“Haití es un país en el que enfrentamos una situación de crisis total: crisis económica, crisis política, crisis social. Entonces hay una revuelta popular, el pueblo, la gente de los barrios populares, los obreros, los campesinos están en las calles, organizando marchas, barricadas, utilizando todas las estrategias disponibles para desafiar al régimen actual”, expresó Guy Laurore Rosenez, defensor de Derechos Humanos en la Oficina de Abogados Internacionales (BAI por sus siglas en francés) y miembro del Movimiento de Libertad, Igualdad de los Haitianos para la Fraternidad (MOLEGHAF), en entrevista para Avispa Midia.
“El pueblo está expresando su indignación, su frustración y está exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moise. Pero el pueblo ve esta renuncia como una etapa en una lucha mucho más global, que es una lucha para cambiar el sistema, acabar con ese régimen y abrir el camino hacia una sociedad que permita al pueblo vivir con dignidad”,
COMPARTIÓ LAURORE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS CARIBEÑO.
La rebelión que tiene paralizado al país caribeño empezó hace más de un año cuando, a principios de julio del 2018, el gobierno de Moise decidió aumentar el costo de los productos petroleros bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde esa fecha, varias olas de movilización han sucedido. En los pasados meses, la crisis se ha agravado por la implicación del presidente en casos de corrupción y el desabasto de combustible.
En contexto ⇒ En Haití, movilizaciones llegan a un mes exigiendo la renuncia del presidente y el fin de la injerencia internacional
El pasado sábado 9 de noviembre, organizaciones civiles y partidos de la oposición haitiana firmaron un acuerdo político para sentar las bases de un eventual gobierno de transición en caso de que renunciara el actual presidente Jovenel Moise, quien hasta ahora no ha dado señales de que vaya a abandonar el poder.
No hay calendario que planee su aplicación, sólo una hoja de ruta para el proceso la cual incluye también la duración de la transición y la estructura que supervisaría el nuevo gobierno.
El partido social-demócrata Fanmi Lavalas, del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide no firmó el acuerdo. La población haitiana tampoco parece confiar en la iniciativa, promovida por organizaciones y partidos tradicionales.
“Esa gente es incapaz de cambiar el sistema porque ese sistema le beneficia. La mayoría de los líderes de esos grupos llevan más de 30 años en el escenario político. Todos se conocen. Sólo están tratando de limpiar su imagen con la población”, declaró el activista Nixon Bomba para Radio Canadá.
“Hoy, todo el país está movilizado, hasta las fuerzas más reaccionarias piden la renuncia de Moise. La Iglesia Católica por ejemplo, que es una institución muy conservadora en Haití quiere su renuncia”, precisa Laurore Rosenez acerca de la dimensión del descontento contra el presidente en amplios sectores de la sociedad haitiana.
Haití, al borde de la Guerra Civil
Para el defensor de Derechos Humanos la situación es preocupante. “El pueblo está determinado a acabar con el régimen, pero el gobierno corrupto de Jovenel Moise está determinado a aplacar la revuelta con la represión, la violencia y el terrorismo de Estado. Hay un riesgo enorme de que estalle una guerra civil, y también de que ocurran masacres masivas”, comparte Laurore Rosenez.
La actual ola de movilización, que empezó el 15 de Septiembre del 2019, ya cuenta con al menos 42 muertos, 19 de ellos asesinados por la policía nacional haitiana (PNH) según declaraciones de la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de las Naciones Unidas, Marta Hurtado.
"Policías con armas semiautomáticas han disparado hacia los manifestantes, violando así las leyes internacionales de derechos humanos y las normas sobre el uso de la fuerza”,
DENUNCIÓ POR SU PARTE LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL AMNISTÍA INTERNACIONAL EN UN INFORME.
Para mantenerse en el poder, el presidente Moise y su gobierno no sólo han hecho uso de las fuerzas policiales oficiales, también han estado utilizando grupos armados criminales. Guy Laurore Rosenez señala en particular el actuar de pandillas que han ido sembrando el miedo en los barrios populares rebeldes de La Saline, Tokyo, Grand Ravine, Carrefour-feuilles y Bel Air a lo largo del último año.
En el caso del barrio de La Saline, una masacre que tuvo lugar entre los días 1 y 13 de Noviembre del 2018 resultó en al menos 71 muertos, según un informe publicado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Además, se han reportado varios casos de violación a mujeres, y numerosas casas han sido incendiadas.
Aunque los medios han tratado de reducir los hechos a un enfrentamiento entre pandillas, informes de la Misión de las Naciones Unidas y la RNDDH confirman la implicación de las autoridades gubernamentales en la masacre. Señalan en particular a Joseph Pierre Richard Duplan, ex-alcalde de Puerto Principe y Fednel Monchéry, director general del Ministerio del Interior y de las colectividades territoriales.
