En portada: Miles de migrantes haitianos se encuentran en la ciudad de Tapachula, en condiciones precarias, mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio. Foto: Santiago Navarro F
“No nos abandonen a nosotros aquí”, comparte indignado un hombre con voz entrecortada. A su alrededor, aproximadamente 3,000 personas, adultos y niños haitianos procedentes de Sudamérica, se refugian del inclemente sol en la explanada del Estadio Olímpico en la ciudad de Tapachula, al sur de México.
El escenario es desalentador. Las personas migrantes no cuentan con ningún servicio básico y se encuentran hacinados. No hay acceso a agua potable, tampoco comida ni servicios médicos. Apenas algunos baños portátiles que bordean el sitio, desde donde se desprende un fuerte hedor por la falta de mantenimiento, mientras la acumulación de basura cubre el piso. Es solo mediante la propia auto organización de las personas migrantes que consiguen paliar algunas de sus necesidades.
Todos aguardan formados en filas, soportando las altas temperaturas, el hambre y las enfermedades, con la promesa de abordar un autobús que les permitirá salir de Tapachula. La ciudad fronteriza se ha convertido en una cárcel para los migrantes, pues pese a solicitar refugio a las instituciones de migración, estas no ofrecen respuesta. Peor aún, la falta de información por parte de las autoridades ha derivado en una situación caótica en la que miles de personas han buscado desesperadas la forma de continuar con su viaje.
Foto: Santiago Navarro F 
Foto: Aldo Santiago 
Foto: Aldo Santiago
“Estamos durmiendo sobre la mierda”, nos cuenta furiosa una mujer adulta, quien también señala la aparición de gusanos entremezclados en la basura y en los espacios que los migrantes ocupan para descansar. “Mucha gente (está) con gripa, fiebre, no hay luz. Estamos durmiendo dentro de la basura”, recalca otra migrante sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran miles de personas.
“No he visto mucha organización ni presencia de nadie”, nos cuenta Laura Benítez coordinadora de proyecto de la organización GRM (Global Response Management), refiriéndose a las autoridades migratorias. Para ella, quien hace parte de una brigada médica que ha acompañado distintas caravanas en los años recientes, la actual crisis migratoria está alcanzando nuevos niveles, a la par de la nula respuesta por parte de las autoridades.
“Solo hubo como unos elementos de la Guardia Nacional el lunes, pero para mantener el orden me imagino (…) pero, así como realmente para venir a asistir a la gente, (...) yo no he visto a nadie”, refiere Benítez con respecto a las problemáticas de salud que se presentan entre los migrantes.
“Lo principal son niños con fiebre, gripe, tos, algunos problemas en la piel de alergia, por ejemplo, igual los adultos (…) la gente está esperando aquí horas, días bajo el sol. No se alimentan bien, no toman suficiente agua. Están deshidratados y con el calor pues nos ha tocado ver niños con más de 39 (grados) de temperatura”, relata sobre la emergencia de la situación en el lugar donde llegaron a aglomerarse hasta 10 mil personas.
Caos
De acuerdo a Karen Martínez, coordinadora de la oficina del Servicio Jesuita de Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), fue a finales de noviembre cuando, debido a la incapacidad de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur para agilizar las solicitudes de refugio, de manera extraoficial se difundió la noticia de que en esa misma oficina de Tapachula se realizaban traslados para reubicar a los migrantes a otros estados de la república.
Esto provocó que en cuestión de minutos 10 mil personas inundaran el lugar, por lo cual las autoridades, “al verse rebasadas, los mandaron a que fueran al estadio para hacer una fila y que ahí les iban a decir cómo se iban a ir”, contextualiza Martínez, quien considera que esta respuesta derivó en una situación caótica.
“Ha sido la verdad que muy triste ver las condiciones en que las personas se encuentran, el estadio se llenó y ha causado incomodidad, tal vez para muchos, pero es la única forma de presionar al Instituto Nacional de Migración (INM)”, detalla.
Fue hasta ese momento, el 28 de noviembre pasado, cuando el INM publicó un comunicado en el cual precisó que, para desahogar la concentración masiva de personas extranjeras de Chiapas, dicha institución agilizaría “el traslado de los procesos de regularización a otras entidades, a fin de emitir y entregar visas humanitarias de manera expedita y ordenada”.
