El pasado 18 de mayo la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz - SUNLA realizaron el foro virtual Racismo institucional y la negación del acceso a la verdad y justicia al pueblo Garífuna en el marco de la desaparición forzada en Triunfo de la Cruz, Honduras.
El objetivo fue visibilizar y condenar las acciones dilatorias, racistas y de negación por parte del Estado hondureño para la incorporación del SUNLA en el proceso de búsqueda e investigación en el caso de desaparición forzada de los jóvenes Garífunas: Albert Snaider Centeno (Presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz), Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.
El día 18 de julio del 2020 aproximadamente a las 5:00 am, treinta hombres fuertemente armados, portando uniformes y distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras. El grupo está involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.
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Durante el foro, Pablo Centeno, padre de Albert Centeno, representante de las familias de los desaparecidos señaló: “estamos aquí para exponer el racismo institucional y la negación de la justicia y la verdad al pueblo Garífuna respecto al desaparecimiento de nuestros muchachos, también para visibilizar internacionalmente y condenar la dilación racista, la denegación del gobierno de Honduras en permitir y de aceptar la incorporación del SUNLA en las investigaciones de la desaparición forzada de nuestros muchachos.”
Además Centeno condenó las amenazas de las cuales están siendo objeto “a través de varios medios, porque quieren que aceptemos las condiciones, quieren que aceptemos lo que ellos dicen, respecto a nuestros muchachos y quieren que renunciemos a la investigación de la verdad.” Por otro lado el representante de las familias destacó “que el propósito de SUNLA es encontrar vivos a nuestros muchachos, encontrar la verdad de lo sucedido y llevar a la justicia los responsables del desaparecimiento de nuestros muchachos.”
¡Ya Basta!
Jessica Norales, parte de SUNLA, expresó que “la propuesta ha sido la creación del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda del Triunfo de la Cruz – SUNLA, que en lengua Garífuna quiere decir ¡Basta Ya!. Ese es el momento en que el pueblo Garífuna se ha organizado, se está preparando para poder investigar y hacer todo lo que sea posible para saber el paradero de nuestros hermanos.”
Por otro lado Miriam Miranda, coordinadora Garífuna de la (OFRANEH) señaló que “SUNLA hoy es un espacio que constituye un movimiento, un movimiento para decir basta ya, como lo dice SUNLA. El comité lo constituimos con el derecho que tenemos los pueblos indígenas de buscar la verdad y justicia.”
Además la coordinadora denunció que “el 4 de marzo de 2021, durante audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la representante de la Procuraduría General de la República manifestó que no hubo desaparición forzada. Además, en un informe emitido por el Estado ante la CIDH manifiesta su rechazo rotundo a incorporar al SUNLA en el proceso de investigación. Eso nos parece que es totalmente irresponsable por parte del Estado dado que el propio Estado ya había sido sentenciado en el 2015 por violentar los derechos humanos del Triunfo de la Cruz.”
Estado Hondureño condenado
El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibió una petición presentada por la OFRANEH, sobre el caso de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, contra la República de Honduras. Durante el juicio iniciaron los ataques, amenazas, criminalización y asesinatos en contra de líderes defensores de los territorios Garífunas.
El Estado de Honduras negó la condición indígena y tribal de la comunidad Garífuna, argumentando: “La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo indígena”, y que, “por el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales”. Sin embargo, el 8 de octubre de 2015 la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros.
También, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. “Después de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”,recuerda Miriam Miranda en una entrevista previa para Avispa Midia.
La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz se ubica en el departamento de Atlántida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de carácter rural y cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. Triunfo de la Cruz no es cualquier comunidad, señala Miriam, “es una comunidad que tiene una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras, eso lo tiene que saber el pueblo hondureño y se tiene que saber a nivel mundial, que Snaider Centeno, lo desaparecieron, lo sacaron de su casa, un joven defensor acérrimo del derecho de su comunidad, del derecho territorial de su comunidad”.
Golpes de Estado
Miranda señala que SUNLA surge en un país con características especiales, “un país con un Estado fallido, un país donde se han dado sucesivos golpes de Estado, un país donde existe un sistema judicial racista y al servicio de los que tienen el poder económico, un país donde impera la impunidad, un país donde se persigue, se criminaliza a los defensores de derechos humanos, a los defensores de los territorios, a las defensoras de la vida, un país que se conoce por las caravana de más de diez mil personas, donde se han robado todo”.
En un comunicado publicado en abril, la Ofraneh denunció que: “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonó sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.
Laberinto Jurídico
Edy Tábora, abogado defensor de la Ofraneh, señaló que “no existe una institucionalidad en Honduras que atienda las necesidades de investigación de las agresiones a los pueblos indígenas.”
De acuerdo a la UNESCO, la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural “representa a los pueblos indígenas y afro hondureños, garantiza su acceso a la justicia y protege sus derechos por medio de la aplicación de las leyes nacionales y la normativa internacional vigentes.”
Sin embargo Tabora señala que “es una institucionalidad que nunca le interesó al Estado hondureño que creciera, prácticamente ha estado centralizado en la Ciudad de Tegucigalpa y, por falta de recursos, es incapaz de investigar más allá de cinco casos.”
Tabora destaca que “definitivamente la violencia y la criminalización hacia los pueblos indígenas no va a parar en este momento.” Para el abogado, el plan de nación que comenzó en 2010, con el golpe de Estado, tiene dos pilares fundamentales. El primero es el de seguridad que tiene que ver con la militarización y el segundo es el concesionamiento de los territorios, un plan que abarca desde el 2010 hasta el 2038, “lo que implica que solo llevamos 11 años de ejecución de ese plan.”
La organización Global Witness, en su informe llamado Defender el Mañana -la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, destaca que “en Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”
Tabora destaca algunos puntos relevantes que caracterizan la acción del Estado en el caso de la desaparición de los cuatro miembros de la comunidad Garífuna:
1.- Hay una negación del Estado hondureño de calificar y de investigar con enfoque relacionado con desaparición forzada.
2.- Hay una negación desde el primer momento de coordinarse con el pueblo Garífuna o a través de las organizaciones - en este caso OFRANEH, SUNLA -, y de incorporar a la investigación peritos forenses e investigadores privados.
3.- La investigación está manejada por una fiscalía que ellos mismos dicen que no tienen competencia para investigar este tipo de hechos.
4.- Falta de información a las familias de la OFRANEH. Lo que dicen es que va a entorpecer la investigación.
5.- Falta reconocer la investigación a partir de un contexto de agresión a defensores de derechos humanos, en este caso de defensores de derechos humanos indígenas.
Agua Balde, abogada internacional y parte del SUNLA, destacó desde el marco legal internacional “que las familias han sido centrales para la clarificación de los hechos, por eso es importante que se sumen a la investigación. El derecho a la participación está incluso avalado por las Naciones Unidas en la carta de los derechos humanos y aunque Honduras no es parte de la Convención de Ginebra, no exenta al Estado hondureño ya que la carta tiene un alcance universal.”
El estado de Honduras es el principal obstáculo para alcanzar la verdad y dar con el paradero de los Garífunas desaparecidos por el propio Estado. Además de la violencia, los Garífunas se enfrentan al despojo por parte de empresas transnacionales que ven en su territorio la oportunidad de la construcción de proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ciudad modelo) o la plantación de palma africana que ha invadido más de 38 comunidades. Ante esto, la nación Garífuna apuesta por la lucha y la resistencia colectiva, desde Honduras se escucha fuerte ¡SUNLA!, ¡Ya basta! recorre el mundo.
