En portada: Manifestaciones el marco de las actividades del Campamento Justicia para Juan López
A un año del asesinato del defensor del territorio, regidor y religioso católico, Juan López, en Honduras, cientos de campesinos e integrantes de movimientos sociales, provenientes de todo el país centroamericano, se dieron cita en la capital, Tegucigalpa, para instalar el “Campamento Justicia para Juan López”. El defensor fue acribillado al salir de una iglesia en Tocoa.
Durante una semana, por medio de manifestaciones, peregrinaciones, así como actividades culturales, defensores del territorio e integrantes de comunidades indígenas y movimientos campesinos se dieron cita en el campamento para acuerpar al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), en su exigencia por justicia ante el homicidio de quien en vida participó en la defensa contra la minería en un área natural protegida.
Las manifestaciones centraron su condena en que, a un año del homicidio, la justicia hondureña ha avanzado lentamente y sin señalar a los autores intelectuales. Hasta ahora, sólo están acusados por asesinato y asociación ilícita tres personas: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes fueron imputados durante audiencia efectuada el pasado 21 de agosto.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al Estado hondureño a avanzar de manera ágil e independiente en la investigación. Mediante comunicado, difundido el domingo (14), aseveró que se debe identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, “así como a las estructuras de corrupción y crimen organizado que pudieron haber participado en el asesinato de Juan López”.
La OACNUDH detalló que, si bien existen procesos penales contra los presuntos autores materiales, el derecho a la verdad y justicia exige enjuiciar a quienes ordenaron el asesinato del defensor pues, “solo así la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país”.
Castigo a los autores intelectuales
Destaca que el proceso judicial contra los presuntos autores materiales apenas avanzó durante el último mes, después de cinco suspensiones de las audiencias preliminares. De esta manera, el caso contra las tres personas imputadas como responsables por el homicidio de López se elevó a juicio oral y público apenas el pasado 2 de septiembre.
La razón de la demora en el proceso responde a que varias de las suspensiones fueron ocasionadas por deficiencias del Ministerio Público, tal como sucedió durante agosto con la entrega tardía de informes periciales de los teléfonos de los acusados, razón por la cual su defensa consiguió aplazar la realización de las audicencias.
El abogado Edy Tábora, integrante del Bufete Justicia para los Pueblos y quien está a cargo del proceso judicial contra los autores materiales, también remarcó la necesidad de avanzar en la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Juan López. Mediante conferencia de prensa, realizada el sábado (13) en el marco de una peregrinación, Tábora recordó el contexto de criminalización en que la empresa Inversiones Los Pinares, parte del Grupo Emco presidido por Lenir Pérez, forma parte al accionar campañas de estigmatización y vigilancia contra quienes se organizan para la defensa del río Guapinol, donde también participaba Juan López.
Juan López formó parte activa del CMDBCPT desde donde denunció las afectaciones al ambiente y ríos por parte de la empresa Inversiones Los Pinares, quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
A pesar de la lucha de las comunidades, las empresas continúan solicitando concesiones y licencias ambientales pese a que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) decidió no prorrogar los permisos que le permiten la extracción minera en el área natural protegida. Por su parte, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por López debido a sus vínculos con el crimen organizado, es un promotor del proyecto minero e incluso, en enero del 2025, en contradicción con el resolutivo del Inhgeomin, renovó las licencias operativas municipales de las empresas Pinares y Ecotek.
Como recoge el medio CriterioHn, el abogado Tábora aseguró que existen pruebas y elementos suficientes para que se garantice la condena de los autores materiales. No obstante, exigió al Ministerio Público garantizar que las pruebas recogidas durante las investigaciones sean las mismas que se presenten durante el juicio. También, demandó que se den las garantías necesarias para que los testigos no sean manipulados, amenazados o, incluso, asesinados.
El litigante remarcó que el proceso se encuentra en un momento crítico y exigió que sea el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, quien debe asumir personalmente el caso, para con ello garantizar todos los recursos materiales y logísticos para que los funcionarios que laboran en el proceso cuenten con ellos en tiempo completo, pues, advirtió que el paso del tiempo aumenta el riesgo de impunidad en el caso.
Exigencias
Por su parte, la iglesia católica de Honduras se sumó a la demanda para enjuiciar a quienes ordenaron el asesinato de López, quien también se destacó por su servicio religioso. A través de un comunicado la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal de Honduras señaló que “la impunidad no puede seguir siendo el sello de los crímenes contra defensores ambientales. La justicia no es venganza: es reparación, es verdad, es garantía de no repetición”.
La misma iglesia llamó a que el Estado de Honduras detenga la imposición de proyectos extractivos que violan derechos humanos, contaminan ecosistemas y fracturan comunidades. “El desarrollo no puede construirse sobre el sufrimiento de los pueblos”.
Jenry Ruíz, obispo de la Diócesis de Trujillo, afirmó que la exigencia de justicia para Juan López pasa no solamente por llevar a los tribunales a los autores materiales del crimen, sino también a quiénes ordenaron y financiaron el asesinato del defensor. Pero, además, subrayó que la reparación del crimen significa la aplicación del Decreto 18-2024, en referencia al resolutivo del Congreso Nacional que busca proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras y todas las zonas de reserva forestal afectadas por daños ambientales derivados de la actividad minera.
Las presiones para encauzar el proceso penal hacia los autores intelectuales también provino del exterior. El pasado10 de septiembre, los congresistas estadounidenses James McGovern, Jan Schakowsky y Delia Ramírez enviaron una carta al Secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, instando al Departamento de Estado a actuar en el caso de Juan López.
“Instamos al compromiso activo del Departamento con el gobierno hondureño para hacer justicia por el asesinato de López, trabajar para garantizar la seguridad de todos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, y aplicar plenamente el Decreto 18-2024”, indicaron mediante una misiva.
