En portada: Protesta de campesinos contra proyecto minero Conga. Foto: Buenapepa.
Un nuevo proceso de amparo contra el proyecto minero Conga, suspendido desde hace 13 años, se inició este mes en la región Cajamarca, en el norte andino del Perú.
La empresa Yanacocha, del grupo estadounidense Newmont Mining Corporation y el peruano Buenaventura, persiste en defender su plan de extracción de oro y cobre en la provincia Celendín, para lo que propone secar cuatro lagunas y reemplazarlas por reservorios artificiales. La concesión, que abarca un área de más de 3,000 hectáreas, contempla la instalación de un depósito de relaves de 692 hectáreas en la cabecera de cuenca de los ríos Sendamal y Llaucano.
La lucha contra Conga es un símbolo de la resistencia frente a la megaminería en el Perú. En defensa del agua y la agricultura, entre los años 2011 y 2012 las comunidades cajamarquinas realizaron movilizaciones masivas en las que la represión policial asesinó a cinco personas, entre estas un menor de edad.
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En 2024, nueve años después de admitir la demanda de amparo contra el proyecto, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca declaró fundado el recurso, reconociendo la amenaza de violación al derecho constitucional de vivir en un medio ambiente adecuado. Ante la apelación de Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas, el caso fue reiniciado.
En la audiencia judicial efectuada el pasado 7 de octubre, el perito ambiental que representa a la población, Gilles Wendling, explicó que el proyecto afectará la cabecera de cinco cuencas que abastecen de agua varias localidades de Cajamarca. Asimismo, advirtió la contaminación de ríos y del agua subterránea, sin posibilidades de reparación.
“Conga es inviable, su ejecución destruiría lagunas y rompería el ciclo hídrico natural. No existe garantía sobre quién asumirá el monitoreo y la remediación de aguas contaminadas a perpetuidad”, recalcó el especialista en ecosistemas de montaña e hidrogeología minera.
Por su parte, el principal argumento de los especialistas de la minera es que no faltará agua para los reservorios “porque siempre habrá lluvias”.
En Cajamarca, el 24% del territorio está concesionado a la minería, según reportes de Cooperacción. La paralización del proyecto de Yanacocha, la mina aurífera más grande de Sudamérica, es un duro revés para las políticas extractivistas del Estado peruano, el noveno productor de oro del mundo en 2024.
El agua o el oro
Los antecedentes de contaminación y desaparición de fuentes de agua por parte de la compañía Yanacocha, durante 20 años de operaciones en la región, generaron desconfianza de antemano entre la población de Cajamarca.
El secado de las cuatro lagunas implicaría la afectación de 34 hectáreas de espejos de agua, 682 manantiales, 102 captaciones de agua para consumo humano y 18 canales de riego. Lo que obviaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga, aprobado en 2010 sin el análisis hidrogeológico completo y en un tiempo récord de diez meses.
Hoy despiertan dudas las intenciones de Yanacocha en torno a la posibilidad de reactivar el proyecto. La empresa ha considerado a Conga fuera de su cartera de inversiones, sin embargo, no renuncia formalmente a la concesión y en este nuevo proceso insiste en relativizar el impacto.
Por parte del Estado, en un encuentro de capitales mineros realizado en septiembre, el entonces ministro de Energía y Minas comunicó que el proyecto no está en agenda. “La mina está ahí, el recurso está ahí. Se volverá a dialogar cuando sea necesario y eso sea posible, con mucho respeto”, indicó Luis Montero.
El conflicto socioambiental llevó a más de 300 defensores ambientales a ser denunciados o judicializados. Decenas de campesinos fueron detenidos, heridos y torturados, algunos resultaron con lesiones permanentes. Meses atrás, el Poder Judicial declaró finalizado el proceso judicial contra los dos oficiales que dirigieron la represión.
Aunque la justicia reconoció que se probó el uso desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego, hallando la responsabilidad de los mandos policiales en delitos contra los derechos humanos, el juez a cargo del caso aplicó una ley de prescripción considerada inconstitucional. Los defensores de las víctimas de violencia de Estado apelaron la sentencia.
El recientemente destituido gobierno ilegítimo de Dina Boluarte promovió el reinicio de megaproyectos mineros paralizados por conflictos con comunidades. Como alegato a favor del extractivismo, semanas atrás su ministro de Agricultura manifestó que, en circunstancias de escasez de agua, “la agricultura puede esperar, un proyecto minero no”.
En un escenario de criminalización de defensores ambientales y crecimiento crítico de la minería informal, cuya producción es blanqueada por las empresas formales, el proceso de amparo contra Conga sentará precedentes para otros proyectos de megaminería suspendidos.
