¿Porqué EEUU guarda silencio sobre la nueva Ley de Seguridad Interior de México?
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Foto: Cpl Brian J. Slaght. Entrenamiento de Estados Unidos hacia la marina de Mexico realizado el 21 de junio, 2010, en Colima México.



Por Santiago Navarro F y Renata Bessi



Mientras las instituciones del Estado mexicano viven una crisis de credibilidad, Enrique Peña Nieto, presidente de este país, por medio de un decreto presidencial, aprobó la denominada Ley de Seguridad del Interior. Que tiene por objetivo “salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”, de acuerdo con el texto de la propia Ley.

El nuevo marco jurídico mexicano entró en vigor el 21 de diciembre del año de 2017 y desde entonces ha causado una ola de protestas en todo el territorio mexicano. Para diversos movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil organizada lo que está en curso es un proceso de militarización de la sociedad mexicana, que podría agravar la violencia en México.

En términos generales esta Ley amplía la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas en todo el territorio mexicano, incluso legitimando el uso de la violencia. Ahora dichas fuerzas pueden intervenir en acciones que conciernen a las autoridades civiles, como disturbios y protestas que sean consideradas violentas o actos de resistencia. También pueden intervenir en la privacidad de los ciudadanos para la recopilación de información de inteligencia, ingresar a los hogares sin una orden judicial, así mismo, en los procesos de investigación de delitos dentro del sistema de justicia penal acusatorio.

“La constitución mexicana establecía que el ejercito no podía intervenir en la vida civil, ellos tenían que resolver cualquier conflicto en sus tribunales militares. Y la sociedad civil tiene sus propias instancias. Pero la nueva Ley garantiza la intervención del ejercito en todos los ámbitos de la vida civil del país. Todas las instancias civiles, que ya están en crisis, de por sí, van a tener poca injerencia con estas intervenciones, porque ellos van a actuar de forma inmediata, sin consultar ni pedir un mandato judicial”, dijo para Avispa Midia la abogada y profesora Anneliese Danaé Echeverria, auxiliar de asuntos jurídicos de la sección 22 de Oaxaca, perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Para definir cuáles son las “amenazas a la Seguridad Interior”, el texto de la Ley remite a aquellas definidas en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), aprobada en el año 2005 por el expresidente Vicente Fox Quesada, el mismo que asigno la denominada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), creada en Waco, Texas el 23 de marzo del año 2005. Este acuerdo fue creado por los Estados Unidos, Canadá y México, sin la consulta respectiva de sus parlamentos y de sus ciudadanos. Enfocada a temas de seguridad, principalmente en los flujos de capital en el marco del libre comercio de los tres países.

Entre las amenazas descritas por la LSN están los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio. También actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, o a obstaculizar operaciones militares; financiamiento de acciones terroristas; bloqueo de actividades de inteligencia, y destrucción de la infraestructura estratégica, entre otras.

Los movimientos sociales argumentan que los términos son muy generales y dan margen para que el Estado pueda manipular la Ley. “Aquí es donde reside un gran peligro para la sociedad en general”, dice la abogada Echeverria al referirse a los contextos en los que ella vive en el estado de Oaxaca, la segunda entidad más pobre de México, después de Chipas. “Ya no solo es la Seguridad Nacional, creada por acuerdos internacionales, sobre todo con el tema del terrorismo y el narcotráfico. Ahora el enemigo también es interno, por ejemplo, cuando los municipios o algunas comunidades intenten defender sus territorios de la explotación de megaproyectos nacionales o extranjeros, van a catalogarlo como una amenaza al desarrollo económico y a la paz social. Entonces el ejercito va poder intervenir”, argumenta la abogada.

Además la Ley establece que las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las acciones para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos (ANR). Dicha Agenda es un documento confidencial elaborado anualmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (SICEN), quien jerarquiza los niveles de riesgo hacia la nación mexicana. “El CISEN es conocido por desarticular y atacar movimientos sociales. Sin que conozcamos su jerarquización, es casi seguro que somos nosotros (los profesores) los más peligrosos, incluso mucho más que los propios narcotraficantes”, comparte para Avispa Midia la profesora Donashi López Mejía, del sindicato de la sección 22 de Oaxaca.

