Por Bárbara Jerez Henríquez
Los nuevos diseños transnacionales que actualmente reconfiguran las regiones latinoamericanas abren camino para profundizar el avance de megaproyectos extractivistas en todo este territorio, incluyendo las cuencas transfronterizas donde aún se mantienen grandes reservas de bienes comunes naturales. En muchos casos se encontraban hasta ahora resguardados no sólo por la ubicación geográficamente aislada de gran parte de ellas, sino que por una serie de acuerdos bilaterales establecidos en décadas anteriores entre los gobiernos nacionales vinculados en estas zonas para evitar conflictos limítrofes, en los que se señalan desde el punto de vista de la soberanía nacional ciertas restricciones orientadas a la protección de estos espacios de cualquier intervención, o bien una utilización mancomunada de sus bienes comunes naturales disponibles en estos espacios.
En ese contexto, el aterrizaje de megaproyectos de diversa índole extractivista en numerosas cuencas transfronterizas en América Latina ha significado la proliferación de numerosos conflictos ecoterritoriales, como sucede actualmente en la frontera ecuatoriana-peruana, costaricense-nicaraguense, boliviana-brasileña, y en nuestro caso en las cuencas transfronterizas de la Patagonia andina argentino-chilena.
De esta forma, en la región patagónica emergió durante los últimos diez años un nuevo campo de territorialidades en conflicto entre los gobiernos nacionales, las corporaciones transnacionales y las sociedades civiles regionales de las que han proliferado en la última década numerosas movilizaciones sociales en contra de estos emprendimientos, donde la territorialidad constituye sin dudas el epicentro del conflicto en la Patagonia muy por sobre demandas nacionalistas-chauvinistas, cuyos actores en su conjunto develan el carácter socio y ecoterritorial del denominado conflicto socioambiental. En la Patagonia emerge, por consiguiente, una transfronterización de las territorialidades transnacionales y también -aunque en forma más paulatina- una transfronterización de las territorialidades provenientes desde las propias resistencias sociales.
Este trabajo se desprende de la tesis doctoral de la autora centrada en el conflicto acontecido durante los años 2009 y 2010 en dos cuencas transfronterizas de la región[1]. Se busca desde una perspectiva descolonial dar cuenta de las territorialidades en conflicto que emergen en estos escenarios manifestándose así la diversidad de visiones territoriales que tienen de la Patagonia y de las cuencas transfronterizas de la misma. Lo anterior se logra a través de una revisión documental y un extenso trabajo de campo en la Patagonia Andina, donde se aplicaron entrevistas en profundidad y semiestrucuradas a los diversos actores de dichos conflictos.
2. Un acercamiento a la expansión del extractivismo moderno/colonial en América Latina
Para comprender estas problemáticas es necesario partir de la base que en América Latina durante los últimos 20 años emergen nuevas manifestaciones de las hegemonías, emancipaciones y relaciones de poder que se entretejen en torno a la relación sociedad-naturaleza a nivel local y global que están íntimamente insertas en el marco de la profundización de un patrón capitalista (neo) extractivista, que desde una narrativa moderna/colonial marca tensamente las nuestras geografías de las diversas regiones norteamericanas a través de la implementación de planes y megaproyectos de intervención regionales, nacionales y transfronterizos en aquellas localidades consideradas estratégicas por sus abundantes reservas de bienes comunes naturales (Bottaro y Sola 2012; Seoane 2006) fundamentales para la reproducción de excedentes en las economías dominantes, como son los hidrocarburos, agua dulce, biodiversidad y minerales metalíferos, entre otros.
La subordinación de las regiones latinoamericanas al avance de los metabolismos extractivos de las modalidades del capitalismo contemporáneo conforma parte de la organización socioespacial de un sistema-mundo moderno-colonial (Mignolo 2007) que se estructura como un patron global civilizatorio que estratifica asimétricamente a culturas, territorios y saberes entre superiores e inferiores desde un patrón de división internacional y territorial del trabajo valorizado a partir de la colonialidad como el lado oscuro e intrínseco de la modernidad que reproduce un proceso histórico de dominación por sobre las culturas, historias, saberes, sujetos y territorios que han sido marginados y despojados. Este patrón colonial de poder redefine constantemente a nuestros países como enclaves primario-exportadores convertidos hoy en zonas de sacrificio para ser arrasados, despojados y destruidos en pos de un proceso de acumulación de riquezas que se exporta hacia los países industriales bajo retóricas de progreso y desarrollo como dispositivos de legitimación epistémica de estos procesos.
