La mañana del 13 de septiembre de 2017, miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), detuvieron a Salvador Enrique, presidente de la Empresa Asociativa Campesina Unidos de la Mano, ubicada en la comunidad de Palos de Agua, municipio de Saba, departamento de Colón, Honduras.
Enrique, de 50 años, fue detenido acusado por usurpación de tierras y trasladado a la ciudad de Tocoa, en el Valle del Aguán. La captura del campesino da continuidad al proceso de criminalización de las familias campesinas de escasos recursos que exigen el derecho a la tierra y demandan mejores condiciones de vida en el Bajo Aguan, quienes también resisten las acciones de intimidación, persecución y asesinatos por parte de grupos paramilitares de líderes campesinos como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George, Manuel Milla y Allan Martínez.
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El proceso de judicialización contra las familias campesinas que continuan con las recuperaciones de las fértiles tierras del Valle del Aguán continúa ahora con tres órdenes de captura mas libradas contra Pablo Salvador Enrique, Fredy Arnoldo Guevara y Delmy Karina Guevara, todos miembros de la Empresa Campesina Unidos de la Mano.
El 27 y 28 de Agosto de este año, 800 familias campesinas recuperaron ocho fincas en el Bajo Aguan. Cinco fueron desalojadas por la fuerza en acciones realizadas por miembros de la policía y elementos del ejército acompañados, como de costumbre, por los guardias de seguridad armados de la corporación Dinant, propiedad de la familia Facussé y empresa Inversiones Ceibeña del salvadoreño Reynaldo Canales
El 28 de Agosto a las 4:45 de la madrugada mientras las familias campesinas de la Empresa Nuevo Evenecer tomaron posesión de la Finca Remolino amparada en documentos legales que los acredita como dueños legítimos de las tierras, Edgardo Rodríguez fue herido de bala por los guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña. Rodríguez aun sigue a la espera de una operación para retirarle la bala que se encuentra muy cerca de los testículos.
Del 29 de agosto a la fecha se han criminalizado a 21 compañeros y compañeras campesinas. Cuatro miembros de la Empresa Campesinas Somos Más que Vencedores; Dos de Empresa Campesina Nuevo Evenecer y 11 de la Empresa Campesina Palo Verde.
El 29 de agosto miembros de la policía y el ejercito desalojaron de manera violenta a las familias de la Empresa Campesina Somos Más que Vencedores dejando cuatros detenidos: Arvin Daniel Lemus Cubas, Humberto José Amador Mejía, José Rodolfo Moreno Alvarado y Edil Deonel Villanueva Jiménez. Durante la detención, los menores edad fueron torturados por miembros de ejército y luego trasladados al cuartel policial de Tocoa. 24 horas después fueron puestos en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Tocoa bajo medidas sustitutivas.
Así mismo el 6 de septiembre se detuvo a 11 personas mientras regresaban de sus labores de campo en la Asociativa Campesina 10 de abril, ubicada en la comunidad de la Guadalupe Carney. La detención se dio a la altura del desvió el Tumbador. En este sector se encuentran las familias de la Empresa Asociativa Palo Verde haciendo uso de su legítimo derecho de posesión de 700 hectáreas de tierra desde el 27 de agosto amparados en el título definitivo de las 5, 726 hectáreas a favor del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), las cuales habían sido explotadas por Corporación Dinant a través de la fuerza de seguridad y bajo la protección del Estado hondureño.
Mediante un comunicado de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán publicado a finales de agosto se denunciaron las detenciones y agresiones por parte de los cuerpos de seguridad tanto privados como estatales que impiden el usufructo de las tierras destinadas para procesos de reforma agraria que desde 2014 el gobierno hondureño se comprometió a entregar a las centenas de familias campesinas.
...Condenamos cualquier estrategia de criminalización hacia los compañeros y compañeras que están en posesión de las tierras recuperadas en el Bajo Aguán, ya que las corporaciones terratenientes y el gobierno de honduras han utilizado diferentes acciones para desmeritar nuestra lucha.
Estas acciones se dan debido a la falta de voluntad política por parte del Gobierno, al negarse a escuchar las propuestas de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán que ya hace años han venido presentando propuestas pero estas no han sido escuchadas.
Cabe destacar que muchos de los lideres y lideresa campesinas que se encuentran en la recuperación de la tierras son beneficiarios de la MC50-14 otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alertamos a organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, a estar pendientes de los actos violentos que podrían seguir sufriendo los campesinos y campesinas que están en posesión de las tierras por guardias de seguridad de Corporaciones terratenientes, policía y miembros del ejército de Honduras.
