Estado, “se rearticulan y logran expulsar a esta comisión de Guatemala, porque empiezan a tocar los intereses de las empresas, del poder económico, porque ellos influyen en este modelo de gobierno que no beneficia a la población”.
“Comienzan a cooptar todas las instituciones de justicia (…). La FECI ahora está en manos de estas mafias y empieza una actitud de venganza en contra de los fiscales que estaban investigando los casos de corrupción e impunidad”, señala Caal, quien enfatiza que ante ello muchos jueces se encuentran en el exilio.
Aún mas grave, la persecución se extiende contra movimientos y organizaciones sociales, además de periodistas, como es el caso de la detención y sentencia contra José Rubén Zamora, director de El Periódico, quien se encuentra encarcelado acusado de delitos financieros, causando el cierre del medio de alcance nacional.
“Vamos a respaldar esa decisión valiente (del TSE), seguramente, ante las presiones que tienen del gobierno central”, señala Caal. “No vamos a permitir que se continúe con la agresión a este sistema democrático débil que tenemos. Vamos a exigir que se respete esa débil democracia que tenemos en Guatemala”, concluyó.
Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.
El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.
En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.
Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.
La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.
El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.
Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.
“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.
El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.
Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.
Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.
Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.
Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.
En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.
Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.
Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.
Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.
Lo que sigue
Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.
El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.
Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.
Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.
Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.
“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.
En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F
Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.
A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.
Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.
Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.
Casa de María y su familia. Foto: Santiago Navarro FDeforestación causada por el trazo del tramo 6 del proyecto tren maya. Foto: Santiago Navarro F
La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.
Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.
No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.
El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.
Foto: Renata Bessi
Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.
Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.
Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.
María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.
La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.
De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.
¿Qué pasó con las tierras?
Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.
De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.
El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.
Foto: Renata BessiFoto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.
Va porque va
El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.
Foto: Renata Bessi
El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.
Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.
Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.
El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.
Sin acuerdo
Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.
En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.
Embarcaciones en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar. Foto: Aldo Santiago
Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.
El ejido no representa el Pueblo Maya
El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.
Foto: Renata Bessi
“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.
Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.
Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.
Foto: Renata Bessi
Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.