Ahora, cuando hablamos de extractivismo, nos referimos a la instauración de economías regionales, nacionales o locales sustentadas en megaemprendimientos que extraen de los territorios locales grandes cantidades de bienes comunes naturales disciplinados, funcionalizados y convertidos en “recursos naturales” para ser exportados hacia otras regiones en bruto, o con un muy limitado procesamiento, vendidos a precios muy bajos en comparación con su valor real de cambio y uso como mercancía. Al respecto, Gudynas propone una definición más resumida, donde conceptualiza al extractivismo de la siguiente manera:
… Los emprendimientos que remueven o extraen enormes volúmenes de recursos naturales, como minerales, hidrocarburos o agroalimentos, y que son exportados directamente sin ser procesados, o con un procesamiento o industrialización muy limitada (Gudynas 2010, 40).
El avance actual de la explotaciones petroleras, mineras, hidroeléctricas, sojeras, termoeléctricas, junto con las nuevas inversiones en infraestructura para dinamizar los flujos económicos del extractivismo significa una nueva fase de generación de economías de enclave, que se convierten en proveedoras de materias primas de exportación hacia las potencias económicas industrializadas globales, cuyas actividades no generan encadenamientos nacionales (Gudynas 2011a) y más bien generan la desvinculación de las economías y territorios locales, dejando graves impactos económicos, junto a la externalización de los costos ambientales y sociales (Gudynas 2011a). Estos procesos terminan por generar una desterritorialización que vuelve más vulnerables, precarias y dependientes las economías de los espacios y comunidades locales intervenidas.
Para hacer posible estos nuevos avances extractivistas en nuestros países -incluyendo las cuencas transfronterizas- se establecen una serie de iniciativas como los Tratados de Libre Comercio (TLC's), planes regionales de interconexión energética y de transporte multimodal como es a través de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)[2], y en forma especial con acuerdos específicos entre países fronterizos, como ocurre con el Tratado Minero entre Chile y Argentina. Así se instalan nuevos ordenamientos jurídicos que subordinan las constituciones nacionales y los acuerdos fronterizos previos para facilitar la explotación transnacional de los bienes comunes naturales abarcando también a las zonas fronterizas, dando paso así a nuevos ordenamientos jurídicos “supraestatales” diseñados a la medida de las necesidades de las empresas pasando a llevar las legislaciones existentes, y en desmedro de las comunidades locales.
Estos lineamientos van acompañados y complementados con legislaciones nacionales que de por sí se orientan a facilitar el despojo de los bienes naturales de nuestros países a través de la liberación de trabas arancelarias para la inversión extranjera en iniciativas a gran escala, la mercantilización de bienes comunes naturales como el agua y la tierra, permitiendo extensas y duraderas concesiones a privados, el establecimiento de legislaciones ambientales permisivas, blandas e ineficientes, junto a a dictaminación de leyes que criminalizan la resistencia social, generan franquicias tributarias, así como también para la liberación de parques ecológicos protegidos para ser explotados parte de sus bienes comunes naturales, etc.
3. Aproximándonos a la configuración de conflictos ecoterritoriales en cuencas transfronterizas
Ahora, para entender con mayor precisión los conflictos existentes en aquellos territorios intervenidos por megaemprendimientos extractivistas, partimos de la base que en estos complejos escenarios se entretejen tensas relaciones de poder asimétricas que se manifiestan a través de lo que definimos como “conflictos ecoterritoriales”, un concepto con el que -apoyándonos en el giro eco-territorial que propone Svampa (2012)- procuramos dar cuenta de la emergencia de conflictos que se caracterizan por articular y potenciar transversalmente aquellas demandas socioterritoriales comunitarias -principalmente provenientes de las colectividades campesinas y de los pueblos originarios- con las demandas socioambientales ciudadanas (Svampa 2012) frente a la sobrexplotación y agotamiento de la naturaleza en los territorios locales por las grandes corporaciones y los Estados nacionales. En estos escenarios se ponen en juego las diversas territorialidades locales (Jerez 2013) y globales que se levantan y tensionan en torno a la instauración de megaproyectos extractivos que ponen en tela de juicio las formas de vivir y reproducir los territorios, junto a su proyección hacia el futuro.
