En portada: Audiencia final de Miguel Peralta en el Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez en 2019.
Desde del penal de Cuicatlán, Oaxaca, en septiembre del 2019, Miguel Ángel Peralta Betanzos -defensor comunitario, antropólogo y activista indígena mazateco- iniciaba su segunda huelga de hambre para exigir su propia liberación, luego de su detención en 2015 y de que fuera sentenciado -en octubre del 2018- a 50 años de cárcel bajo los cargos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y una reparación de daño por $154 mil pesos.
Su protesta funcionó. Tras cuatro años, cinco meses y 14 días en prisión, y a 27 días en negación frente a los alimentos, el mazateco obtuvo su libertad el 14 de octubre del 2019 por falta de pruebas e irregularidades procesales documentadas.
Pero la persecución judicial volvería a tocar su puerta. A poco más de dos años de permanecer fuera de prisión, en marzo del 2022, la libertad de Miguel fue revocada, una situación que desde entonces lo ha mantenido bajo libertad condicional, pero bajo la amenaza constante de ser reencarcelado.
Actualmente, a su caso han sido vertidas nuevas pruebas obtenidas a partir de peritajes antropológicos, que tienen como finalidad la recolección de evidencias que permitan valorar la diferencia cultural en el proceso penal, posibilitando una perspectiva distinta a la del derecho positivista, generalizante y totalitario.
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La persecución hacia Miguel Peralta, la criminalización en su contra y las irregularidades jurídicas en su caso, son tan sólo un tramo de un camino largo y tortuoso para su familia y su comunidad de origen, Eloxochitlán de Flores Magón.
Raíces del conflicto
El hecho que determinó el complejo futuro para el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, fue la intromisión de partidos políticos a partir del 2010, cuando hasta ese año, la comunidad estaba normada bajo el Sistema de Usos y Costumbres, un modelo de autogobierno practicado en diversas comunidades indígenas de México, donde la vida está normada con base a diversos conjuntos de pautas vinculadas a tradiciones prehispánicas y postcoloniales.
Quien le abrió la puerta a los partidos políticos en el pueblo de los hermanos anarquistas Magón, fue el político Manuel Zepeda Cortés -en ese entonces de afiliación priísta- quien estrategicamente se cobijó en el partido Convergencia que, para las elecciones de gobernatura del 2010, integró la coalición Unidos por la Paz y el Progreso junto al PAN, PRD y el PT, derrotando -con Gabino Cué Monteagudo a la cabeza- por vez primera al PRI en Oaxaca.
Una vez integrado a Convergencia, Zepeda Cortés resulta triunfante como presidente municipal, tras un proceso electoral marcado por la compra de votos y alianzas con líderes barriales. El inicio de la gestión de Zepeda se marcaría, como el trienio de su mandato (2011-2013), bajo “un régimen policial y represivo sostenido por un cabildo ilegal” que perpetuó múltiples violaciones contra integrantes de la comunidad, como lo definió la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán en un comunicado difundido en noviembre del 2014.
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Para el 2014, cuando el pueblo eloxochiteco pensó que, a la salida de Manuel Zepeda, podía restablecer la paz en su territorio y subsanar el tejido comunitario, el 24 de noviembre de ese año, la Asamblea denunció que el palacio municipal de la comunidad fue tomado por un grupo delincuencial liderado por Vicente Zepeda Cortes, hermano de Manuel, y otros de sus familiares y conocidos.
A la toma del Palacio le precedió lo que sería la punta del conflicto. El 14 de diciembre por la mañana, integrantes de la comunidad se disponían a participar en la elección del nuevo alcalde, por lo que mujeres, niños, hombres, jóvenes y ancianos, pertenecientes a la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón se dirigían al centro de la población -donde estaba programa la asamblea general- y recibieron un ataque con detonaciones de armas de fuego, piedras, cohetones, botellas de vidrio, palos y varillas. Varias personas resultaron lesionadas y dos resultaron muertas.
En el momento de los hechos ya mecionados, Miguel Peralta se encontraba en la Ciudad de México, pero aún así fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado irregularmente al penal de de Tlaxiaco, Oaxaca, tras su captura el 30 de abril de 2015, sin que correspondiera a su jurisdicción.
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Posteriormente fue trasladado a Cuicatlán hasta ser liberado más de cuatro años después y finalmente vió la revocación de su libertad en marzo del 2022. Es importante enfatizar el retroceso en el caso de Miguel, puesto que no le permite regresar a su comunidad ni desarrollarse plenamente ante el permanente peligro de detención.
Evitar el racismo judicial
Actualmente, la familia de Miguel, su abogada Araceli Olivos, el Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta y el colectivo de Mazatecas por la Libertad, persisten en la exigencia al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca, para que emita ya un resolutivo en el amparo directo 631/2022 promovido por Miguel, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le devolviera el caso en noviembre de 2024 (amparo directo en revisión 6535/2024) para ser juzgado con una perspectiva intercultural.
Olivos -defensora del antropólogo mazateco-, explicó el pasado lunes (5) en conferencia de prensa, que el Tribunal Colegiado aceptó incluir una nueva prueba clave en el caso: un peritaje antropológico de contexto. Para realizarlo, detalló la abogada, se designó a un perito oficial del Consejo de la Judicatura Federal, quien elaboró un dictamen. Estos documentos constituyen pruebas nuevas que el tribunal deberá analizar y considerar antes de emitir una resolución definitiva.
Nuevas pruebas
A partir de la apertura a esta prueba antropológica, los peritajes realizados para contextualizar el conflicto en Eloxochitlán de Flores Magón evidenciaron: cómo la persecución penal contra Miguel es consecuencia de una lucha sociopolítica prolongada; la marcada oposición entre la Asamblea Comunitaria y su Sistema de Usos y Costumbres frente al cacicazgo local; y la asimetría de poder que deja en desventaja a la comunidad ante el grupo caciquil que goza de su posición económica y vínculos políticos externos para someter al pueblo.
Sin embargo, frente a la posibilidad de obtener la libertad de Peralta, quienes acompañan de cerca al caso, afirman que el Tribunal pretende reponer el procedimiento, lo cual significaría “otra década de lucha en un contexto en el que el propio sistema de justicia penal ha acentuado las asimetrías entre el grupo caciquil y las familias perseguidas” menciona el Grupo de Apoyo a través del boletín de la conferencia.
Llamado a la solidaridad
Mañana, 10 de octubre a las 9:30 am, familiares de Miguel Peralta, así como compañerxs de lucha, el Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta y el colectivo de Mazatecas por la Libertad realizarán una acción política de protesta a las afueras del Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a la que invitan a todo el público a estar atentos y a sumarse.
La acción política de mañana y las que tendrán lugar en fechas posteriores tienen como objetivo que los Magistrados escuchen su reclamo de justicia y se dispongan inmediatamente a estudiar a fondo las pruebas que lleven hacia una pronta y efectiva libertad para Miguel Ángel Peralta Betanzos, esta vez, sin la mínima probabilidad de un retorno a la prisión.
