Organizaciones de la sociedad civil de Chiapas ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la situación de los más de 5 mil indígenas tsotsiles desplazados en la región límitrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó en la región de los Altos.
“Las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años, antes de la masacre de Acteal”
DENUNCIARON LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN QUE ASISTIERON AL LUGAR LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.
La misión recogió diversos testimonios de las personas que abandonaron sus hogares debido a la violencia de grupos armados. Según testimonios, tras el asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de Octubre de este año, se profundizó la violencia.
Durante las noches disparos de armas de fuego se convirtieron en la constante y desde aquella fecha familias asustadas dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios para alimentar a sus animales, hasta el día 5 de Noviembre cuando debido a la presencia de los grupos armados tuvieron que abandonar sus hogares.
La situación es crítica: Enfermos en un ambiente de falta de medicamentos y de atención medica urgente y adecuada; carencia de alimentos sanos y condiciones de salubridad que ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas. Pese a la publicidad oficial, la misión denunció la omisión del aparato estatal que ha agravado la situación de los desplazados que ya cuenta a cuatro niños y dos adultos fallecidos a causa del frío y hambre. Los niños fallecidos eran de las localidades de Pom, Canaluntik y Telmut. A la fecha, los pobladores de esos sitios siguen desplazados, igual que de Bolonchojón, Cruztón y tres parajes más.
Durante la conferencia de prensa se denunció la destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único camino pavimentado para llegar a la cabecera municipal. La destrucción de dicha carretera con maquinaria pesada es adjudicada a los grupos armados de Chenalhó, con la intención de sitiar a la población de Chalchihuitán. Actualmente se contabiliza a más de 200 hombres armados vigilando las carreteras que confluyen en la región. Debido a la imposibilidad de transitar con vehículos, la labor de solidaridad para la entrega de alimentos y medicinas ha sido obstaculizado y las personas que cruzan el camino lo hacen con miedo a ser asesinadas.
Como parte de los testimonios recabados, habitantes de Chalchihuitán denunciaron la existencia y operación de grupos armados en la región, sobre todo en Chenalhó, cuya actividad es permitida por las autoridades locales y federales. Señalaron también la responsabilidad de los partidos políticos a través de sus estructuras municipales y estatales que han cobijado la actuación de estos grupos armados en total impunidad.
Debido a los desplazamientos las comunidades perdieron la cosecha y no pueden ir a sembrar para la próxima temporada lo cual pronostica una crisis alimentaria en gran parte del municipio de Chalchihuitán.
El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. “Los alimentos los hacen llegar a la cabecera municipal, no a los campamentos de las personas desplazadas”. Inclusive están enviando las despensas que están rotuladas como apoyos para los damnificados de los terremotos de septiembre pasado, denunciaron los integrantes de la misión de observación.
Espiral de conflictos
El antecedente directo del conflicto que se vive actualmente proviene de las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios por más de 45 años. La raíz del conflicto la crea y construye el gobierno federal cuando dota de tierras primero a Chenalhó en 1935 pero no ejecuta la sentencia y después en 1973 dota a Chalchihuitán y ahí si se ejecuta la sentencia. Antes de la intervención del Estado, los dos pueblos vivían en paz. Al momento en que las autoridades federales irrespetaron los acuerdos de las autoridades tradicionales que señalaban un río como frontera entre los dos municipios, se sobreponen los límites territoriales y dan origen al conflicto actual.
Aunado a este antecedente, la misión enumeró otros factores que agravan la situación, entre ellos “las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 en la región; la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal; la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó; los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello, han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región”, destacaron los miembros de la misión.
Cabe recordar que desde el pasado 4 de Diciembre pobladores y autoridades de las comunidades de Chalchihuitán se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. A los pobladores indígenas se les fue negada la audiencia y fueron recibidos por funcionarios que hicieron promesas de ayudar a los desplazados, ayuda que aún no llega.
La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de Diciembre”; como lo refiere el acta de acuerdo, firmado por las autoridades de Bienes Comunales de San Pedro Chenalhó y por el Consejo de Vigilancia, así como por los presidentes del Comisariado Ejidales de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Martha que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla Los Chorros, de fecha 5 de Diciembre de 2017.
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Lo anterior evidencia que la firma del Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es ineficaz y fue sólo una estrategia mediática, que no resuelve el conflicto ni da atención prioritaria ante la emergencia por el desplazamiento forzado masivo de población.
Por su parte, la Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas denunció que “Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad”.
Ver el comunicado completo ⇒ Grave riesgos y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas
Solidaridad
Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.
Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. Correo: caritas@caritasancristobal.org
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