Guatemala:

el trabajo esclavo detrás de la palma aceitera

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Por Aldo Santiago

La industria de la palma aceitera ha reordenado a su gusto las tierras de la región norte de Guatemala y con ello ha deteriorado la vida de sus comunidades al forzar su conversión de campesinas a trabajadoras agrícolas, totalmente dependientes de la oferta laboral de las empresas que se aprovechan de la pobreza económica para explotar mano de obra barata en sus monocultivos.

Leer parte I de esta Investigación Economía de muerte: Palma de aceite y la transfiguración del norte de Guatemala

La incorporación al trabajo en las plantaciones y plantas procesadoras de palma africana ha supuesto, simultáneamente, el alargamiento e intensificación de las jornadas laborales no sólo para quienes trabajan directamente en las plantaciones, sino también para todos los miembros de la familia y, muy especialmente, para las mujeres. Muchas mujeres, miembros de familias sin tierra o que arriendan tierra para cultivar sus granos básicos, han debido ingresar al mercado laboral informal y multiplicar sus actividades para alcanzar el ingreso familiar diario. Las mujeres que trabajan en las plantaciones en actividades de vivero, son discriminadas y reciben un pago inferior al recibido por los hombres por labores agrícolas equivalentes según el reporte “El tipo de empleo que ofrecen las empresas de palma”, elaborado por ActionAid.

En la brutalidad de su expansión, la industria palmera ha conseguido reducir hasta anular los derechos laborales de miles de personas que trabajan en condiciones análogas a la esclavitud moderna de quienes no cuentan con contrato escrito ni libertad de organización; no reciben la remuneración mínima establecida en el país ni tampoco servicios de salud pese a que muchas de sus actividades, al manipular químicos o herramientas sin protección, representan un alto riesgo para su integridad física.

Son asalariados con distintas formas de relacionamiento entre la empresa y los trabajadores, locales y los migratorios provenientes de otras partes del país principalmente de los departamentos del Quiché, Alta Verapaz e Izabal”, todos territorios integrados a la Franja Transversal del Norte remarca Laura Hurtado.

En Petén les llaman acampamentados porque los agarran de su pueblo de origen y los llevan a campamentos en las fincas; trabajan dos meses y regresan a sus comunidades. Son los peores pagados, los más aislados de vida social y viven condicionados por las empresas. El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala lucha por la contratación formal, que desaparezca la figura del contratista, una figura colonial que permite que el empresario evada toda la responsabilidad personal porque al final es el contratista el que acerca el mundo del trabajo con el de la empresa”, enfatiza Laura acerca del proceso de tercerización empleado por la industria palmera.

El contratista es un personaje famoso en estas tierras pues es quien va por las comunidades buscando trabajadores. Para ocupar ese papel debe conocer el idioma de los pueblos y conocer los tiempos muertos, es decir, cuando la gente está desesperada buscando trabajo. El contratista es quien recluta y traslada a los trabajadores. Es él y nunca las empresas, quien asume los riesgos y responsabilidades de los complicados viajes, como destaca Laura al recordar accidentes en los que han muerto, pues son transportados durante viajes larguísimos “en camiones, como si fueran ganado; por ejemplo desde Izabal hasta Sayaxché son 18 horas de camino. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién paga el funeral? ¿Quién ve por la familia del trabajador?”, cuestiona la directora de Action Aid Guatemala, quien subraya las responsabilidades de este personaje que van mas allá del traslado, pues es quien se encarga de organizarlos y pagarles en las fincas.

En el continente americano existen más de 2 millones de personas presas de las estrategias en que se expresa la esclavitud moderna, de la cual se basan las corporaciones para maximizar el lucro de sus operaciones. En Guatemala sus rostros aparecen cotidianamente en las fincas palmeras. “No existe un contrato formal, es a la palabra. El documento para su contratación es el Documento Personal de Identificación. Hasta donde documentamos se los retenían y había una retribución en especie con comida, y salarial al final de la quincena, con horarios agotadores pero establecidos”, comenta Laura acerca de un sector que según registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, desde 2013 contaba más de 140 mil empleados en la rama de agricultura de exportación, pero que a partir de ese año dejó de registrar oficialmente el total de trabajadores de la industria palmera.

