Portada: Jeny Pascacio
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de 111 familias desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén.
"Nosotros somos de origen maya y tenemos derecho a un pedazo de tierra y a que no nos marginen", dice don Tino, líder moral del campamento, localizado en la brecha fronteriza entre Guatemala y Campeche, México, donde se refugian más de 400 personas desde el 2 de junio de 2017.
En septiembre del mismo año, después de una visita y de documentar la crisis humanitaria que vive la comunidad, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal.
En el documento, la CIDH cuestionó la falta de pertinencia cultural en las medidas de asistencia humanitaria adoptadas por el Estado. Y advirtió sobre espacios que cubran las necesidades mínimas de vivienda concertadas con la comunidad y sus representantes. Pero ninguna de las medidas fue cumplida a cabalidad.
"Los niños y las niñas siguen desnutridos", lamenta don Tino.
La asociación civil mexicana Salud y Desarrollo Comunitario (Sadec) elaboró un informe en 2019 que resaltó los 79 padecimientos que se encontraron entre la población que vive en precarias chozas.
Además de la vulnerabilidad de mujeres embarazadas, menores de edad, personas de la tercera edad y con enfermedades crónico degenerativas; todo aunado a la carencia, incluso, de agua para consumo humano.
Las mujeres padecen infecciones vaginales, predisposición de abortos y embarazos de alto riesgo. Tampoco tienen acceso a vitaminas como sulfato ferroso y ácido fólico para el desarrollo del feto.
Algunas accedieron a métodos anticonceptivos que envió el gobierno de Guatemala a pocos días del desplazamiento, pero en la actualidad ya no tienen acceso a ningún servicio de salud.
Las enfermedades constantes en niños y niñas son respiratorias y de la piel, debido a las altas temperaturas y la cercanía con la fosa séptica de las tres letrinas que comparten entre todos.
En el 2021, los desplazados hicieron una protesta por una epidemia de paludismo y, en octubre, varias familias padecieron síntomas relacionados al COVID-19.
Guatemala les ofreció vacunas, pero sólo 10 personas accedieron a la primera dosis contra el coronavirus. Los demás se dicen desconfiados de un gobierno que les quitó sus hogares.
Al no tener condiciones básicas de sobrevivencia y ni servicios elementales, a la fecha 14 personas fallecieron, entre ellas varios menores, durante y después del desalojo.
Voces Mesoamericanas y la Red TDT, organizaciones acompañantes del caso, coinciden que es uno de los primeros desplazamientos del Petén, Guatemala. Advierten que, de complementarse otra orden de desalojo prevista en la Reserva Biosfera Maya, otras 60 comunidades están en riesgo, "que nos recordaría el conflicto armado guatemalteco".
Desalojos: problema social e histórico
Los afectados consideran que los desalojos de comunidades de la Reserva de Biosfera Maya es un problema social e histórico.
La riqueza de recursos naturales renovables y no renovables mantiene intereses económicos en esa región: petróleo, carbono, gas natural, reserva de maderas preciosas, arqueología, agua, flora y fauna endémica.
El abogado Rubén Domínguez, del Bufet Jurídico de Derechos Humanos en Guatemala, señala que se trata de un plan para concesionar las tierras para megaproyectos, no solo de recursos naturales, también de monocultivos y gran extensión de ganadería. "Se sabe que los países que tienen interés en el área son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania e Inglaterra".
Todo esto a pesar de que los territorios fueron ocupados ancestralmente, "y se les niega el derecho a la memoria e historia"; pues son parte de poblaciones despojadas desde 1970.
También es una zona donde se mueven grupos del crimen organizado, "y las comunidades quedan en medio o son expulsadas o son atacadas y amenazadas por la delincuencia", explica el abogado.
Este 2022, los territorios afectados por la declaratoria de áreas protegidas de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, El Petén, Izabal y Alta Verapaz iniciaron el año con la exigencia al gobierno de Guatemala de una solución efectiva y definitiva de la problemática de Áreas Naturales Protegidas impuestas en Petén, Alta Verapaz e Izabal.
"Denunciamos la incoherencia del Estado de Guatemala que, por un lado, desaloja a las comunidades y criminaliza las luchas comunitarias en nombre de la 'protección y conservación del medio ambiente'; y por otro lado, favorece el despojo de recursos naturales para su explotación en pro de intereses económicos privados nacionales e internacionales", dijeron en el marco del informe presidencial de Alejandro Gianmattei.
La aprobación de Ley de Áreas Protegidas no tuvo una consulta previa a las comunidades asentadas en el área.
El despojo
"Somos campesinos, vivíamos de nuestras cosechas", cuenta don Tino. Pero el gobierno los acusó de narcomadereros, traficantes de armas y de narcotráfico, y envió más de mil policías, soldados y representantes de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para tomar posesión de las tierras.
Los pobladores se enteraron unas horas antes y lograron huir hacia la franja fronteriza entre México y Guatemala. Recuerdan que pasaron una noche lluviosa, con angustia, preocupación y tristeza de ver y escuchar cómo los uniformados destruyeron y quemaron sus viviendas.
Ahora las mujeres bordan y los hombres trabajan como peones en campos mexicanos donde les pagan 150 pesos el día, "no siempre hay trabajo ni quien compre lo que se borda".
El consultor del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, Enrique Maldonado, confirmó que no existe censo de la niñez y tienen una dieta limitada.
Durante el 2021 nacieron ocho bebés que no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, lo que anula su derecho a la salud. Al menos 40 nacieron en México durante el desplazamiento y tampoco son reconocidos por este gobierno.
En junio de 2019 durante una reunión en el municipio de La Candelaria, Campeche, en México, el ayuntamiento se comprometió a reparar un camino de terracería entre la franja fronteriza y el ejido de El Desengaño, para que puedan acceder a los servicios del lado mexicano, pero los trabajos nunca se realizaron.
El pasado 31 de diciembre de 2021, la Comisión emitió otra resolución (actualización) en la que pide al Estado de Guatemala acceso a una alimentación adecuada, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad, y la reubicación en tierras fértiles con las condiciones mínimas para una vida digna.