También nos referimos a estos conflictos como “ecoterritoriales” (Jerez 2015) porque surgen a partir de las pugnas de territorialidades que emergen por la instalación de megaproyectos extractivistas en las comunidades locales latinoamericanas, ubicándolos a su vez dentro de la tipología de “conflictos socioterritoriales” que también abarcan otros conflictos territorializados, como el narcotráfico, la lucha de los pueblos originarios frente a los Estados por sus tierras ancestrales, conflictos agrarios por tenencia de la tierra, etc. En estos casos se ponen en juego las territorialidades globales y locales en un espacio geográfico común, a través de la tensión de relaciones de poder asimétricas explícitas para imponer una determinada manera de geo-grafiar y producir espacio, en nuestro caso, por geo-grafiar y territorializar las cuencas transfronterizas argentino-chilenas de la Patagonia.
Ahora, referirse a zonas transfronterizas nos remite a los vínculos locales que traspasan las fronteras nacionales (Gernaert 2006), pues las zonas transfronterizas constituyen espacios de influencia e interacción socioterritorial que tienen un radio de acción que trasciende más allá de las fronteras, por lo que “… hablar de relaciones transfronterizas nos lleva a pensar en un sistema de intercambio y relaciones como un puente que pasa sobre los límites políticos o simbólicos, sin olvidar que éstos existen” (Gernaert 2006, 7).
La idea de zonas transfronterizas nos lleva a comprender las realidades de estos territorios más allá de las limitaciones jurídicas, políticas y administrativas de cada Estado, trascendiendo las representaciones sociales que las fronteras nacionales imponen en los territorios locales, y entender las relaciones fronterizas como espacios de intercambio, de interdependencias socioculturales y económicas que existen en las comunidades locales más allá de los límites de las soberanías nacionales respectivas, aunque en plena interacción con éstas.
Por otra parte, el contexto territorial transfronterizo del conflicto en que nos enfocamos en la Patagonia, nos incita a definir a estos conflictos como “conflictos ecoterritoriales transfronterizos”, tratándose de conflictos por iniciativas extractivistas ubicadas cerca de la frontera entre dos o más Estados-nación, o bien en plena frontera, generando impactos de diversa índole de manera bifronteriza en los bienes comunes naturales y en las comunidades locales. Tal es el caso de la minería fronteriza, centrales hidroeléctricas, emprendimientos petroleros en numerosas cuencas compartidas, como en este caso nos referimos a la Patagonia Andina.
4. La importancia geoestratégica de las cuencas transfronterizas de la Patagonia Andina
Las cuencas transfronterizas de la Patagonia argentino-chilena constituyen una región estratégicamente intervenida por grandes empresas transnacionales interesadas en extraer las riquezas naturales de estas zonas, las cuales se caracterizan por pequeños poblados que poseen una bajísima densidad poblacional (en promedio no más de 2 habitantes por km2) junto a una gran biodiversidad endémica -y en muchos casos prácticamente vírgenes- dadas las extremas condiciones de aislamiento geográfico y la agresividad climática de la región.
La Patagonia es un territorio que cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce continentales contenida en sus numerosos ríos, glaciares, campos de hielo y lagos binacionales que cruzan las fronteras patagónicas, conformando valles que cobijan a pequeñas comunidades Mapuche, mestizas y descendientes de colonos europeos que conviven ahí a partir de relaciones sociales basadas primordialmente en la subsistencia y explotación a baja escala de los ecosistemas locales. En estas cuencas binacionales australes sus habitantes locales se dedican mayoritariamente a la pequeña ganadería, una incipiente agricultura, el comercio local, de los planes sociales de los Estados y de un creciente ecoturismo y turismo rural.