Carne de cañón

En el municipio de Sayaxché operan siete empresas palmeras: Tikindustrias, propiedad del emporio azucarero de la familia Weissenberg Campollo la cual posee plantaciones de caña en Costa Rica y República Dominicana; el Grupo Pantaleón de la familia Herrera, el mayor productor de azúcar en Guatemala con inversiones en Brasil, Nicaragua y Panamá; Nacional Agroindustrias Sociedad Anónima (Naisa) de la familia Köng, otrora terratenientes productores de algodón; Repsa del grupo Hame-Olmeca; Palmas de Ixcán que inició con inversiones norteamericanas y colombianas, y ahora opera para corporaciones guatemaltecas; UniPalma de la familia Molina, dirigentes de comités del sector agroindustrial guatemalteco; e Industria Maderera Chiquibul propiedad de Unisource Holding quien también comercializa ajonjolí, cardamomo y fertilizantes a través de un conglomerado de 37 compañías.

Mientras, en el municipio de Raxruhá operan Palmas del Ixcán, empresa que de capital trasnacional pasó a manos de la familia Maegli-Muëller del corporativo Naturaceites; y la Industria Chiquibul propiedad del empresario y banquero de origen árabe Suhel Turman quien también posee empresas en Venezuela y representa al mayor proveedor de fertilizantes en Guatemala mediante la empresa Mayafert.

 

 

 

En un recorrido, el equipo de este reportaje consiguió recopilar testimonios de trabajadores de la empresa Naisa en Sayaxché, Petén y de la empresa Chiquibul en Raxruhá, Alta Verapaz.

Nuestra primer visita fue a la comunidad de Sepamac, municipio de Sayaxché. Tras incursionar entre la densidad de las plantaciones palmeras que custodian la carretera de la FTN, nos adentramos en una brecha de terracería. Nos acompañó Hermelindo Asig, quien nos contó cómo a partir del año de 2007, cuando la mayoría de los campesinos en Sepamac legalizaron media caballería de tierra por persona (aproximadamente 22 ha), fue que aparecieron los coyotes para comprar los terrenos.

Mira, si usted vende la parcela, después con ese dinero que te va a dar la empresa te vas a comprar un carro, una camioneta para transportar gente y vas a tener ingresos mensualmente y vas a tener buen ingreso”, fueron algunas de las palabras que los coyotes repetían a Hermelindo y a las comunidades, junto a las promesas de desarrollo y empleo para todos, discurso con el que encubrían el verdadero objetivo de acaparar tierras para las empresas palmeras con quienes después negociaban altas comisiones por su reventa.

La compra de tierras borró rápidamente a comunidades enteras. El Progreso, irónicamente, fue la primer comunidad absorbida por Tikindustrias. Después le siguieron las comunidades de El Porvenir I y Arroyo Santa María que fueron devoradas por la instalación de los cultivos de la empresa Naisa. “Esas tres comunidades se han destruido totalmente. Tenían escuelas y con un tractor las arrancaron. Hoy tienen palma. Las familias se fueron a diferentes comunidades; unos viven en Las Pozas, otros en Las Camelias, Mirador y así; ya no se fueron juntas”, platica Hermelindo sobre la difícil situación de los desplazados que se torno cotidiana en la región.

Llegamos momentos antes del atardecer a Sepamac, una de tantas comunidades sitiadas por la palma aceitera. Hace 10 años, los coyotes llegaron ahí hablando sobre la supuesta construcción de una enorme hidroeléctrica en el río Usumacinta, como parte del proyecto de integración conocido entonces como el Plan Puebla Panamá. Les dijeron que todas las comunidades de los municipios de Sayaxché y Fray Bartolomé de las Casas serían inundadas, consiguiendo con ello generar el terror necesario para que la gente vendiera sus tierras. Hasta el día de hoy no existe dicha presa pero con el pánico generado la mayoría abarató sus parcelas donde sembraban maíz, frijol y arroz con el que se sustentaba la comunidad.

Tras recibir una primer negativa para escuchar el testimonio de quien nos recibe, recorrimos los cuerpos fatigados reposados al pie de la escuela construida con aportaciones de la empresa. Era época de cosecha y eso se traducía en un incremento del trabajo pues las empresas ejercen mayor presión a sus trabajadores para recoger la mayor cantidad de frutos de la palma, sin que ello signifique un incremento de sus salarios.

