Además de que la industria de la palma aceitera ha expandido su presencia en las tierras del norte de Guatemala mediante estrategias de dudosa legalidad, los análisis de los flujos económicos que se relacionan con las empresas dominantes y sus capitales arrojan evidencias de un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas en lo que concierne a inyectar al mercado, el dinero “sucio” resultado de sus actividades.
De acuerdo a investigaciones realizadas por Luis Solano, aún privadas pues forman parte de demandas judiciales en proceso, el Estado guatemalteco apoya a través de sus funcionarios e instituciones la presencia legal de finqueros vinculados con negocios ilícitos que concentran tierra de manera ilegal para formar grandes fincas palmeras en el Petén.
Ver parte I de esta Investigación ⇒ Economía de muerte: Palma de aceite y la transfiguración del norte de Guatemala
“Por ser una zona tan extensa y con una frontera tan amplia con México, hay de todo: agronegocios, narcotráfico, contrabando, trata de personas, migración. Es una zona prácticamente sin una presencia de Estado y el crimen organizado lo tiene como uno de sus territorios claves”, destaca el investigador.
Nuevas alianzas
Dentro de los fenómenos de la reconfiguración territorial en los municipios peteneros de Sayaxché, San Francisco y La Libertad, Solano identifica los vínculos entre la narcoganadería y los monocultivos de palma aceitera que se expanden hasta incursionar incluso en las zonas de áreas protegidas.
“Hay un enriquecimiento de grupos que están lavando mucho dinero constituyendo fincas y empresas a partir de lo ilegal para luego legalizar empresas de agronegocios y ganaderas que luego de legalizadas estas, se asocian a los grandes capitales guatemaltecos y extranjeros, hacen alianzas y afloran nuevos negocios, nuevas alianzas, nuevas sociedades”, apunta Solano.
Sin embargo, no en todos los territorios se da esta amable sociedad corporativa. En la FTN han existido conflictos con las industrias palmeras ya que muchas de las tierras codiciadas para la instalación de monocultivos pertenecen a narcotraficantes. Son potreros o fincas deshabitadas, sin cultivos, propiedad de criminales o militares, con quienes las empresas tienen que negociar obligada y desfavorablemente pues se niegan a pagar las exorbitantes sumas de dinero por la tierra, ya que sus dueños no las quieren destinar a la palma.
“En el caso de Palmas de Ixcan se proyectaban obtener 25,000 hectáreas y sólo lograron como 15,000. En gran parte no lo lograron por la narcoganadería o porque hay tanto conflicto agrario en la zona donde ellos están que es imposible ampliarse. Pero en el caso de Sayaxché la empresa que tiene mayor trayectoria e historial de desalojos y de eliminación de comunidades es Repsa-Olmeca del Grupo HAME”.
“Allí desaparecieron varias comunidades, en la ruta que va de la FTN al poblado de Sayaxché, la cabecera municipal. La empresa tiene aparatos de seguridad enormes, con sicarios a sus servicios porque existe una historia desde la época de la contrainsurgencia. Esos terratenientes de apellido Molina Espinoza, son los mayores terratenientes de Guatemala, grandes productores de algodón y banano; ellos contribuyeron con el ejército y hay documentación de cómo también participaron en la formación de escuadrones de la muerte para proteger sus tierras y apoyar a los militares, poniéndole al servicio sus naves aéreas, avionetas o helicópteros que se usaban en las fincas para artillarlas y usarlas en la guerra. Y toda esa historia de violencia política la arrastran hasta la fecha”, denuncia Solano.
Durante el gobierno de Colom (2004-2011) el Estado promovió la instalación de palma aceitera con los pobladores denominándolos como productores independientes. A través del Banco de Desarrollo Rural fomentó y financió el cultivo de pequeñas plantaciones entre los parcelarios. Dicho proyecto nació para acompañar las inversiones de capital estadounidense en Palmas de Ixcán a través de la FTN.
Al mismo tiempo, militares y narcotraficantes con grandes fincas también comenzaron a producir palma pero al no contar con plantas para extraer el aceite, se vieron obligados a vender el fruto a Palmas de Ixcán. Pese a que el programa terminó, la relación entre las plantaciones y la empresa continua.
86% de la cocaína traficada mundialmente atraviesa Centroamérica, dejando un estimado de 6 billones de dólares en ganancias ilegales anualmente en la región. En Guatemala se ha calculado que dicha actividad representa el 10% de su PIB por lo que el lavado de dinero es una “necesidad” que sucede encubierta en el Petén mediante la reconversión de bosques para la ganadería, la tala ilegal de madera y los agronegocios como la palma aceitera. El lavado de dinero en Guatemala es indispensable para sostener el capitalismo global tal como en 2009 lo evidenció Antonio Maria Costa de la oficina contra narcóticos de Naciones Unidas quien declaró que las ganancias generadas en el tráfico de drogas mundial eran la única fuente de dinero en efectivo a los que los bancos trasnacionales tuvieron acceso para solucionar los problemas de liquidez durante la crisis financiera mundial iniciada en 2008.
En municipios como Fray Bartolomé de las Casas y Raxruhá, atravesados por la FTN, hay fincas con plantaciones de palma que públicamente son de narcotraficantes. Una de las más famosas por su extensión y otrora actividad ganadera, la finca Sebol, es propiedad de Otoniel “El Loco” Turcios Marroquín quien fue contratista del gobierno guatemalteco durante la administración del presidente Colóm y además dirigió uno de los grupos que el grupo criminal mexicano de los Zetas utilizó entre 2006 y 2010 para incursionar en territorio guatemalteco.
