jueves, octubre 1, 2020
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Industria de “armamento no letal”, el negocio de la represión

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Según información revelada por el periódico ecuatoriano El Comercio, el Ministerio de Defensa de Ecuador suscribió el pasado 12 de diciembre 2019 tres contratos con empresas de Estados Unidos (EE.UU) para la compra de material “no letal”, por un valor de 3,6 millones de dólares. Eso incluye en particular la compra de gases lacrimógenos, escopetas y proyectiles tipo perdigón y balas de goma, así como cartuchos aturdidores.

Esa compra masiva se inscribe en una tendencia generalizada al uso de ese tipo de armas y municiones para reprimir movilizaciones sociales alrededor del mundo.

Numerosas organizaciones y civiles alertan sobre el peligro que representan esos métodos represivos para la salud y la vida de las y los manifestantes. De hecho, tienden a rechazar la apelación “no letal”, para llamarles armas y materiales “menos letales” ya que la evidencia muestra que pueden causar lesiones severas e incluso la muerte.

Compra masiva

La firma de los tres contratos entre el gobierno ecuatoriano y empresas estadounidenses tiene como base la publicación de un informe fechado el 25 de noviembre del 2019 y elaborado por el Comando Logístico de la Fuerza Terrestre quien asegura que el material “no letal” militar “no es suficiente” y “está caducado”, y por ende recomienda la “adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia”.

El primer contrato se refiere a la compra de 179,070 proyectiles tipo perdigón y gas lacrimógeno, así como cartuchos de goma para escopeta los cuales alcanzan los 165 metros por segundo. También, se registra la adquisición de cartuchos “aturdidores” los cuales están compuestos por plástico, pólvora negra y aserrín y que también son activados por medio de una escopeta. Este contrato asciende a un valor de 2,9 millones de dólares.

Mediante el segundo contrato, el Ministerio de Defensa del Ecuador estará adquiriendo 1,000 escopetas calibre 12 para proyectiles “no letales”. El plazo de entrega de ambos procesos terminará el 5 de febrero del año 2020.

Con el tercer contrato, el Estado ecuatoriano estará comprando 1,200 máscaras antigás de cuatro filtros por un monto de 234,000 dólares, los cuales le serán entregados hasta el 20 de enero de este año.

Los tres contratos vienen acompañados de un Informe de Necesidad elaborado por el Comando de Operaciones Terrestres, el cual también hace referencia a la necesidad de adquirir 3,000 escudos antimotines y 3,753 trajes tipo robocop. Sin embargo todavía no existen datos claros sobre la existencia de tal proceso de compra.

Por otro lado, El Comercio también menciona la existencia de otros nueves procesos de compra de material antimotines referenciados en la página del Servicio de Compras Públicas (Sercop). Esos procesos, que todavía no se concluyen, corresponden a la compra de artículos como lanzadores múltiples de gas GS, lanzagranadas con tambor con capacidad para seis proyectiles, municiones, equipos de comunicación, trajes, escudos y repuestos para vehículos antimotines. En uno de los pliegos, se encuentra un monto referencial por 6 millones de dólares.

“En caso de nuevos disturbios que alteren el orden público”

Esa compra masiva de armamento “no letal” llega justo después de las protestas que estallaron en Ecuador entre el 3 y el 14 de octubre del año 2019 en rechazo al entonces  llamado “paquetazo”, un conjunto de reformas que, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pretendía eliminar los subsidios a los combustibles, implementar recortes de gasto público, así como una reforma laboral y mayor libertad de operación para las grandes empresas.

EN CONTEXTO: Ecuador: Disciplina económica del FMI y oportunismo de Rafael Correa
La represión en Ecuador durante las jornadas contra el paquetazo arrojaron numerosos detenidxs, heridxs e incluso asesinatos.

La determinación y la magnitud de las protestas, en las que participaron la población de las principales ciudades así como decenas de pueblos indígenas en todas las regiones del país, lograron que el presidente Lenin Moreno derogará el paquete de reformas.

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Con la compra de estas nuevas armas, el gobierno ecuatoriano deja en claro su voluntad de mejorar su capacidad represiva en caso de un nuevo movimiento de protesta en el futuro. En el Informe de Necesidad que acompaña los contratos recién firmados, se estipula que la compra permitirá abastecer al 15% del personal que se emplea en las “operaciones militares” antimotines, y que con el nuevo equipamiento se incrementará la capacidad operativa “en caso de nuevos disturbios que alteren el orden público”.