Entre el grupo de trabajadores, unos recargados sobre palmeras y otros a la sombra de la construcción, un hombre se dirigió hacia nosotros con una denuncia. “Lo que pasa es que hay miedo de informar. Yo por mi parte no siento miedo” nos dice como antesala sobre el actuar de las empresas palmeras y sus efectos devastadores en la vida de la comunidad. “Lo que me preocupa mucho es que tenemos hijos que están creciendo y no sé qué pasará en el futuro”, ataja Simón, trabajador de la empresa Naisa la cual comenzó operaciones en 2007 en los alrededor de Sepamac.

“Hay trabajo, pero el problema de la palma es que está bajo el precio, por cortar un área de dos metros cúbicos te pagan 87 centavos de quetzal (poco mas de dos pesos mexicanos); te ponen una tarea de 140 metros y el precio no sale (aproximadamente 60 quetzales o 140 pesos mexicanos). Ahí sentimos que nos están discriminando; igual la limpia de la calle de la palma te pagan igual, por la fruta te pagan 60 centavos (un peso y 40 centavos) por racimo. Si se corta 100 te estas ganando 60Q (140 pesos mexicanos) pero a veces no hay fruta. A veces te ponen a trabajar con animales de carga pero muchos están malos y no quieren trabajar, por eso cortas menos y entonces te regañan”, cuenta Simón en lengua q’eqchí.

Las presiones y castigos por parte de las empresas son tantas como denuncia Hugo, trabajador que menciona como “nos obligan a firmar una llamada de atención. Esa hoja es como que no cumples tu deber, se toma como una falta; si se firman las tres ya se espera tu corte. Yo ya firme dos hojas porque no podía sacar la tarea y no es que no quisiera; como les informe la fruta es muy grande y cuando se corta se cae y caen un montón de pepas y yo tengo que recogerlas por eso no se saca la tarea que nos ponen”.

Ante las extenuantes jornadas de trabajo no existe ninguna organización de trabajadores ni sindicato que vele por un pago justo por sus labores y en el caso de los servicios de salud, la situación empeora según nos cuenta Benito, pues “si una persona se lastimó en su trabajo lo normal es que trabaja así todo el día y después sólo dan dos días de permiso, días que pierde el trabajador porque no se le paga ni un centavo y no se puede curar con ese tiempo. No somos animales, somos personas, el reposo debería ser de siete días, mínimo”, reflexiona el también trabajador de Naisa.

Además de las heridas producto de la manipulación de herramientas sin protección, también es frecuente la aparición de enfermedades derivadas de los químicos que se aplican a las plantaciones. “Hay gente con nauseas y vómitos. Yo también me siento afectado de esa aplicación de veneno porque existen muchas enfermedades. Yo he conseguido gastritis por aguantar hambre al estar trabajando porque están exigiendo que se haga un buen trabajo. Cuando una persona esta enferma sólo dan una pastilla. Así me paso una vez, me dieron mi pastilla y solo me calmo durante tres días. Después volvió la enfermedad”, relata Hugo las condiciones en las que cientos de trabajadores se ven obligados a soportar para mantener sus sueldos.

Al caer la noche en Sepamac, el hartazgo era evidente. Las pláticas se esfumaron entre los menesteres cotidianos. Mientras partimos en la obscuridad, aún continuaba el vaivén de vehículos en los cuales los trabajadores regresaban a sus hogares. Sólo para descansar, brevemente, hasta el inicio de las labores del siguiente día.

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La segunda visita de este reportaje ocurrió en la comunidad de Cooperativa Sechaj, en el municipio de Raxruhá. Durante nuestra espera a la orilla de la carretera, observamos un fragmento de los 435 km del oleoducto que serpentea por la FTN proveniente del campo petrolero que opera la empresa Petrolera del Istmo ubicado en Rubelsanto, Alta Verapaz, hacia los embarcaderos de Puerto Barrios en el Atlántico.

De súbito, los constantes rugidos de los motores se difuminaron entre los murmullos de decenas de trabajadores a su arribo en la comunidad rodeada por un resplandeciente bosque, limítrofe entre los departamentos de Alta Verapaz y Petén.

