En portada: Manifestación de familiares y pobladores de San Juan Cancuc para exigir la liberación inmediata de los cinco presos políticos.
Los indígenas maya-tseltales, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, exigieron al Estado mexicano su libertad, a través de una carta emitida desde el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5, en los Altos de Chiapas, donde se encuentran presos desde mayo de 2022 por un delito que, la autoridad, no ha podido comprobar.
“Nosotros somos los presos de San Juan Cancuc que ya llevamos 3 años con 5 meses de encierro en la cárcel, pagando un delito por la Fiscalía. Nosotros sabemos que no hemos cometido delitos, exigimos a los 3 niveles de gobierno que nos liberen inmediatamente ya que estamos lejos de nuestras familias y nuestros hijos y que investiguen”, reza el breve texto escrito desde el penal.
En abril de este año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la Opinión 21/2025 donde reconoció que las cinco personas se encuentran privadas de la libertad sin justificación legal y con la participación de los tres niveles de gobierno, e instó a la libertad inmediata.
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La opinión fue enviada al Estado mexicano en mayo y, éste, tiene un plazo de seis meses para informar sobre la libertad de los cinco y la reparación integral del daño. Pero transcurrieron tres meses y aún no hay respuesta de ninguna autoridad, dijo Juan López del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en rueda de prensa.
Los representantes del Frayba, hicieron una petición contundente al Poder Judicial de la Federación (PJF), para que en el nuevo juicio de amparo se efectúe el estudio profundo del caso, tomando en consideración la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Forma parte del pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y en ese sentido México tendría que cumplir con base en la Constitución. Porque está consagrado en la Constitución de que todo pacto o acuerdo que firme México se vuelve ley”, reiteró Frayba en su pronunciamiento.
En ese tenor, el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento a la opinión a más tardar a principios de noviembre, para resolver la causa. Por lo que llamaron a la Secretaría de Gobernación a la instauración de un diálogo para su cumplimiento.
En la opinión, el Grupo de Trabajo da a conocer que, de no obtener la información requerida, se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para las organizaciones acompañantes y el Pueblo Creyente, existe la esperanza que la nueva administración del PJF retome a la brevedad la causa y pueda cumplir con los compromisos internacionales que el Estado signó.
“¡Ya basta de fabricar delitos!”
Petrona, esposa de Agustín Pérez Domínguez, pidió a las autoridades respetar la opinión que ha emitido el Grupo de Trabajo de la ONU y les otorguen la libertad inmediata a los cinco, pues, reiteró, no existen pruebas contundentes para que permanezcan en el penal.
Petrona insistió que el policía fallecido, por el que acusan de homicidio a los cinco presos maya-tseltales, se encontraba bien cuando fue entregado a la policía municipal de San Juan Cancún, por lo que solicitó que se investigue al uniformado que lo subió a la patrulla y se lo llevó. También solicitó que los “falsos testigos” puedan rectificar la declaración, pues, aseguró que hay inconsistencias e irregularidades en la narración.
De acuerdo a la Opinión del grupo de trabajo de la ONU, el hombre fue encontrado con vida a medianoche y la población le asistió, después lo entregó a la policía, es decir, la muerte sucedió bajo la custodia policial.
“Esta situación es aprovechada por las autoridades para fincar cargos hacia la comunidad inventando una agresión que no existe, y justamente se da en un marco de actuaciones que ya hemos documentado”, dijo Mario Ortega del Frayba.
De acuerdo al estudio del Grupo de Trabajo de la ONU, es claro que la base del arresto y detención fue el ejercicio de sus derechos y libertades y no la presunta comisión de un delito y “la Fiscalía no ha podido establecer, ni durante la vinculación al proceso ni en la sentencia, la causa de la muerte de la persona fallecida… La falta de certeza sobre la causa de muerte impide confirmar si hubo delito, acción concreta, responsabilidad o grado de responsabilidad, lo cual es clave para sostener una acusación penal”, se lee en el documento.
La opinión de la ONU señala que los cinco están siendo discriminados por su etnia, su calidad de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, dado que participaron en actividades contra la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque que afectará a los pueblos originarios.
Además, menciona que la discriminación se extiende incluso al rechazo por no dominar el español, que se manifestó especialmente cuando las autoridades omitieron facilitarles un intérprete, sabiendo que los cinco acusados no dominaban el idioma empleado en el tribunal.
Juan López del Frayba, aclaró que no se trata de un caso aislado, pues de manera cotidiana llegan de cinco a 10 historias de criminalización al centro de derechos humanos. “La criminalización es una herencia histórica por parte del Estado mexicano, ha sido un patrón recurrente y constante”, sobre todo contra defensores de derechos humanos para generar miedo a la población y se limiten en la defensa de sus derechos, explicó.
