En portada: “Como padres no vamos a dar ni un paso atrás”, declararon madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa ante el intento de división por parte de las autoridades federales. Foto: Juan Pérez / LatitudesPress
La tarde de este jueves (11), madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, denunciaron que el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) repite las estrategias de administraciones pasadas para dividir a los familiares y obstaculizar las investigaciones para conocer la verdad sobre el caso.
Señalaron que, al mismo tiempo que el presidente despliega campañas de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos, así como contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ejército mexicano mantiene su negativa para la entrega de 800 folios de información que podrían dar claves para el esclarecimiento del paradero de sus hijos.
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Mediante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (Centro Prodh), los familiares de los estudiantes desaparecidos, acompañados de sus asesores legales, sostuvieron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca dinamitar el diálogo y confrontar a los familiares.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que esa misma mañana se tenía programada la primera reunión formal con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en la cual, la exigencia principal de los familiares era la entrega de los archivos generados por el ejército a través del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) ubicado en Iguala.
No obstante, al arribar al lugar, fueron sorprendidos por la presencia de un pequeño grupo de madres y padres vinculados a funcionarios relacionados con la desaparición forzada de los normalistas, entre ellos, a los ex gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, así como con el empresario Pedro Segura y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“¿Qué es lo que está haciendo? Aunque le duela el Presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros padres y eso es lo que pasó hoy, para que nosotros peleemos, pero no les quitamos su derecho (a los familiares), porque nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, reclamó Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, quien destacó que debido a esta circunstancia decidieron no participar de la reunión.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos, sabiendo que él tiene la información sobre documentación de la Sedena que nosotros presentamos para aquellos folios que nosotros estamos exigiendo. No es necedad de los 43 padres de familia, ni es terquedad, es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”, aseveró Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González.
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Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recalcó que el gobierno, lejos de dar respuesta y entregar los 800 folios de información en manos de los militares, ha emprendido una campaña de descalificación contra los asesores legales de los familiares, así como contra el GIEI, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos.
“Por muy presidente que sea no puede quitar ese derecho a las víctimas. No es un tema de una organización política, son víctimas los padres de familia que por delante tienen expedientes, tienen un trabajo técnico que se tiene que hacer y que estar asistidos por sus representantes legales. Pero el presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla” sentenció el abogado.
Ejército niega documentos
Para los familiares y asesores legales, la exigencia principal es que el ejército entregue los documentos del CRFI, demanda que mantienen desde hace un año, derivada de la investigación que da seguimiento a la propia Covaj y la coadyuvancia del GIEI.
“Se revisaron con este motivo archivos militares, y se solicitó información a través de sendas baterías de preguntas que se hicieron al ejército mexicano. Con todo este trabajo, hasta el año 2022, llegamos con un conjunto de información importante, pero dentro de esa información hacen falta 800 folios. En estos folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes, a través de una intervención telefónica que el ejército hizo en la noche del día 26 de septiembre”, enfatizó Rosales.
El abogado de Tlachinollan compartió que también han solicitado información adicional al ejército. Entre esta, pidieronla comunicación completa, el dispositivo donde ésta se encuentra, así como los números telefónicos que fueron objetos de intervención y los militares que la realizaron; así mismo, exigieron que dichos elementos comparezcan.
“Esa información la deben, no nos la han entregado y, junto a ello, los 800 folios forman parte hoy en día en la investigación. Esos folios existen, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente, en las mañaneras, se dice otra cosa”, denunció Rosales.
De acuerdo al abogado, es el ejército quien niega la información, “dice que no existe, sin embargo, en las reuniones serias que tenemos de la Covaj se han confirmado”.
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La exigencia de las madres y padres es que el ejército entregue dicha información mediante reunión con la Covaj y a su vez, que Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas, puedan hacer una revisión de la misma.
“Si de esa revisión resulta necesario hacer una revisión -y cito- en los cuarteles pues ya se verá, pero no podemos ahorita ir a los cuarteles cuando es un trabajo que ya se hizo desde el año 2019”, señaló el abogado de Tlachinollan.
