Mariana, un año sin justicia en Chiapas

En portada: María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, denunció las incosistencias en la investigación de la muerte de su hija.

“No fue suicidio fue feminicidio”, fueron las palabras que pronunció la abogada feminista Martha Figueroa Mier a un año del asesinato de la médica Mariana Sánchez Dávalos, el 27 de enero de 2021, en Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas.

La joven de 24 años que realizaba su servicio social como parte de sus estudios en Medicina Humana en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fue encontrada al día siguiente y, casi de inmediato, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) determinó que había sido suicidio, sin aplicar el protocolo para investigar los feminicidios en Chiapas, creado en agosto de 2020.

A mediados de febrero, Fernando N confesó hostigar a Mariana y se entregó a las autoridades. “Si aplicáramos el protocolo para investigar los feminicidios, el primer detenido e investigado por ser el agresor sexual confeso sería él”, dijo la abogada.

Pero en la actualidad Fernando N solo es juzgado por hostigamiento sexual que, al ser un delito no grave, no hay prisión preventiva.

La también activista, Martha Figueroa dijo que la UNACH debe exigir a la Fiscalía reclasificar el supuesto suicidio de Mariana como feminicidio, asimismo entender como víctima mortal de ese feminicidio a su madre, María de Lourdes Dávalos Ábrego, que falleció durante la búsqueda de justicia el pasado 7 de agosto.

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“Pero fue esta Universidad, la Fiscalía y la Secretaría de Salud que sepultaron y agravaron el feminicidio de Mariana echándole la culpa y la responsabilidad; intimidando y cuestionando a la madre para que aceptara la voluntad de Dios”.

Angustia

Fernando N solo es juzgado por hostigamiento sexual que, al ser un delito no grave, no hay prisión preventiva.

En agosto de 2020, la joven de 24 años fue asignada a servicio social en la comunidad Nueva Palestina, a cuatro horas de distancia de Tuxtla Gutiérrez, donde vivía con su abuela. 

Desde su llegada a la comunidad, Mariana padeció las agresiones sexuales de Fernando N que, incluso, forzó la puerta de su habitación.

Vivió en el infierno por más de cinco meses. Estaba alterada, angustiada y con temor, según relataron amigos cercanos y su mamá. Mariana dio parte a la UNACH, la Fiscalía y a la Secretaría de Salud a través de Analí N, directora del centro de salud donde prestaba su servicio social, pero no fue escuchada.

El 27 de enero mataron a Mariana en el interior de la precaria habitación que rentaba. Una de sus compañeras avisó a María de Lourdes.

La madre de Mariana se trasladó a Chiapas desde Coahuila, donde se encontraba laborando. Le tomó 24 horas llegar y, en ese tiempo, la Fiscalía incineró el cuerpo de su hija sin la autorización correspondiente. “No firmé nada, tampoco ordené nada”.

Entonces inició la lucha. La madre denunció públicamente las inconsistencias en la investigación, mientras se recuperaba de una mastectomía. María de Lourdes falleció en los primeros minutos del 7 de agosto, “me voy a morir sin que las autoridades resuelvan el caso de mi Mariana”, dijo días antes.

Inconsistencias

Movilización en protesta por la muerte de la estudiante de medicina

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 74/2021 dirigida a la Secretaría de Salud de Chiapas y la UNACH por las violaciones a los derechos humanos desde el momento en que Mariana fue enviada a Ocosingo, municipio ubicado en una de las regiones más peligrosas de Chiapas.

El documento también es dirigido a la Fiscalía de Chiapas por no preservar el lugar de los hechos, incinerar el cuerpo de Mariana y por la ausencia de personal especializado para llevar a cabo los dictámenes periciales.

Por ejemplo, el pericial no dictaminó la altura del lazo del que pendía Mariana; o si la viga o la regla que tenía podía soportar su peso sin quebrarse; cómo Mariana alcanzó el lazo o dónde estaba el medio para realizarlo; por qué el cadáver estaba hincado.

“Ni siquiera las rodillas tienen alguna herida en caso de que ella se haya aventado. Estamos tal vez en un supuesto de manipulación de datos de prueba”, dijo el asesor jurídico de la familia de Mariana, Carlos Hugo Tondopó Hernández.

Desde marzo de 2021, se solicitó a la FGE confirmar entrevistas con 25 testigos ante los datos de prueba imprecisos y dudas de cómo se integraron los testimoniales a la carpeta de investigación. Pero no hubo respuesta.

El caso provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de la joven

“Resulta muy difícil enderezar una carpeta de investigación cuando desde el inicio hay violaciones graves que hacen muy difícil que pueda llegar a tener éxito”, sostuvo el asesor jurídico.

Para Tondopó Hernández, la procuración de la impartición de justicia cambiará cuando parta del derecho humano a la verdad y sin desprecio por investigar feminicidios.

En razón de que la mamá de Mariana falleció, ahora su tía, Elda Guadalupe Dávalos Ábrego, tiene la calidad de víctima indirecta y junto a Tondopó Hernández dan continuidad a los procesos.

Para el abogado, el asesinato de Mariana representa un parteaguas “del tratamiento dado a todos médicos pasantes e internos en cuanto a su relación con la Secretaría de Salud y las Universidades”.

Por ello, durante varios meses, colectivas feministas integradas por estudiantes de la UNACH, realizaron diferentes acciones de protesta que lograron sentar al Rector Carlos Natarén en una mesa de diálogo para firmar una minuta de acuerdos en las que también solicitaron justicia para las más de 300 denuncias por agresiones sexuales dentro de la universidad.

El 6 de febrero de 2021 elementos de la Policía Estatal de Chiapas detuvieron a la médica Analí N, encargada del Centro de Salud de Nueva Palestina, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de Mariana. Hasta ahora, es la única persona vinculada a proceso por el caso.

En la misma semana, Ana María Flores García renunció a su cargo de directora de la Facultad de Medicina, luego de las primeras manifestaciones de los estudiantes quienes la señalaron de ignorar las denuncias de Mariana.

De acuerdo a cifras de Seguridad Pública, las autoridades de Chiapas registraron 46 feminicidios durante el 2021, pero en esos números no figura el caso de Mariana que, a pesar de las pruebas, fue clasificado como suicidio.

En febrero los abogados de la familia tienen una audiencia por el delito de hostigamiento sexual que sigue Fernando N.

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