Justicia o tortura: Estrategias penales en Oaxaca contra presos políticos indígenas

Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

La familia de Marcelino participó en marchas, mítines, plantones, foros con el fin de exigir a las autoridades judiciales de Oaxaca la libertad de Marcelino y de otros presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.

Marcelino es el sostén económico de su familia, su encarcelamiento provocó fuertes estragos en la economía familiar. Dos de sus hijos tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse a la lucha por la libertad de su padre, dando seguimiento a los trámites legales necesarios para ampararse en contra de su detención, así como para trabajar y obtener ingresos para sostener a toda la familia y a Marcelino dentro de prisión.

El caso de Marcelino no es un hecho aislado. El indígena mazateco es una de las más de 40 personas de la comunidad de Eloxochitlán que han enfrentado cargos penales.

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de persecución y criminalización en contra de la comunidad de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Manuel Zepeda y Eliza Zepeda Lagunas. Eliza, quien es una de las partes acusadoras en el caso, hasta hace unos meses, sostenía el cargo secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y es parte del partido político MORENA. 

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. 

Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión, desplazados o encarcelados. El caso está dividido en cuatro expedientes, el 02/2015 por homicidio y tentativa de homicidio, el 16/2016 por incendio, y otros dos expedientes por homicidio y tentativa de homicidio. 

La mayoría de los hombres y mujeres que han sido acusados de algún cargo penal sostenían algún tipo de representación o autoridad en la comunidad. Marcelino Miramón sostenía el cargo de regidor en 2014. A lo largo de casi una década, y gracias a la lucha de las familias, y el apoyo de otros colectivos y grupos, la mayoría de los indígenas mazatecos que han estado presos han logrado ganar su libertad. En el caso de los perseguidos políticos han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

En prisión, hay aún tres hombres mazatecos, Alfredo Bolaño y Fernando Gavito, que están a medio año de cumplir 10 años en prisión, y Francisco Durán que lleva cinco años en prisión. Ninguno de ellos cuenta con sentencia

Pese a que la mayoría de las personas perseguidas ha ganado ya múltiples amparos a nivel federal y local, el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúa entorpeciendo y dilatando el proceso penal en su contra. Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que tiene la responsabilidad de vigilar el actuar de los jueces locales en la entidad, también ha sido señalado por la defensa legal y las familias de los presos y perseguidos, como partícipe en seguir prologando la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán al respaldar el actuar del Juzgado de Huautla. 

En entrevista con el abogado Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, platicamos a fondo sobre el proceso legal para entender cómo la actuación de las dos instituciones mencionadas son el mayor obstáculo para terminar, después de más de una década, la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán.

Actualmente, el Juzgado de Huautla amenaza con apelar un amparo ganado hace ya 8 años que protege a 55 personas de ser posiblemente encarceladas. La libertad de Marcelino Miramón, recientemente ganada, también está en riesgo de ser revocada.

Avispa Mídia (AM): Abogado, podría platicarnos, ¿cuál fue la ruta legal para obtener la libertad de Marcelino Miramón?, ¿cuáles fueron los posibles obstáculos legales para arrancar esta libertad?

Daniel Sosa Rafael (DSR): El delito por el cual se le acusaba a Marcelino ya lo habíamos enfrentado en 2017 con Gaspar Betanzos, otro de los compañeros que fue preso y es perseguido. Él trazó la ruta jurídica de cómo se pudiera resolver ese expediente.

Gaspar fue el primer detenido con ese expediente el 16/2016. Lo que tenemos que entender es que todo delito tiene una serie de elementos que se tienen que probar para que se pueda acreditar el cargo penal. Es decir, es necesario en primer lugar comprobar que el delito existe. 

Nosotros con Gaspar Betanzos argumentamos desde un inicio que no se acreditaba la existencia del delito de incendio, y que entonces no se podía perseguir el delito. Sin embargo, el juez de Huautla dijo que sí se podía acreditar el cargo penal y dictó el auto de formal prisión [es decir, dictó la prisión de Gaspar como medida cautelar].

Nuestra respuesta fue apelar la decisión del juez de Huautla, y entonces nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y ahí la sala confirma la resolución del juez de Huautla.  

