Crisis de desplazamiento en Chiapas: 2,300 personas huyen de violencia del crimen organizado

En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

Desde aquel día, retoma el CDH Frayba, cuando en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados, también se registraron desaparición de personas, homicidios y reclutamiento forzado; eventos que han generado pánico colectivo debido al miedo permanente por la violencia que permea la región.

Aunado a los perjuicios de la acción de grupos armados, el día posterior, 16 de enero, la población civil, en un intento de resguardo resistió el ingreso de elementos del ejército y Guardia Nacional, “siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno”, resalta la organización.

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Pese al reto y dificultades para documentar los estragos, el CDH Frayba confirmó la existencia de los miles de desplazados, quienes se refugian en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, e incluso de algunas más que han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Campeche.

Labores de documentación de organizaciones de derechos humanos en Chiapas.

Son familias desplazadas de 21 comunidades del municipio de Chicomuselo: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas.

Así como de las comunidades de El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro, pertenecientes al municipio de La Concordia. A ellas se suman Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor del municipio Socoltenanco.

“Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades”, destaca el boletín del CDH Frayba.

Para la organización, la situación no es nueva, pues ha denunciado la agudización de la violencia en dichas regiones, la cual sigue aumentando y generando una diáspora. “Tan solo en el mes de junio del año 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10,000 personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas”, sostiene.

Por último, denuncia que, ante la emergencia, es la sociedad civil de los municipios donde arriban los desplazados quienes laboran para brindarles techo, cobijo y alimentos, “en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar ‘personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo’”, reclama.

Pobladores impiden el paso a las Fuerzas Armadas por su ineficiencia.

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