viernes, octubre 30, 2020
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Secretaría de Energía desconsidera recomendación de CNDH e inicia consulta en Unión Hidalgo

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Mural urbano de Na Rosita en Union Hidalgo, afectado por el sismo del 7 de sep. 2017. Autor Colectivo Binni Cubi

 

 



El Istmo de Tehuantepec resultó severamente afectado por los sismos del 7 y 23 de septiembre de 2017 y aun no se ha podido recuperar. La comunidad de Unión Hidalgo es la segunda comunidad más afectada de la región. Sobre este escenario la Secretaría de Energía (Sener), autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales llevaron a cabo en la noche del miércoles (11) la primera asamblea de la consulta indígena en esta comunidad, donde se pretende instalar un nuevo parque eólico de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF. La empresa ya cuenta con los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano de la Sener, para la producción de energía.

Al desastre natural, le acompaña el proceso electoral municipal y federal. “Por eso no hay condiciones de iniciar un proceso de consulta en estos momentos. Nuestra prioridad es la reconstrucción de nuestra comunidad”, explica la indígena zapoteca Guadalupe Ramírez, vecina de la comunidad y representante del grupo de mujeres indígenas defensoras de la Vida de Unión Hidalgo

Ver también: En Oaxaca, comunidad paga costo de la reconversión energética de Francia

La Sener llevó a cabo la primera asamblea de la consulta desconsiderando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de suspender el proceso hasta que se verifiquen las condiciones adecuadas de seguridad para realizarla. Rodolfo Salazar, director de Impacto Social y Ocupación Superficial de Sener, dio lectura al oficio que le había enviado la CNDH en la noche anterior, tres horas después de dialogo con los asistentes, al final de la asamblea. En dicho documento se le comunica al funcionario que la CNDH había emitido medidas cautelares justamente recomendando la suspensión de la consulta hasta que se verificara las condiciones de seguridad.

“Vamos a responder a la CNDH. Lo que la Sener va a ser es trabajar de la mano con la CNDH para justamente generar estas condiciones que hace referencia”, dijo Salazar, sin especificar si van a suspender la consulta hasta que generen tales condiciones.

La comunidad de Unión Hidalgo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), interpuso la queja ante la CNDH, en la que solicitó las medidas cautelares y un amparo para solicitar la protección de la justicia federal, ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca.

“El objetivo es detener el inicio de la consulta. Hay una violación clara a las obligaciones del estado México de proteger y garantizar los derechos a la consulta libre, previa e informada de la comunidad de Unión Hidalgo. Empezando por el hecho de que el permiso ya fue otorgado a la empresa”, sostiene Elena Villafuerte, abogada responsable del programa de incidencia del Prodesc – la organización ha acompañado y diseñado la defensa jurídica de la comunidad de Unión Hidalgo desde el año 2011, con la instalación del primer proyecto eólico, Piedra Larga, en Unión Hidalgo.

“El Estado da entrada a nuestros territorios a estas empresas sin importar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Estamos todavía en proceso de reconstrucción de la comunidad tras los sismos de septiembre de 2017, además de las réplicas que todavía siguen. Nuestras calles están aún llenas de escombros y nuestras casas, escuelas no fueron reconstruidas. Sí hubo un primer censo, pero con las réplicas la situación ha agravado, dijo Ramírez.

La indígena zapoteca deja claro que no están en contra de la consulta. “No nos oponemos a la consulta. Dijimos que ahora no tenemos las condiciones adecuadas. Queremos que se aplique y se aplique bien y no al modo como están acostumbrados. Ellos nos ven como un negocio. Y no lo vamos a permitir”, dijo la indígena zapoteca. “Sabemos que estamos en una posición arriesgada pero tenemos que poner la cara”.

La abogada de Prodesc explica que todavía no les ha llegado oficialmente ninguna información al respecto de la medida cautelar de la CNDH o de la suspensión de la consulta. “A nosotros todavía no ha llegado ningún oficio”, dijo la abogada.

Esta es la segunda consulta sobre producción de energía eólica en Oaxaca, a pesar de que ya se han instalado 24 parques en el Istmo Tehuantepec. La primera fue en Juchitán de Zaragoza entre 2015 y 2016 donde, a pesar de las violaciones del Estado Mayor, denunciadas por diversas organizaciones de derechos humanos, se aprobó la construcción del proyecto Eólica de Sur.

