En portada: Dora Roblero, directora del CDH Frayba, tras el allanamiento de su vivienda en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Frayba
La noche del martes (22), la vivienda de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue allanada.
De acuerdo al Frayba, quien manifiesta su preocupación mediante un boletín difundido este jueves (24), este hecho no es aislado y representa el segundo allanamiento contra miembros del centro de derechos humanos en un periodo de menos de 10 meses.
La organización destaca que esta agresión se enmarca en el contexto de un recrudecimiento en el riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en el estado sureño mexicano.
Además, destacan que este suceso se inscribe en un escenario marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistémica que han denunciado ante los gobiernos federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares a los miembros del Frayba.
Agresión directa
El allanamiento sucedió a las 19:52 horas, cuando una vecina se percató que la puerta de la vivienda de Roblero se encontraba abierta y, tras dar el aviso, advirtió ruido en la planta alta por lo que procedió a retirarse del lugar.
A las 20:30, integrantes del equipo del Frayba arribaron al lugar para dar acompañamiento y, a su llegada, percibieron diversos signos de irrupción: “las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera”, relata el boletín.
El Frayba destaca que, para las 21:30 horas, activaron el protocolo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, no obstante, “la respuesta institucional fue negligente y evasiva”, pues relatan que un agente estatal se comunicó y se limitó a recomendar que llamaran al teléfono de emergencias del 911.
Entre las 22:02 horas y las 23:00 horas, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar pero se limitaron a levantar una entrevista. Además, cuatro agentes de la Guardia Estatal arribaron al sitio, pero no activaron ningún protocolo de portección, retirandose del lugar.
“Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo”, sostiene el CDH Frayba.
Desprotección institucional
El Frayba enfatiza que este hecho forma parte de una serie de agresiones “que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios”.
El centro subraya que la omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional son parte de una “política sistemática de desprotección”, la cual pone en riesgo a las personas que defienden la vida y el territorio, en contradicción con la postura oficial del gobierno de Chiapas, “que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial”.
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Para el CDH Frayba, el allanamiento a la vivienda de Roblero representa una agresión directa contra el centro de derechos humanos y quienes les integran, en lo que perciben como una clara represalia por su labor de defensa y denuncia frente a las violencias que se ejercen contra los pueblos y comunidades en Chiapas. Cabe destacar que, el pasado 4 de julio, Dora Roblero fue ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo.
El centro de derechos humanos convoca a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente la violencia directa y estructural “promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas”, finaliza su comunicación.
