En las tierras del norte del Petén, Guatemala, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales entre ellas The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, Rainforest Alliance y World Wildlife Fund junto a sus socios locales y el soporte financiero de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representan los pilares promotores de la mercantilización de la naturaleza.
La creación de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) en el año de 1990, consiguió generar las condiciones para insertar dicho territorio en los planes del desarrollo sustentable, mediante el cual las políticas de conservación y el discurso del combate al cambio climático permiten el reordenamiento territorial de la región.
Para Rocío García, antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala, una crítica fundamental hacia el modelo de conservación de los bosques adoptado por el gobierno de Guatemala reside en que las Áreas Protegidas (AP) fueron diseñadas como instrumentos absolutamente técnicos, a través de fotografías aéreas e imágenes satelitales que no dan cuenta de la población que vive dentro. “En consecuencia, las comunidades quedaron presas tras el nuevo reordenamiento, lo cual genera la conflictividad al imponer las AP con sus límites parecidos a los del sistema finca, que es de lo cual las comunidades campesinas e indígenas vienen huyendo desde el siglo XX”.
Acorde a Rocío, el modelo de AP tiene un origen racista pues “quienes despojan tienes intereses económicos porque ven en ellas una reserva de recursos para futuro y prefieren pensar que los pobladores acaban de llegar para así aplicar la ley elaborada para el reordenamiento territorial”, mediante la cual justifican los desplazamientos forzados de comunidades enteras.
La nueva ruralidad apunta hacia el objetivo de que el campesino deje de estar ligado a la tierra para que se sume a producir para el mercado
El caso de Guatemala, explica Rocío, es un ejemplo claro de la correlación entre las políticas ambientalistas internacionales con las de planificación territorial del gobierno guatemalteco. La antropóloga guatemalteca ubica el origen del discurso ecologista hegemónico a partir de la publicación en 1972 del Informe Meadows, (también conocido como Los límites del crecimiento, el cual fue encomendado por el Club de Roma, una asociación privada compuesta por empresarios, científicos y políticos), donde se concluye que “en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles”.
En el año de 1987, en un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado Nuestro futuro común, se utilizó por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Cinco años después, y organizada por la ONU, se realizó la primera Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil donde 178 países adoptaron el término de desarrollo sustentable como aquel protector del medio ambiente como parte del proceso de desarrollo. En cada uno de estos momentos resalta la principal orientación sobre conservación bajo el modelo de Áreas Protegidas.
“Eso se engarza con las políticas de planificación territorial que en Guatemala empezaron durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000 - 2004) y denominaron Estrategias de reducción de la pobreza. Dichas políticas eran una especie de diagnóstico a nivel municipal donde se pretendía identificar las causas de la pobreza y cuáles los recursos económicos con los que contaba cada uno de los municipios”,
CONTEXTUALIZA ROCÍO.
En la administración subsecuente, de Óscar Berger (2004 – 2008), se implementa la política de desarrollo rural territorial, la cual fue elaborada con una metodología diseñada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del trabajo de dos consultores Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué, quienes acuñaron las políticas de la nueva ruralidad, cuyo objetivo es la inserción de los territorios a mercados vía demanda.
La nueva ruralidad apunta hacia el objetivo de que el campesino deje de estar ligado a la tierra para su producción agrícola, principalmente de autoconsumo, para que se sume a producir para el mercado y para ello incentiva los estados-nación para realizar una reingeniería de la institucionalidad a nivel local para la imposición de modelos de organización social destinados a insertarse en el mercado global.
El acuerdo de París
Las instituciones financieras globales, en alianza con los bancos de desarrollo de países industrializados, tendrán un papel destacado en la implementación del Acuerdo de París para el combate al calentamiento global, firmado por 193 países desde diciembre de 2015 en la XXI Conferencia de las Partes (COP21).
