Según el gobierno de Daniel Ortega, la nueva Ley, que entrará en vigor el próximo 30 de diciembre, tiene como objetivo prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.
Sin embargo, la ambigüedad en sus términos y los delitos que crea aparecen más como un nuevo intento del gobierno de Nicaragua para controlar y perseguir a disidentes.
Desde su presentación, medios independientes y organizaciones periodísticas han estado denunciando el texto, el cual representa un riesgo para los derechos humanos en el país al limitar la libertad de expresión y de la prensa, además de criminalizar al periodismo de investigación y dar luz verde para espiar comunicaciones privadas.
Criminalización de usos cotidianos de las tecnologías de la información y la comunicación
El pasado martes 27 de octubre la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley especial de ciberdelitos, cuyo texto pretende castigar una gran variedad de actos, desde el acceso indebido a sistemas informáticos, el espionaje informático, las amenazas cibernéticas, la propagación de noticias falsas, hasta delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual.
Como lo señalan Gaspar Pisanu y Rodrigo Rodríguez de la organización internacional dedicada al activismo por la defensa del Internet abierto y libre, Access Now, “pese a que el artículo 3 del proyecto contiene una lista de definiciones, los delitos que incorpora son ambiguos e imprecisos, criminalizando usos cotidianos de las tecnologías de la información y la comunicación y otras actividades legítimas”.
La Ley pretende por ejemplo castigar con prisión el hecho de “hacer imputaciones contra el honor, o el prestigio…” (artículo 28) y la “suplantación y apropiación de identidad informática” (artículo 22), lo cual implica una amenaza para formas legítimas de ejercicio a la libertad de expresión como la crítica, la sátira y la parodia.
El artículo 30 del texto también sanciona la “propagación de noticias falsas y/o tergiversadas”. Para Francys Judith Valdivia Machado, abogada, presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), hermana de Franco Valdivia Machado, estudiante asesinado el 20 de abril del 2018 en Estelí, Nicaragua, este articulo es particularmente preocupante, ya que, como lo expresó para Avispa Midia:
“Desde que Daniel Ortega llegó al poder, en 2007, cualquier noticia que señale corrupción o tráfico de influencia, es vista por el gobierno como una noticia falsa. De hecho, han establecido como información falsa todas las noticias de los medios independientes sobre el mal manejo de la pandemia del COVID-19. En este contexto, hay mucho riesgo para los hombres y mujeres que trabajan en la prensa. Las distintas penas van desde un año de prisión, hasta cinco y la máxima es de diez años. Todo depende del delito que se comete según la calificación del delito, el castigo por difundir noticias falsas, el castigo será de tres a cinco años de prisión.”
La abogada también señala la amenaza que representa el articulo 30 respeto al uso de las redes sociales.
“Toda persona nicaragüense que tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza extensiva a los nicaragüenses residentes en el exterior”, expresa, antes de precisar que el texto pretende “criminalizar, atemorizar y censurar a los nicaragüenses, violando su derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.”
Además, para Pisanu y Rodríguez de Access Now, otros dos problemas se suman al de las definiciones: la utilización del derecho penal como herramienta de castigo para hechos que no lo ameritan, y la aplicación extraterritorial de la Ley.
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Respecto al uso excesivo del derecho penal, “la pena de prisión, que en el caso del proyecto puede ser de 2 a 10 años, es una solución desproporcionada e innecesaria para la gran mayoría de las figuras penales que contiene. Esto se opone directamente a normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos que establecen que el derecho penal debe ser utilizado como último recurso para castigar una conducta”, señalan los dos activistas.
En cuanto a la aplicación extraterritorial del texto, o sea dentro y fuera de las fronteras nicaragüenses, explican que “dada la naturaleza globalizada de las tecnologías de la información y la comunicación, cualquier persona o institución en cualquier lugar del mundo que, por ejemplo, emita una opinión respecto a la situación en Nicaragua o que acceda a un sistema en dicho territorio, podría ser perseguida bajo esta norma”.
Un contexto de autoritarismo y violaciones masivas a los Derechos Humanos
Desde la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 2007, el gobierno de Daniel Ortega ha sido denunciado por cometer violaciones a los derechos humanos, así como actos autoritarios. Entre ellos, destacan la modificación que se hizo a la constitución para permitir la reelección del presidente de forma indefinida y la persecución a organizaciones y activistas de derechos humanos.
