Foto de portada: Confidencial
Desde la detonación de la insurrección popular en abril del 2018, miles de nicaragüenses han optado por huir de su país con la intención de salvar su vida frente a la cruenta represión del régimen de Daniel Ortega. Es el caso de Francisca y Francis, familiares de una de las 561 personas asesinadas mientras participaban en manifestaciones pacíficas para demandar la renuncia del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. “Nadie de los que hemos salido ha sido por decisión propia, ha sido por preservar la vida porque muchas veces somos más útiles en otro lugar a quedarnos para que nos asesinen”, comparten en entrevista con Avispa Midia mientras hacen un recuento del saldo de la violencia a través de 10 meses de lucha.
“No quiero perder a mi segunda hija, por eso viene a verla”, nos cuenta Doña Francisca. En su rostro brilla el coraje y la determinación. Ella salió de Nicaragua después de meses de no poder ver a Francis, su hija quien esta en calidad de turista en México a la espera de pedir asilo político.
Afortunadamente los tramites migratorios para Francisca se pusieron a su favor. La tristeza la ha guardado en lo más profundo de su ser y hoy, también cuida de su nieta.
Su hijo, Franco Valdivia Machado fue una de las personas asesinadas en las protestas del 20 de abril de 2018 en la ciudad de Estelí, uno de los principales focos de las movilizaciones que exigían la abolición de las reformas al Instituto Nacional de Seguridad Social. Las medidas, las cuales afectaban principalmente a los pensionados, constituyeron la situación que detonó la inconformidad social acumulada durante una década contra el régimen autoritario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Daniel Ortega a la cabeza.
Francisca es integrante de la organización Madres de Abril, la cual surgió después de las masacres perpetradas por agentes de seguridad estatales y paramilitares contra los inconformes movilizados. Ahora, exiliada de su propia tierra, podría establecerse en México para apoyar a su hija que es madre soltera, aunque no abandona la posibilidad de regresar a Estelí para el aniversario luctuoso de Franco.
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“Esta organización comenzó cuando todas las madres de los asesinados nos unimos por el dolor y también para pedir justicia por nuestros asesinados. Mi hijo tenía 24 años, era estudiante universitario de la carrera de Derecho, cursaba su tercer año de la carrera. Trabajaba en un taller de carpintería. Era padre de una niña de cuatro años y también era compositor y cantautor de música rap”, describe Francisca con tono sereno, mientras destaca que la motivación de su hijo para participar en las protestas fue la descomunal represión estatal. Lo cual sólo incrementó la insurrección popular.
Cacería
Aquel viernes de abril, caracterizado por la fuerte violencia ejercida contra los estudiantes que habían ocupado universidades en múltiples ciudades de Nicaragua, Franco Valdivia se unió a las movilizaciones. Mientras mostraba una bala de goma en sus manos habría declarado para una radioemisora de Estelí, su ciudad natal:
“Estábamos en una protesta pacífica y vinieron a dispararnos”.
MINUTOS DESPUÉS UN DISPARO EN LA CABEZA LE ARRANCÓ LA VIDA.
Por ello, su madre es tajante ante el discurso del gobierno y difundido por periodistas afines que durante meses han catalogado a los manifestantes como “golpistas” financiados por la derecha y los Estados Unidos.
“No existe ningún vínculo ni injerencismo por parte de otros países, la gente se levantó en marchas pacíficas”,
ENFATIZA FRANCISCA.
No obstante, la respuesta del aparato estatal desató una cacería. Grupos de civiles armados, con armamento militar y de la policía, “limpiaron” las universidades, las calles, los barrios, las carreteras y ciudades tomadas por los manifestantes.
Según las cifras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registradas en el periodo del 18 de abril al 30 de mayo, hubo 322 personas asesinadas, en su mayoría estudiantes jóvenes, adolescentes y niños. Sin embargo, organismos nicaragüenses de derechos humanos han contabilizado 561 personas asesinadas a lo largo de los casi 10 meses de las revueltas.
A su vez, el régimen de Ortega mantiene recluidos entre un rango de 700 y 1,000 presxs políticos, acusados por actos de terrorismo y por una supuesta participación en un golpe de Estado. Dichos cargos se sustentan en la Ley de Terrorismo, aprobada tres meses después del inicio de las protestas, la cual criminaliza la participación de las personas en movilizaciones contra el régimen del FSLN.
Entre los principales abusos cometidos por el régimen del FSLN contra sus opositores destacan: violación a domicilio, detenciones arbitrarias y aislamiento, violación al principio de inocencia, irrespeto a la dignidad humana, negación del acceso a la justicia y la imposición de penas desproporcionadas.
De acuerdo al informe de una misión del Parlamento Europeo que visitó en Nicaragua a las y los recluidos durante enero del 2019, las personas detenidas se encuentran “sufriendo un maltrato horrible. Hay una quiebra (violaciones) horrible de las libertades democráticas en ese país”, denunciaron los parlamentarios.
Apenas el pasado 5 de febrero de 2019, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua denunció que 20 custodios golpearon al menos a ocho mujeres que se encontraban en una misma celda porque se resistieron al traslado de tres de ellas. Entre las afectadas se encuentra el grupo que recién dio su testimonio a la comisión europea.