Mediante planes de inversión entre esas entidades y los países, se buscará cumplir con las contribuciones de reducción de emisiones de carbono. Con dicho mecanismo el calentamiento global se transforma en una oportunidad económica donde el financiamiento para la “adaptación y mitigación” frente a la crisis climática reduce la problemática ambiental a una situación monetaria y donde los “servicios ambientales” serán subsidiados para crear un mercado global en el cual a las industrias les resulte más barato pagar por contaminar que realizar acciones verdaderas contra la crisis climática.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), son las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero del acuerdo. Las mismas instituciones tendrán la responsabilidad de asignar los recursos monetarios incrementales que se canalicen para financiamiento climático a partir de la entrada en vigor del acuerdo desde el 4 de noviembre de 2016.
Uno de los ejes con mayores recursos es la reconversión en los sistemas energéticos mundiales para la transición en la dependencia de combustibles fósiles hacia la producción intensiva mediante “energías limpias”. El otro componente principal de los recursos financieros son los destinados a reducir las emisiones ocasionadas por la deforestación y la degradación forestal, así como para promover la “función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono mediante proyectos REDD+”.
Algunas estimaciones indican que el financiamiento público internacional con origen en los países desarrollados podría elevarse hasta unos 18,8 mil millones de dólares anuales hacia 2020. Para antes de 2025, las partes en el acuerdo establecerán un nuevo objetivo colectivo cuantificado que será como mínimo de 100,000 millones de dólares anuales, los cuales priorizarán financiamientos para los países “en desarrollo”.
América Latina y el Caribe es región prioritaria para la implementación de mecanismos de mercado destinados a la conservación de los bosques pues alberga el 23.5% del patrimonio forestal mundial.
Desde 2008, la alianza ONU-REDD (integrada por la FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- y PNUMA -Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-), inició un programa financiero a fin de contribuir al desarrollo de capacidades para la implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales a nivel país.
Dicha iniciativa considera actualmente los mecanismos de aprovechamiento y manejo sustentable de las áreas forestales. En América Latina la estrategia se sostiene además por financiamiento del Banco Mundial (BM) y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés). Otros actores con influencia son la cooperación internacional de gobiernos como Noruega, Alemania y los Estados Unidos.
La mayor parte de los recursos se concentran en el establecimiento de las fases de preparación para mecanismos REDD+ pues se busca desarrollar a nivel internacional un sistema que garantice el comercio de los bonos de carbono para el año de 2020. En América Latina, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá iniciaron desde 2012 la preparación de mecanismos REDD+ nacionales.
El modelo de mercado
Durante el contexto de las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU tras 36 años de conflicto armado interno, el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, la cual aglutinaba a las cuatro mayores guerrillas) discutieron la posibilidad de implementar un nuevo reparto agrario en beneficio de la población campesina.
Sin embargo, después de la firma de los acuerdos de paz, dicha estrategia fue influenciada por políticas del BM, lo cual concretó una reforma agraria asistida por el mercado que impuso candados a la adjudicación de tierras en propiedad a grupos y comunidades campesinas, a pesar de que en múltiples casos posesionaban las tierras, muchas de ellas abandonadas forzosamente durante la guerra.
Al mismo tiempo, en toda la RBM, el gobierno guatemalteco reforzó la prohibición para la titulación de tierras. Sin embargo, mediante el financiamiento de la USAID creó la figura de “concesiones forestales” para otorgar el manejo de áreas destinadas al “desarrollo sustentable”.
“Lo que hicieron (USAID) fue ponerle una ONG a cada concesión para dar asesorías para su organización, para el manejo de fondos y también para registrarse legalmente. Daban asistencia técnica para que la gente se organizara, consultaran abogados, tomaran capacitaciones; toda la formación, el equipamiento, la planificación. Tenían que hacer diagnóstico del territorio para saber qué tanto potencial maderable tenía y cuanto no maderable pues es todo lo que tienen para trabajar. Con esa información se elaboraron planes de manejo para trazar la estrategia en la extracción de madera”, relata Rosa Maria Chan, ex funcionaria guatemalteca para quien las concesiones forestales representan organizaciones comunitarias que han blindado la región contra la deforestación.
