Detrás de los planes de las instituciones financieras y ONGs conservacionistas para “combatir” la crisis climática, se encuentra un proyecto que tiene como fin generar ganancias a través de la venta indiscriminada de los bosques. Tal es el caso de las Áreas Protegidas de Guatemala, donde se aplica este modelo para reverdecer el capitalismo a través de políticas locales para el reordenamiento territorial ejecutadas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.
Por
Aldo Santiago
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Santiago Navarro y Aldo Santiago
Publicado
03/07/2018
Vivir bajo amenaza
“Mi familia empezó a formar esta pequeña comunidad”, relata Ignacio al tiempo que los brazos regordetes de su pequeño hijo juguetean con su rostro. La sombra de su vivienda, una precaria choza de palma, nos brinda el espacio para descansar después del recorrido por el denso bosque custodiado por los habitantes de Nueva Jerusalén II, población ubicada dentro del territorio demarcado como Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL), departamento del Petén, en el norte de Guatemala.
“Ellos vinieron por la necesidad y esperanza de conseguir un pedazo de tierra y nosotros hemos trabajado las tierras de manera ordenada”, repara Ignacio, quien retoma el relato mientras su hijo reposa sobre sus brazos. “Cuando llega el tiempo de quemas agrícolas nos organizamos por grupos, por hora y calendarizamos. Sabemos que la naturaleza es importante y que no la podemos destruir, porque estamos pensando en la vida de estos niños”, destaca Ignacio quien también comparte las complicaciones de vivir en su comunidad, debido a la dificultad de los caminos que conducen hacia ella.
Viajar hacia Nueva Jerusalén II es accidentado. El equipo de Avispa Midia acompañó a un grupo de campesinos en su trayecto por medio de una brecha donde se intercala terracería y fango, intransitable en época de lluvias. Los comunitarios se reúnen para realizar el viaje en grupo pues de esa forma pueden descender y regresar de los núcleos urbanos próximos donde consiguen insumos básicos que no son enviados a su comunidad. Como en aquella ocasión, es frecuente que pese a viajar sobre una camioneta de doble tracción, el vehículo no consiga subir y se atasque entre la gruesa capa de lodo que acompaña el recorrido arriba, hacia la montaña.
“Para nosotros ha sido preocupante como se ha ido destruyendo la naturaleza en lo que llaman Áreas Protegidas por sectores poderosos, empresariales"
Laguna del Tigre
“En todas las Áreas Protegidas están restringidos todos los servicios básicos: salud, educación, alimentación, infraestructura”, nos cuenta Roberto quien vive dentro de la zona delimitada como Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), también dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. El joven participa, junto con un grupo de comunitarios de las más diversas poblaciones dentro de la RBM, en una capacitación para promotores de salud comunitarios en El Naranjo, centro urbano al borde del río San Pedro en el municipio de La Libertad.
En el caso de PNLT existe un convenio firmado por el Estado guatemalteco y la empresa extractora de petróleo, Perenco, donde la compañía británica-francesa se compromete a brindar servicios de salud para la población ubicada en las inmediaciones de sus instalaciones. “Aquí utilizan químicos bien fuertes de mal olor, utilizan ácidos que se disuelven en toda el área y es acarreado por el viento. Las comunidades que vivimos cerca, la mayoría padece fuertemente de dolor de cabeza causado por eso. Es un engaño total la salud que nos da la empresa porque ni siquiera ha podido dar pequeños botiquines de medicamentos, ni equipo en las comunidades; ¡Además que en ciertos puntos el centro de salud más cercano está a 180 kilómetros!”, denuncian Roberto y sus compañeros de curso.
“El tema de salud es crítico en las AP. Es bastante doloroso, la gente se muere y nadie dice nada”, reclama Roberto quien como los presentes, representan la única vía para brindar atención médica en comunidades donde no existe ni la infraestructura, ni mucho menos personal de salud.
