Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
El gobernador dijo que, si Jubilian Sarmiento sale del cargo, tendrían que comenzar de cero. “Le respondimos que no, porque las carpetas las tiene el Ministerio Público no el fiscal y el MP tiene el obstáculo de ese fiscal y por eso no avanza”, explica Isabel.
Las madres buscadoras sostienen que, en la mesa de diálogoresultado de la huelga de hambre en diciembre de 2024, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció ante ellas, que la Fiscalía de Desaparecidos pone “trabas” en las investigaciones. “Las madres cuestionamos, si Jubilian obstaculiza ¿por qué sigue en funciones?”.
“Si vemos que no hay investigación le vamos a pedir la renuncia de Jubilian y de Néstor porque no los queremos en las investigaciones, por omisos e incompetentes”, reitera Isabel que en septiembre de 2023 solicitaron lo mismo al entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, pero no fueron escuchadas.
En esta ocasión, hubo diálogo y anotaciones por parte de Eduardo Ramírez, que se comprometió a brindar las facilidades para que se hagan las búsquedas de personas.
Al día siguiente que hablaron con el gobernador morenista, el colectivo se reunió con la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil y representantes de la Fiscalía General de Chiapas (FGE). Llaven Abarca confirmó, pero no se presentó en la reunión.
“El que estuvo presente fue Jubilian Sarmiento que por fin nos dio cara, pero no sabía ni qué decir, estaba todo nervioso y entregó los supuestos avances de las investigaciones, pero es lo mismo que tenía hace cuatro meses, vamos a ver en marzo [cuando habrá la próxima reunión] qué información presenta”, lamenta Isabel.
En estos primeros encuentros no se signaron documentos, pero se estableció que cada mes tendrán reuniones con las partes involucradas en la búsqueda de personas y deberá estar presente el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.
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Además, con las dependencias acordaron acciones que incluyen búsquedas, hacer perifoneo y pegar fichas de búsqueda en paredes y postes en las calles de municipios que estén relacionados con los casos de personas desaparecidas.
En estos espacios, las autoridades no hablaron sobre el presupuesto que se destinará para la búsqueda de personas este año o si investigarán a las personas al frente de la CEB el sexenio pasado, quienes dificultaron las labores de búsqueda de las Madres en Resistencia.
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Los Sarmiento
Jubilian Sarmiento Santos llegó al cargo en el 2021, cuando Olaf Gómez Hernández fungía como fiscal general, tres años después de que iniciara funciones la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas en Chiapas.
Para las Madres en Resistencia y organizaciones de derechos humanos que las acompañan, Jubilian Sarmiento representa un obstáculo en las investigaciones, “siempre dice que está esperando la autorización o que necesita la firma del fiscal”.
El Fiscal de Desaparecidos es responsable de investigar, autorizar las búsquedas, dar seguimiento y procesar los casos de personas desaparecidas en territorio chiapaneco. “De eso no ha hecho es nada”. Lo mismo sucede con Mejía Sarmiento, señalan.
Este personaje fue de los primeros policías que hablaron con Isabel Torres cuando su hija Cassandra Arias Torres desapareció el 17 de diciembre de 2022, en Berriozábal. En ese primer acercamiento, Néstor Fabián Mejía Sarmiento, a través de una llamada telefónica, le aseguró que su hija había aparecido. “Y me exigía una fotografía de que ya estaba conmigo, pero no era así”.
Ante la insistencia, Isabel y su familia desconfiaron de inmediato del policía de investigación que después les tomó la declaración en un bar. Isabel recuerda que cuando la FGE publicó la ficha de búsqueda de Cassandra, marcó a los números que pusieron, pero la llamada siempre envió a buzón y la única explicación que le dieron es que se descompuso el teléfono.
“Yo no quiero saber nada de esa persona [Mejía Sarmiento], no quiero que esté en la investigación de mi hija, pero ahora sí que es el comandante, pues es el único que supuestamente hay. No hay más policías de investigación”, lamenta la madre de Casandra.
Dice que, a pesar de la disposición que hasta ahora demuestra el gobierno, se siente insegura, porque son muchas las personas que siguen en cargos de seguridad que podrían estar relacionados con grupos del crimen organizado.