En aquellas tierras donde habitan mil personas, los coyotes ofrecían hasta 20 mil quetzales por caballería (44.6 hectáreas), cantidad que para la mayoría alivió momentáneamente los problemas económicos pero por la cual ahora lamentan haber entregado a Industrias Chiquibul. “Antes no había palma y vivíamos tranquilos. Ahora nos está costando mucho. Si alguien tiene tierra no debería venderlo, no es necesario porque la palma no es el futuro de nosotros, la raza de nosotros es siempre de maíz, chile, frijol”, comenta uno de los trabajadores mientras organizamos las entrevistas con los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) locales.

Las jornadas laborales en Raxruhá van hasta seis días a la semana, nueve horas diarias. Muchos incluso trabajan los domingos y horas extras las cuales Industrias Chiquibul evita pagar. “La empresa nos afecta, en primer lugar contaminando el medio ambiente y en segundo lugar nos afecta con nuestros salario. Desde que ingresó la empresa nos empezaron a pagar 55 quetzales (137 pesos mexicanos) la jornada, después aumentaron cinco y hace poco otros cinco, pero esos 65 quetzales (162 pesos mexicanos) no es el salario mínimo sino debería ser 81.87 (204 pesos mexicanos), eso es lo que nos deben de pagar conforme a la ley”, denuncia Ernesto quien de entre todos los problemas en la salud, el medio ambiente y en las vidas de las comunidades, destaca la renuencia de las empresas a pagar el salario mínimo como la mayor preocupación para su comunidad.

En esta región la empresa Industria Chiquibul había acordado la eliminación de la figura del contratista. Sin embargo aún continúan empleando a los trabajadores mediante intermediarios a quienes acusan de retener el pago completo por la jornada laboral. “Exigimos el salario mínimo y fue la empresa quien a cambio dijo que eliminaría la figura del contratista porque el pago sería electrónicamente en agencias bancarias”, relata Enrique quien trabaja con fertilizantes y herbicidas que le han causado daños a su salud.

Alan refuerza los testimonios acerca de las afectaciones en la salud de los trabajadores, pues ha laborado durante cuatro años manipulando herbicidas como Angluron y Paraquat de la empresa alemana Bayer, y Glifosato de la estadounidense Monsanto que contienen sustancias cancerígenas. “No utilizamos equipo, no nos dan. Hay algunos compañeros que le salen granos en la espalda por la quemadura del veneno. A veces a los compañeros les dan nauseas en el trabajo, se desmayan y vomitan; a otros les sale sangre en la nariz por la intoxicación. Los caporales no dicen nada, no se reporta y así se queda. No tenemos asesoramiento de como manejar el herbicida. No hay servicios de salud en la empresa. Nosotros andamos en grupos de 24 personas, nos dan 12 bombadas (dosis de 16 litros) y hay que aplicarlas al día. Hay seis comunidades alrededor de donde aplicamos el veneno y sí ha habido enfermedades en las aldeas. Se mueren los animales, los pescados porque luego sale contaminado el arroyo pues por ahí salen los herbicidas”, relata el trabajador de Industrias Chiquibul, empresa que también tiene presencia en Chisec y Sayaxché.

Una vez finalizamos las entrevistas con los trabajadores, dialogamos con Pedro Coc, maestro de primaria bilingüe, quien también ocupa un cargo en la Cocodes local. A simple vista Pedro destaca por su altura entre sus compañeros y con parsimonia comienza el recuento de los últimos esfuerzos de los trabajadores para exigir a las empresas palmeras el respeto a los derechos laborales que tanto tiempo tienen sin cumplir.

Fue en julio de 2016 cuando se realizó la primer mesa de diálogo en la ciudad de Cobán con presencia de funcionarios del Estado, Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, el viceministro de Inspección de Trabajo, derechos humanos y trabajadores así como los patronos de Industrias Chiquibul donde se instó a la empresa a cumplir con el código de trabajo acerca del salario mínimo”, rememora el profesor acerca de los inacabables intentos de las empresas para negociar siempre por debajo de sus responsabilidades.

Se comprometieron a contratar directamente a 600 personas pero nosotros no aceptamos pues tenemos más de 1,500 trabajadores. La empresa está dividida en cinco zonas y sólo se nos dio la oportunidad de 300 contratos escritos y los restantes 300 en contrato verbal, pero sí hay un documento del acuerdo que está firmado donde indica que se tendrían que respetarlo”, cuenta Pedro acerca de los contratos con vigencia de sólo tres meses que ofreció Industrias Chiquibul en septiembre de 2016.

