Foto por Jeny Pascasio, protestas contra las guerras en San Cristóbal de las Casas Chiapas
A un mes de las movilizaciones nacionales e internacionales para exigir un alto a la guerra contra los pueblos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos paramilitares recrudecieron las agresiones en las comunidades autónomas de Chiapas.
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Entre los días 19 al 22 de junio pasado, integrantes del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) realizaron ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, todas ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
En conferencia de prensa realizada este miércoles (5), organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron que los ataques más recientes incluyeron quema de parcelas y agresiones armadas. “Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas”, compartieron mediante comunicado.
Además de señalar la omisión de las autoridades de los tres niveles, responsabilizaron de los ataques al grupo paramilitar ORCAO, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en Chiapas.
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Señalaron que los grupos paramilitares operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas y resaltaron que entre los años 2019 y 2023 han intensificado las agresiones, pues en este periodo se contabilizaron más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.
A pesar de que las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación han documentado y difundido las agresiones, ninguna autoridad ha intervenido para contrarrestar la escalada de violencia.
“No hay de otra, el gobierno de la Cuarta Transformación es responsable de continuar la política de sus antecesores”, sostuvo el antropólogo Gilberto López y Rivas, en referencia a la guerra de cotnrainsurgencia desplegada por los gobiernos federales y estatales desde el levantamiento zapatista en 1994.
Para López y Rivas, la situación actual está encubierta por un cerco mediático que invisibiliza y niega la continuación de la guerra contra pueblos y comunidades indígenas, no solo de Chiapas sino de todo México.
En consonancia, los participantes de la conferencia señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares”.
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También denunciaron que el presidente retomó el discurso de sus antecesores del PRI y el PAN, quienes ante los acontecimientos de violencia desinformaban al calificar los hechos como “conflictos entre grupos locales o ‘entre comunidades’, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo ‘se matan entre ellos’”.
Hechos inocultables
Las agresiones armadas contra las comunidades zapatistas suceden en un contexto de alarmante violencia en Chiapas. Extorsiones, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios; son algunos de los hechos denunciados durante la rueda de prensa que las organizaciones consideran inocultables frente a la omisión e inacción del gobierno estatal y federal.
“Las autoridades están enfocadas en las elecciones, ignorando los diversos conflictos en Chiapas (…) todo un río de violencia que está atravesando el estado”, expresó Dora Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba).
Entre los hechos mas graves, señalaron la actuación de paramilitares en Chicomuselo para evitar la oposición de la población local ante la reapertura de una mina de barita; el desplazamiento forzado de miles de habitantes de Frotera Comalapa debido a las disputas territorioales entre grupos criminales; la muerte de migrantes debido a las políticas de contención y persecución, además del asesinato de defensores del territorio, del medioambiente y por la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
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“Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades”, sostuvieron las organizaciones ante la presencia militar en el estado sureño.
Guerra contra los pueblos
Carlos González, abogado y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), abundó en el contexto de la guerra contra los pueblos a nivel nacional, pues “existen estados, puntos de nuesto país donde este tipo de guerra se esta viviendo con intensidad”.
También señaló que los hechos violentos que se repiten en distintas geografías, con sus especificidades, comparten tres elementos: la militarización, que se profundiza con la llegada de AMLO al otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas; el paramilitarismo que abreva de la estrategia de guerra diseñada desde el levantamiento zapatista y la creciente presencia del crimen organizado en las comunidades.
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González realizó un repaso sobre las agresiones contra comunidades que resisten megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos, donde se han vivido hechos de persecución, criminalización y represión contra pueblos y comunidades que se organizan contra la imposición de los planes que sirven a “los intereses geopolíticos de EEUU, así como de empresas nacionales y trasnacionales”.
Por lo mismo, el abogado del CNI argumentó que la razón por la creciente violencia paramilitar contra el EZLN se debe a que “resiste a estos grandes procesos de despojo que proponen las empresas, gobiernos y militares”.
En cuanto al panorama nacional, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” señaló que se registran 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas; así como 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Solidaridad
Ante los hechos violentos, las organizaciones y activistas convocaron a desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
Por ello, llamaron a la participación de la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, a realizarse durante los días 13, 14, 15 y 16 de julio, con el objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas.
También anunciaron la realización, entre el 24 y 28 de julio, de un foro nacional con tres ejes: violencia, justicia y paz. “De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan”, sostuvieron mediante pronunciamiento conjunto.