Además que las actividades de Perenco se reducen a una visita mensual sin suficientes medicinas, el problema se agrava en las comunidades próximas a los pozos debido a la contaminación pues “existen enfermedades que sólo ocurren en esas zonas, como alergias, problemas en la garganta y oído para los cuales no se consigue medicina”, denuncian los jóvenes.
“Para nosotros ha sido preocupante como se ha ido destruyendo la naturaleza en lo que llaman Áreas Protegidas por sectores poderosos, empresariales. Después de que a nosotros nos despojan de nuestras tierras, pasan a manos de otra gente y legalmente pueden ser de una empresa. Nos indigna que a nosotros nos la pasan fastidiando con un montón de cosas pero vemos las licitaciones petroleras que están en Laguna del Tigre donde también hay palma (aceitera) y ¿por qué ellos tienen derecho de estar aquí? ¡Si ellos sí están contaminando la naturaleza!”, cuestionan los integrantes del curso de salud.
“Vivimos en una situación crítica pues no contamos con ningún servicio básico. Estamos totalmente abandonados”, nos comparte Ignacio, campesino perteneciente a una comunidad criminalizada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y ONGs conservacionistas con el discurso que los señala como responsables por la destrucción de la segunda cobertura forestal más importante de América Latina.
“La situación no nos permite vivir”, lamenta Ignacio quien al igual que 60 mil campesinos de comunidades enclavadas entre el PNLT y el PNSL viven bajo amenaza de ser desplazados forzosamente de sus tierras. Pese a que tienen más de tres décadas de vivir en el área, antes de la creación de la RBM, son acusados de “invasores” por el CONAP, institución que alguna vez trazó los polígonos comunitarios para la delimitación de comunidades a través de su Centro de Monitoreo y Evaluación.
“Nos prohíben que construyamos una casa; comprar materiales y todo eso está prohibido ingresarlos aquí. Pero también nos capturan si nos agarran cortando una palma”, relata Ignacio quien a la par de realizar la denuncia sobre la fragilidad de su permanencia en el Área Protegida, expresa desconocimiento sobre el refinado mecanismo por el cual es criminalizado: los lucrativos mercados de carbono que codician sus tierras y la estrategia financiera que bajo el pretexto de la “conservación” del medio ambiente pretende despojar los territorios de los comunitarios.
Desplazamientos: política de Estado
El viernes 2 de junio del año 2017, 111 familias de campesinos mestizos y mayas Q’eqchi’, Ch’orti, Mam, Achí, Kaqchikel y Xinca, huyeron de sus tierras ante la amenaza de 2,000 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército que se dirigían hacia su comunidad, conocida hasta entonces como Laguna Larga, con el único objetivo de reducirla a cenizas.
Hasta el día de hoy, 450 personas desplazadas forzosamente sobreviven en un contexto de crisis humanitaria entre la línea fronteriza de Campeche, México y Petén, Guatemala.
El caso de Laguna Larga y otros desplazamientos forzados ocurridos en las Áreas Protegidas evidencian la violencia del Estado guatemalteco como vía para solucionar los conflictos territoriales en el Petén. Aunado a ello, el discurso global del combate al cambio climático refuerza políticas locales para destruir comunidades etiquetadas como “ilegales” mientras ignora las principales causas de la devastación forestal, producto de la extracción de petróleo, las actividades del crimen organizado y más recientemente por la expansión de los monocultivos de la agroindustria.
El objetivo principal es prohibir la presencia de comunidades que no adopten el modelo único permitido: el de mercaderes de la naturaleza en las tierras del norte de Guatemala.
La ruta hacia la conservación
El departamento del Petén al extremo norte de Guatemala, junto a la frontera con México y Belice, cobró mayor relevancia para el Estado por el descubrimiento de reservas de petróleo en la década de los 60s. Para dinamizar el proceso de colonización, en parte para contrarrestar los proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas por parte de México sobre el río Usumacinta, se creó la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP) quien completó la construcción de la primera carretera que conecta la capital del departamento con la ciudad de Guatemala.