Durante el periodo de noviembre y diciembre de 2018 se han registrado más de veinte detenciones ilegales de reporteros a manos de oficiales, así como persecuciones y golpizas. Tras ser liberados, los periodistas han denunciado torturas y maltratos en las celdas policiales, como es el caso de Álvaro Montalván, director de Radio Mi Voz, quien estuvo encerrado por más de 30 horas en las cárceles de la ciudad de León.
De acuerdo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre el 18 de abril y el 18 de octubre fueron cometidas 420 violaciones contra la libertad de prensa y medios de comunicación independientes en Nicaragua, entre ellas el asesinato del reportero Ángel Gahona.
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“De exiliados no se tiene un estimado porque son varios países a los que se han pedido asilo. El que ha abierto las puertas es Costa Rica, donde se dice han huido 40 mil nicaragüenses que temen por su vida y la de su familia, pero no hay cifras oficiales del número de personas que estamos exiliadas”, enfatiza Francisca, quien describe la permanencia de un estado represivo en su país natal.
“En Nicaragua tenemos instalada una dictadura”, resume la integrante de las Madres de Abril.
Huir para salvar la vida
“Estoy en México por mi hija, porque a partir del asesinato de mi hijo ella tuvo que salir del país por las amenazas y los insultos. Yo le dije a ella que mejor saliera para que no la mataran como a mi hijo por pedir justicia”, cuenta Francisca sobre las razones que la obligaron a dejar su vida en Nicaragua, situación que comparten madres de las víctimas del régimen orteguista.
“Algunas madres están, pero en casas de apoyo o de casas de cuidado porque no pueden salir a la calle porque son perseguidas, son amenazadas, pero la mayoría estamos fuera de Nicaragua. Pero, aunque estemos fuera se sigue la organización y seguiremos pidiendo justicia para encontrar a los culpables”,
DESTACA FRANCISCA.
Francis, su hija, es una joven abogada quien ha echado mano de su profesión para demandar respuestas ante el asesinato de su hermano. “Desde un inicio nosotros como familia tomamos la determinación de exigir verdad y llevamos un proceso hasta donde nos fue posible humanamente y legalmente, porque luego hubo un bloqueo total por parte de la fiscalía de Nicaragua de impedirnos el acceso a la justicia”.
“El caso de mi hermano es uno de los que se encuentra más documentados. Cuenta con pruebas científicas porque nosotras nos vimos obligadas a exhumar su cuerpo y practicar la autopsia”, detalla Francis.
De acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional, en el asesinato de Franco Valdivia y Orlando Pérez, ambos cometidos en Estelí, se habrían eliminado las evidencias en la escena del crimen. Según los vídeos analizados por la organización, varias personas limpiaron con una manguera y cubos de agua los rastros de sangre y demás evidencia.
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Además, en el análisis de las trayectorias de las balas, de arriba hacia abajo, hacen conjeturar a las víctimas y sus familiares de que la policía usó francotiradores. En Estelí, las madres de los jóvenes asesinados sostienen que los tiradores estaban ubicados en la sede de la alcaldía municipal de esa ciudad. Ambos universitarios fueron heridos de forma mortal en el tórax y en el rostro respectivamente. Dichas características de las heridas ilustran el patrón de los disparos contra los manifestantes pacíficos, a quienes se les disparaba a matar apuntando a la cabeza, cuello y tórax.
Pese a las evidencias, Francis denuncia que “en términos jurídicos, los casos, todos se encuentran archivados. Nadie, ningún familiar de las personas asesinadas que denunciaron y que exigen justicia pueden tener acceso al expediente. Nadie. La fiscalía ha negado el derecho al acceso a la justicia”.
Conocer la verdad
Debido a la opacidad en las muertes y el bloqueo de la justicia en las instancias nicaragüenses, la presión internacional derivó en la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) bajo mandato de la Organización de los Estados Americanos y la CIDH, al cual se le encomendó el análisis de las líneas de investigación en los hechos de violencia durante el periodo del 18 de abril al 30 de mayo del 2018.
El GIEI preparó un informe de 485 páginas con su investigación y conclusiones. Además, publicó un sitio web con detalles de los casos estudiados,el nombre de las víctimas y las circunstancias de sus asesinatos. El informe denuncia el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad contra los manifestantes y señala principalmente a la Policía y paramilitares de Ortega como los responsables de la matanza.
Por su parte el gobierno del FSLN operó la denominada Comisión de la Verdad, la cual a criterio de Francis “de verdad no tiene absolutamente nada. Es una comisión que ha servido de parapeto, porque es una comisión que no se han acercado a nosotros como familiares. Ellos han emitido una serie de informes donde señalan y reconocen solo una cifra de 198 personas, no las reconocen a todas y en esos informes ellos cambian las fechas, las edades y las circunstancias de los hechos con un despropósito real encaminado a no encontrar la verdad y a no judicializar a los verdaderos responsables”, denuncia la abogada.