Las operaciones de “El Loco” no se limitaron al trasiego de drogas, pues en 2010 cuando fue capturado en Belice y extraditado a EU ya era pionero en la siembra y cultivo de palma. Marroquín operó en Alta Verapaz pero también en el sur del Petén. En 2011, en el municipio de San Luis, a través de Palmas de Desarrollo (Padesa) propiedad de la familia Maegli-Muëller, (dueños de Naturaceites y de Palmas del Ixcán), presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para inscribir las plantaciones de palma aceitera de la finca Sechin dentro del Programa de Incentivos Forestales (Pinfor).
Tras el traslado de Marroquín a EUA y después de cuatro años y ocho meses, fue excarcelado.
“Hay un vínculo de negocios entre ellos. En absoluto hay una una negativa para no comprarle el fruto de la palma a narcos. Muchos de estos también disfrazan sus fincas con nombres de empresas para legalizarlas. Originalmente el estado lo promovió, ya no. Ahora todo está en manos privadas y por ser una zona de mucha presencia de narcotraficantes la lógica dice que hay una relación de narcofinqueros con las empresas extractoras y los productores independientes que surgieron a partir del Estado”, señala Solano.
Según el reporte Siguiendo la ruta del dinero realizado en 2011, las actividades del crimen organizado en Centroamérica han evolucionado de manera que la región dejó de ser un puente o bodega para convertirse en una estación de servicios que el crimen organizado utiliza para abastecerse y garantizar el envío de sus mercancías a los Estados Unidos. De entre las actividades para el tráfico de drogas y armas, los grupos delincuenciales se ven en la necesidad de crear condiciones adecuadas para el retorno de las utilidades en otras actividades, además de las ilícitas, por lo que las altas tasas de lucro en las inversiones de palma aceitera convierten la industria en una opción para lavar dinero del narcotráfico.
El narcotráfico y la deforestación
Otra de las consecuencias a las actividades ilícitas que acompañan el cultivo de palma, es la destrucción de bosques nativos. Si bien el Petén mantiene décadas de intensa deforestación, un estudio publicado en mayo de 2017 por Environmental Research Letters demuestra que durante 2005 y 2009 ocurrió un despunte en la pérdida forestal de Centroamérica, periodo que coincide con el incremento del trasiego de cocaína por la región. De los seis países, Guatemala obtuvo la mayor tasa de deforestación de la región. Sólo el departamento del Petén acumuló el 75% de la pérdida boscosa nacional entre los años de 2000 y 2013.
Otro estudio del mismo instituto revela que entre 2005 y 2010, el 23% de la expansión de la palma en el Petén reemplazó la producción de granos básicos, mientras que el 27% de dicho crecimiento ocurrió a costa de la pérdida forestal y de mayores presiones sobre los recursos hídricos destinados para el cultivo de la palma.
Según el análisis los grandes capitales agroindustriales, que constituyen uno de los mayores motores de la deforestación a nivel mundial, están cada vez más impregnados por dinero del narcotráfico en Centroamérica y a su vez son responsables de entre el 20% y 25% de la pérdida forestal en Guatemala entre 2001 y 2013.
Al mismo tiempo que gozan de los recursos hídricos y extensiones de tierras despojadas a campesinos e indígenas, las plantaciones de palma poseen incentivos forestales, pues cuando son considerados bosques son “recompensados” a través del Programa de Incentivos Forestales del Estado de Guatemala, además de participar en programas de “reforestación” a través de ONGs trasnacionales como Rainforest Alliance con sede en Nueva York.
Contradictoriamente, los índices de deforestación son mayores en los años recientes debido a la tala inmoderada de bosques para dar paso a plantaciones de palma, mismas que son promovidas como sustentables por la ONG norteamericana, la cual para 2016 ha certificado más de 45 millones de hectáreas en el mundo para empresas como Chiquita (heredera de la United Fruit Company, responsable de planificar y ejecutar golpes de Estado en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo pasado) y Kraft quienes han reforzado sus campañas de lavado verde para presentar sus productos ante el mercado mundial como responsables ante el medio ambiente.
Como resultado de dichas campañas de marketing, las corporaciones trasnacionales consiguen elaborar sus productos al menor precio, lo que conlleva la explotación de sus trabajadores y la destrucción del medio ambiente, todo oculto bajo los logotipos de certificación verdes.
La legitimación del sistema alimentario actual permite pues el mayor lucro de las empresas que colocan en los supermercados alimentos con leche en polvo de Nueva Zelanda, maíz de Estados Unidos, azúcar de Brasil, soja de Argentina y aceite de palma de Indonesia; ingredientes en lo más alto de la escala de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la intensificación del calentamiento global.
Un problema cercano al punto sin regreso, expresado mundialmente con las catástrofes actuales y futuras para toda la vida en el planeta.
Ver 3ra y ultima parte de esta investigación---> Economía de muerte: Palma de aceite y la transfiguración del norte de Guatemala Guatemala: el trabajo esclavo detrás de la palma aceitera
Una investigación independiente del proyecto⇒Ecolonialismo