Al mismo tiempo las desigualdades en la distribución de la tierra y de la riqueza, además de la intromisión de EEUU y sus empresas, enmarcaron el desarrollo del conflicto armado interno en el resto del país, lo que provocó un éxodo a la región petenera durante décadas. Para 1980 las solicitudes de tierra para campesinos ante el FYDEP, financiada por la USAID en un escenario contrainsurgente, ascendían a 50 mil pero el rígido control militar sobre la institución benefició al ejército y terratenientes de la costa sur con adjudicaciones de grandes extensiones de tierras.
Así, en la segunda mitad del siglo XX transcurrió la reconversión de las industrias de recolección de hule hacia enormes territorios dedicados al ganado, monocultivos para exportación y la extracción petrolera. Ésta última, actividad identificada desde el Plan Maestro del PNLT como la principal responsable por la devastación del territorio debido a la apertura de carreteras pues el 90% de la deforestación en el parque se ha producido en menos de 2 km de los caminos que la petrolera construyó; así como por la perforación de decenas de pozos y derrames de tuberías que contaminan aguas, aire y suelo ocasionando enfermedades en la población.
“La conservación de estas organizaciones se puede leer dentro del modelo neoliberal por la forma en que se ven económicamente las AP. Si el Estado quiere conservar, tiene que pagar por ello”
En 1986 desaparece FYDEP; tres años después entra en vigor la ley de AP y en su marco se crea la RBM, integrada por 2.1 millones de hectáreas donde se encuentran los ahora denominados PNSL y PNLT, que albergan comunidades rurales asentadas desde 1960 y quienes se han sostenido mediante el cultivo para el autoconsumo.
“A la FYDEP la liquidaron debido a un proceso de reingeniería institucional en Guatemala promovida por modelos del BM. Mediante esa transformación modificaron la reserva forestal del Petén hacia una AP, nos comparte Rosa María Chan Guzmán, otrora funcionaria para la gestión del patrimonio cultural y natural de Guatemala, quien está convencida que la conservación de los bosques sólo existe si hay pago de por medio.
Dicha figura fue promovida por individuos y organizaciones ambientalistas antes de la negociación y firma de los Acuerdos de Paz, los cuales apuntaban en el Petén hacia la demanda de la asignación de tierras campesinas e indígenas para cientos de comunidades desplazadas en todo Guatemala. De esa manera, quienes impulsaron la creación de instituciones como CONAP desecharon la idea de consultar a las comunidades ya asentadas en el Petén. Al mismo tiempo, la creación de las AP sirvió como excusa para mantener y ampliar la presencia militar en el Petén bajo una vocación de defensa y protección del patrimonio ambiental.
Paralelamente y desde su fundación, las instituciones oficiales encargadas de ejecutar la ley de AP han operado con presupuestos limitados, contexto en el que la creación de ONGs conservacionistas ha proliferado para llenar ese vacío institucional.
“Se sabía que el Estado no iba a tener la capacidad técnica de manejo y la gestión de dichas zonas pues siempre fue pensada para ser transferida hacia ONGs conservacionistas. Una de las primeras en crearse, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), es propiedad de Marcos Cerezo, hijo de Vinicio Cerezo, quien fuera presidente de Guatemala mientras se aprobó la ley de AP. Las áreas que esta ONG maneja son áreas geoestratégicas donde hay gas, donde hay petróleo”, denuncia Rocío sobre la manera irregular en que se transfirió la gestión de las AP hacia la inversión privada quien cuenta con la capacidad de administrar recursos del Estado a futuro.
Ambientalismo de mercado en el Petén
“La reconfiguración del capital tiene incidencia sobre el reordenamiento del territorio; lo vimos últimamente con la palma pero no nos dimos cuenta que empezó muy temprano con las AP”, enfatiza Rocío García, antropóloga por la Universidad de San Carlos, y para quien la creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, decreto 4-89, es la punta del iceberg en el reordenamiento territorial del Petén.
