En portada: Integrantes del COPINH se manifestaron en Tegucigalpa para exigir justicia para el pueblo Lenca por la violencia y corrupción cometida por la empresa DESA y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Foto: Copinh
Desde el pasado lunes (1), el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción en Tegucigalpa realiza las audiencias de juicio oral y público en el caso Fraude sobre el Gualcarque, mediante el cual se investiga la red de corrupción que favoreció ilegalmente a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) para la obtención de la concesión del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Este jueves (4), en lo que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) consideró un día histórico, el Tribunal llamó a testificar a Jacobo Atala, presidente del banco BAC Credomatic y vicepresidente de la Junta Directiva de DESA. “Por primera vez un miembro de la familia Atala Zablah es requerido para hablar del Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’ y su nefasta e ilegal inversión”, compartió el COPINH mediante redes sociales.
No obstante, mientras que miembros de la comunidad Lenca de Río Blanco se presentaron ante el Tribunal para aportar sus testimonios, Atala lo hizo de manera virtual, argumentando incapacidad médica y viajes fuera de Honduras.
“El contrato (entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y DESA) está vigente en espera de la continuidad del proyecto. Tenemos las esperanzas que se logre realizar el proyecto (hidroeléctrico Agua Zarca)”, declaró el banquero, quien es señalado por el COPINH de estar vinculado directamente con el asesinato de Berta Cáceres, ex coordinadora de dicha organización quien colaboró con la comunidad de Río Blanco en la resistencia contra la imposición del proyecto.
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“No nos cuesta nada mantener ese contrato vigente, la sociedad esta vigente”, señaló Atala, corroborando las intenciones de mantener el desarrollo de Agua Zarca. “A pesar del dolor y la muerte que ha significado este proyecto para el pueblo Lenca se sostiene la amenaza de construirlo”, respondió el COPINH ante la postura del banquero.
Río Blanco
Durante la audiencia también se presentaron los testimonios de habitantes de la comunidad Lenca de Río Blanco. Lucio Sánchez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad contó sobre las afectaciones sufridas por la población debido al concesionamiento ilegal del río Gualcarque para el proyecto hidroeléctrico. “A nosotros no nos dijeron que iban a realizar ese proyecto, nos dimos cuenta cuando estaban construyendo unas calles (…) No nos dijeron nada y empezaron a trabajar”, relató sobre la imposición de la hidroeléctrica.
Por su parte, Rosalina Domínguez, lideresa de la misma comunidad aseguró que antes de la llegada de la hidroeléctrica la comunidad vivía en paz. “Por el proyecto Agua Zarca sufrimos de asesinatos y amenazas, también de afectaciones de salud. También nos asesinaron a la compañera Berta Cáceres”, resaltó Domínguez en su testimonio frente al Tribunal.
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Según Domínguez, las violaciones y amenazas que han sufrido las y los habitantes de Río Blanco provienen del negocio de quienes vendieron las tierras para la construcción de la represa de Agua Zarca. “Nuestro territorio no debería ser privatizado porque ya no tendríamos esa agua ni el acceso al río, ya no tendríamos ese río para cultivar”, reclamó la lideresa en la audiencia.
Red criminal
El pasado martes (2), los equipos legales que representan al COPINH y a la comunidad de Río Blanco como víctimas en el caso de corrupción Fraude sobre el Gualcarque, presentaron la formalización de la acusación a seis integrantes de la red de corrupción que favoreció ilegalmente a la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.
Las personas acusadas son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Castillo, Roberto Martínez Lozano, Raúl Pineda, Luis Espinoza y José Carbajal, todos imputados por el manejo de recursos del Río Gualcarque.
Integrantes del COPINH y la comunidad de Río Blanco presentaron los cargos al argumentar que la concesión hidroeléctrica ilegal desató la violencia en las comunidades Lencas que protegen al sagrado río Gualcarque y arrebató violentamente la vida de Berta Cáceres.
Cabe recordar que, en junio pasado, Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato de Cáceres. Castillo es un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica DESA.
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Durante su testimonio ante el Tribunal, Jacobo Atala justificó el hecho de haber empleado a Castillo en la empresa de su propiedad debido a que previamente había laborado en la ENEE. “Trabajar ahí le daba conocimiento sobre temas de proyectos eléctricos y la regulación y la legislación”, declaró.
Por su parte, Karla Gabriela Aguilar Rodríguez también resaltó el papel de Castillo y su relación con la ENEE, pues fue a petición del mismo que Rodríguez realizó los trámites ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para obtener licencia ambiental de la hidroeléctrica “Agua Zarca”.
Roberto Abate Ponce, ex-empleado de David Castillo y contratado por este para desempeñarse como chofer de la empresa DIGICOM también compartió su testimonio. Según sus declaraciones, David Castillo utilizaró sus datos personales, sin su consentimiento, para los trámites que permitieron la fundación de la empresa DESA de la que posteriormente Castillo Mejía se haría presidente y de la que se harían accionistas los hermanos Atala Zablah.
Otros testimonios también han sido compartidos durante la primera semana de audiencias. Destaca el experto forestal del Instituto de Conservación Forestal, Jorge Arturo Romero Santos, quien testificó que según los estudios realizados por la misma empresa DESA y los datos de su investigación, no era factible que la represa Agua Zarca produjera la energía que proponía, además de que iba a causar daños irreparables a la fauna y al río Gualcarque.
