Organizaciones y comunidades indígenas en EEUU y América Latina han levantado su voz contra los planes del gobierno de California, en el sur de los EEUU, para la implementación de una versión reeditada del polémico programa promovido por las Naciones Unidas: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+).
La iniciativa renombrada Norma de los Bosques Tropicales (TFS, por sus siglas en inglés) pretende construir nuevas políticas para reducción de la deforestación implementadas por entidades gubernamentales, mientras a la par proyectos REDD+ implementados por el sector privado permanecerán dispersos y con sus propias reglamentaciones.
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En el país norteamericano, pueblos originarios han recordado que al mismo tiempo que con el TFS se garantiza la contaminación de la industria de California (segundo estado con mayores emisiones de dióxido de carbono en EEUU), en países latinoamericanos la implementación de proyectos experimentales de REDD+ arrojan un saldo de restricciones y despojos en los territorios campesinos e indígenas. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) propuso la Norma de Bosques Tropicales de California el 5 de septiembre de 2018, con la cual se establecen los requisitos para implementar programas a gran escala para reducir las emisiones derivadas de la deforestación. El 10 de septiembre del 2018, indígenas de alrededor del mundo se concentraron en la ciudad de San Francisco para protestar contra iniciativas como el TFS promovidas por la Fuerza de Tarea de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por sus siglas en inglés) durante la cumbre de Acción por el Clima Global.
Permisos para contaminar
El TFS propone permitir que industrias como la refinería de Chevron ubicada en Richmond, California, continúen emitiendo no solo dióxido de carbono sino otros contaminantes como el óxido de nitrógeno que son ignorados por la métrica del carbono impuesta globalmente por el Acuerdo de Paris firmado en 2015. A su vez, en el territorio norteamericano las comunidades negras continúan padeciendo asma y otras enfermedades debido a las industrias.
La iniciativa retoma la idea sobre el acuerdo propuesto por California para los estados de Acre, en Brasil y Chiapas en México donde los proyectos de compensación por emisiones de carbono mediante la “conservación” de bosques tropicales tienen un historial de abusos y generación de conflictos para los pueblos campesinos, negros e indígenas. Inclusive, la información sobre las experiencias de las comunidades donde aterrizan los proyectos REDD en todo el continente americano y el mundo, señalan la constante omisión de información a las comunidades acerca de los mecanismos financieros que generan sus territorios a cambio de bonos de carbono, a la par que criminalizan los modos de vida tradicionales de las poblaciones locales.
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La aprobación del TFS establece un marco de requisitos mínimos y permitiría a California desarrollar acuerdos para mantener el flujo de créditos de carbono en el segundo sistema de comercio de emisiones más grande del mundo.
Las normas propuestas en el TFS no representan novedades en el comercio de permisos para las grandes industrias contaminantes alrededor del mundo sino que retoman ideas provenientes de los Mecanismos de Desarrollo Limpio de la ONU emanados del Protocolo de Kyoto firmado en 1997 y del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea que opera desde los inicios del siglo XXI el cual en la práctica representa una oportunidad para las industrias para pagar por sus altos niveles de contaminación en lugar de realizar acciones para reducir dichas actividades responsables por el calentamiento global.
Impactos negativos
“Quienes realmente han conservado, protegido y luchado por los bosques han sido las poblaciones indígenas”,
HAN SEÑALADO COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AMAZÓNICA DE PASTAZA, EN ECUADOR DONDE INDIGENAS SEÑALAN QUE YA ESTÁN VIVIENDO LAS REPERCUSIONES DEL TFS AÚN SIN SU APROBACIÓN.
En 2017 se creó el Área ecológica de desarrollo sostenible en Pastaza, la cual cubre más de 2.5 millones de hectáreas de selva tropical (casi 90% de la provincia). Después de su creación los funcionarios locales enviaron mensajes de apoyo a CARB para la aprobación del TFS, el cual podría implementarse en áreas forestales de la amazonía ecuatoriana. Las siete naciones amazónicas que viven en el área han denunciado que nunca fueron consultadas para la creación del área ecológica ni mucho menos para la implementación del TFS en sus territorios las cuales limitarían las actividades de caza y tala vitales para la supervivencia de las comunidades originarias.
Al mismo tiempo el gobierno ecuatoriano continúa la promoción de actividades mineras y petroleras en áreas de la selva tropical, proyectos a los que también las comunidades se han opuesto durante años. California es uno de los estados norteamericanos que registran mayores cantidades de petróleo importado desde la región amazónica, por lo que organizaciones han señalado como una incongruencia el hecho que refinerías petroleras que compran crudo ecuatoriano mantengan sus actividades contaminantes mientras podrían comprar créditos de carbono de las mismas regiones devastadas por las perforaciones petroleras.
En noviembre del 2018, indígenas de distintos países viajaron a California para compartir sus testimonios sobre los impactos negativos de REDD+ en sus territorios. Al mismo tiempo 110 científicos que han estudiado REDD+ y otros programas de compensación de emisiones de carbono redactaron una carta en la cual aconsejaron a CARB que no adoptara la norma.
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Su mensaje señala que dichos programas han restringido los medios de vida de las comunidades y ha irrumpido negativamente en los modos de vida tradicionales. Debido a las voces en contra, CARB ha propuesto la votación para la aprobación del TFS hasta abril del 2019. En la propuesta se pretende que desde California se respaldarían programas de conservación mucho más ambiciosos en bosques tropicales, ya sea mediante jurisdicciones estatales o nacionales.