“De ahí para atrás (las autoridades migratorias) nunca se pronunciaron y todo fue información extraoficial de personas que sí se movieron en estos traslados y que no sabemos más de ellos”, señala Karen Martínez, contrastando la versión oficial que habla de un traslado ordenado y seguro a otros estados del país.
“Migración llega una hora dice una cosa, en otra dice otra. Son tres filas. Llegaron ayer y dijeron que personas que tienen hijas tiene prioridad. ¿Pero las personas que llegaron antes?, se quedan en la fila”, denuncian testimonios recogidos en el estadio por el equipo de este reportaje, los cuales complementan la perspectiva de la JRS, para quien la situación se agrava en un contexto de desinformación, aunado a la aplicación de políticas migratorias que más allá de dar una respuesta, se ven volcadas a la contención migratoria.
Comar, rebasada
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre enero y noviembre del 2021, solo el estado de Chiapas recibió casi 50 mil solicitudes de refugio para un total de 90,038 personas extranjeras.
Del total de solicitudes, registradas tanto en la frontera norte y sur de México, el 38% corresponden a nacionales de Haití, lo que posiciona a las personas del país caribeño en el primer lugar en cuanto a cantidad de trámites para obtener refugio.
No obstante, la mayoría de ellos no proviene de su país natal, sino realizan el viaje desde hace meses o incluso años desde otros países de Sudamérica como Chile, Brasil y Argentina. De acuerdo a Karen Martínez de JRS, el hecho de que las personas de Haití continúen migrando tiene que ver con la xenofobia y las represalias contra las personas migrantes que se repiten en distintos lugares del continente, así como también en México.
Para Martínez, la población de Haití ha sido la más expuesta en Tapachula debido a que no les resta otra opción si quieren regularizar su estatus migratorio más que la de solicitar refugio. Ella puntualiza que este procedimiento a cargo de la Comar ha sido muy tardío, lo cual ocasiona que las personas se estanquen en Tapachula al no contar con ningún documento que respalde su estadía y posibilite su traslado a otras partes de México.
“La ley dice que todas las personas que estén sujetas a un procedimiento administrativo pueden ser acreedoras a un documento de regularización migratoria, en este caso las personas directamente solicitan una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esta tarjeta la emite directamente el INM y esta tarjeta te acredita que tú puedes transitar por todo el país durante todo un año y no tengas, aparentemente, ningún problema por desplazarte internamente en el país de manera regular”, contextualiza.
Sin embargo, las oficinas de migración solo registran disponibilidad de citas hasta marzo y abril del próximo año. Mientras, las personas migrantes, quienes se encuentran en Tapachula contra su voluntad, permanecen sin trabajo, sin alimentos ni hogar, prácticamente en situación de calle, esperando tiempos prolongados para la respuesta por parte de las autoridades migratorias.
“Ante esta situación, empiezan a generarse estas nuevas caravanas saliendo de Tapachula (…) estas llamadas caravanas tienen repercusión de contención directamente con Guardia Nacional, con INM, en donde ha quedado evidenciado las graves violaciones a DDHH a las que las personas migrantes se han expuesto”, enfatiza Martínez sobre la respuesta violenta demostrada en las políticas migratorias del gobierno federal.
¿Reubicación?
“Estamos en miseria. Nosotros no somos animales”, nos cuenta otra migrante cuando preguntamos sobre su situación. “La migración tiene que sacarnos de acá, porque si quedamos vamos a morir de hambre, deshidratados, con enfermedades”, complementa, mientras la mayoría de los entrevistados concuerda que hay falta de información por parte de los funcionarios de migración, quienes en ocasiones son avistados en las proximidades del sitio, evadiendo los cuestionamientos de los presentes.
De acuerdo a los testimonios, la actitud del INM se basa en la inoperancia. Pese a que dicha institución prometió el envío de entre 50 y 70 autobuses para trasladar a los miles de migrantes, durante el transcurso de la semana solo se avistaron tres de ellos.
“(En la autopista) Ahí se estaban concentrando los autobuses el lunes, entonces la gente se fue para allá porque como que se dio cuenta que no iban a llegar aquí [en el estadio], entonces hay mucha gente allá que está esperando y que está durmiendo ahí, ya sabes, las mismas condiciones, ahí bajo el sol todo el día, está difícil”, cuenta Benítez, quien ha escuchado testimonios de los migrantes acerca de que los autobuses se dirigieron hacia San Luis Potosí, Guadalajara y Puebla.