Para el año de 2001, USAID canalizó su asistencia a través del Proyecto BIOFOR, implementado por Chemonics International, compañía privada para la cooperación internacional con presencia en Asia, África, Europa y el Medio Oriente. La labor de Chemonics implantó una visión empresarial para la constante búsqueda de nuevos nichos de mercado y el aumento de la producción forestal. Además, en el papel se planteó la reducción de subsidios y de las instituciones de acompañamiento a las concesiones, objetivos incumplidos por este y sucesivos proyectos.
“Las ONGs asumieron un rol protagónico en el proceso, y más que acompañantes o facilitadores se convierten en empresas prestadoras de servicios… la relación entre comunidades y ONGs fue desequilibrada desde un principio, ya que las ONGs manejaban y administraban los fondos, sin fomentar el fortalecimiento institucional comunitario y la autogestión... las ONGs promovieron relaciones de dependencia para justificar su existencia y continuar recibiendo el financiamiento de los donantes”, destaca el análisis de contexto sobre la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) la cual aglutina a las organizaciones operadoras de las concesiones comunitarias forestales.
“Este modelo permite que las ONGs terminen sustituyendo el rol de las comunidades en los espacios de toma de decisiones, compitiendo con las Juntas Directivas de las mismas, y limitando el acceso a información clave… En algunos casos las organizaciones comunitarias, se vieron presionadas por las ONGs acompañantes en el sentido de que deberían firmar convenios de exclusividad sobre la asistencia técnica como parte del enfoque de asistencia que lejos de facilitar el desarrollo de las capacidades de los comunitarios se orientaba a generar una seria dependencia para con las ONGs. Situación que lógicamente genero un rechazo y confrontación entre los grupos comunitarios y las ONGs”.
Un ejemplo de la imposición de estructuras organizativas ajenas a las realidades de las comunidades es el caso de la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A., mejor conocida como FORESCOM. En 2003, y como parte de la implementación del proyecto BIOFOR, se crea dicho organismo para realizar la comercialización de la madera, proceso controlado hasta entonces por las ONGs.
Sin embargo, el costo del diseño institucional resultó difícil de sostener una vez finalizado BIOFOR. En ese momento la ACOFOP, organización con financiamiento de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), reajustó el modelo de FORESCOM para preservarlo como plataforma de negocios. Dicho organismo también ha recibido asistencia técnica de Rainforest Alliance quien además imprime su sello de certificación a todos sus productos de exportación.
De acuerdo al análisis de CIFOR, sólo entre 1989 y 2003 existió una inversión directa de 92 millones de dólares en proyectos a la zona de la RBM por parte de la USAID, el BID, KFW (banco alemán gubernamental de desarrollo), y contrapartidas del gobierno de Guatemala. “Del total sólo una moderada parte de la inversión llegó directamente a las comunidades concesionarias y a sus organizaciones, de modo que la inversión no tuvo un impacto considerable sobre los procesos de fortalecimiento institucional y de autogestión de las comunidades concesionarias. Dichos recursos sólo han profundizado la dependencia entre concesiones forestales y ONGs”, resalta el informe.
¿Dónde están las concesiones forestales?
La Reserva de la Biosfera Maya posee una división en las áreas que la comprenden. Reportes oficiales indican que pese a la devastación causada por la industria petrolera, aún mantiene en condiciones aceptables cerca del 70% de su cobertura forestal.
La zona núcleo cubre 39% de la reserva, y consiste en cinco Parques Nacionales y cuatro Biotopos Protegidos, reservados exclusivamente para la investigación científica y turismo de bajo impacto. En esta zona no se permiten nuevos asentamientos, además la tala de madera y la agricultura quedan prohibidas.
La zona de amortiguamiento cubre 23% de la reserva y es una franja de 15 kilómetros que se extiende a lo largo del sur de la RBM en donde se permiten la venta de tierras, la ganadería y la agricultura. Es el área donde se presenta la mayor concentración demográfica relacionada a la red vial, especialmente en la parte de la frontera con México. Desde esta red se facilita la penetración de todas las zonas núcleo: Laguna del Tigre, Tikal, Zotz, Dos Lagunas, Mirador-río Azul y Sierra del Lacandón. De acuerdo a Wildlife Conservation Society, dicha zona “Prácticamente no ha tenido nada de inversión ni casi ninguna presencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en ningún momento, y por defecto no tiene ningún enfoque de conservación ni una capacidad para hacer cumplir la conservación de por sí”.
