Desde las primeras horas de este martes (24), cientos de campesinos pertenecientes a 25 organizaciones de toda Honduras se desplazaron rumbo a la capital, Tegucigalpa, para participar en lo que denominaron como “megamovilización” y cuyas jornadas de protesta se extenderán durante los próximos tres días.
La manifestación dio inicio por la mañana con el arribo de los campesinos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde donde anunciaron la instalación de un plantón mediante el cual demandan el cumplimiento de una serie de exigencias, entre las que destacan el acceso a la tierra y un alto a la criminalización de defensores del territorio.
La movilización masiva sucede días después del asesinato de Juan López, defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, quien, a pesar de contar con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue acribillado el 14 de septiembre en el marco de denuncias contra una empresa minera y políticos vinculados al crimen organizado.
Entre las organizaciones participantes se encuentran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), quienes demandan la instalación efectiva de la Comisión Tripartita para la Solución del Conflicto en el Bajo Aguán, y una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en esa región, al norte de Honduras.
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En las afueras de la CSJ, Yonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, subrayó la demanda del movimiento campesino para que se declare inconstitucional el Decreto 93-2021 que, acusa, criminaliza la protesta social.
Desde la convocatoria para estas jornadas de protesta, las organizaciones se pronunciaron para eliminar dicho decreto al considerar que “agrava el delito de usurpación, criminaliza las acciones de protesta y las reivindicaciones de derechos humanos, especialmente en torno a la tierra y la protesta social”.
Otra de las demandas principales es la revocación del Decreto 31-92 de la Ley de la Modernización del Sector Agrícola, la cual organizaciones campesinas del Bajo Aguán consideran “permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales”.
En la convocatoria, argumentan que dicha ley, aprobada en el año 1992 y dictada por el Banco Mundial como parte de políticas de ajuste estructural, “ha facilitado y promovido el latifundio en favor del sector agroindustrial y terratenientes que usurpan territorios ancestrales. La defensa del derecho a la tierra y el cumplimiento de la Reforma Agraria son pilares fundamentales para la justicia social en Honduras”, sostienen las organizaciones campesinas.
En el documento, difundido por la Plataforma Agraria del Aguán, las organizaciones se dirigieron a los magistrados de la CSJ al señalar que, al ignorar las demandas campesinas, demuestran que “pesan más los negocios, la seguridad de las familias y los amigos, antes que la justicia, el Estado de Derecho y que el bienestar público – colectivo”.
Criminalización no cesa aún después de la muerte
Las protestas del movimiento campesino arreciaron días después del homicidio de Juan López, tras el anuncio de la reanudación de un proceso judicial contra cinco defensores del río Guapinol, quienes habían sido absueltos, en octubre del 2022, de los delitos de robo y asociación ilícita.
Los defensores, detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero en un área natural protegia que afecta los ríos Guapinol y San Pedro son Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Ceillo Mendoza, Marco Tulio Ramos y Juan López, ambientalista recientemente asesinado.
Fue el pasado 19 de septiembre cuando magistrados de la ciudad de La Ceiba aceptaron un recurso de apelación de la fiscalía de Tocoa para invalidar la absolución de los defensores organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
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De acuerdo con el Bufete Jurídico “Justicia para los Pueblos”, organización que acompaña la defensa legal de los defensores del río Guapinol, la resolución significa la reanudación del proceso de criminalización contra integrantes del CMDBCPT.
“Así operan los agentes jurídicos de la estructura criminal montada por Emco/Ecotek/Los Pinares - empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras-”, sostuvo el Bufete Jurídico tras la notificación de la Corte, por lo que exigieron el cese inmediato de la persecución así como la investigación y desmantelamiento de “las estructuras criminales que han criminalizado y asesinado a nuestros compañeros”.
“Es de frente a esta realidad que seguimos hastiados y por lo cual hemos declarado que no estamos dispuestos a continuar soportando el abuso y la corrupción que sigue reinando en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general”, reclamó el movimiento campesino en la convocatoria para las movilizaciones.
Durante la mañana de este martes (24), la Plataforma Agraria denunció la presencia de retenes policiales y militares que obstaculizaron el traslado de los campesinos desde el Bajo Aguán rumbo a la ciudad de Tegucigalpa.
Incluso, señalaron que se reportó la detención de Pedro Audiel Recinos Morales miembro de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Remolino, a quien señalan por tener una orden de captura por el supuesto delito de usurpación de tierras desde el año 2014. Esto a pesar de que el campesino forma parte de las organizaciones que firmaron los acuerdos con la administración de Xiomara Castro, en febrero de 2022, para recuperar y obtener el reconocimiento de sus tierras.