En la última década han existido en carpeta a lo largo de toda la Patagonia Andina numerosos megaproyectos de minería metalifera y de centrales hidroeléctricas en ambos lados de la frontera, donde muchos de estos emprendimientos fueron detenidos por las movilizaciones de la ciudadanía. Un emblemático ejemplo es el caso de la minera El Desquite en la localidad argentina de Esquel[3], y recientemente con la detención del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén en la región chilena de Aysén. En otras experiencias los proyectos en cuestión lograron instalarse, como sucedió con las mineras transnacionales en el municipio de Perito Moreno en la provincia argentina de Santa Cruz.
Al aislamiento geográfico, es necesario agregar que para el caso de megaproyectos en territorios pertenecientes a cuencas hidrográficas transfronterizas adquiere fuertes implicaciones geopolíticas, ya que su instalación se ejecuta omitiendo, ignorando y violando los acuerdos binacionales previos para el manejo de estos territorios, lo que implica una desterritorializacion no sólo de las comunidades fronterizas, sino que también de la soberanía y territorialidades de los propios Estados involucrados. Más que la apertura de fronteras, lo que aquí se constituye en un problema es que estas desterritorializaciones abren paso a la profundización del despojo de los bienes comunes naturales de las comunidades locales y los Estados nacionales, el aumento de la contaminación de estos territorios, la profundización de las exclusiones sociales y ecoterritoriales ya existentes, junto con el despojo y desplazamiento de sus habitantes.
5. Represas hidroeléctricas y Minería en las fronteras Patagónicas: Imposición de Nuevas territorialidades extractivistas
Una nueva “fiebre del oro patagónico” ha adquirido fuerza a partir de los años 90, principalmente en este nuevo decenio dados los nuevos hallazgos de oro y plata descubiertos en las fronteras andinas de la Patagonia Sur, y al fortalecimiento de las políticas neoliberales en los gobiernos de Chile y Argentina que van liberando los territorios fronterizos de los marcos legales que los protegen y regulan para la explotación de sus bienes comunes naturales. Una prueba concreta es el Tratado Minero entre ambos países en el año 1997 (Ministerio de Minería 2010), el cual establece un nuevo marco de acuerdos que se superponen a los cuerpos jurídicos nacionales respectivos para facilitar la extracción minera transnacional en la frontera andina de ambos países, un territorio que abarca prácticamente toda la frontera patagónica.
Este acuerdo configura un tercer estado en las zonas cordilleranas argentino-chilenas liberando de dobles tributaciones y restricciones para la utilización de las infraestructuras multimodales para la exportación de los minerales extraídos del territorio, al igual que la liberalización del uso de las reservas acuíferas disponibles en la cordillera (como ríos, lagos y glaciares) para la producción minera, la creación de una comisión administradora con amplias atribuciones legislativas y jurisdiccionales para ampliar el ámbito de aplicación de dicho tratado (como una especie de tercer país virtual en plena frontera binacional), constituyendo un nuevo tipo de jurisdicción de carácter supranacional (Luna, Padilla y Alcayaga 2004) que libremente extraiga y despoje a las comunidades ocales y a ambos países de los bienes naturales de la zona.
Afortunadamente, un grupo de senadores chilenos levantó una demanda por inconstitucionalidad del tratado, la que pese a haber sida rechazada, logró que se eliminaran algunos aspectos fundamentales de tratado como la jurisdicción de la comisión administradora del mismo y la falta de jurisdicción de los tribunales chilenos para acordar servidumbres mineras a los proyectos mineros ubicados fuera de dicho país (Luna, Padilla y Alcayaga 2004). Pese a ello, el tratado existe y otorga una serie de facilidades para intervenir las cuencas transfronterizas para la bulimia minera que se expande por todos los Andes del Sur.
En la Patagonia Andina IIRSA tiene presencia a través del llamado Eje del Sur, que plantea la modernización de infraestructura multimodal, principalmente puertos, pasos fronterizos y carreteras, así como la implementación de megaproyectos turísticos a gran escala; y el misterioso Eje Andino del Sur que supuestamente no tiene proyectos aún, pero posee la misma forma geográfica del tratado Minero chileno-argentino, y que estaría orientado a la modernizacion de la infraestructura de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile para abaratar costos y acelerar los flujos comerciales de la exportación de los bienes naturales extraídos en ambos países hacia los puertos del Pacífico y el Atlántico.
