“La tierra no se vende”: Defensores frente al tren mal llamado maya

En portada: Avance de las obras de construcción del tren maya provocan la deforestación de centenas de hectáreas de selva

Es más que una consigna. La frase, “la tierra no se vende”, reiterada en los testimonios compartidos por participantes de la más reciente Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada durante los días 4 y 5 de marzo, encarna la férrea defensa de pueblos originarios en el sureste de México, donde ya se viven los efectos negativos de la imposición de uno de los proyectos estrella de la denominada Cuarta Transformación: el Tren Maya en la península de Yucatán.

En su avance, vincula una serie de megaproyectos para ofrecer los territorios de las comunidades indígenas a los mercados: parques industriales, centrales energéticas, infraestructura para la circulación de mercancías y cuarteles militares, por mencionar sólo algunos.

Como ha documentado Avispa Mídia, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se evidenció el uso de diversas tácticas para implementar, a cualquier costo, tanto el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, como el Tren Maya en los territorios de la península de Yucatán.

Entre las estrategias identificadas en ambos megaproyectos están la simulación de consultas, la cooptación por medio del asistencialismo, la falsificación de firmas y asambleas para aceptar los proyectos y el incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenan un alto a las obras. A la par, se implementa la violencia en sus distintas formas, específicamente la criminalización y persecución contra quienes reclaman la defensa de su territorio.

En esta entrega, retomamos el testimonio de procesos organizativos de Quintana Roo desde donde hacen un llamado a develar las estrategias y la imbricación de actores, legales e ilegales, quienes promueven los motores de la reconfiguración en el sureste mexicano.

Es de resaltar el papel de las Fuerzas Armadas quienes, con el pretexto de ejecutar las obras, han extendido su presencia en los territorios indígenas. Al mismo tiempo del avance en la militarización, acusan las comunidades, también se abre paso la delincuencia organizada y, con ello, la violencia a través de las ejecuciones, desapariciones y otros crímenes dentro de las poblaciones originarias.

Elementos de las Fuerzas Armadas durante su despliegue en territorios de la península de Yucatán para dirigir las obras del megaproyecto.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos que mantuvimos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Tehuacán, Puebla. Aquí puedes consultar la primera entrega sobre las organizaciones indígenas en Michoacán.


La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, que celebró cinco años de existencia el pasado mes de enero, se define como una Asamblea itinerante mediante la cual distintas comunidades de la península de Yucatán comparten los problemas en torno a los megaproyectos que aterrizan en sus territorios para, con ello, construir acuerdos sobre las estrategias para su defensa.

Integrada por ejidatarios y campesinos de comunidades mayas, uno de los principales acuerdos de la Asamblea Múuch' Xíinbal es no vender ni rentar la tierra ante los “megaproyectos implementados por empresas que, al clásico modo conquistador, llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio”, sostienen sus integrantes.

Ante ello, la organización maya ha denunciado los efectos negativos desatados por la avalancha de proyectos extractivos, incluidos aquellos maquillados de “verde”, entre los que se encuentran los planes para erigir 25 parques, eólicos y fotovoltaicos, en la península. Además, han alzado la voz ante la proliferación de centenas de granjas de cerdos que amenazan con contaminar la mayor reserva de agua subterránea del país y, por supuesto, contra la devastación causada por las obras del Tren Maya.

A continuación, presentamos extractos de la conversación con Alexis Juuj, perteneciente a la comunidad de Chunhuhub e integrante de la Asamblea Múuch' Xíinbal. Él nos platica sobre el avance del tramo 6, el cual va de Tulum a Chetumal, y cuya construcción está a cargo del ejército mexicano, lo cual, acusa, ha provocado la militarización de las comunidades.

Avispa Mídia (AM): ¿Puedes compartirnos una actualización del avance en las obras del megaproyecto del tren en tu región?

Alexis Juuj (AJ): Para el proyecto del tren mal llamado maya, prácticamente han abierto el camino dentro de la selva. A pesar de que han estado cambiando constantemente las vías donde va a pasar el tren, porque pues realmente no cuenta con un proyecto ejecutivo.

Otras organizaciones, comunidades y colectivos han realizado protestas contra el avance de las obras del tren.

Han estado improvisando, pasando sobre cenotes, cuevas, que han estado rellenando con material pétreo y con basura. Desde el principio nosotros lo mencionamos, el suelo no es apto para un proyecto de esa magnitud.

Actualmente el proyecto del tren mal llamado Maya ya está muy avanzado. Esto ha llevado también que las comunidades se llenaran de militares, que son los que justamente están encargados de algunos tramos de la construcción del tren.

