En portada: Encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abri 2022, en Guatemala. Participaron periodistas indígenas y urbanos que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina. Foto: Santiago Navarro F
El pasado martes (28), un juzgado de Guatemala ordenó investigar a nueve periodistas, así como el financiamiento de medios independientes en Guatemala. Esto se da en un contexto de la primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quién ha cumplido siete meses en prisión por presuntas investigaciones sobre actos de corrupción.
Zamora Marroquín también es ingeniero industrial y empresario. Es fundador de tres periódicos guatemaltecos: Siglo Veintiuno en 1990, El Periódico en 1996, y Nuestro Diario en 1998. Fue detenido en julio del 2022 por supuesto lavado de dinero.
Normalmente ejerce el periodismo de investigación y publica en el medio El Periódico. “Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de El Periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno", señaló el presidente de dicho medio.
El Ministerio Público de Guatemala afirma que el empresario oculta el origen de 25 mil 600 dólares y también es acusado por conspiración por “obstruir la justicia”. Las autoridades guatemaltecas tienen tres meses para fundamentar estas acusaciones.
No bastando con ello, en la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer, también ordenó que se investigue por “obstrucción de justicia” a nueve periodistas vinculados a El Periódico.
La voz de los medios independientes
De forma urgente, diversos medios y periodistas independientes lanzaron una misiva, destinada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar de lo acontecido el pasado martes en esta audiencia.
En la carta hacia la CIDH se señala que, “los hechos constituyen una amenaza a la libertad de expresión, transgreden los estándares internacionales en materia de libre emisión del pensamiento”.
Además, en el documento se destaca que estos actos contravienen el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que “no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, refiriéndose al trabajo periodístico realizado por Zamora Marroquín.
En entrevista para Avispa Midia, el periodista Simón Antonio Ramón expresa que en “Guatemala estamos en un contexto de criminalización contra periodistas sin precedentes, desde los años de la paz, a partir de 1996 cuando termina la guerra”.
Esta espiral de violencia que vive el país centroamericano tiene que ver con la participación de diversos medios, periodistas, organizaciones y hasta juristas que se involucraron en las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre los años 2007 y 2019. Estas pesquisas destaparon un sinnúmero de crímenes de guerra.
“Entonces ese proceso ha sido detenido, porque la mayoría de los jueces que atendían este tema y temas de corrupción, se han ido al exilio. El Periódico participó en estas pesquisas”, argumenta Antonio Ramón, periodista quien forma parte del medio Prensa Comunitaria.
El corresponsal de Prensa Comunitaria puntualiza que, a la violencia contra periodistas, se suma la restricción a las fuentes de información y se enfrentan a la violencia física, “sólo en el año pasado (2022), en el monitoreo que realizamos, registramos 161 casos, de ellos 88 casos penales, entre intimidación y restricción”.
En el documento enviado a la CIDH, el cual también subscribe Prensa Comunitaria, se argumenta que, “no existen indicios para ordenar investigar a los periodistas, porque los recortes de prensa que la fiscal presentó en audiencia como sustento a sus peticiones, no pueden constituir prueba, no fueron obtenidos ni incorporados legalmente al proceso, en consecuencia, la fiscal está implantando prueba”.
Por su parte, la Relatoría de la CIDH externó en ocasiones anteriores su intención de visitar de manera oficial el país por el aumento de denuncias de ataques en contra de la prensa en Guatemala.
En portada: El pueblo maya de Sitilpech se manifiesta contra la reanudación de operaciones de la mega granja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén. Por ello, el 22 de febrero se declararon como ‘Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas’. Foto: Lilia Balam
Este miércoles (1), el pueblo maya de Sitilpech rechazó la invitación, por parte de la empresa Productos Pecuarios para Consumo, para realizar una mesa de diálogo donde planteaba “establecer acuerdos que permitan la cordial relación entre las empresas, los pobladores de Sitilpech y las autoridades”.
En comunicado, habitantes del pueblo maya argumentan su rechazo debido a que la empresa no ha cumplido el acuerdo previo de retirar a los cerdos que actualmente se encuentran dentro de sus instalaciones.
Aunado a ello, las y los pobladores de Sitilpech refieren que la convocatoria al diálogo no respeta las normas del pueblo, quien el pasado 22 de febrero se declaró como ‘Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas’.
Fue en aquel día, mediante conferencia de prensa donde la comunidad maya, en pleno uso de sus derechos a la autonomía y libre determinación, difundió la declaratoria “frente al despojo, la violencia y desprestigio encabezado por el Gobierno de Yucatán y el empresariado Porcicultor”.
En la declaratoria, las y los habitantes de Sitilpech se posicionan contra toda empresa, proyecto o autoridad que quiera entrar a su territorio a costa de su salud y de sus propias reglas. Además, enunciaron las formas con las que, en caso de existir condiciones, pueden recurrir al diálogo, las cuales denuncian que no ha cumplido la empresa porcícola.