Con Gaspar entonces buscamos ya la protección federal, se mete el amparo sobre la decisión del juez de Huautla, y ahí se confirma lo que nosotros como defensa argumentamos, que no se encontraba acreditados los elementos del cuerpo del delito.

En ese entonces, las partes acusadoras Manuel Zepeda y Vicente Zepeda se inconformaron con el amparo que ganó Gaspar. Ellos acuden al recurso de revisión, y el Tribunal a cargo de revisar ese amparo se va a fondo a estudiar el caso y vuelve a decir que el delito no se puede acreditar.

Ese expediente nos costó bastante, al final se logra lo que la defensa había planteado desde que se luchó contra el auto de formal prisión, que no se podía acreditar el delito.

Cuando detienen a Marcelino Miramón, como ya estaba este antecedente, volvemos a hacer el mismo alegato, y ya no sólo era mi argumentación como defensa, ya estaba fundamentado con el criterio de tres órganos jurisdiccionales que es el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado, y la Sala del estado. Y aun cuando esas tres decisiones se intentaron debatir o pelear desde la parte acusadora, ya no fue procedente, es una verdad jurídica.

A pesar de eso, el juez de Huautla no quiso admitir ese criterio para el caso de Marcelino, pese a que se le juzga por los mismos hechos que Gaspar, en el mismo tiempo y en la misma forma, y dice que sí se encuentra acreditado el cuerpo del delito y decide dar al auto de formal prisión.

Entonces comenzamos el mismo camino que seguimos con Gaspar Betanzos, y es ahí cuando comienzan las trabas por parte del Juzgado de Huautla. No manda el informe a los juzgados federales, no se emiten informes justificados en tiempo y forma, no se informa a los ofendidos, el ministerio público no acusa cuando se le envían correos electrónicos.

Llegamos hasta el absurdo que el Juzgado dijo no tener el recurso ni para obtención de copias. Una de las trabas que duró mes y medio en el caso de Marcelino fue la obtención de copias.

Se llega a ese grado de violencias en el proceso, se llega a tanto que además en esta ocasión de las copias, le decían a la familia de Marcelino que tenían que pagar por las copias, y decían vamos a sacar un primer tanto la próxima semana, en otros 5 días vienes y así, hasta que podamos sacar el testimonio completo; esto es un absurdo. Eso hace muy perezoso el proceso, pero es una cuestión operativa, más que una cuestión jurídica.

Es esa dilación sistemática que ha habido en los demás expedientes de los demás compañeros, es permanente. Parecen cuestiones simples, pero con el tiempo, esas dilaciones van ocasionando una violación a los derechos humanos, porque entonces violan el derecho a un justicia pronta y expedita.

Otro caso es que de repente se les olvida firmar los expedientes, se les olvida poner un sello, y eso es inaceptable, porque dicen que es un error humano, que no manden documentos oficiales sellados o con firmas a pesar de que es lo que se necesita de ley para que tengan validez, otras veces mandan documentaciones incompletas.

Por eso, prácticamente en el amparo que Marcelino gana, tarda un año su desahogo. De manera normal ese trámite suele durar tiempo promedio de 6 meses, las dilaciones procesales prácticamente hacen que el proceso dure casi un año, tiempo que Marcelino estuvo en prisión.

El expediente 02/2015 lleva ya 10 años, y hay personas en prisión sin una resolución, y eso es gran parte causa de esta dilación sistemática del proceso por parte del Juzgado de Huautla.

AM: Además de estas dilaciones sistemáticas que usted nombra, tenemos conocimiento de que las salas del Tribunal Superior de Oaxaca recurrentemente defienden la decisión del Juzgado de Huautla pese a que, como explicó en el caso de Marcelino, haya antecedentes de decisiones y argumentaciones de otros órganos federales que emiten amparos o que se logra la libertad de personas presas, porque se muestra que no hay elementos para probar su responsabilidad. ¿No existe la obligación de jueces locales de respetar las decisiones de jueces federales?

DSR: Es muy interesante esto. Le voy a explicar cómo funciona este círculo vicioso, que podríamos llamar al proceso de desahogo de los expedientes del caso de Eloxochitlán. Voy a usar el caso de Marcelino que es el más reciente para explicar esto.

