“En marzo de 2018, el gobierno me clasificó como terrorista. Esto fue en represalia por hablar en contra de las violaciones a los derechos indígenas en mi país de origen. Viví bajo amenaza durante meses, sin poder volver a mi casa de forma segura. Aunque ya fui eliminada de la lista, hay funcionarios de gobierno que continúan lanzando falsas acusaciones en mi contra.
Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente -muchas de las cuales son indígenas- son declaradas terroristas, mafiosas o delincuentes por defender sus derechos o, simplemente, por vivir en tierras que son codiciadas por otros. Sufren de forma desproporcionada la violencia y la criminalización porque son guardianas de los recursos naturales que quedan en el mundo; de tierras que son el principal objetivo para los proyectos de desarrollo”, denuncia Victoria Tauli-Corpus, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de nacionalidad filipina.
Más de tres personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas cada semana en 2018, según el nuevo informe de Global Witness (GW).
El mayor número de asesinatos se registró en Filipinas, donde fueron asesinadas por lo menos 30 personas defensoras. Siguen Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16), México (14), República Democrática del Congo (8), Irán (6), Honduras (4), Ucrania (3), Venezuela (3), Camboya (3) Kenia (2), Gambia (2), Chile (2), y Pakistán, Senegal, Sudáfrica e Indonesia con uno respectivamente.
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Europa sigue siendo el continente menos afectado por los asesinatos de defensores ambientales, con tres muertes en Ucrania.
Al contrario, Guatemala es el país que registró el aumento más fuerte de asesinatos, los cuales se quintuplicaron, convirtiéndolo en el país más letal en términos de asesinatos per cápita.
Como lo advierte la organización, hemos de recordar que esas cifras son menores a las reales ya que muchos asesinatos nunca son documentados.
Mientras aumenta la preocupación y los llamados a cuidar el planeta, las personas y comunidades que luchan día a día para defender la tierra están siendo amenazadas, agredidas, arrestadas y asesinadas de forma rutinaria.
“Periódicamente, los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo. Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas asume una posición frente a estos proyectos, se enfrenta a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas estatales, a los asesinos a sueldo o, en confrontaciones menos violentas, a equipos de agresivos abogados”, resume el informe.
Industrias. Estados, sicarios e inversores implicados
El sector que causó más asesinatos es el de la minería con 43 muertes. Por otro lado, hubo una escalada de asesinatos de personas que luchan por la protección de las fuentes de agua, pasando de 4 en 2017, a 17 en 2018. También continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos.
Esas industrias, para llevar a cabo sus proyectos, necesitan la aprobación de la población que habita los lugares codiciados. En caso de resistencia por parte de los habitantes, muchas veces se alían a otros grupos que se encargan de romper la resistencia con violencia.
“Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta”, denuncia el informe.
El documento también resalta que la impunidad generalizada tiende a dificultar nombrar los responsables. Sin embargo, afirma que “GW pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes”.
La organización denuncia de igual manera la participación de los inversores, los cuales incluyen los bancos de desarrollo, ya que al financiar los proyectos, apoyan a esos sectores destructivos y “abandonan a las y los activistas amenazados a su suerte”.
Criminalización
En su investigación, GW resaltó que la violencia física no es la única estrategia utilizada por los gobiernos y las empresas para callar a quienes se oponen a sus proyectos: también utilizan los tribunales y los sistemas judiciales, diseñando leyes y políticas que sirven para criminalizar e intimidar a las personas defensoras.
Así, por ejemplo, el Estado de Bangladesh promulgó en septiembre de 2018 una ley que impone una sentencia de diez años de cárcel a quien realice publicaciones en línea, que "arruinen la armonía comunitaria o creen inestabilidad", y una sentencia de 14 años a quien use medios digitales para "intimidar a las personas y / o causar daños al Estado".
En Nicaragua por otro lado, el gobierno aprobó en julio de 2018 una ley que amplia la definición de terrorismo, la cual fue usada para arrestar estudiantes, campesinos y otros manifestantes.
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“Esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar
a las y los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”, explican.
GW también precisa que otra vez, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales.
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El futuro preocupante
Aunque el informe recoge datos de 2018, GW advierte de que al momento de redactarlo (julio de 2019), "hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará", en particular por el actual auge de mandatarios autoritarios en todo el mundo.
Llama la atención el caso de Brasil, donde el nuevo presidente Jair Bolsonaro prometió que permitirá la explotación de las reservas indígenas. En los últimos meses, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados.
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En Filipinas, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte está intensificando una campaña para “etiquetar” a defensores como “terroristas” o “comunistas”. En enero de 2019, dos líderes indígenas que se oponían a la extracción de recursos y a la usurpación militar de tierras ancestrales ya fueron arrestados y acusados de pertenecer a un grupo de insurgentes armados llamado Nuevo Ejército del Pueblo. Ellos han negado la acusación.
