En portada: Campesinos del sur de Perú participan en protestas para rechazar el proyecto minero.
Los agricultores del Valle del Tambo, en el sur del Perú, se enfrentan a un intento de imposición definitiva del proyecto minero Tía María en sus tierras.
Luego de 15 años de conflicto socioambiental en la provincia Islay (región Arequipa), el Ministerio de Energía y Minas aprobó, el 14 de octubre, el inicio de la etapa de explotación de los yacimientos de cobre concesionados a Southern Perú Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México.
Además de que la operación no cuenta con licencia social, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa, elaborado en 2014, ya caducó. La vigencia del documento es de cinco años, según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ante la imposición del proyecto minero, las defensoras y los defensores de una de las zonas de mayor producción agrícola del Perú anunciaron que continuarán las acciones de resistencia en sus territorios, en defensa del agua. La represión en el valle arequipeño ha ocasionado los asesinatos de seis agricultores y la muerte de un policía, entre los años 2011 y 2015.
“El Valle del Tambo no se va a rendir. ¿Cómo se otorga esta resolución si el EIA está caducado? Pretenden imponer un proyecto sin legitimidad ni sustento técnico, con esto se confirma la imposición del proyecto minero. Esto es un atentado contra el valle. No queremos llegar a un conflicto social”, manifestó el dirigente agrario Miguel Meza.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) observó que el EIA carecía de estudio de agua y suelo; que se emplearía agua de un estero donde desemboca un río, no del mar, como afirmaba la empresa; y que se deslizaba la posibilidad de que Southern no solo explotara cobre, sino también oro, sin puntualizar la forma de procesamiento.
Southern es una de las mineras de cobre más poderosas del mundo: concentra el 75% de la actividad cuprífera del Perú, el segundo mayor productor global del mineral.
Irregularidades y mayor desprotección
La resolución ministerial fue firmada por el director general de Minería horas antes de que el nuevo ministro de Energía y Minas juramente en el cargo. El gobierno de transición de José Jerí, quien sucede a la destituida Dina Boluarte, bajo el mando de una dictadura de ultraderecha desde del Poder Legislativo, asumirá las consecuencias del desbloqueo de uno de los megaproyectos paralizados de mayor inversión en el país.
Por su parte, las organizaciones campesinas presentaron una medida cautelar en el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para revertir el permiso de explotación.
En marzo, los colectivos del Valle del Tambo solicitaron al Poder Judicial que se declare la caducidad del EIA y la nulidad de la autorización de la construcción de una planta de beneficio. Hasta el momento no obtienen respuesta.
“Somos madres, agricultoras y defensoras. No tenemos armas, solo nuestras manos y nuestra palabra. Queremos paz, pero una paz con justicia, sin contaminación y sin miedo. El río Tambo ya está enfermo por tanta contaminación, y con Tía María lo van a matar del todo. Nuestros niños tienen metales pesados en la sangre y los médicos no nos dan respuestas. Lo que queremos es vivir de nuestro trabajo, no enfermarnos por una mina que nadie pidió”, declaró Agripina Paucar.
En paralelo al desbloqueo de Tía María, el 20 de octubre se registraron tres incendios forestales en el Valle del Tambo. No se determinaron las causas del fuego que se expandió por dos provincias.
Mientras en el Parlamento se instala la desprotección de las comunidades originarias, con la reciente decisión de desactivar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para el próximo Congreso bicameral. El grupo de trabajo será fusionado con la Comisión de Mujer, Familia e Inclusión Social.
“Nos borran de la estructura del Estado porque no soportan que existamos políticamente. Esta dictadura congresal legisla para el despojo y la impunidad. Cada ley sin consulta es un golpe más contra nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras vidas. Niegan la consulta, niegan la representación indígena, niegan la historia. Pero no podrán negar la resistencia”, manifestó la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
A su vez, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos advirtió la desprotección que implica la eliminación de la mesa parlamentaria.
En 2024, el Ministerio de Agricultura declaró en emergencia el río Tambo y ordenó el cierre de la minera nacional Aruntani, a raíz de las demandas populares y evidencias de contaminación de las aguas. Un año antes, la Red de Salud Islay detectó altos niveles de arsénico en la orina de menores de edad de dos distritos del valle, causados por la presencia de minerales en la cuenca.
En la región Arequipa las movilizaciones contra el proyecto Tía María son masivas. Se espera una resistencia contundente en el Valle del Tambo contra el reinicio de las obras de Southern, programado para estos días.
