Como consecuencia del examen realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Honduras, el 5 y 6 de julio, en Ginebra, Suiza, el gobierno hondureño ha reaccionado acusando a las organizaciones de derechos humanos de brindar informes falsos referente a la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Así mismo el Estado ordenó investigar a las personas y organizaciones que vienen exponiendo estos hechos. La denuncia fue hecha este 11 de julio por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, durante una rueda de prensa.
Representantes del Estado de Honduras, de forma inmediata a la presentación del informe alternativo presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil de Honduras, en el marco del examen, realizaron intervenciones públicas afirmando que la ONU ha sido objeto de desinformación por parte de "malos hondureños" que pretenden que se condene al Estado de Honduras por violaciones de derechos humanos y que este ente ha estado recibiendo información equivocado respecto de los avances en la investigación del caso.
“Estamos reaccionando a esta campaña que ha desatado el gobierno de Honduras en relación a la persistente demanda de verdad y justicia en el asesinato de Berta”, sostuvo Víctor Fernández, abogado, integrante del equipo de abogados del Movimiento Amplio encargado de la causa.
De acuerdo con las organizaciones, el Estado pretende instalar en la opinión pública nacional e internacional que se han provocado avances sustanciales y que, hasta la fecha, se han identificado dos autores intelectuales del asesinato, entendiendo que la apertura a juicio oral y público en contra de cuatro de los imputados es también un logro. Sin embargo, desconoce en sus intervenciones y en su accionar desde el sistema de justicia la reiterada solicitud planteada por el equipo legal de la familia Cárceres de “abrir las líneas investigativas hacia personalidades públicas del país y altos mandos del gobierno en curso, los cuales han sido evidenciados en sus múltiples vinculaciones con los actos de corrupción mediante los cuales se aprueban e instalan los proyectos extractivos en el país”, dicen las organizaciones.
“Sus autores están en las estructuras económicas del país y ninguno de los 8 acusados tiene el perfil de ser parte de esta estructura económica, política y gubernamental del país. Afirmamos que los autores se encuentran gozando de una cómoda impunidad”, sostuvo Fernández.
La reacción gubernamental ha sido acompañada por publicaciones desde varios espacios en las redes sociales en los que se estigmatiza y criminaliza a Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general de COPINH, al COPINH y otras organizaciones sociales, sostuvieron las organizaciones en un comunicado.
“Vamos a reaccionar cada vez que el gobierno crea que tiene el derecho o la fuerza para aplastarnos”, añade el abogado.
Desa
Pese al proceso legal que se les sigue a 8 personas en relación a este caso, la impunidad se mantiene y se agrava, de acuerdo con el comunicado de las organizaciones. “Un dato que lo prueba es que aunque DESA, que es la principal corporación vinculada al crimen, ninguno de sus socios o accionistas está sometido al proceso judicial”.
La empresa DESA, así como los bancos FMO, Finn Fund y BCIE, ha anunciado recientemente su salida o suspensión de actividades para la construcción de la hidroeléctrica. Pero DESA sigue siendo dueña de la concesión del río Gualcarque, incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ese proyecto, siendo notoria la violación a los derechos del pueblo Lenca establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT”.
“La empresa sigue gozando de sus privilegios y de la concesión. Sigue teniendo trabajo en los territorios generando conflicto. Esta es una muestra palpable de la impunidad”, dice el abogado Fernández.
Investigaciones
El Ministerio Publico (MP), hasta la fecha, sostiene secretividad de la investigación. “Nosotros hemos insistido al Ministerio Público que los ejecutivos y los dueños de la empresa Desa deben estar en primer lugar en la investigación como autores intelectuales. Pero hasta ahora el Ministerio Público reserva para él su investigación”, dice el abogado.
El MP es un ente altamente cuestionable en este caso, sostuvo Fernández, porque fue el órgano que persiguió históricamente a Berta Cárceres y fue el órgano que en un principio condujo la investigación orientada a decir que se trataba de un crimen pasional. “Y estas hipótesis, nosotros interpretamos, como parte del plan para generar impunidad. Nosotros nos preguntamos ¿quienes crearon estas hipótesis?, ¿quienes persiguieron a Berta Cárceres?, ¿quienes la estigmatizaron están siendo investigados como coparticipes del crimen?”.
