ACTUALIZACIÓN: Este 26 de septiembre, La Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de recusación presentada en contra de la Sala I del Tribunal de Sentencia, en el caso del asesinato de Berta Cáceres por lo que en días próximos se notificará la fecha en que se reanudará el juicio oral y público para los implicados en el asesinato Berta.
El lunes 17 de septiembre, en la víspera del inicio del juicio que involucra a empleados de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), miembros de la Policía Nacional, ex militares y sicarios como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, el tribunal fue recusado por la familia de Berta por lo que el juicio se suspendió hasta próximo aviso.
Dicha acción, interpuesta por la representación legal de los hijos de Cáceres quien se desempeñaba como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se basa en dos denuncias contra los cuatro integrantes del Tribunal de Sentencias por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violación de los deberes de los funcionarios.
“Dos órdenes judiciales han sido incumplidas desde enero de este año, negando con eso nuestro acceso a la información fundamental. Este hecho afecta no solo a las víctimas, sino que también perjudica a los imputados y niega las condiciones necesarias para proceder con el juicio”, expresó Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Berta.
“Nosotros y nosotras queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso”, compartieron el COPINH y la familia de Cáceres durante una conferencia de prensa paralela a un plantón pacífico de mujeres a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo durante la acción en solidaridad con la familia de Berta, un grupo de personas arribaron al lugar con pancartas en las que pedían la libertad de Sergio Rodríguez quien se desempeñaba como gerente de asuntos ambientales de la empresa DESA, uno de los imputados en el homicidio. Ante la presencia de medios de comunicación, dichas personas manifestaron su apoyo a la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pues acorde a sus testimonios “la empresa da muchos trabajos en la región de Río Blanco”. Ante las agresiones, integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y del COPINH evitaron un conflicto pese a la presencia de policías que en ningún momento intervinieron.
El recurso de recusación fue recibido por la Corte de Apelaciones de lo Penal Francisco Morazán para evaluar si es factible conformar un nuevo tribunal para el desarrollo del juicio, lo que mantiene en suspenso la reanudación del proceso. De fallar en contra, el tribunal actual retomaría el juicio.
Encubrimiento, la constante en la investigación oficial
Uno de los casos que evidencian el encubrimiento del Ministerio Público (MP) es el hecho que la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación con lo cual ha violentado el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Para la audiencia de proposición de pruebas programada para los días 23 y 24 de agosto, el MP no había recabado información de artículos decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que Berta se opuso en vida.
Teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros, computadoras e incluso armas y casquillos de bala son parte de la evidencia que la fiscalía mantiene en su poder aún sin analizarla.
A pesar de que la fiscalía otorgó dos días más para facilitar la información, dicha acción no fue concretada, además de que el tribunal acordó reanudar la audiencia para los primeros días de septiembre para mantener las fechas previstas para realizar el juicio.
Hasta finales de agosto, el MP ha negado el acceso de las víctimas a la información en por lo menos 35 ocasiones pese a las órdenes del Tribunal de Sentencia.
Aunado a ello, el COPINH ha solicitado la transmisión en vivo de las audiencias por ser estas juicios orales y públicos, lo cual ha sido negado por el Tribunal de Sentencias. Sin embargo, los representantes legales de la familia de Berta y del COPINH mantienen diligencias para conseguir la difusión del proceso el cual trasciende el interés de los hondureños hasta ámbito internacional.
COPINH no es admitido como víctima
Para el COPINH Berta Cáceres fue asesinada por el trabajo y lucha que emprendió en defensa de la tierra y los bienes comunes así como de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, pese a la detención de casi una decena de involucrados, la organización indígena lenca enfatiza que en el banquillo de los acusados no se encuentran los autores intelectuales del homicidio, es decir quienes planearon y financiaron el asesinato.
Así, el COPINH lanzó la campaña “DESA culpable” y el sitio web berta.copinh.org para difundir información, noticias y análisis sobre el proceso de búsqueda de justicia de la causa Berta Cáceres y a su vez visibilizar la responsabilidad de la empresa en el homicidio de Cáceres, tal como lo evidenció el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas en su informe “Represa de violencia” publicado en noviembre del año 2017.
Los representantes legales de la causa de Berta también ha denunciado la negación del Tribunal de Sentencias para que el COPINH figurara como víctima y que miembros de la familia Atala Zablah, quienes financiaron el proyecto de Agua Zarca, testifiquen en el juicio.
“Eso debería de ser reconocido aquí, para que quienes eran compañeros y compañeras de Berta Cáceres se entiendan afectados en el juicio y se entienden reivindicados como parte en el proceso. Eso no pasó y eso marca la tendencia del sistema de justicia hondureña, tendiente a desconocer los sujetos políticos, que configuraran la disidencia en este país, frente a un modelo económico y político que atropella la dignidad humana”,
COMPARTIÓ EN ENTREVISTA VÍCTOR FERNÁNDEZ, ABOGADO PARTICIPANTE DEL JUICIO.
“Nuestro interés es que en este juicio no se juzgue lo que sucedió solo el 2 de marzo del 2016, cuando fue asesinada. Sino que lo que le precede en los últimos meses, incluso años de lucha que fueron como un anticipo de este fatal y lamentable evento, que tiene que ver con el crimen de Berta Cáceres. Esperamos que el tribunal se reivindique y admita que se trata de un juicio en el que se va a juzgar a unos criminales, a un grupo, y que ahora solo hay un eslabón de los autores materiales.Hemos construido una hipótesis del caso desde el punto de vista jurídico, pero en esa perspectiva integral de lo que significa para una sociedad como la hondureña, para la región, para Centroamérica, para Latinoamérica, para el mundo, que los sectores económicos tengan como opción recurrente el asesinato de quienes no piensan como ellos, de quienes no les aplauden, quienes tienen la valentía de confrontarlos en el marco de la resistencia pacífica como lo hacía Berta Cáceres” añade Fernández, ante la coyuntura en la cual para noviembre de este año vence la duración de la prisión preventiva para cuatro de los ocho imputados.
En marzo de 2018, las autoridades aprehendieron a un noveno implicado, Roberto David Castillo Mejía (director ejecutivo de DESA al momento del asesinato de Cáceres). Este se encuentra en prisión preventiva pero no se sabe cuándo comparecerá ante los jueces.
Después de una semana, la recusación contra el Tribunal a cargo del caso de Berta Cáceres no se resuelve y el proceso continúa suspendido.
Para más información consulta el sitio web: guancascodemedios.org