Desde tiempo atrás, antes de ser aprobada la ley del Interior, los antecedentes delictivos sobre los cuales han sido acusados la mayoría de los detenidos en diversas protestas en territorio mexicano son “terrorismo, rebelión, ataques a las vías generales de comunicación, alteración de la paz pública. ¿Que quiere decir esto?, púes cualquiera que salga a las calles a expresar su descontento, puede ser considerado un terrorista”, dice la profesora Donashi López Mejía, quien también forma parte del personal de apoyo de la secretaría de asuntos jurídicos de la sección 22.

Mejía fue detenida, torturada psicológica y físicamente por la policía estatal de Oaxaca durante una protesta realizada en el 7 de septiembre del año 2017. Ella considera que, con la Ley de Seguridad del Interior, la situación se agravará. “Los métodos de los militares y de la policía federal es primero disparar y después preguntar”.

Amnistía Internacional consideró la aprobación de la Ley como un retroceso para los derechos humanos. “Esta aprobación es preocupante. No podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales, pues llevamos décadas documentando las violaciones de derechos humanos que prevalecen bajo el uso sostenido de las fuerzas armadas; al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo”, señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva del organismo en México.

 

Foto: Santiago Navarro F. Edo de Guerrero, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, 2011.

 

Derogación de la ley

De las 31 entidades federativas de México (más el Distrito Federal) 10 concentran el 81% de la población en situación de pobreza, tan solo la población de Oaxaca el 66.8% se encuentra en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Son los motivos por los que a diario hay protestas, bloqueos de las vías de comunicación y diversas expresiones de descontento social, considerados actos de resistencia.

“Ahora nosotros como gremio magisterial nos movilizamos para derogar esta ley. Porque de por sí ya hemos sido atacados por la Policía Federal. Un ejemplo fue el asesinato que perpetuaron en Nochixtlán ( en Oaxaca) en el año 2016, donde murieron más de 10 personas que se manifestaban contra la Reforma Educativa que busca privatizar la educación en México”, dice para Avispa Midia el profesor Hugo Ramírez Hernández de la CNTE.

El sindicato de la Sección 22 de Oaxaca interpuso un recurso jurídico que es el amparo, aceptado el 8 de febrero por el Poder Judicial de la Federación, que, entre otros puntos, exige hacia el parlamento y al poder ejecutivo federal mexicano que “presenten un informe público donde justifiquen con argumentos solidos los motivos de promover dicha Ley”, dice el profesor Ramírez que también forma parte del área jurídica del sindicato de profesores de Oaxaca.

Por lo menos 42 mil profesores, el sindicato del sector salud y diversas organizaciones sociales de Oaxaca respaldaron este recurso. Ahora la cámara de diputados y senadores, así como el presidente Peña Nieto, tienen que responder a la agremiación de los profesores. También otros amparos interpuestos por individuos y organizaciones de diversos estados de la republica mexicana han sido aceptados. El objetivo es derogar esta Ley.

Por otra parte, desde el 2 de marzo de este año 2018, un bloque de 28 organizaciones no gubernamentales integradas por especialistas de América Latina, EE.UU. y Europa denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, su rechazo hacia esta Ley de Seguridad Interior, argumentando que, “”impulsará la militarización de la sociedad al otorgar mayores poderes a las Fuerzas Armadas”.

Y aunque la ONU no ha establecido algún tipo de acción más firme hacia el gobierno mexicano sobre esta ley, por lo menos el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein expresó en la primera semana de marzo, que dicha ley no cumple con los estándares internacionales de los derechos humanos y agregó, “me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interior autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión adecuada”, manifestó en su informe anual de labores ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza).

“Militarización para el desarrollo”


A los parlamentarios les costo tan solo unos días para analizar y aprobar la Ley. Se hizo tanto énfasis en las amenazas a la seguridad pero, entre líneas, las peores amenazas van contra aquellos que atenten contra las políticas economías implementadas por el Estado mexicano y su modelo de desarrollo.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de México, aprobado por Peña Nieto en el año 2013, ya tenía definido los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior necesarios para el modelo de desarrollo que seria implementado por su gobierno, reafirmado que “la misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país”, dice el texto del PND.

Tal modelo de desarrollo ya incluía el paquete de reformas estructurales que se han implementado en el sector energético, educativo, laboral, en la salud, en telecomunicaciones, hacendaria y financiera, entre otros.

“Esta ley es parte de estas reformas estructurales porque quiere darle seguridad al capitalismo. Donde el capital vea un riego en sus intereses, ellos estarán dispuestos a usar su brazo armado”, dijo para Avispa Midia el antropólogo y ex diputado de la 57 Legislatura del Congreso de la Unión de México, Gilberto López y Rivas.

