Fotos de Carlos Ogaz
2019 inicia con la continuación de la emergencia humanitaria ocasionada por la intensificación de los desplazamientos forzados de comunidades del estado de Chiapas, en el sureste mexicano.
Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, municipios de lengua tsotsil en la región Altos arrastran “disputas territoriales” atizadas por políticas agrarias del estado mexicano ejecutadas en las décadas de los setentas y ochentas que, aunadas a la administración actual del conflicto por parte de los partidos políticos predominantes (Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México), arrojan un saldo de cientos de familias desplazadas durante los recientes años.
Uno de los casos entre los municipios vecinos de Aldama y Chenalhó deriva de la disputa de 60 hectáreas de tierra entre su zona limítrofe. El pasado 4 de enero las comunidades de Xuxchen, Coco, Taboc y San Pedro Cotzilnam fueron atacadas por grupos armados del poblado de Santa Martha, Chenalhó lo que provocó el desplazamiento de dos mil personas. Las agresiones, denunciaron, se intensificaron desde los últimos días del año 2018 cuando grupos armados tomaron el control de los caminos hacia esas comunidades.
Pobladores de las comunidades de Aldama denunciaron que los militares y elementos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana que se encuentran destacamentados en Santa Martha, Chenalhó “en lugar de ayudar a buscar el restablecimiento de la paz y tranquilidad se volvieron cómplices de los paramilitares que pretenden despojarlos de sus tierras”. Expresaron además que los puestos de control que se han instalado han provocado una escasez de medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad.
Sin refugio
Después de más de un año de su desplazamiento forzado, el 23 de diciembre de 2018, nueve campamentos que servían de refugio para más de un millar de personas de comunidades en el municipio de Chalchihuitán fueron destruidos. Testimonios señalan al síndico del mismo município, militante del Partido Acción Nacional como el responsable de la violencia que destruyó los refugios que albergaban a 238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom.
Registros de organizaciones de derechos humanos mencionan al menos 1237 personas, en su mayoría mujeres y niños en Chalchihuitán, quienes permanecen en desplazamiento forzado tras la más reciente agresión. De acuerdo a la denuncia de autoridades comunitarias los agresores amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
Los terrenos de las familias desplazadas se encuentran entre los límites del municipio con Chenalhó, donde grupos armados mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.
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Previo a las agresiones en Chalchihuitán, en noviembre de 2018 aconteció el desplazamiento forzado de 1700 habitantes de la comunidad de Chavajebal en el municipio de El Bosque. Las denuncias apuntan a la disputa entre partidos políticos quienes mediante el uso de armas de fuego pretenden controlar el ayuntamiento.
30 pobladores son señalados de haber participado en la emboscada en la que la noche del 24 de octubre de 2018 fueron asesinados Miguel Pérez López, presidente del comisariado ejidal de Chavajebal y el comunero Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez, así como en el asesinato de Mateo Jiménez Sánchez, ocurrido el 7 de noviembre, lo que provocó el desplazamiento.
El 25 de noviembre la mayor parte de los habitantes de Chavajebal comenzaron el retorno a sus hogares debido a un acuerdo resultado tras una reunión en Simojovel en la que mediaron integrantes de la iglesia católica y organizaciones de derechos humanos.
La emergencia invisible
Los desplazamientos forzados en chiapas no son nuevos, aunque sus orígenes se encuentran en múltiples escenarios: bajo pretexto de cuestiones políticas-religiosas en el municipio de Chamula durante la segunda mitad del siglo pasado; por la construcción de los mayores proyectos hidroeléctricos en México como la presa de Chicoasén en 1980; con la actuación de los grupos paramilitares en la guerra de baja intensidad que desplegó el estado mexicano ante la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
De acuerdo a un texto del Observatorio de las Democracias “Las causas no están directamente relacionadas con la presencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico, como sucede en otros contextos de México, pero comparten los mismos síntomas: su olvido y omisión por el Estado mexicano, al no resolver los daños que ocasionan en el cuerpo y ser de las comunidades desplazadas, al contrario, se puede argumentar que en más de una de las causas, éste se encuentra implicado junto con sus instituciones, al gestionar y administrar los conflictos y la violencia que se expresa, en este caso, sobre los desplazados quienes, al no atender sus demandas, son considerados como “cuerpos que no importan”.
A su vez, el texto enfatiza el que las estadísticas recolectadas por organizaciones de derechos humanos e instituciones gubernamentales no registran la totalidad de las familias desplazadas en municipios de Los Altos de Chiapas, estado con el mayor registro de estos casos en las últimas décadas.
con información de Chiapas Paralelo, Sipaz y Observatorio de las Democracias
