En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.
Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.
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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.
Así lo analiza el Grupo Carta de Belém (GCB) mediante la publicación Brasil en la recuperación verde: integrar para entregar, reflexión colectiva que proviene de la demanda desde los territorios y organizaciones para analizar las múltiples iniciativas “verdes” que colocan a los bienes comunes naturales en un papel central de la discusión.
Durante la presentación del libro, Larissa Packer, integrante de la organización GRAIN, así como del GCB, explicó que “el grupo se posiciona críticamente sobre la inserción de los bosques y los recursos naturales como activos financieros, para la circulación de nuevas propiedades, nuevas mercancías que se van integrando a cadenas globales de valor”. Esto en referencia a la historia de una década del GCB, quien ha criticado las propuestas de mercado para el combate al cambio climático, tales como la estrategia REDD que insertó a los bosques como mercancías.
“Eso significa una presión enorme sobre todo a países megadiversos, territorios que tienen bosques en pie que pasarían a ser vistos como una función ecosistémica, de metabolismo, de equilibrio de las cualidades ambientales, pero también como un servicio para las compensaciones de emisiones GEI de países del norte global”, enfatizó Packer en referencia a lo que llamó capitalismo verde.
Privatización
La publicación del GCB destaca el papel clave de Brasil en la financiarización ambiental global.
“El Estado brasileño no será el protagonista del desarrollo sustentable de la Amazonía. Este papel está reservado a los empresarios amazónicos y a sus socios nacionales e internacionales, dispuestos a invertir con seguridad en busca de ingresos y sostenibilidad”, escribió el General Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, en artículo donde se promueve una agenda empresarial y de políticas públicas para la bioeconomía, “un modelo de desarrollo económico y social para la región amazónica que ofrezca simultáneamente la protección y preservación de la selva y su biodiversidad con la generación de empleo e ingresos y servicios públicos esenciales de calidad”.
Para Camila Moreno, doctora en sociología por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro e integrante del GCB, cabe destacar en este proceso el debilitamiento de las instituciones de protección ambiental en Brasil y el aumento en la degradación ambiental de ecosistemas como la Amazonía y el Pantanal, así como la violación de los derechos socioambientales y de poblaciones en territorios indígenas.
“Lo que queremos resaltar es sobre la reconstrucción que fue hecha, un proceso de construcción de ecosistema institucional, de narrativas, de actores y alianzas que crearon las bases para una gobernanza territorial privada en Brasil”, señaló Moreno durante la presentación del libro.
Como ejemplo tenemos programas como “Adopte un Parque”, implementado en Brasil este año, que ya están en curso para incluir millones de hectáreas de Unidades de Conservación a la gestión privada y empresarial, bajo la legitimidad del combate a la crisis climática.
Este proceso, según la investigadora, viene acompañado del avance de la agenda ESG (por sus siglas en inglés, referentes de gobernanza social y ecológica) de las corporaciones y del sector privado, en un intento de reformación del capitalismo, hacia uno más “inclusivo”.
No obstante, a pesar de las autoridades manejar este discurso como novedoso, Moreno apunta a que es un reciclaje del paquete de economía verde implementado desde hace más de 10 años, “y que hemos criticado junto a movimientos sociales, no solo en Brasil, sino en América Latina y alrededor del mundo”.
Para Moreno, el proceso en curso en Brasil, iniciado desde 2016, se trata de una privatización a larga escala de toda la infraestructura nacional que va desde los bosques, parques, carreteras, puertos, hospitales, servicios de comunicación, entre otros, por lo cual hizo un llamado a las organizaciones aliadas para pensar fuera de esta tendencia promovida por el ambientalismo de mercado, el cual años múltiples organizaciones y comunidades alrededor del planeta han criticado y combatido durante más de una década.