 

Información en suspenso

Avispa Midia entró en contacto con la CNDH para confirma si la Sener ya había contestado al oficio de la Comisión y para tener acceso al contenido del documento. El funcionario que atendió la llamada explicó que es necesario hacer una petición por escrito, firmarla y mandarla por e-mail al órgano. En un mínimo de 5 días responderían la petición por la misma vía.

Este medio también intentó entrar en contacto por teléfono con la Sener, por medio de los números disponibles en su página web. Pero en ningún de ellos hubo respuesta.

 No hay condiciones I

Del total de viviendas de la comunidad de Union Hidalgo, afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 23 de septiembre, al menos el 70% se encuentran dañadas y al menos 300 viviendas familiares se desplomaron completamente. A pesar de que la comunidad fue incluida en la declaratoria de emergencia correspondiente, a la fecha las necesidades de salud, educación, vivienda y vida digna no han se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de los apoyos correspondientes.

Ver también: México: Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca

Hay una narrativa que empieza a ganar cuerpo y que causa preocupación, sostiene la abogada. “Seria la de que el proyecto y la aprobación del proyecto es la oportunidad de completar el proceso de reconstrucción. Es decir, condicionar la finalización del proceso de reconstrucción a cambio de la aprobación del proyecto. Plantear que la empresa estaría sustituyendo funciones del Estado en el tema de la reconstrucción. Por supuesto coloca a la comunidad en una situación complicada. Y que puede ser un factor de coerción importante”.

No hay condiciones II

El escenario político no contribuye para un proceso de consulta libre. Los procesos electorales locales y federales (las elecciones son en julio) incrementan gravemente el riesgo real de actos de violencia, confrontación, hostigamientos y agresión dentro de la comunidad, paralelamente el reparto de recursos para la reconstrucción pudiera ser utilizado para debilitar el tejido comunitario.

“Va a renovarse la presidencia municipal. El propio presidente municipal que es miembro del Comité Técnico Interinstitucional para el Desarrollo de la Consulta esta promoviendo su reelección y ha sido quien ha impulsado durante estos meses la pertinencia de la entrada del proyecto EDF. Lo que hay es un conflicto de interés claro”, dijo Villafuerte.

Además, dijo Ramírez, la comunidad está polarizada. “Los que son propietarios de tierra, cerca de 90 personas, son títeres del gobierno, de las empresas. Por unos cuantos centavos aceptan firmar acuerdos leoninos que venden nuestro territorio. La verdad se adueñaron de tierras comunales, están vendiendo tierras comunales como se fueran tierras privadas. No podemos poner en riesgo toda la comunidad por intereses de 90 personas”.

No hay condiciones III

El protocolo propuesto por la Sener para el proceso de consulta no contempla ningún tipo de medida para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los participantes en el proceso, como tampoco una participación libre y efectiva en condiciones de seguridad, paz y confianza a una comunidad que es vulnerable y que ya tiene Medidas Cautelares desde el 2013 por la defensoría de su tierra y territorio, sostiene Prodesc en un comunicado.

“El riesgo es reconocido por la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que desde 2013 le ha otorgado a la comunidad de Unión Hidalgo en su totalidad medidas cautelares comunitarias para reconocer la situación de riesgo que ha enfrentado en el proceso de defensa de territorio desde la instalación de parque eólico de Demex. Tenemos como referencia que son defensores comunitarios que ya están en riesgo”, dijo Villafuerte.

Sin participación

Una constante en la construcción del proceso de la consulta hasta este momento es la falta de participación de la comunidad, sostiene Villafuerte.

“No hubo participación en el diseño del proyecto, ni en la conformación del Comité Técnico Interinstitucional, ni en la elaboración del protocolo de consulta”, dijo la abogada. Y tampoco “se ha tomado en cuenta cuando los comuneros han expresado con la Sener la ausencia de condiciones y la serie de vicios que no permiten tener en este momento una consulta”.

Villafuerte sostiene que hay abuso por parte de la empresa EDF. “Se debería haber establecido algún tipo de mecanismo de diálogo con la comunidad para evaluar posibles beneficios, pero también posibles impactos y verificar si habría condiciones de establecer el proyecto en la comunidad. ”, evalúa la Villafuerte.

Además “por lo que sabemos hasta ahora es que el proyecto deberá abarcar un tercio del territorio de la comunidad; estaría Unión Hidalgo cercada por parques eólicos, considerando que ya existe un parque en la comunidad”. Teniendo en cuenta esta situación critica de ocupación del territorio por parte de EDF, “la empresa jamás se ha acercado con el objetivo de informar o de crear procesos de diálogo con todos los atores involucrados”.

