Esta mañana (11 de mayo) los mexicanos amanecieron con la noticia de que el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido disponer la función de policía a las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura.
El decreto anterior que había sido emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establecía que, “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.
Pero este acuerdo es el que ha sido reformado, de tal modo que, “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”, además establece que la duración de este nuevo decreto tendrá una duración máxima de 5 años a partir de la entrada en vigor.
Las Fuerzas Armadas, en apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, realizarán atribuciones y obligaciones que se le atañen a la Guardia Nacional, principalmente, las que están incluidas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Entre ellas, “participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
El presidente de México ha venido anunciando en sus diversas conferencias que se está desplegando una estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. A finales de este año se tiene programado la conclusión de 200 coordinaciones de este cuerpo de seguridad, así como el aumento del número de elementos. “No se tiene ninguna limitación presupuestal” para este órgano de seguridad, señaló López Obrador.
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Migración
Entre otras tareas, Guardia Nacional, ha venido desempeñando su papel en la contención del flujo migratorio en la frontera con Guatemala y en la frontera norte con los Estados Unidos. Dicha medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras.
México también se comprometió a trabajar con los Estados Unidos para implementar y ampliar los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP. “Desde la firma de la Declaración Conjunta en junio, hemos visto una reducción de casi el 60 por ciento en el número de inmigrantes ilegales que llegan a la frontera sur de los EE. UU”, según el testimonio del embajador Michael Kozak, registrado en el documento clasificado “Estados Unidos, Política en México y Centroamérica: garantizar políticas efectivas para abordar la crisis en la frontera”, del 25 de septiembre de 2019.
Megaproyectos
Mientras que se presenta el nuevo decreto, el presidente de México también anunció que, tras las afectaciones que ha provocado la pandemia del Covid-19, las actividades esenciales se reactivarán en el país de forma gradual.
Agregó que se reactivan también los proyectos de inversión, como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que está proyectado con la activación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la modernización de las redes de telecomunicaciones y del Ferrocarril. “Ya se está trabajando en el corredor, ya se está rehabilitando la vía (del tren), ya se están ampliando los dos puestos”, asevero López Obrador.
La Guardia Nacional también viene realizando funciones de seguridad para que se reactiven las Zonas Económicas Especiales, ahora llamadas Zonas Francas. En el Istmo de Tehuantepec, desde mayo del 2019, se implementó una estrategia de la Guardia Nacional para reducir los índices delictivos y dar seguridad a las inversiones.
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El mandatario señaló que, en estos polos de inversión, se tiene proyectado la edificación de 10 parques industriales. “Es un proyecto para unir países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos, es una especie de Canal de Panamá, pero con ferrocarril”.
López Obrador arremetió asegurando que las empresas que se establezcan en esta Zona Franca recibirán apoyos fiscales, “se va a reducir el pago del IVA, del impuesto sobre la renta y otros apoyos. Porque queremos fortalecer el Istmo”.
En el mismo tenor el mandatario, sabiendo que hay una serie de controversias y oposición, aseguro que El Tren Maya también avanza. “Ya se tienen otorgados los contratos para empezar a construir la vía del tren. En este mes se tienen entregados cuatro contratos a cuatro empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros desde Palenque hasta Cancún”, dijo López Obrador.
El ejército a las calles
El ejército en las calles no es una novedad en México. En el año 2007, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de un decreto, creó el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Entre otras funciones, se ampliaba su poder de acción para “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el Diario Oficial de la Federación 09/05/2007.
En el año 2017, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto perdía credibilidad y aceptación de la sociedad mexicana, decidió también emitir la Ley de Seguridad del Interior, que tenía por objetivo, “salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”, de acuerdo con el texto de la propia Ley.
En términos generales esta Ley ampliaba la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas, incluso legitimando el uso de la violencia. Desde ese momento podían intervenir en acciones que conciernen a las autoridades civiles, como disturbios y protestas que fueran consideradas violentas o actos de resistencia.
El saldo fue, tan solo en la llamada Guerra contra el narcotráfico, que declaró Calderón, según las cifras conservadoras del INEGI, de 150 mil 992 muertes violentas y miles de desaparecidos. Mientras que el gobierno de Peña Nieto ascendió a 156 mil 500 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado.