Resulta que cuando llegó la fecha ellos no lo cumplieron y eso nos llevó a otro procedimiento para poder presionar a la empresa a que cumpla los acuerdos firmados”, denuncia el maestro tras el incumplimiento en el compromiso donde el Estado guatemalteco es partícipe.

Para el 1o de septiembre de 2016, trabajadores de Raxruhá y Sayaxché, se presentaron en las oficinas de Industria Chiquibul para exigir el cumplimiento de parte de la empresa palmera. Fue entonces que de nuevo postergaron la entrega de documentos para el 6 de septiembre, fecha en que los patronos intentaron convencer a los trabajadores con un modelo de contrato diferente al negociado.

Como parte mediadora, Pedro explica que las mesas de diálogo no se desarrollan en un ambiente de igualdad. “Yo he recibido muchos maltratos de parte de la Inspección de Trabajo porque ahí nos exigían que aceptáramos un salario de 70 quetzales (174 pesos mexicanos) para todos los trabajadores y esa parte no aparece en ningún documento, ni en la Carta Magna, ni en el Código de Trabajo. Nosotros dijimos no y pedimos una última mesa diálogo con el viceministro y se nos dio esa reunión un día 13 de septiembre en el que tuvimos que ir a Guatemala porque el objetivo era que se mejore la condición de trabajo de todos”, relata Pedro ante las largas esperas para conseguir cumplir las demandas de miles de trabajadores.

El objetivo de nosotros es que todos los que estamos a la orilla de la empresa estuvieran contratados directamente pero en la mesa de diálogo dijo el patrón que no tienen presupuesto para contratar a mucha gente este año. Tenemos la idea que para 2017 sea contratado más de los 300 para que se formalice el trabajo y que reciban todos el salario mínimo”, comenta el maestro sobre el esfuerzo continuo para mantener las demandas de las comunidades.

De luchas sin tregua

Durante la plática con Laura Hurtado en Action Aid, delegados del Condeg se presentaron para compartir el contexto de la industria palmera y nos relataron su experiencia en la coordinación de acciones para la defensa de los trabajadores del norte de Guatemala.

Fundado en septiembre de 1989, el Consejo articuló a familias que desde comienzos de la década de los 80s fueron desplazadas a causa del terrorismo de Estado que para ese año había arrasado más de 400 aldeas y provocado el despojo de sus tierras, desplazando a más de un millón de guatemaltecos. Ante la indiferencia del gobierno y el ímpetu por sobrevivir a la guerra en su contra, miles de familias conformaron la organización para hacer valer sus derechos, recuperar su identidad civil, exigir la recuperación de tierras y el retorno seguro a sus comunidades de origen.

A más de 20 años de la firma de los tratados de paz, el trabajo actual del Condeg es la lucha por el cumplimiento integral de los derechos laborales de las personas empleadas en la industria de la palma aceitera, tales como el acceso a seguridad social, área donde ha conseguido la incorporación de trabajadores, “sobre todo locales, pues las empresas no nos permiten el acceso a los campamentos para dialogar con las personas provenientes de Cobán, Estor, Quiché que llegan a trabajar ahí”, comparte Lorenzo Pérez, quien tuvo que abandonar su labor como campesino y aprender sobre el código de trabajo para asesorar y acompañar las reivindicaciones de los empleados de la palma.

“Llegan al extremo de retener sus documentos y hasta que terminan su contrato los entregan y ya se pueden ir. Es una ventaja para las empresas porque las personas hacen cola por la misma pobreza. Las empresas manejan una consigna: ¿Qué prefieres: tener un salario aunque sea poco, o no tener nada?”, denuncia Manuel Mendoza, también miembro del Condeg.

Algunas empresas operaron en 2010 el cambio de pago “por jornal” a “productividad” lo que en términos reales redujo el pago por actividad agrícola e intensifico el trabajo desplegado por jornada. Según dicha política, los trabajadores deben trabajar mas para alcanzar los mismos ingresos que obtenían con los “jornales”.

Por ello y pese a la impunidad con que operan las empresas palmeras, existen antecedentes de resistencia donde el Condeg fue clave para la organización como lo ocurrido en 2012.