Continúan las agresiones
La comunidad maya enfatiza que las agresiones contra su movimiento pacífico no han cesado. Señalan que, incluso durante la declaratoria del 22 de febrero, fueron intimidados por elementos de la policía del estado de Yucatán, quienes arribaron a bordo de 20 camionetas y mantuvieron comunicación telefónica con representantes de la granja.
Pese al hostigamiento, detalla la organización “La esperanza de Sitilpech”, habitantes de la comunidad maya acordaron el ingreso de transportes con alimentos y combustible para la fábrica, con el acuerdo de que, a más tardar el 1 de marzo, serían desalojados los cerdos de las instalaciones, situación que denuncian, aún no se ha cumplido.
“Antes de pedirnos un diálogo, cumplan su palabra inicial de sacar a los cerdos del pueblo (…) Si quieren que el diálogo llegue, primero se tiene que ir los cerdos y después será el pueblo el que ponga la fecha, la hora y los términos para entablar un diálogo”, sostienen los habitantes de Sitilpech.
De acuerdo con la empresa, la convocatoria a la mesa de diálogo cuenta con el aval de distintas autoridades, aunque en su invitación no menciona detalles de los funcionarios que participarían en ella.
Las y los habitantes de Sitilpech son enfáticos al denunciar que esta invitación al diálogo, ocurre aún cuando la represión ha seguido. “La violencia no se ha detenido, queremos que nos dejen en paz. Dejen de cooptar medios de comunicación y periodistas para desinformar sobre nuestra legitima lucha. Dejen de mandar policías en las madrugadas y volar drones sobre nuestras casas”, reclaman en su comunicado.
Mediante la declaratoria del pasado 22 de febrero, y por medio de acuerdo interno, la comunidad maya estableció los lineamientos para que las autoridades y empresas consulten y en su caso, soliciten el consentimiento para la instalación de cualquier proyecto en su territorio.
Entre los puntos, exigen el respeto a reglas tales como realizar la convocatoria con un mes de anticipación, iniciar sesiones informativas en maya y español, así como una política de cero tolerancia ante actos de asistencialismos a cambio del voto favorable a empresas o estado. “En el momento que se conozca sobre algo parecido, la consulta se cancela inmediatamente y se rechaza el proyecto”, sostienen.
“El pueblo ya despertó y no nos vamos a dejar intimidar ni dominar nunca más. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, sentencia la comunidad maya ante la insistencia de la empresa y de los diferentes niveles de gobierno para la reanudación de las operaciones de la mega granja porcícola.
Trabajadores en la fábrica de autos eléctricos de Tesla ubicada en Fremont, California.
La mañana de este martes (4), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció la instalación de una fábrica de autos eléctricos, propiedad de la empresa norteamericana Tesla, en la ciudad de Monterrey, norte del país.
Esto ocurre pese a que la semana pasada, el ejecutivo federal había declarado su rechazo para dicha fábrica debido a la crisis hídrica que enfrenta el estado de Nuevo Léon, ubicado en una región semidesértica.
“Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento. Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua”, confirmó Obrador durante su conferencia matutina.
AMLO argumentó el cambio en su opinión debido a la inversión propuesta por la empresa norteamericana, pese a que se abstuvo de dar detalles del monto y el número de empleos que promete su instalación.
En lo que concierne al problema con el suministro del agua, el mandatario refirió que existe el compromiso de Tesla para utilizar agua reciclada para todo el proceso de fabricación de los automóviles eléctricos.
Estimaciones de la industria automotriz indican que para la fabricación de un coche se llegan a utilizar hasta 4,000 litros de agua. Además, el sector en México consume, solamente en las instalaciones de una armadora de autos, hasta 10 mil millones de litros de agua anualmente.
Cabe resaltar que, durante la primera mitad de 2022, la ciudad de Monterrey, la segunda urbe más grande de México con más de 5 millones de habitantes, padeció una sequía catalogada como “extrema” al mismo tiempo de registrar temperaturas que superaron los 40 grados centígrados.
Sin subsidios
Uno de los puntos que abordó Obrador sobre el acuerdo con Elon Musk, es el que refiere al caso de las baterías y la fabricación de semiconductores. Esto debido a que el gobierno mexicano se abstuvo de comprometerse a otorgar subsidios para el desarrollo de estos campos, tal como lo hace la administración de los EEUU.
“Entonces eso no. Un subsidio así no. No podríamos otorgarlos, esos subsidios. Él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo”, detalló AMLO, quien resaltó que el recurso principal de ese país son los trabajadores. “Eso no se encuentra en otros lugares del mundo: la calidad de la fuerza de trabajo, la mano de obra, el profesionalismo de los trabajadores mexicanos”, sostuvo el mandatario.
