Policía estatal de Guerrero ataca a normalistas de Ayotzinapa, confirman un estudiante asesinado

Foto de archivo por Clayton Conn

La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.

La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.

Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.

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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco. 

Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales. 

Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante. 

Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia. 

Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo. 

La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades. 

Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana

De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.

En impunidad el caso de otros normalistas asesinados

Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.

El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. 

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