En el caso de Marcelino, el Tribunal Colegiado emite el amparo con una resolución, y el juez de Huautla entonces como tiene que cumplir con esa resolución lo hace, y Marcelino sale libre; pero dentro de esto está la trampa.

Sentencia del juez - No queda determinada con exactitud la conducta desplegada por Marcelino Moramón (…) que acredite de manera fehaciente que fue una de las personas que con su actuar causó daños por incendio (…)

Los amparos no son sentencias, son más bien como recetas que le dicen a los juzgados locales ciertos elementos que deben modificar o les ordena emitir una nueva decisión, pero entonces el Juzgado de Huautla es el que emite la nueva sentencia. 

En la ejecutoria de amparo que emite el Juzgado de Huautla en el caso de Marcelino Miramón, el juez sigue insistiendo, a pesar de que todo lo que ya explicamos, que sí se dan los elementos de tipo penal para poder acreditar el delito de daños por incendio.

El juez en su cuestión de libre determinación, de acuerdo a su criterio, se escuda en eso; dice que el delito de daños por incendio sigue existiendo, y dice que lo que no se pudo acreditar es la participación de Marcelino y por eso le otorga la libertad. 

Aquí es la parte tramposa que se debe de denunciar. Si tú lo lees, dices bueno pues Marcelino ya salió, ese era el fin inmediato, pero no. Esta determinación que emite el juez, ¿a qué va a dar pie? 

La parte acusadora entonces va a decir que sí existe el delito de daños por incendio, y entonces va a dar pie a que el asunto se apele otra vez, esta libertad ganada se puede apelar porque el juez deja abierta la puerta diciendo que sí existe el delito.

Eso da a pie a que Marcelino siga enfrentando un proceso. Y así ha pasado con la todos los amparos y libertades ganadas.

Además, lo más grave que ha pasado en todo este caso de Eloxochitlán es que la parte acusadora presenta su recurso de apelación, ese recurso va al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Entonces el juez de Huautla en vez de que proceda a esa apelación, la guarda, un año, dos o tres años. Tenemos una apelación en el caso de Omar Hugo que lleva 8 años ahí sin trámite porque el Juzgado de Huautla no ha querido, y la saca cuando mejor le conviene. Eso podría pasar también en el caso de Marcelino.

Aunque se ganen 10 o 20 amparos, el Juzgado de Huautla es quien tiene la última palabra.

AM: ¿No hay una forma de romper este círculo vicioso? 

DSR: Lo que tendría que hacer el juez de Huautla - y en estos 10 años hemos tenido aproximadamente 5 jueces - es apegarse al derecho y a lo que dice la ley. 

Pero los jueces de Huautla se han escudado en criterios que no están sustentados en la ley, y que va en contra de 10 o 20 sentencies federales y de otros jueces que sí se sustentan en la ley.

Ahí es en donde la parte que denuncia, Eliza Zepeda, ha encontrado el cobijo del Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros sí hemos denunciado una y otra vez el actuar del Juzgado de Huautla, lo más lejos que hemos podido llegar es que se logró la suspensión de sus funciones a un secretario del Juzgado de Huautla.

Lo que siempre hacen es cambiar al juez. Nos dicen, vamos a mandar a otro juez, y empezamos de cero, y otra vez, no firman las diligencias, y entonces lo que hacen es cambiarlos una y otra vez.

Lo que el Tribunal Superior de Oaxaca debe de hacer es exigir al juez que se apegue al derecho, que cumpla con los tiempos y formas de los procesos. Amparados en esta discrecionalidad para juzgar, el Juzgado de Huautla ha impuesto su voluntad de no hacerlo.

AM: ¿Cuántas personas en el caso de Eloxochitlán son rehenes de la discrecionalidad del juez de Huautla?

DSR: En el expediente 16/2016 hay 55 personas, a lo mejor me equivoco por una o dos personas. En 2016 se ganó un amparo contra las órdenes de aprehensión en contra de esas 55 personas.

Y apenas, este año, en 2024, 8 años después, quiere el Juzgado de Huautla dar trámite a la apelación que en un momento interpuso la parte denunciante, es lo que le comentaba, 8 años ya pasaron y ahora quieren proceder. 