Pasos de la consulta

La referencia que se tiene de cómo será el proceso de consulta en Unión Hidalgo es la consulta que ocurrió en Juchitán, justamente por ser en la misma región y de la misma forma, un proyecto de parque eólico, que se dio en cinco fases.

“La primera implica los acuerdos previos, justo lo que empezó ayer en Unión Hidalgo. Se revisa y se aprueba la propuesta de protocolo de la consulta, presentada por la Secretaria de Energía. Dicha propuesta ha sido supuestamente elaborada y consensuada con el Comité Técnico (conformado por distintas dependencias de nivel municipal, estatal y federal). En esta fase también se aprueba una propuesta de calendario”, explica Villafuerte.

Una vez que la fase de acuerdos previos finalice, sigue la fase informativa. Es el momento de transmitir a la comunidad las informaciones sobre el proyecto. “Es la fase donde entra la empresa para dar la información, además de otros atores que se identifique que tengan informaciones relevantes acerca del proyecto. En este momento la comunidad tiene la oportunidad de hacer la solicitud de información a las autoridades responsables. Las autoridades tienen la obligación de responder a todas las solicitudes que se presenten. Hasta que no se agoten todas ellas, no se puede cerrar la fase informativa”, explica la abogada.

Texto actualizado 13h29 de 16 de abril.

Lo que pasó en Juchitán en la fase informativa

La comunidad hizo diversas solicitudes de información por escrito a las autoridades del Estado. A muchas de ellas no se dio respuesta. A pesar de esto, las autoridades decidieron de manera unilateral dar cierre a la fase informativa de la consulta.

“Entonces, teniendo eso como nuestro marco de referencia y además considerando que la propia Secretaria de Energía declaró en muchas ocasiones que Juchitán era el referente de cómo iban a ser las demás consultas, a partir de la reforma energética, entonces no nos da un gran pronóstico”, sostiene Villafuerte.

Prodesc participó en la misión de observación en la consulta de Juchitán donde, con otras organizaciones, identificó y registró todos los vicios que generaron violaciones a los principios que deben regir una consulta previa, libre e informada. “Hubo muchísimos incidentes de seguridad. Estos incidentes pasaron durante las sesiones de consulta y en las casas de los participantes. Ya teniendo este marco de referencia podemos vislumbrar que el contexto de Unión Hidalgo y particularmente con la coyuntura especifica donde se junta el proceso de reconstrucción y de las elecciones va a ver un clima bastante complicado”.

Después de la fase informativa sigue la etapa deliberativa, donde ocurren debates al interior de la comunidad sobre la pertinencia del proyecto. “Y, por lo menos de acuerdo al protocolo, la propia comunidad debería decidir cuando se cierra esta fase para entrar a la fase consultiva, cuando las autoridades salen un poco más del proceso. Es un espacio más de la comunidad que debe decidir sobre el proyecto”, explica.

“Y la ultima fase es de seguimiento, una vez que se apruebe el proyecto. Y en caso de que no se apruebe, pues ya no hay tanta referencia de un proyecto de que no se haya aprobado”, explica Villafuerte.

Robo de imagen

Hace tres días empezó a circular en Unión Hidalgo un folleto y una carpeta promoviendo la consulta con imágenes de uno de los murales producido por el Colectivo Binni Cubi. El colectivo aclaró, por medio de sus redes sociales, que, para el uso de las imágenes, no les pidieron autorización y que buscarán las instancias para denunciar el uso indebido.

“Nuestro colectivo ha cuestionado en diferentes escenarios el ‘desarrollo’ que estos proyectos han traído a nuestro pueblo. No compartimos la idea de que estos proyectos traerán beneficios a la población pues con 120 aerogeneradores en nuestro territorio no hemos visto tal desarrollo. Hoy lo que más nos preocupa como comunidad es la reconstrucción de nuestras viviendas y no la instalación de un parque eólico. Que nos consulten si el dinero de las tarjetas fonden fue suficiente, que nos consulten si nuestras familias ya están bajo un techo seguro, que nos consulten si el precio del material de construcción es justo, que nos consulten si todavía hay hogares sin folio, que nos consulten si no hay personas que ameriten reclasificación”, aclaró en colectivo en sus redes sociales.

Presentes

Estuvieron presentes en la primera asamblea: Netolín Chaves Gallegos, representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas; Juan José Moreno Sada, subsecretario de la Secretaría de Energía; Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo; Norma Reyes Terán, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos; Rodolfo Salazar Gil, director de Impacto Social y Ocupación Superficial de Sener.

 

 

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