En el caso concreto de las represas hidroeléctricas, a partir de los años '90 aparecen a la luz publica numerosos megaproyectos en dichas cuencas binacionales, especialmente por el lado chileno de ellas, situación que se ha profundizado en este decenio presentándose numerosas solicitudes de derechos de aguas y de estudios de impacto ambiental para su implementación en la mayoría de los ríos torrentosos de las cuencas compartidas de la Patagonia.
Algunos de estos proyectos que están situados en las cuencas hidrográficas transfronterizas en la zona son el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén (en la cuenca del río Baker y río Pacua, Región de Aysén, Chile), el megaproyecto La Elena (río Corcovado, Provincia de Chubut, Argentina), y el proyecto Mediterráneo (En el río Puelo, Región de Los Lagos, Chile) provocando diversas reacciones y resistencias sociales en estos territorios, teniendo como consecuencias distintos escenarios, pues en el primer caso se logró gracias a una fuerte movilización a nivel nacional el rechazo por parte del segundo gobierno de Bachelet (aunque en su primer gobierno fue ampliamente promotor de este megaproyecto); en el segundo caso el proyecto se encuentra detenido temporalmente mientras resuelven algunos temas operativos del mismo; y en el tercer caso el proyecto fue aprobado en primea instancia, faltando algunos requerimientos adicionales para su aprobación definitiva, en medio de una creciente y notoria resistencia social transfronteriza, especialmente en las comunidades argentinas de la cuenca del Lago Puelo.
Las autoridades gubernamentales de ambos países mayoritariamente se han encargado de construir un discurso legitimador de estos megaproyectos, argumentando la oportunidad de desarrollo local y generación de empleo que traerían al territorio, la crisis energética que existiría en Chile y Argentina, y que se abastecería de energía a la región, situación que de acuerdo a experiencias previas, en la práctica las comunidades suelen quedar marginadas del abastecimiento energético producido por estos megaemprendimientos y la energía producida hacia otras regiones, donde son ejemplares los casos del Lago Chapo en la chilena región de Los Lagos y el dramático caso de la central hidroeléctrica Ralco, que convirtió al municipio de Alto Bío-bío (en la región del mismo nombre) en uno de los que presentan mayores índices de pobreza en Chile.
Otro aspecto relevante es la intervención social territorial que van tejiendo estas empresas para legitimar la extracción de bienes comunes naturales en la Patagonia –y las externalidades negativas que estos procesos conllevan- así como para abrirse paso entre los espacios de poder locales y regionales. Estas corporaciones han implementado en las comunidades locales de interés una serie de programas y proyectos de carácter asistencial para cooptar a la población y obtener las licencias sociales a través de la entrega de becas, financiamiento de festividades populares locales, entrega de recursos para microemprendimientos, de canastas familiares, etc. Aprovechando los vacíos y debilidades del Estado, y las problemáticas sociales existentes en las comunidades afectadas.
Estas iniciativas se encuentran -hasta la fecha- mayoritariamente en fases de exploración y en procesos de estudios de impacto ambiental, cuya concreción traería concretamente numerosos perjuicios a las cuencas en cuestión, como es la devastación de los ecosistemas, el arrasamiento de las pequeñas economías locales agropecuarias, imponiendo nuevos patrones de acumulación y de exclusión. Además se generarían cambios sociales por las nuevas relaciones de poder que se generarán con las transnacionales, así como la llegada de miles de trabajadores para la construcción y explotación de los megaproyectos en forma temporal con precarias condiciones laborales.
A ello se adiciona al posible colapso los servicios públicos frente al aumento de las necesidades de la población por la profundización de problemáticas como alcoholismo, drogadicción, violencia, la pobreza local, hacinamiento, desempleo, etc. De esta forma, se impone una territorialidad que obligaría a las comunidades locales a un forzoso cambio vocacional de sus espacios y formas de vida, transformando los ecosistemas al servicio de las necesidades de los capitales externos, dejando a las comunidades los costos ambientales, sociales y económicos de estos megaproyectos.