Corremos el riesgo que 55 personas puedan ser aprehendidas, y esa lista siempre fue selectiva, las personas de esas listas al menos el 40% se repite en los otros 3 expedientes, por eso se puede confirmar que existe una persecución y prisión política, por eso hay desplazados, presos y perseguidos.

El argumento del juez que revisó el expediente es que se dio cuenta que había algo pendiente, y que el Ministerio Público no había atendido. Es algo irrisorio, y si le preguntas por qué, te va a decir que porque acaba de llegar el expediente. ¿Cómo explicas que 8 años estuvo detenida y ahora quiere proceder a promover esa apelación?

AM: Abogado, usted que ha vivido y acompañado este caso por 10 años y menciona estas dilaciones sistemáticas, y ahora que se habla mucho de reforma judicial, ¿qué se podría hacer desde la parte de la ley para que esto no siga sucediendo?

DSR: Se requiere una reforma en la ley de responsabilidades de servidores públicos. En este caso, las familias ven como fin último el ser libres, con eso quedan satisfechos, y es una percepción muy general de la sociedad, por eso no se impulsa que se apliquen procedimiento ágiles y accesibles para poder sancionar a funcionarios.

Existen conductas que no alcanzan los elementos para empezar un proceso penal, pero como en este caso sí afectan el derecho a la procuración de justicia.

Nuestras instituciones además se encuentran sujetas a necesidades personales de ciertos personajes. En este caso, el rol que ha desempeñado Eliza Zepeda en cargos públicos ha tenido injerencia en el proceso, y que a partir de ahí condiciona el actuar de los jueces y magistrados. No lo podemos comprobar, pero sí existen muchas pruebas para sugerirlo y que nosotros hemos observado.

Por ejemplo, Eliza Zepeda estuvo dentro de la última legislatura del Congreso de Oaxaca y de ahí se vuelve presidenta de la Comisión de Justicia. Ella debió renunciar a ese puesto porque había un conflicto de intereses, a ella le tocó nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Es muy difícil creer que no existió un cabildeo previo a la elección de esos magistrados, y tenemos ese criterio, que los magistrados para poder llegar a ese cargo tuvieron posiblemente que interactuar con ella.

Por salud del expediente, por transparencia, por respeto a la ética y al estado de derecho, ella debió de haber renunciado a ese puesto, porque ella tiene un proceso, así se hubiera evitado justo una interpretación de que podía tener injerencia en el proceso. Pudo haber renunciado y formar parte en otra comisión dentro de la legislatura.

Y de manera coincidente, cuando ella ocupa ese cargo, empezamos a tener un revés, incluso empiezan a tomar en cuenta en una resolución testigos de oída, a pesar que en los últimos años eso ya no existe en el tipo penal. Entonces nosotros decimos, algo está pasando, comienza a haber una ruta de comenzar a negar todo, y no con argumentos legales sólidos, sino con argumentos totalmente inauditos.

Yo en estos años de 10 años he sufrido la intervención de mis teléfonos, y con todos estos elementos que he podido observar, me atrevo a imaginar y pensar, que sí ha habido injerencia de parte de un poder desde el legislativo al poder judicial.

Lo que sí fue noticia pública fue cuando el señor Alfredo ganó el expediente de tentativa de homicidio, y eso está en la prensa, Eliza y una fracción de MORENA hacen un desplegado y exigen a la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que administre bien la justicia. Eso es un condicionamiento político. Eso es público. Si se atreve a eso de manera pública, no sabemos que pase en el ámbito privado.

[Además, Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca, se posicionó públicamente a favor de la familia de Eliza y le hizo una llamada de atención pública al Tribunal Superior de Justicia sobre las decisiones tomadas en el caso].

Afortunadamente, gracias al seguimiento de medios independientes, colectivos, a la organización de las mujeres mazatecas, se ha podido avanzar. Nosotros no tenemos ese poder político y económico, lo único que hemos tenido es el poder de la palabra. Y con eso hemos podido ir ganando. Tenemos sentencias absolutorias, tenemos amparos, tenemos libertades. Este caso lo han conocido más de 20 jueces, mínimo, de todos los niveles, y creo que todos ellos no pueden estar equivocados.

Foto: Eliza Zepeda (la última a la izquierda) posa con la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez (en medio)

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