En portada: Familiares de los defensores comunitarios se manifestaron ante la fiscalía de Chiapas por la detención arbitraria de los indígenas tzeltales. 4 de junio, 2022. Foto: Jeny Pascacio
Los cinco indígenas tzeltales del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, acusados por homicidio fueron vinculados a proceso en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 5, a pesar de que no existen pruebas científicas de la muerte del policía municipal Antonio Aguilar.
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Se trata del presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, además de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez.
Existen órdenes de aprehensión en contra de tres personas más, como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio, como la construcción de la autopista que ligará Chiapas al Tren Maya, especificó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
La audiencia se celebró en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas el pasado lunes (6), presidida por el mismo Juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, quien otorgó la orden de aprehensión contra los indígenas previo a la solicitud ministerial formal.
Al percatarse de la ausencia de imparcialidad e independencia, las familias y abogado solicitaron el cambio del juez, pero tampoco fueron escuchados.
“De nuevo no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía [General del Estado de Chiapas (FGE)] no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez”, reza el comunicado del Frayba.
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En la audiencia los defensores hicieron notar las anomalías, contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que -consideraron- buscan culpabilizar a los cinco tzeltales que en ningún momento contaron con un traductor.
Además de las pruebas de la defensa, presentaron escritos de la parroquia de San Juan Cancuc, del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite) y el Pueblo Creyente con los testimoniales que aseguran el estado de ebriedad de Antonio Aguilar el día que cayó ocho metros en un barranco. Los servidores de la iglesia recolectaron más de 200 firmas para pedir la libertad.
Contradicciones
Jorge Gómez Hernández, abogado del Frayba, explicó a Avispa Midia que el juez resolvió de manera preliminar vincularlos a proceso y le concedió a la Fiscalía 30 días para investigar los hechos, pero como defensa dijo que no existen pruebas idóneas para acreditar el delito de homicidio sin una causa real de la muerte del uniformado.
“Los hechos no encuadran con las pruebas. No hay autopsia del cuerpo”, explicó Gómez Hernández. El abogado detalló que la Fiscalía de Chiapas solo realizó un ‘reconocimiento médico’, es decir, un médico determinó por medio de la observación de qué murió la persona.
“Nos parece algo irrisorio que un médico con solo ver a la persona pueda determinar de qué murió. Alegamos eso, que este médico no hizo pruebas para determinar la causa de la muerte simplemente observó el cuerpo y ya con verlo dice que ya sabe de qué falleció”.
Estas deficiencias no se deben a la falta de herramientas ni de presupuestos, dijo Gómez y cuestionó, “¿de qué va el no querer hacer las cosas bien?”.
De acuerdo al abogado, la única prueba que tiene la Fiscalía es ese ‘reconocimiento médico’, y esta lleva una contradicción más. “La autoridad dice que al policía lo patearon más de siete personas por más de cinco minutos, los supuestos hechos no encuadran con las lesiones que encontraron en el cuerpo”, sostuvo el abogado.
El juez pasó por alto la obligación del perito para determinar si esas lesiones fueron ocasionadas antes o después de la muerte. “La FGE tiene incertidumbre de saber qué pasó y a pesar de esa incertidumbre acusa a los tzeltales”, dijo el abogado del Frayba.
La causa penal 78/2022 señala que el cuerpo siempre estuvo con los familiares y, en ningún momento, dieron consentimiento para la autopsia, ni que lo trasladaran a San Cristóbal.
“Como abogados y defensores respetamos la decisión de la familia y al mismo tiempo, creemos que la Fiscalía debe tener otros métodos para analizar científicamente la causa de muerte”, al considerar la autopsia como una práctica invasiva.
“Lamentamos la muerte del policía municipal porque era padre, esposo y lamentamos mucho porque nadie merece morir, pero también lamentamos que acusen a cinco personas inocentes y de las cuales la Fiscalía no tiene pruebas suficientes porque ni ello saben qué pasó”, señaló el abogado.
En los siguientes 30 días, la FGE debe tener una decisión y en caso que sigan responsabilizando a los tzeltales, habrá una segunda audiencia –intermedia– que fecharía el juzgado.
‘Fiscalía de Injusticia Indígena’
Durante esta semana de detención, las familias de los detenidos se han manifestado pacíficamente en el penal 5 y la Fiscalía Distrito Altos. Las organizaciones acompañantes del caso hicieron un llamado para la solidaridad internacional, asimismo exhortaron a las autoridades mexicanas investigar con objetividad, lealtad y de manera científica de los hechos para conocer las verdaderas razones de la muerte de Antonio Aguilar.
Consideraron que la Fiscalía de Justicia Indígenas comete “una injusticia indígena”, con acciones que criminalizan a los defensores de derechos humanos.
Frayba dio a conocer que, de tres años a la fecha, se agudizó la persecución a defensores de derechos humanos y activistas indígenas. Es la misma Fiscalía Indígena que acusa al defensor de Aldama, Cristóbal Santiz; la que detuvo y torturó a César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez, en 2019, por oponerse a la edificación del cuartel de la Guardia Nacional, en Bachajón.