Las primeras AP declaradas por el gobierno de Guatemala son de 1956; sin embargo, es después de la aprobación de la ley de AP en 1989 cuando se dispara la creación de áreas similares. Sólo de 1996 al 2009 se declararon 120, en un sistema que actualmente cuenta 339 áreas para la conservación con una cobertura de más de 3 millones de hectáreas, cerca del 32% del territorio nacional.
La ley de AP, inspirada en modelos para la conservación impuestos por convenios internacionales, cuantifica sobre una porción de territorio lo que se puede hacer; quiénes pueden entrar y bajo qué condiciones; como tal el modelo se integra en la propuesta del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), planeada desde 1992 y con un coste aproximado de 470 millones de dólares para realizar proyectos nacionales y regionales enÁreas Protegidas aledañas sobre una extensión de 768 mil km² de tierras, poseedoras del 10% de toda la biodiversidad del mundo.
De acuerdo con Rocío, autora de la tesis “Territorio kaxlan-territorio Q’eqchi’. Conflicto en áreas protegidas de Livingston, Izabal”, el valor de las AP adquieren al menos cuatro aspectos empresariales estratégicos: a) como catalizador y garante del aumento en la renta de la tierra; b) como apertura al mercado de bienes y servicios ambientales; c)como reserva de recursos naturales para la industria y el mercado del futuro; d) Como una inversión en el ámbito de “lo simbólico”, donde pueden capitalizarse para construir una imagen de responsabilidad empresarial.
Así pues el enfoque de la conservación del CBM pasa a ser concebida como un negocio que además de producir bonos de carbono en un entorno de actividades de “desarrollo sostenible”, establece un ordenamiento territorial en Mesoamérica en función de los servicios y bienes ambientales que pretende extraer y proteger al mismo tiempo.
Ayer ganadería, ¿hoy?
El recorrido por la carretera que conduce de El Naranjo hacia la frontera con Tabasco, México y atraviesa el municipio de San Andrés, se encuentra escoltado por pastizales en plena Zona de amortiguamiento de la RBM. Durante kilómetros, trabajadores y ganado se entremezclan en fincas, muchas de formidables construcciones poseedoras de varias hectáreas de tierra.
El trayecto, donde se asientan múltiples comunidades campesinas y el cual es utilizado como ruta migrante, se interrumpe hasta por tres puestos de control militar, los cuales han intensificado los abusos contra los transeúntes desde la implementación de la Brigada Especial de Operaciones de la Selva, financiada en el marco del contrato prorrogado a Perenco y cuyo destacamento principal se encuentra contiguo al pozo Xan.
Durante el camino se constata la degradación forestal derivado de la actividad ganadera, la cual es señalada por haber destruido el 8% de la RBM desde el año 2000. Parte de esa expansión ha sido impulsada por “narcoganaderos” quienes utilizan las ganancias de las actividades criminales para invertir en enormes cantidades de ganado, e incluso en monocultivos de palma aceitera como estrategia para lavar el dinero producto de actividades ilícitas.
Sin embargo, el desarrollo de la ganadería como actividad predominante en el Petén no es actual, tuvo sus orígenes en la administración posterior al golpe de Estado efectuado en 1954. “A partir de ese año, el gobierno de los Estados Unidos tuvo fuerte incidencia política y económica sobre Guatemala” relata Luis Solano, analista político autor de Guatemala, Petroleo y minería en las entrañas del poder, quien subraya la alianza entre militares y políticos guatemaltecos con funcionarios norteamericanos, lo que les permitió adueñarse de grandes extensiones de tierra.
“Durante el periodo de contrarrevolución se crearon parcelamientos como respuesta al interrumpido proceso de reforma agraria. Fueron otorgadas porciones de tierra a los pobladores inicialmente en el municipio de Ixcán y después en todo Petén. Con el paso del tiempo muchas poblaciones optaron por otras formas de organización como las cooperativas quienes tiempo después tuvieron que salir de sus territorios debido al conflicto armado interno”, contextualiza Solano sobre la gestión agraria en las tierras del norte de Guatemala durante la época de guerra.