“En diciembre el GIEI dio a conocer su informe y en el demostraron que en Nicaragua lo que existió fueron crímenes de lesa humanidad. En Nicaragua no encontramos la justicia y ahí fue el Estado quien ordenó asesinar a todos los estudiantes y a quienes participaran en las manifestaciones sociales”, subraya la joven Valdivia, quien hace eco de las declaraciones de Claudia Paz y Paz y Amerigo Incalcaterra, miembros del GIEI quienes pidieron a otros países que inicien procesos invocando la justicia universal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y los jefes policíacos que estuvieron vinculados en el “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
La verificación de que unos actos constituyen crímenes de lesa humanidad significa jurídicamente que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros Estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI). Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, lo cual dificulta su intervención, aunque no la exime de ser procesada en otros tribunales del mundo.
¿Sanciones?
“Estamos en análisis si se interpone una demanda en otros países dado que hace poco EEUU. aplicó sanciones a Nicaragua. Una de ellas fue la Nica Act pero debemos esperar cuál va a ser el alcance de esta ley, para así proceder para denunciar los crímenes", refiere la abogada sobre las estrategias legales a las cuales podrían recurrir en su búsqueda de justicia fuera de Nicaragua.
En diciembre de 2018, el Congreso y Senado de los EEUU. aprobaron la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233”, conocida coloquialmente como Nica Act. Dicha ley no solo penaliza a funcionarios del gobierno sandinista que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, sino que condiciona los préstamos ante organismos multilaterales para Nicaragua, algo que supone un golpe al plan de inversión pública de este país.
Los condicionamientos de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es uno de los puntos mas fuertes de la Nica Act, ya que el programa de inversiones públicas de Nicaragua se mantiene con el dinero de estas organizaciones multilaterales.
En el año de 2017, el FMI no otorgó financiamiento, mientras el BM desembolsó US$87 millones y el BID aportó US$313 millones al gobierno nicaragüense, de manera que el impacto para el país podría ser una reducción de aproximadamente US$400 millones.
La Nica Act amplía la definición de los “cómplices” del gobierno de Ortega a quienes hayan estado involucrados en juicios irregulares contra ciudadanos acusados por terrorismo por protestar pacíficamente. Diversos analistas han opinado que la ley es una advertencia para el Ejército de Nicaragua, quien ha mantenido una postura ambigua ante la crisis.
Las fuerzas militares poseen parte de los fondos para las pensiones de los oficiales retirados y activos en la cotización de la Bolsa de Valores de los EEUU, los cuales podrían comprometerse si la Nica Act se aplica a ellas.
La Nica Act conmina a que, tras 180 días tras su aprobación, el Secretario de Estado presentará al Congreso de los EEUU un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno del presidente Ortega y a vicepresidenta Murillo en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero, sobre todo si fueron cometidos a partir el mes de abril del 2018.
Entre los funcionarios en la mira se encuentran miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y del sistema judicial. Además, lanza un mensaje de advertencia hacia “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
“Ya venían varios años que la ley Nica Act estaba en un proceso si la aplicaban o no. Desde 2006 cuando llegó a la presidencia Ortega y reformó la constitución de Nicaragua, que no permitía la reelección. Él se convirtió también en jefe de la policía y del ejército y ya no existe en Nicaragua independencia de los poderes, todos están supeditados a las órdenes y antojo de Daniel Ortega”,
CONTEXTUALIZA FRANCIS.
Tras la aprobación de la NicaAct por el Congreso, el Parlamento sandinista suspendió la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las mayores organizaciones de derechos humanos del país, y la policía orteguista asaltó las instalaciones del diario Confidencial.
“Las opciones que tenemos es seguir luchando, denunciando desde el lugar donde nos encontremos, dar a conocer al mundo las violaciones a derechos humanos que estamos viviendo los nicaragüenses hasta tal punto que nos hemos visto obligados a salir de Nicaragua, porque nadie de los que hemos salido, nadie ha sido por decisión propia, ha sido por preservar la vida porque muchas veces somos más útiles en otro lugar a quedarnos para que nos asesinen”, enfatiza Francis Valdivia.
“Nos han impuesto una paz superficial, en el sentido en que te reconcilias o te matamos porque existe toque de queda. El descontento sigue aumentando. El gobierno acaba de aprobar una ley de reconciliación pero quien la va aplicar o ejecutar es la policía, cuando fue la misma quien asesinó a nuestros estudiantes, cuando existe evidencia amplia que están involucrados y es una política absurda de que o te reconcilias o te mato”,
LAMENTA FRANCIS QUIEN POR ELLO NO PUEDE REGRESAR A SU PAÍS NATAL.
A pesar de todo la joven abogada mantiene su optimismo. “Una inmensa mayoría de nicaragüenses han apoyado la lucha que iniciaron los ancianos y los estudiantes, los campesinos y diferentes grupos políticos también. Los actores de todo esto son diversos ahí pueden ir ex sandinistas, hay de todo, hay ex militares, retirados, que ellos están en apoyo y en resistencia a los azul y blanco, a la lucha de los estudiantes”, manifiesta Francis, para quien la lucha de todos aporta, en donde sea que se encuentren.