En un informe titulado “Gobernanza política, económica y sociocultural: diagnósticos y perspectivas de reformas en Haití”, los Estados Generales Sectoriales de la Nación dedicaron una sección al problema de las pandillas y su papel en la política haitiana. Según el documento, que fue elaborado con la participación de cerca de 600 organizaciones del país, en Haití “sólo los candidatos que cuentan con una cantidad suficiente de fuerza para ejercer la violencia (grupos armados), dinero y redes pueden ganar las elecciones. Hay que estar en la posición del más fuerte. Esa situación lleva a una forma de criminalización de la política. Los políticos buscan el apoyo de sectores violentos, y en cambio les brindan su protección. Existe un vínculo entre la proliferación de pandillas en los barrios precarios y esa estrategia política”.
Y en el contexto de revuelta que está viviendo actualmente la isla, las pandillas juegan un papel contrainsurgente muy importante.“La Saline es un epicentro de resistencia antigubernamental, por eso la masacre. El gobierno utiliza las pandillas a su servicio en los barrios populares. En el barrio de Bel Air, que también es un lugar de resistencia, el gobierno ha estado usando las pandillas para quitar las barricadas”, explica Laurore Rosenez.
En el barrio de Bel Air, justamente, ocurrieron otros enfrentamientos la semana pasada, dejando un saldo de al menos 15 muertos y varios heridos de bala, según la RNDDH.
La policía haitiana, capacitada por EEUU y la ONU
Por un lado, la policía haitiana se beneficia desde hace años de un programa de asistencia por parte del Departamento de Estado estadounidense, a través de la Sección de Cumplimiento de la Ley y Asuntos de Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés). El programa cuyo presupuesto rebasa los 165 millones de dólares es el tercer más grande en la región sólo detrás de los aplicados en México y Colombia.
Según la página oficial de la Embajada de EEUU en Haití, el NAS “brinda asistencia para permitir al Gobierno de Haití establecer una presencia policial y de seguridad visible y legítima, basada en la justicia y el estado de derecho, que genere una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos, y que brinde protección para poblaciones vulnerables.”
El programa apoya en particular a la PNH, unidades especializadas contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero; las reformas del sector judicial y el sector correccional. Una de las principales acciones que ha estado llevando el programa es la capacitación de oficiales de policía, algunos entrenamientos siendo co-patrocinados por la Policía Nacional de Colombia.
La PNH también recibió, durante los últimos 15 años, apoyo de la ONU en el marco de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) seguida por la Misión de las Naciones Unidas en apoyo a la Justicia (MINUJUSTH). Esas misiones vienen acompañadas del autodenominado “grupo de amigos de Haití”, también conocido como “Core Group”, un grupo compuesto por representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos y España.
Desde su llegada en 2004, uno de sus principales objetivos ha sido el de “profesionalizar el aparato judicial y la policía nacional haitiana”.
Sin embargo, para Laurore Rosenez, la realidad fue otra. “La situación actual muestra que cuando la ONU hablaba de profesionalizar la policía haitiana, en realidad se trataba de formar una policía cada vez más represiva que funciona contra los intereses del pueblo”, denuncia el defensor de derechos humanos.
Formación de milicias y pandillas contra el pueblo
La implicación del gobierno estadounidense y de la ONU en la consolidación del aparato político-represivo haitiano no sólo tiene que ver con la policía, sino también con las milicias y pandillas que funcionan como brazo paramilitar de la élite haitiana.
Para explicarlo, Laurore Rosenez regresa a principios de los años 90, cuando, después de más de 30 años de dictadura militar, el pueblo haitiano logró elegir a Jean-Bertrand Aristide como presidente del país. Unos meses después de haber empezado su mandato el 7 de febrero de 1991, un golpe de estado militar lo condenó al exilio. Durante 3 años, milicias intimidaron a la población y asesinaron a los líderes de la resistencia. La más importante de ellas, llamada Frente Revolucionario Armado para el Progreso en Haití (FRAPH) recibió apoyos económicos y armas por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU (CIA, por sus siglas en inglés).
“Es a partir de esa época que el imperialismo estadounidense empezó a trabajar en contra de la organización popular. A partir del golpe de Estado de 1991, tomó una serie de medidas para neutralizar la lucha política del pueblo. Otra cosa que hicieron es identificar a líderes y, bajo el pretexto de que habían recibido amenazas, darles visas y exiliarles a EEUU y otros países imperialistas”,
RELATA LAURORE ROSENEZ.
Cuando, después de haber logrado regresar al poder, Aristide sufrió otro ataque que lo expulsó en 2004, la participación de EEUU en el manejo del país fue complementada por la llegada de las Naciones Unidas.