AM: La Asamblea del CNI que nos convoca hoy propone reflexionar sobre la relación entre violencia, militarización y megaproyectos, ¿cómo se expresa esto en el caso concreto del tren?

AJ: Desde que empezó la construcción del tren y que empezó la militarización en la zona, hay algo bien marcado: el índice de violencia se disparó desde la llegada de los militares en las comunidades, cuya presencia se justificó por la necesidad de mayor seguridad. Sin embargo, es todo lo contrario.

Los tramos 6 y 7 del Tren Maya son de los más complejos por las geografías que atraviesan. Ambos son edificados por la Sedena y van de Quintana Roo para volver a conectar con Campeche. Las Fuerzas Armadas proyectan la finalización de dichos tramos para el 31 de diciembre del 2023.

Acá hay algo bien interesante, porque anteriormente en las comunidades pequeñas de Quintana Roo y de Yucatán no se escuchaba nada sobre desapariciones o sobre levantones, sobre enfrentamientos con el narco. Sin embargo, desde el inicio de la construcción se empezó a escuchar mucho sobre esto. Y está sucediendo justamente en las comunidades, ya no en las grandes ciudades como era anteriormente: Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Ahora ya están dentro de las comunidades. Entonces, están desapareciendo mujeres, niños y hombres, pero lo interesante es que los hombres jóvenes y hombres adultos que desaparecen, en la mayoría, aparecen ejecutados y las mujeres no aparecen, tampoco los niños, lo que nos lleva a pensar que realmente es trata de blancas y de niños. Eso es lo que ahora está sucediendo en las comunidades. Además, hay un vínculo entre la Guardia Nacional con el crimen organizado, que es algo que ya sabemos. El crimen organizado ha inundado las comunidades con droga para enlistar en sus filas a los jóvenes de las comunidades, que pues utilizan como carne de cañón en el narcotráfico.

AM: ¿Qué otros actores aterrizan en los territorios y cuáles son los efectos con el avance de las obras?

AJ: Dentro del proyecto no se mencionan los efectos secundarios que traerá el tren. Hay comunidades ahorita donde están llegando empresas, sobre todo de energías, a querer instalarse en ejidos que están cercanos a donde va a pasar el tren.

En mi comunidad de Chunhuhub, hay un poblado muy cerca donde ahorita se está instalando una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) presentó el proyecto de la subestación, que exclusivamente se está haciendo para alimentar a la estación del Tramo 6 que va a estar en Felipe Carrillo Puerto, a 60 kilómetros de donde va a pasar el tren. En ese mismo ejido se pretende instalar un parque solar de 2,000 hectáreas.

En esa zona, por ejemplo, en mi comunidad, hay 400 personas que no son de la península, que están trabajando en esas obras de energía. Esto ha ocasionado una violencia contra el tejido social, por las formas que han traído esas personas. La gente que trabaja allá se está involucrando también con las mujeres de las comunidades y ha provocado problemas familiares.

Además, en otras zonas, donde ya avanzó mucho más la construcción del tren, como es en la zona de Izamal, no solo hay trabajadores de todo el país, sino que también están llegando centroamericanos que están migrando para los EEUU. Se está contratando a mucha gente para avanzar lo más rápido posible con las obras, independientemente que sea indocumentada. Eso también ha traído problemas de drogadicción dentro de las comunidades, porque pues mucha de esta gente trae otras formas de vida, que va contagiando a la comunidad.


Además de compartir los testimonios sobre las violencias que recaen en los distintos territorios, los 25 pueblos originarios presentes en la Asamblea del CNI acordaron mantener los trabajos para la defensa de sus territorios, y entre las distintas acciones, se convocaron a movilizaciones como la que se efectuará el próximo 21 de marzo en solidaridad con la defensa del Istmo y en el contexto de la visita de funcionarios norteamericanos en la región.

Para Alexis Juuj, la importancia de los espacios construidos en la red del CNI radica en la compartición de las experiencias que se viven en diferentes regiones, lo cual ayuda al análisis y la organización para enfrentar los megaproyectos.

“En la península, es una región que no había sido explotada a esta magnitud, con proyectos como el tren. En otras zonas del país, en norte y el centro, ese tipo de proyectos ya han sido implementados y los efectos ya se conocen en las comunidades, entonces esa experiencia de organización, es importante llevarla nosotros al sur, donde todavía está empezando y donde todavía hay muchas desinformación en las comunidades”, reflexiona el integrante de la Asamblea Múuch' Xíinbal.

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