La zona de usos múltiples cubre 38% de la RBM e incluye las concesiones forestales comunitarias e industriales. Es una “reserva extractiva” donde no se puede legalizar la tierra y sólo se permiten actividades “sustentables” mediante concesión, para las cuales es obligatorio ser una organización local establecida legalmente.
Las concesiones forestales no se basan en las formas ancestrales de manejo de los recursos del bosque; al contrario, establecen un contrato hasta por 25 años entre el Estado guatemalteco y una organización comunitaria a quien garantiza los derechos de uso, acceso, manejo y extracción de recursos renovables maderables y no maderables, además de proyectos turísticos. Los derechos de propiedad en dichos contratos son del Estado y excluyen la posibilidad de venta o transferencia de los derechos de concesión.as concesiones forestales no se basan en las formas ancestrales de manejo de los recursos del bosque; al contrario, establecen un contrato hasta por 25 años entre el Estado guatemalteco y una organización comunitaria a quien garantiza los derechos de uso, acceso, manejo y extracción de recursos renovables maderables y no maderables, además de proyectos turísticos. Los derechos de propiedad en dichos contratos son del Estado y excluyen la posibilidad de venta o transferencia de los derechos de concesión.
En Petén, a pesar de que inicialmente se entregaron 12 concesiones comunitarias, actualmente operan sólo en nueve comunidades. A la par, existen dos concesiones industriales que están en manos de las empresas madereras Batel Comercial Ltd. y Gibor,S.A. El total de la superficie concesionada es de 485 mil 200 hectáreas.
Impuesto
Con base en su formación con enfoque empresarial, cada concesión está obligada a pagar certificaciones e impuestos. Primero, necesitan una certificación internacional validada por el Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), que les cuesta 4 mil 500 dólares anuales para poder acceder a los mercados extranjeros y comercializar la madera bajo un sello “ambientalmente responsable”. A su vez cada cinco años, las concesiones pagan $12 mil dólares por una evaluación de re-certificación. Sin embargo, para las comunidades la certificación por si misma, no es un mecanismo que asegure mejores mercados y precios a la madera, sobretodo a las especies de mayor valor.
Además, cada concesión paga una licencia forestal con un valor promedio de 16 mil dólares (monto que varía de acuerdo a la cantidad de especies que comercialicen). Incluso, invierten también 46 mil dólares anuales en patrullaje, control y mantenimiento de brechas contra incendios forestales. También asumen los gastos de combustible y alimentación para los monitoreos efectuados por el CONAP, que en promedio suman 11 al año.
Por el impuesto sobre uso y manejo cada concesión contribuyen al Estado de Guatemala con el pago de un dólar por hectárea de manejo. Debido a su alto volumen de mercancías para la exportación también se han convertido en sujetos de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo financiero regional quien además invierte en proyectos de integración económica y energética.
Tras las inyecciones de capital durante dos décadas, ACOFOP controla desde la fase del manejo productivo de los recursos forestales, hasta la comercialización de los mismos en mercados internacionales. Sin embargo dicha labor se mantiene por la permanente asistencia técnica y el financiamiento de ONGs extranjeras para las cuales el estilo de decisión comunitaria, más reflexivo y pausado, el cual busca acuerdos basados en el consenso de grupos no es eficiente para el ámbito empresarial que requiere de decisiones rápidas, información, contactos y altas capacidades técnicas.
Bajo esta lógica, las concesiones dependen de agentes externos para completar el ciclo de comercialización de los recursos forestales. Pese a los análisis publicados por consultorías para afinar los mecanismos de operación de las concesiones forestales, un reporte de académicos europeos, publicado en 2016, enfatiza que poco se ha realizado en casi 10 años para modificar dichas políticas.
