Perú: Recuperar tierras, sembrar otra justicia

por Javier Bedía Prado / Fotos por Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape

En minka, una forma ancestral de trabajo colectivo, madres, niñas y mayores arrancan cercos para plantar árboles como huellas de su territorio. De su paso por el bosque. La comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, noroeste de Perú, se encuentra en proceso de recuperación de sus tierras -reconocidas por resolución ministerial- ocupadas por agroindustrias en el Perú.  

Las acciones autogestivas han retornado, desde diciembre de 2020, cerca de 1.900 hectáreas a posesión comunal. Esta estrategia pacífica frente a nuevas invasiones de empresas privadas fue respondida con represión extrema. En una intervención irregular, policías hirieron de gravedad a un comunero en enero de 2021. Le siguieron más operaciones ilegales de la Policía Ecológica en la Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí, que comprende 34.400 hectáreas bajo administración comunitaria desde el año 2001. El territorio de la ACP abarca los distritos de Chongoyape (región Lambayeque), Llama y Miracosta (región Cajamarca).

Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, continúa con la siembra de algarrobos y su mantenimiento de regar semanalmente a los plantones en su terreno definitivo, en la Reserva Ecológica Chaparrí.

La criminalización se desinhibió con la denuncia a seis comuneros, todos defensores de la reserva ecológica Chaparrí, por daños ambientales. Entre ellos protectores del bosque reconocidos por el Ministerio de Cultura.

Estas maniobras apuntan a los mismos intereses de la organización criminal que usurpó la dirección de la comunidad -elegida cada dos años por votación-, asesinó a un comunero y destruyó el área de conservación entre 2014 y 2018. No se determinó de dónde provinieron las órdenes y el financiamiento.

En la investigación fiscal surgió el nombre de uno de los empresarios peruanos más poderosos, Olivio Huancaruna, de acuerdo a declaraciones de testigos con clave de reserva. Durante la pandemia, una compañía perteneciente a su conglomerado agroindustrial cercó nueve hectáreas. Estas tierras son codiciadas para cultivos de exportación. Y la empresa del hermano de otro empresario involucrado con los crímenes pasados tomó 600 hectáreas. Este hombre de negocios estuvo en la violenta operación policial.

Para completar el cuadro, el Gobierno Regional de Lambayeque, sin consultar a la comunidad, negocia la construcción de una represa dentro del área de conservación, donde por ley se prohíbe “desarrollar proyectos de infraestructura que altere el paisaje”. En su mayoría, las comuneras y los comuneros viven en el distrito de Chongoyape (región Lambayeque). En la zona de reserva se extienden bosques de clima seco -con un ecosistema que alberga especies animales y vegetales en peligro de extinción-, proyectos de conservación, parcelas reforestadas y tierras sin cultivar.

El presidente de la comunidad, Edívar Carrasco, está amenazado de muerte -desde antes de asumir el cargo- por defender la tierra comunal y los bosques. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió en 2021 una alerta por su seguridad y pidió garantías por su vida ante la comunidad internacional. El Perú es actualmente el noveno país más peligroso para los defensores ambientales. A continuación sus palabras.

¿En qué contexto empezaron la recuperación de tierras comunales y por qué optan por esta vía?

Desde que asumimos la dirección de la comunidad, en 2019, nos comprometimos a recuperar estas tierras. ¿Por qué por esta vía, de esta manera? Porque habíamos visto que diferentes denuncias que hacíamos en la fiscalía terminaban archivadas. Nos hubiera gustado tomar la decisión en una asamblea general de comuneros, pero debido a la pandemia nos reunimos los directivos y comunicamos a los comuneros, e iniciamos el proceso de recuperación. Antes no pudimos porque tuvimos una gran lucha para lograr nuestra personería jurídica (la acreditación de la directiva por parte de los registros públicos), que necesitábamos para la recuperación de tierras.

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¿Cómo fue el proceso de decisión? ¿Hay un antecedente de recuperaciones en la zona?

Para nosotros esta lucha a favor de la reserva de Chaparrí no es desde que asumimos la dirección, es desde hace más de siete años que venimos en esta lucha. Debido a esta experiencia con las autoridades, que lamentablemente las denuncias que realizamos las terminan archivando, es que tomamos esta decisión. Es la primera vez que una comunidad de Lambayeque intenta recuperar sus tierras, el de nosotros es el primer caso.

¿Qué consecuencias esperaban y cómo responden las autoridades?

Desde antes de tomar la decisión, sabíamos que iban a haber consecuencias. Teníamos conocimiento de que quien usurpó tierras tenía a gente de malvivir en la zona, sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar con las autoridades, si archivaban los casos, se iban en contra nuestra, sabíamos que eso se venía. Pero teníamos que pensar en recuperar, no en lo negativo y quizás nunca hacerlo, pensar positivamente. Aproximadamente 70 comuneros tomamos la decisión de ir y tomar posesión de nuestro territorio (este día se recuperaron 1500 has). La persona que usurpó nos denunció, ya habíamos informado a la comisaría que recuperaríamos y demostramos con documentos de la Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) que es propiedad de la comunidad. El que pretendió desaparecer la comunidad nos denuncia por delitos ambientales, no denuncia que sea su propiedad; la Policía Ambiental, sin orden de fiscal, viene a intervenir en nuestro territorio sin ponernos en conocimiento. Tenían comunicaciones solo con la persona que denuncia. Algunos árboles podrían haber sido talados por ellos mismos para tratar de incriminarnos, criminalizarnos. La Policía Ecológica hizo tres intervenciones, en ninguna nos ha encontrado talando árboles, simplemente haciendo senderos, hoyos, que está contemplado dentro del plan maestro de la comunidad.

Teniendo un estatuto propio, ¿consideran que el Estado y la agroindustria garantizan sus derechos, su desarrollo?

La comunidad ha sido titulada en terrenos eriazos, entonces las tierras no pueden prácticamente ingresar en lo que es desarrollo agroindustrial. 34.000 hectáreas son parte de la reserva de Chaparrí, lo que se tiene que realizar son actividades compatibles con cuidado del medio ambiente. Hay políticos que se acercaron no a manifestarse en favor de nuestra lucha, sino simplemente a pedir votos. Sabemos que muchos de estos van financiados por los empresarios, y justamente nuestra lucha es contra estos empresarios que usurpan las tierras de nuestra comunidad.  

¿Cuáles son sus expectativas ante el gobierno actual?

No se espera casi nada, porque vemos siempre que todos los gobiernos que ingresan están a favor de las grandes empresas, de las mineras que destruyen nuestro medio ambiente, hábitats, animales, vienen destruyendo nuestras vidas. Hemos visto que son financiados por estas grandes empresas, no esperamos mucho de ellos, hay pocos y son de otras regiones donde nos apoyan. Aquí en la región de Lambayeque, en los últimos años, ni uno solo se ha manifestado a favor de la reserva ecológica de Chaparrí.

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