La fábrica anunciada para el norte de México representa la tercera instalación de Tesla fuera de EEUU, pues se sumará a los complejos industriales que posee en Shanghái y Alemania.
En portada: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth
El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.
En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.
Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.
Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.
Palma de aceite, motor de devastación
Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.
Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.
Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa echó mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.
El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.
“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.
La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.
Deforestación evidenciada
“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.
En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.
Imagen satelital con fecha de noviembre 2002Imagen satelital con fecha de noviembre 2019
Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.
Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.
A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(...) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.
Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.
Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.
Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia
Demandas “estratégicas”
“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.
La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).
“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.
Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.
“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.
Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).
Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.
Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.
“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.
El Congreso de la República de México aprobó el miércoles (22) la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo mexicano, la cual determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la responsable de coordinar la vigilancia y control del espacio aéreo de México. La iniciativa fue lanzada en abril de 2022 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Hasta ahora, dichas tareas habían estado principalmente bajo el control de autoridades civiles de aeronáutica y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras solo una instancia de Sedena participaba en el esquema previo, ahora las Fuerzas Armadas serán la cabeza y coordinarán todas estas actividades.
“La Sedena coordinará la participación de las autoridades correspondientes para la vigilancia del espacio aéreo”, dice el artículo 3 de la ley. Además, la secretaría tendrá la libertad de emitir disposiciones técnicas y administrativas que considere “necesarias” para el cumplimento de la ley.
La ley también crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano. El sistema será integrado por Sedena, que hará la coordinación; por la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.
La reforma se aprueba en medio de crecientes críticas a las políticas de militarización de López Obrador, quien ha entregado a las Fuerzas Armadas: el control de la Guardia Nacional, obras como el Tren Maya y aeropuertos, además de la vigilancia de puertos y aduanas.
Contradicción
La Ley de Aviación Civil y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todavía vigentes, dan facultades en materia aeronáutica a la SICT. Las leyes no fueron reformadas y en la nueva se autoriza a la Sedena a realizar parte de las tareas que la SICT ya lleva a cabo vía sus órganos Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Senaem).
Ahora, la ley será enviada al Ejecutivo Federal para completar el trámite y su entrada en vigor.
En portada: Alfredo Cisneros Madrigal, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sicuicho destacó por ser“un defensor incansable de los bosques,del territorio y de los derechos colectivos”.
Alfredo Cisneros Madrigal, indígena purépecha y miembro activo en la defensa de los bosques de la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes, Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del pasado martes (21).
Así lo denunciaron el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y el Concejo Comunal Indígena de Sicuicho. Acorde al CSIM, Cisneros Madrigal, de 60 años, fungía como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sicuicho y destacó por ser “un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos”.
Ante el crimen, testimonios de los concejeros comunales detallan que solicitaron apoyo de elementos de seguridad, entre ellos, policía estatal y Guardia Nacional, pero no obtuvieron respuesta alguna. Por ello, y ante el temor de otro ataque armado, bloquearon tres puntos de la carretera entre Los Reyes y Uruapan. En el acto, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán el esclarecimiento del crimen, pues los agresores se dieron a la fuga.
El pasado martes (21), comunidades integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán tomaron seis carreteras federales para exigir justicia para los defensores de los bosques, de los derechos colectivos y de las comunidades indígenas desaparecidos y asesinados
Según el Concejo Comunal Indígena de Sicuicho, desde antes de que Cisneros ocupara la presidencia del Comisariado, “abrazó las causas de la defensa de las tierras y bosques comunales como el de Surhumchani para beneficio de los habitantes de la comunidad y no de gentes externas. Se metieron denuncias concretas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y gobierno del Estado por la tala clandestina del pino en el bosque”.
Acorde al CSIM, Cisneros combatió el cambio de uso de suelo que se promueve en la región para la siembra inmoderada de aguacate. El Concejo también denuncia que, en Michoacán, más de 60 activistas sociales, defensores de los bosques, autoridades comunales y ambientalistas, “han sido asesinados o desaparecidos por defender la vida, los recursos naturales y luchar en contra de las injusticias sociales, sin que, hasta la fecha, se haya resuelto un solo caso, esto a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes”.
El CSIM es una organización que integra a más de 65 comunidades originarias, entre purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región. En noviembre de 2022, la comunidad purépecha de Sicuicho, de más de 2 mil habitantes, aprobó, mediante asamblea general, regirse por el principio de usos y costumbres por medio de un consejo comunal y formar parte del CSIM.
Ante el homicidio, el CSIM exigió “enérgica y colectivamente al Estado mexicano justicia para el compañero Alfredo Cisneros Madrigal y seguridad para la comunidad de Sicuicho”.