“Y como madres que estamos en la búsqueda hay temor de que nos manden a desaparecer o matar, pero eso no nos impide seguir buscando a nuestros hijos”, dice Isabel que dedica las 24 horas del día a indagar sobre el paradero de su hija, junto a las otras mujeres que integran el colectivo.
Los últimos avances del caso de Cassandra Arias Torres es la localización geográfica de su celular en Cancún, Quintana Roo. Mientras que otro de los teléfonos móviles que fueron sustraídos en el momento de la desaparición forzada de Cassandra, se muestra en Tijuana, Baja California.
A cuatro meses de que Isabel fue informada sobre estos hallazgos, la Fiscalía de Desaparecidos no ha tenido mayores avances en la investigación.
Fichas a la basura
El 4 de febrero las Madres en Resistencia fueron citadas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ese día el gobierno de Berriozábal, municipio ubicado a 24 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, fue el primero en anunciar la creación de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas.
A decir del colectivo, desconocía sobre la creación de esta célula de búsqueda, pero la CEB les compartió que es una orden del gobierno del Estado para los 124 ayuntamientos de Chiapas.
Isabel Torres reside en Berriozábal y el 5 de febrero se dirigía a la capital chiapaneca a una cita del colectivo con la comisionada Estatal de Búsqueda, Elizabeth Santiago, cuando se percató que personal del Ayuntamiento de Berriozábal despegó las fichas de búsqueda que el colectivo pegó apenas el 1 de febrero.
El colectivo difundió en su cuenta de Facebook fotografías y videos que lograron captar la acción en infraganti. Las imágenes muestran a los trabajadores arrancando y tirando más de 500 fichas en los contenedores de basura del parque.
“Por eso el anuncio de Célula Municipal de Búsqueda lo vemos como una burla para nosotras las madres, resulta que ahora si van a apoyar cuando por años no lo han hecho con ninguna familia. El día (1) que nosotras fuimos a pegar fichas se acercaron madres a nosotras con miedo, nos dijeron que les daba miedo alzar la voz por sus hijos y que se sintieron cobijadas por nuestra presencia, porque han buscado a Jorge Acero [alcalde de Berriozábal] pero no da respuesta”, señaló el colectivo en rueda de prensa.
Hasta ahora contabilizan al menos 25 personas desaparecidas en Berriozábal, la más joven es de 15 años. Pero hay casos que no han llegado a las autoridades por desconfianza y el temor que persiste en la población, pese a la actual promesa gubernamental de pacificar Chiapas.
Isabel Torres considera que existe una campaña constante de criminalización y discriminación de las personas desaparecidas en las redes sociales, en las que participan trabajadores del gobierno de Berriozábal, a través de perfiles falsos.
“Lo hacen para hablar mal de nuestros hijos. Nosotras decimos si eran delincuentes y si tenían algo que pagar, para eso están las leyes. Son nuestros hijos y los seguiremos buscando hasta debajo de las piedras si es necesario”, enfatiza Isabel.
El colectivo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra Jorge Acero por ordenar el retiro de las imágenes de las personas desaparecidas, por lo que emitió la recomendación 0048/2025. En los próximos días tendrán un diálogo con el delegado de la comisión, Horacio Culebro Borrayas.
“Lo que estamos pidiendo es que Jorge Acero ofrezca una disculpa pública”, pues las madres señalan que él ordenó retirar las fichas de búsqueda, pero en los comunicados emitidos por el ayuntamiento responsabilizaron al director de Jardines y Parques, de más de 60 años de edad, “y lo despidieron de forma injusta”, dijo Isabel.
En septiembre de 2024, Jorge Acero fue ratificado como alcalde de Berriozábal, “pero nunca se ha acercado a las familias de desaparecidos”. Durante el pasado trienio del edil abanderado por Morena, el colectivo denunció de forma pública el aumento de las desapariciones y la violencia criminal.
Cuando Cassandra desapareció, Acero negó los hechos y dijo a los medios de comunicación que sólo se trató de una riña. Tras la denuncia pública de Isabel Torres, la madre fue hostigada por el personal del ayuntamiento que ahora también es parte de la Célula Municipal de Búsqueda.