Dicha investigación también indica que “faltan espacios para el desacuerdo o la co-producción. Para garantizar la sostenibilidad de la silvicultura comunitaria, se necesitan estrategias a largo plazo y de colaboración, en lugar de proyectos que funcionan de forma aislada. Una historia de ONGs que trabajan para sus propios fines ha dejado un legado de corto plazo orientado a proyectos y una cultura de dependencia”, destaca el documento.
Futuro incierto
Pese a la publicidad y elogios de sectores empresariales hacia las concesiones forestales, estas se encuentran en peligro de no obtener la renovación de sus contratos después de su vencimiento en el año de 2022. Una de las razones se debe a las intenciones de la industria petrolera quien desde 1997 desea expandir su área de extracción hacia casi 300 mil hectáreas que coinciden con la porción de selva ocupa por las comunidades de Carmelita y Uaxactún. La industria petrolera considera esta región como la zona de mayor potencial petrolero en Petén por lo que siempre existen intereses de iniciar actividades petroleras en dicha región en cuanto se pueda dar la oportunidad.
La propuesta de ampliación del Parque Cuenca Mirador es un proyecto desarrollado por la Fundación para la Investigación Antropológica y los Estudios Ambientales (FARES por sus siglas en Inglés), con el apoyo del Fondo Patrimonial Global (GHF por sus siglas en inglés). Su principal impulsor es el arqueólogo Richard Hansen, fundador de FARES, y especialista en la arqueología de los períodos pre-clásicos Mayas.
La propuesta pretende abarcar 2,170 km² en una zona que incluye parte del Parque Nacional Mirador-Río Azul y del Biotopo Naachtún-Dos Lagunas, así como territorios de seis concesiones forestales comunitarias y parte de la concesión industrial ubicada en La Gloria. De acuerdo a Hansen, el objetivo del proyecto es proteger el territorio, lo que implicaría detener las actividades de las concesiones forestales.
Pese a que en un principio, el proyecto del arqueólogo norteamericano contó con el soporte de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam, constituida por trasnacionales de la talla de Wal-Mart, Cementos Progreso, Citigroup, Samsung, entre otros), durante el último lustro el proyecto de El mirador ha despertado fuertes polémicas que han evitado su implementación.
ONGs: relación de dependencia
Entre 2003 y 2010 las concesiones forestales del Petén registraron el corte de 163 mil m³ de madera para la exportación, mayoritariamente caoba y cedro, productos absorbidos en su mayoría por el mercado internacional en su calidad de materia prima de alta calidad. Con ello la RBM representa la mayor fuente de maderas tropicales finas de Guatemala, las cuales son enviadas a los mercados europeos y estadounidenses para obtener ingresos anuales promedio por más de 13 millones de dólares.
Datos de Rainforest Alliance refieren que entre 2007 y 2017 las concesiones forestales han generado $55 millones de dólares por la comercialización de madera, xate, pimienta, ramón y servicios turísticos, además de haber creado 26 mil empleos. De acuerdo a los datos de la ONG norteamericana, para finales del 2007 se habían certificado casi la totalidad de hectáreas que cubren las concesiones forestales de la RBM, representando con ello el 60% de la superficie de la zona de usos múltiples.
Dichos números forman parte de los resultados del proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG), auspiciado por la USAID el cual finalizó en febrero del año 2018. El proyecto contó con una inversión de 25 millones de dólares entre 2013 y 2018 y es considerado parte de la fase de preparación del proyecto Guatecarbón, la versión local del mecanismo REDD+ para el país centroamericano.
CNCG forma parte de la estrategia global de cambio climático y desarrollo 2012-2015 de la USAID y fue ejecutado por un consorcio de instituciones ambientales, académicas y empresariales; liderado por Rainforest Alliance, en compañía de su socio local, la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN, co-administradores del Parque Nacional Sierra Lacandón), la Universidad del Valle de Guatemala, la Asociación de Exportadores de Guatemala, The Nature Conservancy y World Wildlife Fund. El objetivo consistió en “mejorar la comercialización de productos y servicios del bosque para fortalecer las capacidades de las concesiones forestales y la producción maderable y no maderable”.