Cabe recordar que la fuerte represión del movimiento de octubre pasado ya hizo numerosas víctimas. Según los datos recabados por una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, durante los 11 días de movilización, al menos nueve personas murieron y 1,507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de personas detenidas ascendió a 1,382 y muchas de ellas fueron detenidas arbitrariamente.

Como lo documentó el diario Milenio, una misión de expertos de las Naciones Unidas que investigó sobre las protestas después del conflicto citó informes procedentes de víctimas y testigos y estableció que los agentes del orden, policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción, no se ajustaron a normas u criterios internacionales al recurrir a un “empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”.

“Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes”, denunciaron y resaltaron en particular el uso de armas consideradas “no letales”, al concluir que estas causaron cientos de heridos (en particular produciendo la pérdida de ojos y la vista) y probablemente algunas de las muertes.

“Letalidad encubierta”

Desde hace ya varios años, el armamento “no letal” concentra la atención de organizaciones y defensores de los derechos humanos.

Un informe publicado por Physicians for Human Rights (PHR) y la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO, International Network of Civil Liberties Organizations) intitulado “Letalidad Encubierta: Efectos en la salud del uso de las armas ‘menos letales’ en las protestas”, señala que “cada vez más, en distintas partes del mundo se está respondiendo a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin la correspondiente regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte”.

Dicho documento destaca en particular el caso de las balas de goma, perdigones o “proyectiles de energía cinética”. Esas armas, que inicialmente fueron diseñadas con fines militares en contextos coloniales a partir del final del siglo 19, actualmente son utilizadas para el control de multitudes por ejércitos, fuerzas policiales y fuerzas de seguridad privada en casi todos los países del mundo.

Represión durante el paro contra Ivan Duque arroja tres muertos y 273 herid@s. Foto de Resumen Latinoamericano

Según la investigación, “los hallazgos en la revisión sistemática de bibliografía médica indican que estos proyectiles pueden ocasionar lesiones graves, discapacidad y muerte. Los datos demuestran que las lesiones graves suelen ser consecuencia de disparos a corta distancia; algunos modelos de estos proyectiles tienen el mismo poder de penetración de la piel que las municiones convencionales y pueden resultar igual de letales. Si se lanzan o se disparan desde lejos, estas armas son imprecisas y podrían impactar en las partes más vulnerables del cuerpo o eventualmente también ocasionar lesiones a aquellas personas cercanas que no estuvieran participando de la protesta. Por ello, existen serias dudas acerca de la posibilidad de utilizar estas armas de manera segura y efectiva a la vez.”

Un informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) llamado “Armas menos letales en América Latina y el Caribe, Retos y Oportunidades”  señala por su parte que esos proyectiles “pueden penetrar o lacerar la piel, requerir extracción, lesionar los ojos, producir fracturas, conmoción cerebral, lesiones en órganos internos, hemorragias. Si el disparo fue efectuado a corta distancia y sobre el pecho, el abdomen o la cabeza, estas lesiones pueden ser fatales”.

Las armas “menos letales”, señaladas alrededor del mundo

El uso masivo de balas de goma para reprimir ha sido denunciado desde hace más de 20 años en Israel.  Una comisión investigadora conocida como “Comisión Or”, creada por el gobierno sionista luego de que 12 ciudadanos palestinos de Israel fueron asesinados y otros cientos resultaron heridos en octubre del año 2000, logró que las autoridades israelíes prohibieran su uso como arma para control de multitudes dentro de Israel “salvo en circunstancias extremas y con la especial aprobación del jefe de policía”.

Sin embargo, “lamentablemente, estas recomendaciones no se han aplicado en los Territorios Palestinos Ocupados, donde el uso de estas balas es habitual y ya han provocado docenas de muertes e innumerables casos de lesiones, tanto a manifestantes como a terceros, desde 2000”, señala la investigación “Letalidad Encubierta: Efectos en la salud del uso de las armas “menos letales” en las protestas”.

Últimamente, el uso de ese tipo de armas ha sido particularmente denunciado en Chile. En este caso, la oficina de las Naciones Unidas (ACNUDH, por sus siglas en inglés) señaló la gran cantidad de lesionados, incluyendo los heridos en los ojos por el uso de perdigones. “El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indicó la oficina, según reportó el periódico El País. La instancia también recordó que aunque el uso de perdigones supuestamente se suspendió en Chile, “esta orden no se ha implementado completamente”.

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