Dichos megaemprendimientos tienen la ventaja de que los Estados argentino y chileno poseen legislaciones ambientales flexibles y blandas, además del mencionado Tratado Minero que libera de numerosas trabas a las transnacionales para que exploten las riquezas mineras e hídricas en la zona. A ello se suma el tráfico de influencia existente entre las empresas con las autoridades nacionales y locales, la pobreza y desempleo que afecta a las comunidades, lo que orilla muchas veces a sus habitantes a aceptar las mermadas compensaciones económicas que se ofrecen en estos contextos, o bien trabajos precarios y riesgosos para aliviar temporalmente las debilitadas economías familiares. También los frágiles tejidos sociales están muy vulnerables a la cooptación y la división social por conflictos internos de las mismas, así como el aumento de la represión y criminalización de la resistencia social. Todas éstas constituyen circunstancias que son aprovechados por las empresas para debilitar las opciones de organización y resistencia.
Estas estrategias corporativas para garantizar la implementación de la minería e hidroelectricidad en la región configuran nuevos espacios de poder políticos territoriales supra nacionales y subregionales que van capturando los espacios locales ricos en bienes comunes naturales para sí, rediseñándolos para la acumulación neocapitalista bajo matrices de dominación coloniales que subordinan a las sociedades locales y los gobiernos nacionales (Machado 2013).
6. Resistencias sociales locales y transfronterizas en la Patagonia Andina
En la Patagonia Andina se levantan en forma paralela a las territorialidades transnacionales extractivistas otras territorialidades que emergen desde la polifonía de actores que desde diversas perspectivas se movilizan en oposición a la implementación de megaproyectos extractivistas en estas cuencas. Esta diversidad abarca desde las narrativas que reivindican las formas de vida locales que han existido históricamente en estos espacios como herencias de las generaciones antepasadas de los primeros colonos de la Patagonia, o bien estas mismas retroalimentadas con nuevas experiencias y perspectivas de convivencia de las comunidades con los ecosistemas patagónicos basadas en la subsistencia y la relación armónica con el entorno social y natural, junto a una fuerte resistencia conservacionista que tiene una determinante influencia en estas cuencas.
Dentro de los actores que protagonizan estos procesos de resistencia encontramos a las pequeñas comunidades Mapuche (especialmente en las localidades de la Patagonia Argentina) que luchan por subsistir en sus territorios con formas de vida basadas en la tierra como eje central de su existencia como comunidad, reivindicando la pertenencia de los pueblos a la madre tierra y no la superposición de los primeros sobre la segunda. También algunas pequeñas comunidades campesinas mestizas que conviven en los mismos espacios, las cuales luchan por defender sus formas de vida locales radicadas en la ganadería y agricultura a pequeña escala; actores descendientes de colonos europeos que se han enraizado en la Patagonia andina con otras identidades locales, pero que también se ven amenazadas con la imposición territorial-colonial del capitalismo transnacional que rompería sus economías y cotidianeidades.
Además, existen otros actores como numerosos operadores de turismo rural y ecoturismo que han emprendido estas actividades en la zona aprovechando los grandes espacios de biodiversidad de los ecosistemas patagónicos para emprender estos emprendimientos turísticos, junto a los nuevos capitalistas “conservacionistas” que, como dueños de extensas tierras patagónicas (como es el emblemático caso del magnate estadounidense Douglas Tompkins) ven amenazados sus espacios, por lo que han formado parte también de las resistencias. Por otra parte, ha sido importante el aporte de diversos actores del mundo académico de distintas universidades que han apoyado las numerosas asambleas y coaliciones que ejercen acciones de resistencias frente a la minería y represas en la Patagonia Andina. Y también en estas luchas juegan un rol fundamental (especialmente en la Patagonia argentina) los jóvenes llegados y avecindados desde las ciudades del centro del país que se asentaron en la comarca andina argentina desde hace varias décadas atrás, así como de numerosos otros actores de las sociedades civiles regionales, y del resto de ambos países.
Un elemento importante es la tendencia latente, pero paulatina hacia una transfronterización de la resistencia que se va configurando frente a la proliferación progresiva de emprendimientos extractivistas a gran escala en estas cuencas. Ello responde a que los impactos de estas iniciativas repercuten intrínsecamente en ambos lados de la frontera, y al hecho que las comunidades locales fronterizas han entretejido entre si históricamente estrechas relaciones sociales, económicas y culturales, como parentescos directos, cooperación y reciprocidades de las economías locales, los orígenes comunes de las migraciones que poblaron las cuencas transfronterizas; todo ello e el marco del acentuado grado de aislamiento de estas comunidades los ha llevado también a establecer estrechos lazos de cooperación con los poblados cercanos.
