En portada: Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios en Chiapas. Foto: Carlos López
Ante la negativa del gobierno de Eduardo Ramírez para atender los casos de las personas desaparecidas en Chiapas, el Colectivo Madres en Resistencia iniciará una huelga de hambre este miércoles (18) en la entrada del Palacio de Gobierno que se localiza en Tuxtla Gutiérrez.
“Eduardo Ramírez no toca el tema de desaparecidos”, enfatiza Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres que fue desaparecida forzadamente en el municipio de Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, por hombres encapuchados que portaban insignias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Tras dos años de la desaparición forzada de Cassandra no hay avances en su caso, ni en el de otras familias que integran el colectivo. “Vamos a hacer bloqueos y marchas para que nos reciban, porque ya lo pedimos y no nos escuchan”, señala para Avispa Mídia.
Hace tres meses, antes de que rindiera protesta como gobernador, el colectivo se acercó a Ramírez Aguilar en un acto político en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En ese momento las puso en contacto con otra persona para coordinar un próximo encuentro que nunca llegó.
“Nosotros no confiamos en las autoridades, no creemos en las autoridades, no hay justicia para nosotras, pero vamos a exigirle a este nuevo gobierno que haga las búsquedas porque tampoco las quieren hacer, no las hacen”, enfatiza la madre de Cassandra.
Isabel Torres aclara que como Madres en Resistencia ya no buscan justicia, “porque sabemos que no la hay, aquí en Chiapas o en todo México”. Con las acciones planeadas para esta semana exigirán que todas las autoridades correspondientes trabajen en la búsqueda de las personas desaparecidas.
¿En manos de quién estamos ahora?
“Vuelven a dejar a Llaven Abarca como Fiscal. Todos hacen oídos sordos y se vuelven ciegos. El crimen organizado siempre ha dejado narcomensajes donde mencionan a Llaven Abarca; lo mencionan o lo señalan como delincuente y nadie ha hecho nada para investigarlo y, en su caso, levantar una carpeta de investigación”, lamenta la madre de Cassandra Arias Torres.
Unos días antes de que Eduardo Ramírez Aguilar asumiera al cargo como gobernador, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General por los próximos nueve años.
De inmediato, más de 60 redes y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto al considerar que este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. “Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, versa el comunicado.
También menciona que en su gestión se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. “Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión”. Ante esto, Isabel Torres, de Madres en Resistencia, cuestiona, “¿en manos de quién estamos ahora?
Llaven Abarca ha mantenido cargos importantes en Chiapas en materia de seguridad. En el 2002 fue Ministerio Público Especializado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Chiapas (FGE), con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
Seis años más tarde, con Juan Sabines Guerrero, fue subdirector de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio de Justicia de Chiapas, en ese periodo también ocupó los cargos de jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro, Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Distrito Selva y Fiscal Especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
De 2011 al 2012 fue Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello fue nombrado secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y con Rutilio Escandón Cadenas fue Fiscal General de Chiapas del 2018 al 2020, posteriormente Diputado Federal.
En la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas.
También tiene recomendaciones por Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca.
Aquí todo sigue igual
Desde el 8 de diciembre, en su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar ha seguido la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar constantes conferencias de prensa sobre los “avances” en materia de seguridad, pero en ningún momento ha mencionado los casos de personas desaparecidas en Chiapas.
“Ni si quiera mencionan el cambio del Fiscal de Desaparecidos”, afirma Isabel Torres, “porque sabemos que hubo otros movimientos y cambios de fiscales, pero a Jubilian no lo tocaron”.
Jesús Jubilian Sarmiento Santos ocupa el cargo de Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares desde el 2021, pero de acuerdo a las familias del Colectivo de Madres en Resistencia todo lo que obra en las carpetas de investigación ha sido aportado por ellas, “de lo contrario no habría nada”.
Respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el colectivo desconoce si habrá cambios y el tema se mantiene en total hermetismo. “Por eso tomamos la decisión de plantarnos en Palacio de Gobierno y pedir la audiencia con Eduardo Ramírez, Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, y otras dependencias”.
Como Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios. “Como son personas de escasos recursos, en su mayoría, es muy difícil que estén viajando, entonces las asesoramos para reportar a las personas desaparecidas”.
En el último año han recibido reportes de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, principalmente, así también de Ocosingo, Comitán, Chenalhó y Yajalón. Isabel Torres aclara que no son los únicos lugares donde hay un alza en el número de desaparecidos. Los pobladores de la Sierra Mariscal, por ejemplo, “tienen mucho miedo de denunciar”.
Las familias del colectivo son amenazadas o intimidadas por lo que también mantienen estrategias de seguridad, incluso cuando visitan la Fiscalía General del Estado, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. “Así tenemos que estar todas las mamás, mi mayor miedo es que si yo llego a faltar, ¿quién va a buscar a mi hija?”
Anteriormente informaron a la Fiscalía sobre esta persecución, pero optaron por dejar de hacerlo debido a la desconfianza que les genera la autoridad. Hace unos meses el colectivo presentó un amparo en el que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera los casos, pero la respuesta del juez federal fue negativa.
“Nosotros pedimos que las carpetas fueran atraídas por la FGR porque hay policías involucrados, Fiscalía y personal de gobierno también en el caso de algunas desapariciones como la de mi hija, Cassandra. Queríamos que este juez obligara a las autoridades a hacer la búsqueda, obligara a la Comisión de Búsqueda a hacer la búsqueda como debería”, explica.
Para el colectivo, incluso el ex Fiscal Olaf Gómez Hernández debe ser investigado. “Hay muchos policías del Estado que deben ser investigados y no lo hacen. Veo que con este gobierno nuestra lucha tendrá que seguir porque esperanza en el gobierno no hay, en Dios sí”, señala Isabel Torres.