Para López esta ley es inconstitucional y engañosa, porque responde a un reordenamiento mundial del mercado. “La forma de mundialización actual es una forma militarizada, autoritaria y salvajemente represiva. Para eso se requiere que los Estados Nación adecuen sus marcos legales y constitucionales para que las corporaciones tengan libre acceso a los territorios”, señala el antropólogo.

“Cuando el gobierno habla de desarrollo, para las comunidades, sobre todo indígenas y campesinas, significa destrucción y despojo de sus tierras. El claro ejemplo son las Zonas Económica Especiales, los proyectos de energía limpia y la extracción de minerales. Es aquí donde ha habido mayor resistencia y esto podrá ser considerado un riesgo contra el supuesto desarrollo”, agrega el abogado Ramírez.

También asegura que como gremio magisterial son un foco rojo para el Estado, por no estar de acuerdo con la Reforma a la Educación, que busca su privatización, sugerida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e implementada durante el mandato de Peña Nieto. “Como gremio nos manifestamos en las calles como un derecho a la protesta, porque no estamos de acuerdo con la reforma a la educación, pero sobre todo, con todo el paquete de reformas estructurales que están despojando de sus derechos a los trabajadores, a los campesinos, a todos los ciudadanos en general”, comparte Ramírez.

 

Foto: Santiago Navarro F. Edo Durango, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, 2011.

Desarrollo Sustentable


Las reformas estructurales han sido determinadas por el Banco Mundial (BM) y tienen por objetivo reducir la presencia del Estado en cuanto a resolver las necesidades sociales, dando así, la posibilidad de que sean absorbidas en la esfera del mercado.

El mismo BM a su vez ha delimitado los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales son integrados en el PND. Estos objetivos fueron pactados desde el año 2000 por los 191 jefes de Estado, miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El compromiso es conocido como la Declaración del Milenio, que contienen un total de 17 metas, entre ellas: Erradicar la pobreza extrema; Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

La integrante de la Organización No Gubernamental Otros Mundos, Claudia Ramos, denuncia que uno de los principales afectados con esta Ley de Seguridad serán los pueblos indígenas y que se trata de “una estrategia de control y vigilancia ”, sobre todo en el marco del desarrollo sustentable. También afirma para Avispa Midia que el ejercito ya ha incursionado sin permiso en las comunidades de Chipas, al Suroeste de México. “También ya existe la presencia de la Gendarmería Ambiental en las comunidades, creada en el año 2016 para salvaguardar las áreas naturales protegidas”, argumenta Ramos.

Si la reforma energética y la de educación, como ya se ha mencionado, ha provocado descontento social, también sucede los mismo con las políticas del medio ambiente. “La conservación del medio ambiente están despojando de sus territorios los pueblos indígenas. Todo esto es un caldo de cultivo que esta orillado al pueblo de México a protestar ”, dice la profesora López.

Lo mismo pasa con la producción de la energía limpia, que está desplazando y causando daños sociales en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con los parque eólicos. “O sea hay una contradicción muy grande entre lo que se propone idealmente con sus Objetivos de Desarrollo y lo que realmente quieren los pueblos de México”, complementa López.

La continuidad de los Objetivos del Milenio es el nuevo programa de la ONU llamado Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda fue presentada oficialmente el 1 de enero del año 2016 y tiene trazados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas hasta el año 2030. Integra en sus dimensiones el “área económica, social y ambiental”. Fue acordada por la ONU durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible llevada a cabo del 25 al 27 de septiembre del año 2015 en la sede de la ONU en Nueva York.

En la Sesión Plenaria de este Cumbre, Peña Nieto asumió el compromiso de llevar acabo los objetivos trazados. “El gobierno mexicano asume la Agenda 2030 como un compromiso de Estado y una misión colectiva”.

El objetivo 16 de los ODS se centra en la promoción del Estado de Derecho en el plano nacional e internacional, así como a “la promoción de sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”. Pero también para, “fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.

Silencio de Estados Unidos


El en sitio oficial de la embajada de los Estados Unidos en México, afirma que este país ha alcanzado una “pobreza de más del 50% y se ubica entre los peores de la región en términos de desigualdad de ingresos y corrupción. Estos contextos de pobreza, según la embajada, son factores que han agudizado y alimentado el “crecimiento del crimen transnacional mexicano, socavando las instituciones del Gobierno de México”.

