La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras ordenó, por medio de un comunicado, a la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera canadiense Aura Minerals, suspender inmediatamente sus actividades mineras en el cementerio de la comunidad indígena Maya Chortí de Azacualpa, en el municipio de Unión, departamento Copán, de donde busca extraer oro y plata.
La comunidad logró dos sentencias judiciales, una de ellas de la Corte Suprema de Justicia del país, que protegen su cementerio comunitario. Sin embargo, la empresa continuó con las actividades mineras. En la comunicación, el órgano de gobierno sostiene que la empresa debe parar su trabajo en el área del proyecto por ser “contradictorio a lo ordenado” por la justicia.
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Pese a las sentencias y al comunicado del órgano ambiental, la minera exhumó los cuerpos del campo santo y continúa con las detonaciones en el cerro Cementerio, bajo la protección de las fuerzas de seguridad de Honduras, lo que ha generado un intenso conflicto social en la comunidad.
De acuerdo con el abogado Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad, que asesora a la comunidad, la comunicación fue remetida en función de una petición de la misma. Sin embargo, es una “comunicación bastante débil, bastante frágil, que no fue acompañada de ningún mecanismo que la garantice”, explica Mejía para Avispa Midia.
El abogado señala que hicieron otra petición al órgano ambiental para que notifique a la Secretaría de Seguridad para que movilice policías y cualquier otra fuerza de la seguridad pública para garantizar que ya no se detone el Cementerio. “No es posible que se dicte una orden y que una transnacional minera simplemente haga caso omiso a ella”.
Hasta el momento la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente no ha contestado a la petición de la comunidad y “Minosa continúa impunemente trabajando y dinamitando el cementerio comunitario”, dijo el abogado.
Órdenes
La primera concesión minera en la comunidad Azacualpa fue otorgada en 1983. Desde entonces se fueron otorgando otras concesiones abarcando mayores extensiones territoriales de la comunidad.
A partir del año 2014, la empresa minera avanzó su explotación de oro hasta la cima del cerro donde se encontraba el cementerio comunitario, y que fue removido en los últimos meses.
“Entonces lo que ha pretendido Minosa desde 2014 es arrasar el cerro, detonarlo y extraer los minerales”, cuenta el abogado.
Desde 2014 la comunidad emprendió un proceso de oposición más organizado contra la minería que derivó, en el año 2015, en un cabildo abierto, donde la comunidad determinó que el cementerio era patrimonio cultural y que no se iban a exhumar los cuerpos.
“Pese a ello, la amenaza de destrucción al cementerio continuó. Por ello se instaron acciones legales y en este primer momento todas recayeron en una acción de amparo. Particularmente en una sentencia de amparo dictada por la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal Supremo de Honduras”, explica Mejía.
Dicha sentencia, concedida en 2019, determina proteger el cementerio por varias razones, entre ellas, “la condición indígena Maya Chortí, la cual tiene derecho que sea consultada y otorgado el consentimiento previo, libre e informado, lo cual se violentó”.
La empresa minera junto con el alcalde de Unión interpusieron, entonces, una solicitud para que se pudiera exhumar los cuerpos del cementerio de forma total, “alegando que abajo del cementerio existe una falla geológica que puede ser que se derrumbe el cerro y puede generar riesgos”.
Esta solicitud lo tramitaron, explica el abogado, a través de un mecanismo que se llama jurisdicción voluntaria. “Este mecanismo pude ser utilizado cuando hay pretensiones de la administración pública sobre las cuales no existe ninguna oposición, es decir, cuando no hay nadie que se oponga a dicha acción porque beneficia a todo el mundo”. Este no era el caso, porque hay oposición a la extracción minera.
Sin embargo, el juez de Santa Rosa de Copán, Rafael Humberto Rivera Tabora, autorizó las exhumaciones. Decretó, además, que el secretario de Estado en el despacho de Seguridad militarizara la zona, con el propósito de garantizar la exhumación total de los cuerpos del cementerio. “El juez Rafael Humberto Rivera Tabora de forma corrupta autorizó este proceso de exhumación”, sin que la comunidad tuviera chance de oponerse.
Entonces los abogados que asesoran a la comunidad presentaron oposiciones a dicha decisión. “Estas oposiciones derivaron en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, la cual decide que vulneraron las normas o los derechos al debido procedimiento, es decir, el derecho humano a un debido procedimiento para garantizar sus derechos”.
De manera que la Corte de Apelaciones anula la autorización para exhumar la totalidad del cementerio. “Esta sentencia está vigente, así como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, señala el abogado.
Órdenes que no se ejecutan
De acuerdo con Mejía, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia está todavía en proceso de ejecución. Ya se nombró un juez ejecutor para que vaya a la zona y disponga de cuantas decisiones sean necesarias para garantizar la sentencia de amparo que manda proteger el cementerio.
“El juez ejecutor ya ha ido a la zona pero no hace nada. Solo va donde están los funcionarios de la corporación municipal o de la empresa y les vuelve a entregar la sentencia de amparo. La ejecución no es volver a notificar la sentencia, la ejecución es tomar decisiones efectivas y reales que detengan y garanticen los derechos que fueron vulnerados”, explica el abogado.
Por eso, “nosotros ya hemos indicado que medidas pueden adoptar, por ejemplo, emitir un oficio a la Secretaria de Seguridad para que vayan a la zona y garanticen que nadie vaya a dinamitar el cementerio”. Pero todavía ninguna medida ha sido tomada.
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Además, el abogado denuncia la falta de información a respecto del proyecto. “No nos dan información sobre el estado de la empresa minera, sobre qué extensiones territoriales de la comunidad está solicitando trabajar, qué informes de impacto social y ambiental ha presentado a los órganos ambientales”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Honduras, expresó en sus redes sociales preocupación por la situación de las comunidades afectadas por la minería en La Unión, e instó al Estado a tomar las medidas para garantizar sus derechos a un medio ambiente sano, a la salud y la educación.
Movilizaciones
Diversos pueblos indígenas de Honduras, entre ellos la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, hicieron manifestaciones en diferentes partes de Honduras para denunciar el “comportamiento negligente y cómplice” del Ministerio Público y de los órganos ambientales “que permiten que entes privados operen con entera impunidad, sin que estas oficinas hagan algo, teniendo el mandato de proteger a la gente, de proteger a las personas que tienen la condición de indígenas”, dijo el abogado.
En un comunicado, los pueblos denuncian que el Ministerio Público, en especial la Fiscalía de Etnias, ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa, “no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí [pese a las denuncias que han sido hechas], permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals”.