Un elemento fundamental para entender estas resistencias territoriales lo constituyen algunas experiencias anteriores de conflictos ecoterritoriales en la región (como fue el caso de la instalación de la planta de aluminio ALUMYSA en la chilena región de Aysén, el movimiento antinuclear de Chubut MACH en contra de la instalación de un basurero nuclear en la argentina localidad de Gastre, el No a la Mina en Esquel por mencionar algunos casos) donde los actores y organizaciones movilizadas en el territorio han establecido ciertas redes de comunicación y apoyo con sus contrapartes trasandinas respectivas que quedaron en las memorias de las resistencias, constituyendo redes que se reactivan, que con las nuevas tecnologías de información (principalmente internet) y las relativas mejoras de la conectividad vial, se facilita la interacción social transfronteriza.
Sin embargo, las dificultades de transporte, el extremo aislamiento geográfico de la mayoría de estas cuencas transfronterizas, y la falta de recursos dificultan una interacción constante y la conformación de estructuras organizativas sólidas y permanentes entre los actores de ambos lados de la frontera, de acuerdo a lo que las mismas organizaciones plantean[4]. Pese a ello, existen acciones colectivas concretas, redes de apoyo y una circulación de información que cada día muestra mayor dinamismo.
Frente a la multiplicación de megaemprendimientos extractivistas en la zona proliferan numerosos espacios de resistencia transfronterizos como parlamentos, encuentros y numerosos foros donde participan voceros de las diversas asambleas, coaliciones y organizaciones locales en contra de las iniciativas extractivistas en cuestión, donde comparten sus experiencias, intercambian información y fortalecen redes de apoyo frente a los numerosos proyectos en carpeta en la región en ambos lados de la cordillera. Agrupaciones como “Mujeres sin frontera” en defensa de la cuenca binacional del Lago y rìo Puelo constituyen un caso de organización transfronterizo en contra de la instalación de megaproyectos hidroeléctricos en la zona.
Sin embargo, no consideramos prudente plantear la plena existencia de movimientos sociales ecoterritoriales transfronterizos, ya que lo que evidenciamos es más bien la existencia de determinadas acciones colectivas puntuales de carácter transfronterizas, pero no de una organización social plena y articulada de manera transnacional, pese a que existen algunas experiencias concretas, como la de Mujeres sin fronteras y otros casos en que se apoyan movilizaciones de uno u otro lado de la frontera. Lo que sí podemos afirmar plenamente es la existencia de un campo fertil para ello en este escenario de conflictos ecoterritoriales transfronterizos en la Patagonia.
7. A modo de conclusión
Estos nuevos escenarios que se configuran en la Patagonia, constituyen una muestra de las nuevas territorialidades extractivistas que actualmente se instalan en América Latina, escenarios en los que consideramos de gran importancia situar estas nuevas contradicciones y luchas sociales desde una discusión territorial como plataforma teórica y práctica de análisis que aborde sus implicaciones binacionales, globales y locales, y de esta manera, entender –en nuestro caso- a la Patagonia a partir de sus tradicionales territorialidades transversales intercordilleranas, y no solamente desde miradas verticales y uninacionales Norte-Sur, que más bien responden a las historiografías y territorialidades hegemónicas para entender de una manera parcializada y des-regionalizada a la Patagonia.
Es necesario sacar a la luz púbica las dimensiones locales-comunitarias de los levantamientos sociales que existieron en la Patagonia, especialmente en el lado chileno donde la discusión nacional en torno a los megaproyectos extractivistas que acontecieron en las cuencas transfronterizas y visibilizar estos conflictos dentro de una mirada extractivsta transfronterizas superando aquellos análisis que ubican a los conflictos abordados en este trabajo como casos de estudios aislados y enfocados a nivel eminentemente local. Carentes de perspectivas regionales y geopolíticas.