A partir del golpe de Estado se crearon políticas de gobierno dictadas desde el norte. Una de ellas es el impulso de la ganadería para su exportación hacia los EEUU. Debido a su promoción oficial, grandes cantidades de selva en el Petén fueron devastadas por la ganadería, lo que a su vez implicó la reconversión de los territorios hacia otras industrias legales e ilegales, pues a veces los pastizales pueden ser un patrón de uso de la tierra hasta que surjan mercados rentables.
“Cuando se instalan las AP se busca recuperar la zona pero ya el fenómeno de la ganadería estaba dado; mucha gente depende de eso pues es el mayor negocio que hay en términos legales y comunitarios”, afirma Solano, para quien carecen de sustento la acusaciones del gobierno y ONGs contra los campesinos a quienes señalan como cómplices de actividades ilícitas.
“En los últimos 50 años, Petén pasó de ser una área inhóspita a una región de crimen organizado en donde el Estado guatemalteco es partícipe. Está bien documentado por la prensa que es el ejército quien realmente controla el narcotráfico en el país, pues las organizaciones criminales no operarían sin su apoyo”, enfatiza el investigador.
Según censo realizado por el mismo CONAP, hasta el 84% de los habitantes del parque son agricultores o jornaleros quienes viven de cultivo del maíz, frijol y pepitoria (variedad de calabaza). Entre el 15% y el 24% se dedica a la ganadería, aunque la mayoría tiene pocos animales. Los grandes ganaderos, aquellos capaces de cercar fincas de miles de hectáreas, no viven dentro del AP
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¿Quiénes devastan?
La RBM es una de las 610 “Reservas de la Biosfera” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual acorde a su normatividad permite “actividades productivas bajo el criterio del equilibrio entre el desarrollo y la conservación, y el manejo adaptativo de las áreas”. Sin embargo y como sucede en varias Reservas de la Biosfera en el mundo, también en Guatemala se realizan actividades petroleras como la perforación de decenas de pozos, la refinación del crudo en “La Libertad” y el tendido de más de 120 km en oleoductos.
Si bien el contrato para explotar el campo petrolero “Xan” en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) se otorgó antes de que la región fuera declarada AP, durante el año de 2010, cuando vencieron los 25 años de la primer concesión, se firmó de forma anómala una prórroga por 15 años más. Esto a pesar de las evidencias en como las operaciones de Perenco en la Laguna del Tigre están causando contaminación, deforestación, y están amenazando el sistema de humedales de agua dulce más importante en Centroamérica.
En 2012, Sergio Enrique Véliz Rizzo, ex funcionario de CONAP, fue condenado a tres años de cárcel por su papel en la alteración del Plan Maestro del PNLT 2007-2011 para favorecer la actividad extractiva; en dicha modificación fueron mutiladas las partes correspondientes a los impactos negativos de la actividad petrolera en el PNLT, además de eliminar las cláusulas que prohibían el establecimiento de nuevas explotaciones petroleras dentro del parque.
Pero el visto bueno a la petrolera venía de un escalón arriba. Pese a la evidente ilegalidad de su presencia en el PNLT, Perenco obtuvo la prórroga del contrato petrolero por decisión directa del ex presidente Álvaro Colom, quien actualmente se encuentra en arresto preventivo acusado de fraude y corrupción durante su gestión.
En los márgenes del PNLT, dentro de la Zona de Amortiguamiento, también está operando el proyecto Ocultum a cargo de la empresa City Petén, la cual tiene un contrato de exploración por 39,555 hectáreas. En la misma zona se han otorgado los polígonos denominados Cotzal a Perenco. El sistema hídrico ribereño y el sistema hídrico lagunar son los que se verían más afectados en caso de un derrame petrolero en dicha área.
El riesgo potencial más fuerte es el paso del oleoducto por el Río San Pedro, el cual podría tener (en caso de una fuga de petróleo), impactos catastróficos sobre la biósfera y comunidades humanas del lugar, sobre todo tomando en cuenta que dos sitios de especial interés, como lo son los manglares y los arrecifes de moluscos de agua dulce, se encuentran en este río.