Por su parte, Karen Martínez confirma, mediante informaciones extraoficiales, la existencia de los traslados, pese a la nula información de las autoridades migratorias sobre el destino de los mismos. “Sí nos han dicho que han llegado a Querétaro y muchos de ellos nos han dicho que, incluso, había personas que nos habían compartido que los habían dejado en Veracruz y que después de eso se acercaron para ver si había una oficina para regularizarse y la información fue ‘mejor muévanse, aquí no hay manera de regularizarse y busquen en el camino’”, relata preocupada pues aún no se tiene certeza sobre hacia dónde se están llevando a cabo las reubicaciones.
“Es una situación que se salió de control y que están buscando la forma de hacer estas rutas inciertas porque en realidad, hasta el día de hoy yo no conozco una información detallada de quiénes son, a dónde van, en dónde los dejan, cuál es su condición de estancia y todo queda muy en el aire. Entonces, la verdad es que es muy preocupante porque no garantiza ni la seguridad, ni los derechos de las personas”, denuncia Karla Martínez.
Martínez destaca que esto puede derivar en otro problema que ya ha sucedido, pues como ocurrió en las caravanas del 2018, muchos migrantes pueden “perder” el trámite de refugio “y luego los manden de nuevo a la frontera sur para verificar su estatus migratorio específicamente a solicitud de la Comar”.
Política migratoria militarizada
En un escenario de mayor flujo migratorio en Tapachula, las necesidades básicas de subsistencia van en aumento y las complicaciones, como la xenofobia, también. Así lo indica Karen Martínez de JRS, para quien las políticas migratorias del gobierno, que han sido militarizadas, contribuyen a la represión contra las personas migrantes.
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Una muestra de ello es el discurso, por parte del INM, que busca culpar a los migrantes de acciones violentas que dificultan la realización de los trámites. “Se detectaron grupos de personas que, por un lado, armados con piedras y palos bloquean avenidas y calles e impiden la llegada de los autobuses, y otros que, al mismo tiempo, recurren a acciones violentas para exigir salir el mismo día”, refiere la autoridad migratoria en su comunicado de finales de noviembre.
En contraste, en su acompañamiento a las distintas caravanas, Martínez señala que existen agresiones que han evidenciado el uso de la fuerza por parte de los funcionarios del INM, mientras los migrantes solo buscan defenderse. “Esto es consecuencia de lo que está sucediendo en esta región, las personas han tenido el no desde que salen desde su país y muchas veces no es tanto el idioma, porque dicen ‘es que no hablan español’; normalmente siempre va una persona que habla español que les puede traducir. Y a pesar de eso, no ha habido comunicación, ni diálogo ni escucha”, acusa.
También existen múltiples testimonios de migrantes quienes han denunciado intentos de extorsión por parte de la autoridad migratoria. Sin embargo, debido a la ya de por sí situación de vulnerabilidad, ninguna persona ha denunciado formalmente, “tal vez por temor, pero sí hemos escuchado constantemente estas malas prácticas por parte del INM. Esto, tener que pagar para poder subirse a estos camiones”, denuncia Martínez.
Para la coordinadora de la oficina de JRS, otro caso que demuestra que las políticas del Estado mexicano no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes, es el accidente automovilístico ocurrido en la carretera de Tuxtla Gutiérrez – Chiapa de Corzo, en el cual, hasta el pasado viernes (10) arrojaba un saldo de 55 personas fallecidas, todas migrantes procedentes de la región Quiché de Guatemala.
“Estamos la verdad solidarizándonos con las familias por sus pérdidas y en la angustia de conocer la situación de sus seres queridos, y esto es un reflejo de la política migratoria militarizada, represiva y hasta violenta y que ha obligado a las personas que se desplazan por el sur de México a tomar estas opciones y estas rutas cada vez más peligrosas que ponen en riesgo su vida y su integridad”, señala Martínez.
Por su lado, Laura Benítez hace hincapié en la importancia de comunicar la crisis migratoria que está ocurriendo en Tapachula. “Para mí si fue increíble el lunes (6) llegar aquí y ver esa cantidad de personas y no ver a nadie que les estuviera asistiendo, ver tanta gente con necesidades básicas: de atención médica, de agua, de comida, entonces, pues ahí hacer un llamado a la población, a las organizaciones, a las instituciones gubernamentales, hay necesidad grande y pues hay que ser humanas, humanos y solidarizarnos”.