En 2018, la violencia y las violaciones a los Derechos Humanos de la población nicaragüense aumentaron drásticamente cuando estallaron grandes protestas en contra del régimen autoritario en turno.
Manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y barricadas fueron desmanteladas con violencia por la policía y elementos paramilitares, entre mediados de junio y julio del mismo año.
Según la narrativa oficial del Presidente Daniel Ortega, 195 personas fueron asesinadas. Las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicadas a través de su informe denominado “Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, documentan por su lado 328 personas asesinadas en el periodo del 18 de abril al 05 de octubre de 2018.
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Para Valdivia Machado, abogada y cuyo hermano fue asesinado en este contexto “más allá de las cifras oficiales y de la CIDH, para nosotros, el pueblo, conocemos que el número de personas asesinadas son mayores, pues nosotros como familiares, amigos y compañeras; los enterramos”.
Además de los asesinatos, la represión provocó más de 2000 heridos,así como la huida de más de 80.000 personas del país, según las Naciones Unidas.
En un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, intitulado “Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua”, se documentó un gran número de violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo por parte de la policía nicaragüense, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y un maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención.
El equipo de la Alta Comisionada también señaló la participación de elementos armados progubernamentales en ataques contra los manifestantes y en detenciones llevadas a cabo con el consentimiento de las autoridades del Estado, “y a menudo de manera conjunta y coordinada con éstas”.
El 19 de diciembre de 2018, el Gobierno suspendió las actividades internacionales de monitoreo “in situ” de los derechos humanos en Nicaragua.
Represión jurídica
Estas violencias fueron acompañadas por un proceso que la abogada Francys Judith Valdivia Machado califica de “represión jurídica”.
“A lo largo de estos 30 meses de lucha, resistencia y de crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, hemos venido experimentando distintas fases de represión propias de un Estado en crisis, entre ellas la Represión Jurídica que se enmarca dentro de reformas y creación de nuevos artículos y leyes que se inclinan por proteger al Estado a cualquier costo. Dicha acción represiva, es propia de cualquier Estado que se siente vulnerado o en peligro, y nos recuerda aquellas leyes que otros Estados han implementado cuando se encuentran en crisis, por ejemplo; La Ley de Seguridad Interior en México (LSI) Ley de Seguridad del Estado- Ley antiterrorista con todas sus reformas en el Estado Chileno en pleno auge de la revuelta del 2019, las distintas leyes y reformas que ocurren en la sublevación de los llamados “chalecos amarillos” en Francia. Todas estas leyes creadas y sus reformas adecuadas al contexto y bienestar del Estado tienen la finalidad de impedir la organización, resistencia y castigar a quienes los gobernantes, legisladores consideren disidentes, alteradores del orden y la “paz social” impuesta”, detalló para Avispa Midia.
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Entre las leyes que señala la jurista y activista, se encuentran por ejemplo la Ley 977 Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada el día 16 de Julio 2018, la Ley de Amnistía, aprobada el día 08 de junio 2019, o la recién aprobada Ley Especial de Ciberdelitos.
También señala la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” conocida popularmente como Ley Putin, la cual fue propuesta el 22 de septiembre pasado y pretende “establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos de Nicaragua”.
Como lo explica Valdivia Machado, este proyecto establece la obligación a individuos y organizaciones locales y extranjeras que residan en el país y que reciban fondos de fuentes extranjeras, de registrarse como “Agentes Extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación, incluyendo a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales. Con esta herramienta de control, el gobierno de Ortega pretende dificultar que numerosos medios y organizaciones que trabajan en el país obtengan financiamiento de fuentes extranjeras, lo cual, dado el contexto, es necesario para ejercer su labor de forma libre e independiente.
“Estas leyes están hechas para impedir el acceso real a la justicia, la verdad y la memoria para nuestros familiares asesinados y todas las víctimas de la represión estatal, además de criminalizar la libertad de expresión de los nicaragüenses, impedir, restringir las distintas formas de organización; movilización, resistencia, bloquear toda posibilidad de lograr una alternativa opositora unificada y elecciones competitivas y transparentes en 2021”, aunque también precisa que como asociación Madres de Abril, consideran que sus intereses “trascienden al proceso de elecciones presidenciales 2021. Valoramos que será un proceso importante pero no imprescindible en nuestra lucha, porque los gobiernos cambian pero el Estado permanece aún”, concluye.