A continuación, el comunicado de las organizaciones:
Exigimos romper el pacto de impunidad que goza la élite política, económica y gubernamental que asesinó a Berta Cáceres
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a través del equipo de abogados que participa en el proceso administrativo y judicial, en relación al crimen en contra de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, a la sociedad hondureña, al Estado y gobierno de Honduras y la comunidad internacional, nos dirigimos para expresar y exigir lo siguiente:
- Como consecuencia del examen realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Honduras, el pasado 5 y 6 de julio, 2017 y luego de 16 meses del crimen contra Berta Cáceres y la tentativa en contra de Gustavo Castro, el gobierno hondureño ha reaccionado, acusando a las organizaciones de derechos humanos de brindar informes falsos y tergiversados sobre el caso y anunció sanciones en contra de sus “críticos”.
- La virulenta reacción gubernamental ha sido acompañada por publicaciones desde varios espacios en las redes sociales en los que se estigmatiza y criminaliza a Bertha Zúniga Cáceres, al COPINH y otras organizaciones sociales que hacemos denuncias reales, una oposición digna y demandamos justicia integral ante este crimen.
- A pesar de la agresiva reacción del gobierno hondureño, hoy con mayor certeza reafirmamos que quienes idearon y decidieron asesinar a Berta Cáceres siguen gozando de total impunidad y mantienen, hasta ahora, bajo su control la investigación del crimen. Las recientes actuaciones así lo demuestran.
- El mismo Ministerio Público reconoció que a Berta Cáceres la mataron por su lucha en la defensa de los bienes naturales y de los derechos de los pueblos indígenas y el mismo Ministro de Seguridad reconoció que ellos no protegieron su vida como era su deber, sobre todo porque ella era objeto de medidas cautelares emanadas por la CIDH.
- Pese al proceso legal que se les sigue a 8 personas en relación a este caso, la impunidad se mantiene y se agrava. Un dato que lo prueba es que aunque DESA, que es la principal corporación vinculada al crimen, ninguno de sus socios o accionistas está sometido al proceso judicial. Es tanta la impunidad que, a pesar de los vínculos con el crimen, DESA sigue siendo dueña de la concesión del río Gualcarque, incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ese proyecto, siendo notoria la violación a los derechos del pueblo Lenca establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
- Es vergonzosa la posición del Ministerio Público que ante el Comité de DDHH de la ONU dice que ya se han capturado a autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, cuando en Honduras no son capaces de desarrollar un proceso objetivo y de detener a los ejecutivos de DESA. Y luego tilda de mentirosas las fundadas críticas contra el irregular proceso que desarrolla.
- La misma empresa DESA y los bancos FMO, Finn Fund y BCIE que han financiado el criminal proyecto de Agua Zarca han anunciado su salida o suspensión de actividades debido a la resistencia que hace el Pueblo Lenca, el COPINH y las organizaciones nacionales e internacionales, nunca por una decisión del Estado o del gobierno hondureño, extremo que reitera la colusión institucionalizada entre gobierno y DESA.
- Los operadores de justicia que criminalizaron a Berta Cáceres, los que crearon la falsa hipótesis de que había sido asesinada por razones “pasionales” o por conflictos internos en el COPIHN, los que hasta la fecha sostienen una ilegal secretividad de la investigación, no solo están asegurando impunidad a la estructura criminal que ejecutó el asesinato, también se están asegurando la propia, manteniendo bajo su control la investigación de la causa.
- La más alta estructura del gobierno de Honduras, al continuar rechazando el apoyo de una misión internacional de expertos, auspiciada por la CIDH, que investigue el crimen, sigue dando muestra de su más alto compromiso para que este crimen quede en la impunidad.
En fin, los datos sobre la impunidad en el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro abundan y los funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras son hasta confesos de sus responsabilidades.
Por eso resulta condenable que cuando la impunidad es expuesta en foros internacionales de derechos humanos, la reacción del gobierno y Estado de Honduras sea la descalificación, la estigmatización, la amenaza, la revictimización y las campañas para colocar en mayor indefensión a quienes decidimos luchar para defender los derechos humanos y para que en nuestro país vivamos en permanente dignidad y justicia.
COPINH y el MADJ exigimos y nos seguimos comprometiendo a romper el pacto de impunidad del que hoy goza la élite política, económica y gubernamental que asesinó a Berta Cáceres. Ningún discurso, ni las acciones de terror, viejas y nuevas, van a interrumpir la fuerza ética y moral que encarnamos para seguir demandando justicia.
Con la misma fuerza de Berta, seguiremos exigiendo verdad y justicia integral ante su crimen. La salida total y definitiva del Proyecto Agua Zarca y los demás proyectos extractivos que afectan al territorio lenca y al territorio hondureño en general.
San Pedro Sula, Cortés y La Esperanza, Intibucá– Honduras,