“A partir de ese momento hubieron muchas masacres en los barrios populares. Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia, muchos activistas fueron desaparecidos”, denuncia el activista y defensor de derechos humanos.
En el marco de su “misión de paz”, la ONU también implementó un programa llamado “Desarme, desmovilización y reintegración”, más conocido como “DDR”, supuestamente destinado a erradicar la violencia armada en la isla caribeña.
Para Laurore Rosenez, en realidad el programa no sirvió para quitar las armas, sino para consolidar grupos armados al servicio del poder. “Ese programa fue diseñado para tomar el control de los barrios populares. La mayor parte de la gente que resistía antes tenía convicciones políticas y resistía a los ataques militares de la ONU con armas. Hoy la situación cambió por completo: las pandillas armadas que tomaron el control de los barrios sirven para impedir que la población salga a las calles a protestar. Con el DDR, esos barrios pasaron bajo control de pandillas armadas que ya no tienen ninguna convicción política y que al contrario están al servicio del poder”, explica el defensor de derechos humanos.
Control político internacional
En el marco de su “misión de paz”, la ONU y el Core Group no sólo se dieron a la tarea de participar en tareas de seguridad pública sino que también se dedicaron a “acompañar” los procesos electorales, ya sea para la organización de elecciones presidenciales, legislativas o municipales.
“En realidad eso significó decidir quien debe o no ser elegido con la organización de fraudes electorales”, afirma Laurore Rosenez.
El actual régimen encabezado por el Partido Haitiano Tèt Kale y más conocido como “régimen PHTK” es el producto de esa política intervencionista.
Jovenel Moise fue elegido con el 55,67% de los votos en noviembre del 2016, después de un proceso electoral de más de un año y con una baja participación que se estima en apenas un 21%. Unas primeras elecciones que también lo daban como ganador habían sido anuladas en octubre de 2015 por denuncias de fraude, y luego aplazadas en tres ocasiones sucesivas.
Moise llegó al poder sin ninguna experiencia política previa. Exitoso agroindustrial exportador de plátanos, anteriormente ayudó a crear una compañía de energía regional y dirigió una planta de distribución de agua, entre otras actividades. Fue escogido por el ex-presidente Michel Martelly (2011-2016) como su sucesor con el apoyo de EEUU, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros. Según documentos obtenidos por Al Jazeera, anteriormente, el mismo Martelly había recibido dinero de EEUU a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), rama de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para facilitar su victoria electoral.
Justo después de su elección, Moise hizo público su deseo de forjar un vínculo sólido entre Estados Unidos y Haití. "Creo que el presidente Trump tendrá una mejor comprensión de las relaciones entre los dos países, las cuales se basarán en una cooperación orientada a los intereses de ambos países. El presidente Trump y yo somos empresarios, y todo lo que un empresario quiere son resultados", dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters.
Para la organización Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el apoyo que Moise recibe por parte de EEUU es la razón principal por la que permanece en el poder hasta ahora, a pesar de las movilizaciones del pueblo haitiano.
“El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. (...) La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2,000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas”, afirma la organización CELAG.
“La crisis haitiana actual es el producto del imperialismo estadounidense y del imperialismo global”, resume el defensor de derechos humanos haitiano Guy Laurore Rosenez.
A la responsabilidad que tiene EEUU en la crisis haitiana, agrega la participación de los demás miembros del Core Group, en particular los gobiernos de Alemania, Canadá, España y Francia.
“En realidad son países que apoyan la corrupción y la impunidad en Haití, que apoyan el desvío de fondos, que apoyan gobiernos sanguinarios que masacran al pueblo haitiano. Y cuando el pueblo indignado se levanta para rechazar al régimen, ese grupo imperialista llama al diálogo. Pero no llama a un diálogo que busca acabar con la inseguridad, la impunidad, la violencia armada, la corrupción. No, llaman a un diálogo que sólo busca mantener el estatus quo y preservar al régimen. Es muy importante entender que en realidad están en contra de cualquier diálogo real en Haití”,
DENUNCIA LAURORE ROSENEZ.
Para concluir, el defensor de derechos humanos y activista hace un llamado a la solidaridad internacional con el pueblo haitiano, y a su vez declara su solidaridad con los demás pueblos en lucha alrededor del mundo. “Lo que está pasando en Haití no es algo aislado, lo que estamos viviendo es una crisis del capitalismo y del imperialismo estadounidense. La lucha haitiana se inscribe en una dinámica de lucha mucho más global en la que podemos ver al pueblo chileno, al pueblo ecuatoriano que también se están levantando.Los pueblos del mundo debemos unirnos y codo a codo hacer colapsar este sistema que está destruyendo nuestro planeta”.