“La pobreza no se va atacar mandando a los militares a las calles. Si la pobreza ha aumentado, entonces algo anda mal con sus políticas implementadas desde el año 2000 con los objetivos del milenio y la guerra contra el narco”, afirma la profesora López.

 

A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en su documento Country Development Cooperation Strategy (CDCS) FY 2014‐FY 2018, concuerda con que las instituciones de México se han deteriorado y que los diversos gobiernos han recibido una serie de recomendaciones internacionales de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre “ la práctica de la tortura, el número de desapariciones humanas, agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas, y violencia contra las mujeres en México”, los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la nueva Ley del Interior.

Para el antropólogo López y Rivas, este silencio es de complicidad. Ya que los Estados Unidos no solo tiene relaciones políticas y económicas, sino que también “militarmente, porque desde la Escuela de las Américas, este país ha entrenado a las fuerzas armadas y a la policía federal, ahí es donde existe una estrecha colaboración pero también con todas las agencias de espionaje estadounidenses”, dijo López, quien también es autor del libro titulado, “Estudiando las contrainsurgencias de los Estados Unidos: manuales, mentalidades y uso de la antropología”.

Estados Unidos ha dado todo su apoyo a Peña Nieto. Un ejemplo es la asistencia que brinda la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/México), quien apoya por lo menos cuatro Objetivos de Desarrollo de la ONU enfocados a los modelos de prevención del delito y la violencia, el tema de los derechos humanos y la emisión de gases de efectos invernadero y sobre todo para, “reducir la violencia relacionada con las drogas y promover los esfuerzos de transparencia e integridad bajo la Iniciativa Mérida”, según el portal oficial de la embajada de los Estados Unidos en México.

 

“La Iniciativa Mérida y el ASPAN fueron el inicio, porque son políticas de seguridad estrechamente relacionas y ambas son decretos presidenciales que no pasaron por los congresos de cada uno de los países. En ambos casos han trasgredido la soberanía mexicana, porque se sujetan al área de influencia del Comando Norte de los Estados Unidos”, agrega el antropólogo.

La situación de violencia se agudizó en México cuando se inició la guerra contra el narcotráfico, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos con la llamada Iniciativa Mérida. “Si tú le preguntas a cualquier mexicano si las cosas han mejorado con esta guerra, te van a contestar que no hay ninguna mejora, que esto ha sido una guerra contra la población civil y no contra los criminales. Ahora los discursos hablan de un narcotráfico transnacional, entonces la guerra no sirvió para nada, porque los criminales se hicieron más fuertes”, complementa López.

Tan solo entre los años 2008 y 2016 EEUU ha proporcionado a los gobiernos de México 2 mil 654.9 millones de dólares, en aeronaves, helicópteros, armamento, equipo militar, entrenamiento y, para “ayudar a capacitar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, promover una cultura de la legalidad, implementar reformas judiciales clave y modernizar las fronteras de México”, así lo afirma en su portal oficial la Embajada de los Estados Unidos en México. Pero también en enero del año 2018, el gobierno de Peña Nieto compró artillería pesada por primera vez en la historia de este país; seis misiles RGM- L Harpoon Block II, 23 misiles tácticos Block II Rolling Airframe Missile y seis torpedos ligeros and MK 54 Mod 0. El costo del armamento fue de 98.4 millones de dólares (mil 968 millones de pesos).

Esta venta se hizo según la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA, por su sigla en inglés) para respaldar, “la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos y para ayudar a mejorar la seguridad de un socio estratégico”.

͞El entramado de la Ley de Seguridad del Interior de México se va tejiendo con la Ley de Seguridad Nacional y esta, a su vez, responde a las políticas de seguridad internacionale, principalmente a las de Estados Unidos, por ser el vecino más cercano. Ahora la guerra se dimensiona de forma “transregional y transnacional” dice el Comando Sur (SOUTHCOM) de los Estados Unidos en su nuevo programa proyectado para los años 2017-2027, llamado “Estrategia de Teatro”, donde se recurre a los aliados y las naciones participantes en la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico.

“Sí queremos entender la Ley de Seguridad del Interior y sus peligros, tenemos que entender que es lo que quiere el gobierno Mexicano, el gobierno de Estados Unidos. Pero sobre todo, las empresas petroleras, mineras, las empresas que se están apropiando los recursos de nuestro país. Al final nos daremos cuenta para quien quieren seguridad”, argumenta la profesora Donashi López Mejía.

 

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