En portada: Protesta de habitantes de San Juan Cancuc, quienes exigen la liberación inmediata de los cinco defensores del territorio acusados por el homicidio de un policía de dicho municipio en los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba
El pasado viernes (19), el Juzgado Penal de San Cristóbal de Las Casas ratificó la sentencia condenatoria contra cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, en la región Altos de Chiapas, por un delito que, argumentan organizaciones sociales, eclesiásticas y de derechos humanos, no cometieron.
“Sentencia injusta” es como las organizaciones chiapanecas califican la reciente condena, por 25 años de cárcel, contra Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, acusados por la muerte de un policía municipal de San Juan Cancúc, en el año 2022.
La ratificación de la sentencia sucede después que la defensa legal de los indígenas recurriera al recurso de apelación contra la primera condena, emitida el 12 mayo del 2023. Esto se debe a que, desde el momento de su detención, abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), quienes dan seguimiento al caso, acusan que el proceso acusatorio ha presentado múltiples irregularidades.
En respuesta a la apelación, el Poder Judicial de Chiapas anunció, en febrero del 2024, su decisión para reponer la audiencia de juicio oral. Sin embargo, el CDH Frayba sostiene que la justicia del estado sureño no se pronunció para abordar el fondo del caso, es decir, la comprobación de la existencia del delito y la acreditación de la responsabilidad de los inculpados. Sobre todo, acusan que no se corroboró el papel de la Fiscalía de Chiapas, a quien señalan de fabricar pruebas y validar testimonios falsos para mantener a los indígenas presos mientras se alargaba el proceso.
“Durante las audiencias que acaban de terminar, vimos que no había ningún argumento, ninguna prueba contundente que pudiera dar argumentos a la juez para dejarlos presos”, sostuvo Dora Lilia Robledo García, directora del CDH Frayba durante conferencia de prensa realizada este martes (23).
El posicionamiento del CDH Frayba es que, con la ratificación de la sentencia, “quedó nuevamente comprobado que se trata de una acusación fabricada; la nueva jueza no tomó en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existen incluso dudas sobre la existencia de un delito”, reclamó mediante comunicado.
Injusticia
En entrevista con Avispa Mídia, Mario Ortega, abogado y coordinador del área de sistematización e incidencia del CDH Frayba, subraya que existen serias dudas sobre la causa de la muerte del policía municipal.
Ortega contextualiza que, testimonios de la comunidad tseltal narran que durante la noche de los hechos se escucharon fuertes quejas de dolor por parte del policía, por lo cual las personas cercanas salieron de sus casas, encontrándolo tirado y sucio cerca de un barranco. Según el abogado, esto es un indicio de que el policía habría caído y de ahí derivara la causa de su muerte.
“La comunidad llamó a la policía municipal quien se lo llevó aún con vida. Por su parte la fiscalía inventó una versión en la que la población lo agredió multitudinariamente causándole la muerte”, detalla el abogado sobre la contradicción en las versiones.
Según Ortega, la jueza “da erróneamente por hecho el asesinato con la declaración de la persona que hizo la necropsia, sin tomar en cuenta un metaperitaje - informe técnico cuya finalidad es determinar si existió o no falta de rigor técnico o metodológico en el análisis pericial-, ofrecido por la defensa en el que se menciona que la muerte fue causada por un único golpe y que no presentaba más lesiones”. Esta argumentación, sostiene el defensor, refuerza la versión de la caída del policía y desmiente la agresión por parte de los pobladores. Una hipótesis que la Fiscalía nunca indagó.
El abogado enfatiza que, durante el juicio, comprobaron la fabricación de declaraciones de los elementos de seguridad quienes inventaron la versión de la agresión tumultuaria y, no obstante, nunca mencionaron haber visto a los cinco inculpados. “Es evidente que las declaraciones fueron fabricadas, ya que textos enteros coinciden completamente en la redacción, lo cual es inverosímil y es una práctica arcaica”, acusa el integrante del CDH Frayba.
Otro punto que destaca el abogado es que, a la fecha, no existe una investigación real para saber a ciencia cierta cómo murió el policía. “Si fue por la caída; si hubo alguna agresión previa antes de que la población lo encontrara; si los mismos policías le hicieron algo después de que se lo llevaron. Es decir, la fiscalía se cerró a una sola hipótesis en la que acusa a los cinco defensores y trató, a través de declaraciones a modo, de limitarlo a ello. Es importante no sólo reconocer que los compañeros son inocentes, sino también llegar a la verdad para las familias”, asevera Ortega.
Según el abogado, lo que sigue ahora es recurrir a una nueva apelación del juicio oral, en la que se abren tres escenarios. El primero es que, por tercera vez, se reponga el proceso. El segundo, que el Poder Judicial de Chiapas aborde el fondo del asunto y reconozca que no existen pruebas que sustenten la condena. Y el tercero, que, tras la reposición de las audiencias, el fallo de la justicia de Chiapas vuelva a ratificar la condena, en cuyo caso la defensa de los cinco defensores presentaría una demanda de amparo federal.
Por el momento, agrega Ortega, a nivel internacional el caso ya fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual esperan una respuesta para hacer un llamamiento al gobierno mexicano para el esclarecimiento del caso.
El CDH Frayba señala que, desde mayo de 2022, los defensores tseltales fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio.
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El centro de derechos humanos destaca que desde la primera audiencia del juicio “se expusieron inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos”, como parte de lo que denominan “fábrica de culpables”.
Por ello, aseveran que con la nueva sentencia “se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México”.
“De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”, sostiene la organización de derechos humanos.
Abusos en la reclusión
El pasado 9 de abril, los cinco defensores de Cancuc, quienes se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) no. 5, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, participaron de una denuncia colectiva mediante la cual los reclusos señalaron una serie de abusos y violaciones a derechos básicos por parte de la dirección del penal.
Mediante una carta, reclusos señalan que, desde mediados de febrero, el CERSS no 5 tuvo un cambio de director. Tomó posesión José Hernández Márquez, a quien señalan por realizar una serie de cobros y extorsiones contra la población del penal.
Entre las denuncias, señalan que el nuevo director realiza cobros para el uso de diversas áreas del reclusorio, como el área conyugal, así como por derecho de piso y pago de cuotas por sacar a los internos a consultas médicas pues el CERSS carece de médico residente. También señalan extorsiones por ingresos generados en el interior del penal, como aquellos derivados por las donaciones a las iglesias y a oficios como una carpintería autogestionada por los presos.
Denuncian que Hernández recurre al acoso sexual hacia personal administrativo, internas, así como contra las visitas, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar su actuación actual y pasada, pues también yacen sobre él denuncias de corrupción mientras dirigía el CERSS no 16, ubicado en el municipio de Ocosingo.
Ante la nueva sentencia y las condiciones de reclusión que viven, los defensores tseltales enviaron una carta, dirigida a los tres niveles de gobierno, para exigir su libertad inmediata. “Nos han robado dos años de vida. Nos han robado dos años de estar con la familia, nos han robado la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad y la esperanza de obtener justicia”, sostuvieron en la misiva.