A partir de esta investigación consideramos importante sacar a la luz pública las dimensiones descoloniales de este conflicto que conviven de manera marginal con los dominantes discursos centralistas que interpretan desde un enfoque meramente conservacionista estos sucesos en la Patagonia, donde la voz de los actores y organizaciones meramente patagonas quedan en un segundo y tercer plano. Sus narrativas de resistencias reivindican las formas de vida local, la preservación de sus tejidos sociales y convivencias cotidianas, además del saqueo de sus territorios donde por supuesto que existe una importante dimensión ecológica de las resistencias en torno a la protección y sustentabilidad de la utilización de los bienes comunes naturales de las cuencas compartidas de la Patagonia, pero es parte de la polifonía de las perspectivas desde las cuales se levantan las resistencias en estos conflictos regionales.
Por ello es necesario volver a leer los conflictos ecoterritoriales en estas cuencas desde el propio lugar o locus de enunciación (Mignolo 2003) del cual provienen, desde las historias locales y colonialidades territoriales globalizadas que en su conjunto nos permiten visibilizar a la Patagonia mucho más que como una mercancía, una marca territorial ecoturística o como una reserva de biodiversidad para preservar a espaldas de las comunidades patagonas.
Y finalmente, estos nuevos escenarios de avance extractivista y de resistencias transfronterizas dan muestra de las nuevas configuraciones geopolíticas de la acumulación transnacional, en las cuales se avanza hacia zonas más aisladas, y en este caso, cuencas hidrográficas transfronterizas que hoy día se van liberalizando de diversas formas en nuestros países, a través de la modificación de los distintos marcos legales nacionales y binacionales que previamente los protegían para funcionalizar estas zonas a disposición de las corporaciones transnacionales, y en desmedro de las comunidades locales y de los propios Estados nacionales.
Por Bárbara Jerez Henríquez
Doctoranda en Estudios Latinoamericanos, UNAM
barbarajerezh@gmail.com
Un versión de este texto fue publicado en revistanuestramerica.cl
Notas
[1] Este trabajo se desprende de la tesis doctoral en elaboración “(Des) colonialidades espacio-territoriales y conflictos extractivistas en cuencas transfronterizas: El caso de la Patagonia Andina 2009-2010”, para optar al grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México.
[2] Esta iniciativa macroregional constituye un plan de articulación y modernización de infraestructuras multimodales a gran escala cuyo objetivo es agilizar el transporte de mercancías (principalmente materias primas extraídas localmente como commodities) y la explotación de los bienes comunes naturales (represas, minería, turismo a gran escala, maquiladoras, hidrocarburos, etc) en toda Sudamérica. Para mayor información, sírvase visitar www.iirsa.org
[3] “El Desquite” era un megaproyecto de minería a cielo abierto para extraer oro bajo livixiación con cianuro en la zona cordillerana de la localidad de Esquel, en la provincia argentina de Chubut, y a menos de 100 kms de la frontera con Chile. Se levantó un inédito movimiento social que desembocó en un plebiscito en el que la comunidad rechazó con más de un 88% de los votos a la minera, lo que terminó con el retiro del proyecto en el año 2003.
[4] De acuerdo a los testimonios de diversas organizaciones patagónicas como las organizaciones del lado chileno Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelche, Agrupación Ambiental y Cultural Antukulef, la agrupación “Defensores del Espíritu de la Patagonia”, y la Asamblea de Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Argentina)
Ministerio de Minería. 2010. Tratado sobre la Integración y Complementación minera entre la República de Argentina y la República de Chile. Disponible en:
http://www.camarco.cl/documentos/Presentacion_Subsecretario%20_Wagner.pdf?PHPSESSID=267481c7da66ccdc94e38c5a27c9be18 (consultado el 20 de abril de 2015).
Seoane, José. 2006. “Movimientos Sociales y recursos Naturales en América Latina: Resistencias al Neoliberalismo, configuración de alternativas”. Revista Sociedade e Estado 21 (Enero-Abril): 85-107.
Svampa, Maristela. 2012. “Hacia una gramática de las luchas en América Latina: Dimensiones de la acción y giro Eco-territorial”. Nostromo 5 (Otoño 2011-Primavera 2012): 77-93.