Tras meses de investigaciones y denuncias del Consejo tras el incremento de las violaciones laborales y la restricción de la movilidad de las comunidades, en febrero de aquel año presionaron a la procuraduría de derechos humanos de Guatemala para organizar una serie de inspecciones a las empresas que operaban en Sayaxché. Las visitas fueron conducidas por el Ministerio de Trabajo, organizaciones campesinas, Cocodes de la región y miembros de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Sin embargo y aunque las empresas estaban obligadas a recibir a la comisión de inspección, las palmeras frustraron los intentos por auditar sus instalaciones y plantaciones y sólo se consiguió inspeccionar parcialmente a Tikindustrias y Repsa. Lo que se expuso después fueron las violaciones recurrentes al Código de Trabajo de dichas empresas al no respetar los derechos de sus trabajadores: se evidenció trabajo infantil, la ausencia de contratos individuales y de constancias de pagos, la falta de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el trabajo con exposición a químicos sin protección, además de irregularidades en la duración de las jornadas de trabajo, falta de días de asueto, y el pago por debajo del salario mínimo (50 quetzales), sin bonificaciones ni aguinaldo.

Sorpresivamente días después y sin realizar las inspecciones a todas las empresas que operan en la región, el gobierno federal argumentó que las palmeras demostraron cumplir con todos los derechos laborales e incluso la Inspectoría General del Trabajo del Petén impidió divulgar más detalles de las visitas pese a la existencia de una demanda formal en el Ministerio de Trabajo.

Ante la falta de respuesta por parte del Estado, 12, 000 campesinos y trabajadores se movilizaron en mayo de ese año para bloquear las carreteras de Sayaxché durante seis días. El paro sólo fue levantado después de que las empresas se comprometieron a cumplir paulatinamente con las exigencias de los trabajadores. A partir de ello y consciente de las consecuencias de sus omisiones, el gobierno guatemalteco comenzó unas serie de negociaciones para intervenir en el conflicto, sin embargo, se limitó a consultar y firmar en octubre de 2013 lo que llamó “Pacto de gobernabilidad y desarrollo” entre la Gremial de Palmas (organización de corporativos y familias que dominan la producción de palma en Guatemala, caracterizadas por su actuación como cártel), el ministro de trabajo, y autoridades municipales, estatales y federales. Ninguna representación desde los trabajadores fue tomada en consideración.

Con el pacto se comprometieron a colaborar en ejes de educación, salud, nutrición, agua, saneamiento, productividad y turismo; sin embargo la cuestión laboral no fue abordada durante ese año pues incluso se continuó evidenciando que de 90 empresas del Petén, 69 no pagaban el salario mínimo y 17 no tramitaban seguridad social para sus empleados.

Aunque las denuncias de los trabajadores y comunitarios no cesaron, no fue sino hasta un año después en noviembre de 2014 cuando se reanudaron las acciones legales contra las palmeras, esta vez debido a una demanda por los Estados Unidos donde acusan al Estado guatemalteco de proteger a empresarios que no cumplen con el código de trabajo lo cual les permite competir de manera desleal según los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los EUA, quienes exigieron 15 millones de dólares anuales por la violación del artículo 16.2.1 de dicho tratado.

En octubre de ese mismo año, comunidades y trabajadores presentaron otra denuncia contra las mismas señaladas por el gobierno norteamericano: Tikindustrias, Palmas de Ixcán, Repsa y Naisa, por el incumplimiento de las demandas de los trabajadores desde 2012.

Pese a las voces de inconformidad, el 17 de junio de 2017, un Tribunal Arbitral concluyó que Estados Unidos falló en demostrar que los incumplimientos de la legislación laboral de corporaciones guatemaltecas afectó el comercio entre las dos naciones.

Tras cinco años de exigencias, la mayoría ellas aún siguen sin ser escuchadas.

Entrevista con Cecilio Tut, promotor de derecho laboral del Condeg y ex trabajador de Naisa, empresa en Sayaxché, municipio con 10 microregiones y 180 comunidades las cuales casi en su totalidad trabajan en la palma.

¿Cuál fue la primer empresa en llegar a la región?

Entre 2002 y 2003 llegó primero Repsa y depués Tikindustrias. Empresa Naisa llegó en mayo 2006 y comenzó en la comunidad Flor de la Selva, en el río La Pasión. Ellos siempre se buscan un río para regar todo el vivero. Lo primero que llegaron fueron contratistas para buscar a la gente. Ahí donde yo vivo se busca personal para trabajar en los viveros, llenar bolsas, trasplantar y hacer aplicación química, ahí comienza el trabajo.

