Campesino del Bajo Aguan en territorio recuperado. Foto por Renata Bessi
La Plataforma Agraria Regional del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) de Honduras informaron en un comunicado divulgado el domingo, 15 de octubre, que la Policía Nacional disparó bala viva contra las familias de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI) y asesinaron al joven campesino Kevin Azahel Meza, de 24 años, mientras intentaban recuperar parte de las tierras asignadas para procesos de reforma agraria en el municipio de Sonaguera, Colón.
El momento del asesinato está captado en video y “demuestra la agresión desmedida de la policía”.
Denuncian que elementos de la Policía Nacional también retuvieron y torturaron a Armando Alemán, socio de la EACI, a quien amenazaron con asesinarle y tirarlo al río Aguan.
Las organizaciones señalan que las familias de la empresa campesina fueron víctimas de despojo y fraude por parte de la empresa estadounidense e irlandesa Dole PLC, con sede en Charlotte, NC, empresa propietaria de la Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA). “Desde 1979, la bananera estadounidense tomó control de EACI con el apoyo del ejército de Honduras y escuadrones de muerte, hasta que, en 1990, Dole despojó directamente las tierras por medio de su subsidiario ASISA”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Kevin Meza. Instó, en un comunicado, al Ministerio Público “a llevar a cabo una investigación pronta e imparcial de los hechos, siguiendo el principio de debida diligencia (…) a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y brindar inmediata protección a las personas integrantes de la EACI”.
Recomienda que, “frente a las alegaciones de una posible participación de la Policía Nacional, se realicen las investigaciones internas pertinentes por parte de dicha institución”.
La EACI es signataria de los acuerdos con el gobierno de la presidente Xiomara Castro establecidos el 22 de febrero del 2022, firmado para determinar las causas que, desde hace 30 años, dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región y, con ello, proponer medidas de reparación a las víctimas.
Para entender el conflicto en las tierras de Bajo Aguán, destinadas a Reforma Agraria por el gobierno hondureño, desde los años 1970 visita: Industria de palma aceitera boicotea convenio para devolución de tierras campesinas en el Bajo Aguán
El punto 14 del acuerdo cita: “El gobierno de la República se compromete a atender de forma especial con apoyo técnico y legal en los conflictos que afrontan la EACI, la Cooperativa Chapagua y otras 28 cooperativas.
Como reconoce la administración de Castro, durante los últimos 30 años, empresas y cooperativas campesinas han accionado para la recuperación de tierras que les han sido despojadas de manera fraudulenta.
Te puede interesar - Honduras: Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023
Acorde a la Plataforma Agraria del Aguán, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados por lo menos 160 campesinos debido a la disputa por las tierras.
Proyectiles usados por la Policía Nacional en la recuperación de tierras en Honduras. Foto por Renata Bessi
Más violencia
El pasado 2 de octubre, el juez de Jurisdicción Nacional, Román Godoy Hernández, ordenó el desalojo de las familias campesinas de la EACI, ubicada en el municipio de Trujillo, Colón. Para ejecutar el desalojo se movilizó al menos 800 elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Especial los Tigres, “lo que evidencia el respaldo del Estado de Honduras en proteger las grandes corporaciones transnacionales; es la primera vez que se observa un desalojo de esta magnitud realizado por agentes de la Policía Nacional”, informó la Plataforma Agraria.
Un día antes del desalojo se había interpuesto un recurso de oposición al desalojo ante el juzgado de Jurisdicción Nacional, en el cual se solicitó la suspensión de la acción en virtud de que la EACI tiene lotes de terreno que están inscritas a su nombre y que no ha tenido acceso a estas debido a las acciones violentas de la empresa agroindustrial.
“Condenamos la acción del juez Marco Antonio Vallecito del juzgado de jurisdicción nacional al ordenar un desalojo ilegal e indeterminado ya que el juez no verificó las tierras que le pertenecen a la EACI y procedió a desalojarle sin opción a mantener las tierras que aun permanecen a su nombre”, señaló la Plataforma.
El día 29 de septiembre miembros de la Policía Nacional dispararon contra las familias y socios de la EACI, “que hacían uso de su legítimo derecho a la tierra”. Durante el ataque fue herido de bala Oscar Fernando Alonzo Aguilar.
En el año 2010 las familias campesinas de la EACI hicieron un intento por reivindicar su derecho a la tierra. Fueron capturados y judicializados tres campesinos - Mauro Bonilla, Santos Ángel Hernández y Kevin José Munguia Varela - quienes se encuentran firmando desde hace una década en los Juzgados de Tocoa, Colón.
El Instituto Nacional Agrario adjudicó a la EACI 4,036 hectáreas mediante Título Definitivo de Propiedad de fecha 9 de septiembre de 1984. La Plataforma Nacional explica en el comunicado que hubo la venta de parte de las tierras de la EACI. “La venta fue fraudulenta porque lo realizaron bajo la presión (inducción a error) de una hipoteca completamente ilegal, fue despojada en dos predios de 2,728 hectáreas del área total de la finca. Dichas tierras fueron acaparadas en partes por la ASISA a través de un contrato con múltiples infracciones al ordenamiento jurídico”.
La EACI ha interpuesto dos demandas civiles para reivindicar los derechos sobre las tierras, ambas ante el juzgado de letras del municipio de Toco, Colon. La primera en el año 2011 y la segunda en el año 2012. “Las demandas de más de una década de su interposición están pendientes de fallos judiciales, por lo tanto, es la clara parcialidad con que actúan los jueces y fiscales de los tribunales, negando el de acceso a la justicia a las familias campesinas”.