Pese a que el Plan Maestro de la RBM planteaba como objetivo estratégico evitar la exploración y explotación petrolera en el PNLT para 2016, dicha meta está muy lejos de llevarse a cabo debido a los intereses en la industria. En 2017, la actividad petrolera produjo 3.5 millones de barriles, de los cuales Perenco en Petén produjo 83.5% del total.
“De nuevo es ese doble rasero de parte del Estado porque permite que se quede la compañía de manera ilegal pero a las comunidades las acusa de pertenecer al narcotráfico para justificar su expulsión”, reclama Solano, quien durante años acompaña la intención de los comunitarios para regular su permanencia en dichas tierras, de manera en que ellas sean partícipes también de la protección de sus bienes comunes.
Sin embargo, actualmente otros procesos han entrado en conflicto con zonas pobladas y las áreas demarcadas parte de la RBM. Tal es el caso de la expansión en el cultivo de palma de aceite. “En Sayaxché había una reserva biológica, la finca de San Román, la cual desde los 90s ha reducido su extensión y hoy todo su alrededor está sembrado con palma de aceite; todas esas plantaciones son de las mayores cinco familias terratenientes de todo el país”, denuncia Luis la razón por la cual atribuye completa impunidad para los implicados en la apropiación de grandes extensiones de tierra demarcada como AP.
“Existen indicios de cultivo de palma aceitera en los límites de la Sierra Lacandón; también al sur de la Laguna Petexbatún donde las tierras transitaron previamente en la reconversión de bosque hacia ganadería. Lo queman y de pronto encuentras palma en el complejo de AP II, al sur de la ciudad de Sayaxché”, señala Rosa María.
Los comunitarios del PNLT denuncian estar preocupados por la expansión de plantaciones de palma aceitera en la RBM. Actualmente existen señalamientos de su presencia en la Zona de Amortiguamiento, pero existe una preocupación real de que podrían expandirse de forma ilegal en otras zonas de la reserva, con posibles consecuencias devastadoras para las vías fluviales y la fauna como las ocurridas por el ecocidio en la cuenca del río La Pasión en el año de 2015.
“En Laguna del Tigre ya hay palma, hay terratenientes que tienen posesionada hasta 100 caballerías de tierras y tienen sus planes a largo plazo de hacer plantaciones hacia la frontera entre Guatemala y Chiapas” señalaron denuncias anónimas de campesinos entrevistados en el área.
Otras denuncias identifican la expansión de la industria debido a la alianza entre narcotráfico y palma aceitera como sucede en la finca denominada La Pujuquera, perteneciente a Oswaldo Bolaños, quien fuera procesado en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero, aunque liberado en 2015. En esta área testimonios señalan cultivos de palma que desaguan los residuos químicos directamente al río Sacluc dentro del PNLT.
“Los comunitarios exigen se desalojen las narcofincas y cesen las amenazas de otorgar grandes extensiones para los agronegocios de la palma aceitera y la siembra de teca y melina, árboles madereros para exportación”, reafirma Solano al criticar las omisiones del Estado de Guatemala para hacer frente a los verdaderos responsables del trasiego de drogas en la región.
“Yo anduve entre 2001 y 2004 en el Parque Nacional Sierra Lacandón; ahí estaban las pistas del narcotráfico”, denuncia también Laura Hurtado, directora de Action Aid Guatemala. “Existía toda la evidencia y el Estado no hizo nada. Y aún los gringos no hicieron nada; porque en esa región había financiamiento de la USAID y no se metieron a resolver la problemática. Lo peor es que en esa misma zona existen comunidades atrapadas por la Ley de AP pero con derechos anteriores a la creación del área, las cuales enfrentan amenazas de una probable expulsión”, lamenta la investigadora pues pese a que durante más de una década la agencia norteamericana invirtió más de 40 millones de dólares, lejos de cesar, las actividades ilegales permanecen en todo el Petén.