Para la ACOFOP, los resultados positivos de dichas estrategias son evidentes debido a los ingresos millonarios obtenidos por la venta de productos forestales. Sin embargo, incluso el Plan Maestro vigente de la RBM menciona “el peligro siempre latente de que las actividades de tala puedan eliminar componentes críticos del hábitat con la consiguiente pérdida de poblaciones animales”. Así mismo, el documento menciona que “el monitoreo a las especies de xate Chamaedorea elegans y C. oblongata cuyos estudios muestran que estas especies han sufrido sobreexplotaciones con efectos negativos sobre las poblaciones silvestres remanentes de estas especies”.
Pese a dichas advertencias, es para destacar que la estrategia de ventas de la USAID coincide plenamente con los objetivos desarrollados por Wildlife Conservation Society en el actual Plan Maestro de la RBM, el cual prevé para 2021 un aumento en el volumen exportado de especies maderables menos conocidas en un 50%; incremento en la venta de productos no maderables en 25%, además de vender el 25% del volumen maderable con valor agregado producto de las capacitaciones en carpintería y otros oficios para trabajar la madera antes de exportarla.
Para ello, el plan establece que para 2021 las áreas forestales no concesionadas de la zona de usos múltiples y con potencial productivo “deben contar con algún tipo de aprovechamiento de productos forestales para fortalecer su conservación”, lo cual significa priorizar la asignación de, entre otras áreas, el Triángulo de Candelaria, misma región donde se ubicaba la comunidad de Laguna Larga y donde otras tres poblaciones se encuentran en riesgo permanente de desalojo.
De esa manera dichas expectativas también son acordes a estudios de la FAO los cuales indican que “para el año 2030, el consumo global de madera en rollo industrial aumentará en un 60%, hasta alcanzar un volumen de demanda de 2,400 millones de m³”.
Pese a las ganancias obtenidas por las concesiones, una auditoría interna de la USAID publicada en 2016 evidencía problemas de raíz en la planeación e implementación del proyecto CNCG. De acuerdo al documento, Rainforest Alliance proveyó de información errónea en distintos rubros: infló el número de trabajos generados a través de las “actividades sustentables” al sumar casi 24 mil empleos que no duraron más de un día; además contabilizó las mismas hectáreas de productos “orgánicos y gestionados de manera sustentable” en múltiples ocasiones lo cual altero el número real reportado.
No obstante, el principal problema hallado en CNCG es que “Rainforest Alliance debería haber preparado un plan de sostenibilidad desde el principio, explicando cómo las organizaciones y empresas que reciben apoyo del programa serían auto-sostenibles después de las actividades del programa. Sin embargo, dos años después de la implementación, aún no existía ningún plan”. Por ello, la auditoría enfatiza que en ausencia de una planeación óptima y temprana “los fondos utilizados para ayudar al gobierno guatemalteco y otros socios a administrar los recursos naturales del país para mitigar los efectos nocivos del cambio climático podrían desperdiciarse”.
En 2016, un memorándum del director de USAID en Guatemala, William Brands, argumenta en favor de la gestión de Rainforest Alliance debido a que “no debe subestimarse el apoyo de CNCG en el desarrollo de los vínculos comerciales para la madera producida de forma sostenible y los productos forestales no maderables. Desarrollar lazos con los mercados de alto valor en los Estados Unidos y Europa es un método comprobado para aumentar los ingresos de la comunidad y mantener las ganancias en el manejo de los recursos naturales. El apoyo de CNCG a la institucionalización de políticas nacionales y locales claves ayudará a consolidar los logros del proyecto y aumentará la propiedad del Gobierno de Guatemala sobre estos logros”.
A la par, la oficina de USAID en Guatemala afirma que la estrategia de Rainforest Alliance para sostener los trabajos para la conservación tras el final del CNCG está basado en la capacitación de ONGs locales las cuales asumirán la gestión de las actividades para que puedan contribuir a los objetivos nacionales de gestión ambiental de Guatemala a la par de aumentar la producción, fortaleciendo con ello la relación de dependencia de las concesiones con las ONGs independientemente del plazo o proyecto que se realice.