Los trasplantes tienen que estar de 9 a 12 meses y después llevarse al campo. Comenzaron en mayo de 2006 y en 2007 empezó a llegar la planta en el campo. Llegaron personas a pedir trabajo, pero desde ese día se pagaba poco, no se daba para vivir con 40Q (100 pesos mexicanos) y menos cuando te dan mucha tarea, no sale, y eres multado.

¿Qué actividades realizabas con Naisa?

Empecé a trabajar con contratistas que son gente de Cobán. Aprendí a llenar bolsa, trasplantar al vivero. Ahí trabajé tres meses hasta que Wilson, el ingeniero colombiano, me ofreció otro trabajo como auxiliar de sanidad vegetal. Empecé a llevar las plantas en el campo y me dieron chance para supervisar la siembra. Ahí llegaron 120 trabajadores y yo me encargue de todos ellos. Durante cuatro meses revise plantaciones, recibí jornales e hice reportes.

Tenía que distribuir, hacer un listado de los trabajos en el campo para llamar a mi caporal y pedirle cuántos y dónde necesitan a los trabajadores. Pero ahí fue peor porque tenía que estar diario de las 5 am hasta las 8 pm, sin día de descanso. Estuve ocho meses de auxiliar de sanidad vegetal y después como supervisor de auxiliar.

Pero como la palma está creciendo, comprando más tierra y me dieron más trabajo hasta que siento una explotación laboral porque cada supervisor tiene que cuidar 400 hectáreas con 50 o 60 trabajadores. Entre cuatro supervisores cubríamos 1,600 hectáreas y los 300 trabajadores.

¿Cómo es la organización de los trabajadores dentro de las plantaciones?

Los trabajadores son de las comunidades de la región. Otros de lugares como Cobán se quedan amontonados en un campamento. Ahí tienen comida pero se les chuquea. Todos los días reciben sus tres comidas a las cinco de la mañana y ya en la tarde se echan a perder los alimentos. El trabajador se tiene que aguantar el olor porque no hay más que comer.

En las plantaciones lo primero que hay es un caporal. Es el que se va a dirigir a los trabajadores, es quien hace la mayor presión para los trabajadores. Después sigue el supervisor y el técnico que lleva informes a las reuniones agronómicas.

Si los trabajadores no sacan la tarea se despiden porque es por reglamento. Igual pasa con todos los caporales, supervisores, técnicos; si no sé cumplen los reglamentos se van del trabajo.

La empresa busca siempre a los contratistas. Ellos anuncian en la radio que se paga bien pero al llegar al trabajo ya no cumple. La comida siempre se descuenta. Si necesita herramienta también se descuenta. Si un machete cuesta 30Q (75 pesos mexicanos), el contratista me va a cobrar 40Q ó 50Q (entre 100 y 124 pesos mexicanos) y si ustedes necesitan una su gaseosa paga 15Q (37 pesos mexicanos).

Si a uno le gusta gastar más se va sin sueldo. Hay veces que trabajan una semana o 15 días pero como no hay pago y no hay comida la gente se termina yendo sin sueldo.

¿Trabajan con químicos?

Hay cinco químicos que se usan. A veces la palma se queda enferma y se tiene que ir a fumigar. Cada semana están fumigando en el vivero. Cada auxiliar se va revisar si hay mancha de la palma y se aplica. En una ocasión una plaga de ratones se comieron unos 10 mil palmos y aplicamos Racumin, veneno para los animales.

¿A dónde se vende la palma producida en Naisa?

De aquí se procesa en una fábrica, lo llevan a la capital y de ahí lo mandan a Estados Unidos. Cuando comenzaron estaban vendiendo barato pero después subieron el precio. Cargill es la empresa que compra la palma desde 2014 pero en 2015 vinieron a inspeccionar el cumplimiento de la empresa de los apoyos educativos y de salud a las comunidades.

¿Y cumplieron?

No se maltrata y se están haciendo programas de reforestación pero aún no pagan el salario mínimo.

2a Parte de 3 de la investigación:

Economía de muerte: Palma de aceite y la trasfiguración del norte de Guatemala

Una investigación independiente del proyecto Ecolonialismo⇒

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Aldo Santiago

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