martes, septiembre 29, 2020
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En aumento crímenes de odio contra la comunidad LGTBI+ en Honduras

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Por Nancy García

Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras – En medio de la consternación por el asesinato de mujeres y niñas, protestas por la defensa de la educación y salud y asediados por la presencia militar, asesinaron a Bessy Nicolle Ferrera, mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGTBI+.

Bessy fue asesinada en la madrugada del lunes ocho de julio, en la Segunda Avenida de Comayagüela, donde se dedicaba al comercio sexual. En el mismo hecho resultó herida otra de sus compañeras trabajadoras sexuales.

En lo que va del mes de julio ya se han reportado el asesinato de tres mujeres trans. Entre ellas: Antonia Laínez de 38 años, residente de El Negrito, Yoro, Santy Hernánez Carbajal, una comunicadora social de la ciudad de Puerto Cortés y la activista Bessy Ferrera.

Según el monitoreo de medios de la Red Lésbica Cattrachas, desde el 2009 hasta la fecha se registran un total de 326 muertes violentas de las cuales 136 corresponden a mujeres y hombres trans.

Era una persona súper humana

El pasado ocho de mayo Bessy Nicolle Ferrera había cumplido cuarenta años. Nacida en Tela, Atlántida, era la segunda hermana mayor. Ferrera fue separada de sus hermanas y hermanos cuando era una chiquilla, debido a la adicción de su madre por el alcohol.

“Ella tenía 12 años y yo tenía dos añitos cuando nos trajeron y luego nos separaron. Cuando ya teníamos un año de vivir juntos los cuatro hermanos nos separaron a mi hermana mayor que tenía 15 años y a mi hermana Bessy que tenía 12 años”, recuerda su hermana Rihana Ferrera.

Ferrera fue estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, pero los comentarios discriminativos y los señalamientos estaban a flor de piel, por lo cual tomó la decisión de retirarse.

En busca de oportunidades laborales, Bessy decidió movilizarse de nuevo a su ciudad natal y encontró empleo en una panadería, sin embargo no era muy aceptada por su cabello largo, sus uñas largas y pintadas. “Renunció al trabajo antes que renunciar a su identidad de género porque ya sabía lo que era”, comenta su hermana.

En 1997 con la esperanza de encontrar un trabajo, empacó sus maletas y viajó de regreso a la capital, pero en un país donde más del 38% de su población vive en pobreza extrema las oportunidades son reducidas. Y en ese momento Bessy decide ejercer el comercio sexual. Mientras el huracán Mitch abatía Honduras, Ferrera buscaba la manera de subsistir.

Bessy era una líder, una activista, una defensora

Rihana recuerda que en el 2008 su hermana ya estaba organizada en la Asociación LGBTI Arcoíris de Honduras. Bessy era una de las técnicas que acompañaba a las muñecas de Arcoíris, un ala de la organización de mujeres trans.

Asimismo, Bessy fue defensora de las personas con VIH para que pudieran tener acceso a los tratamientos necesarios.

Su lucha fue en parte por el reconocimiento legal de una identidad de género, que haya respeto a las personas por su orientación sexual y que se encuentren oportunidades de empleo, educación, vivienda, salud, para llevar una vida digna.

“Este crimen de hoy nos duele, nos duele un montón, porque además era una hermana. En lo personal yo he acompañado a Bessy en su camino, de su vida, hasta su última morada”, señala Donny Reyes, integrante de la Asociación Arcoíris.

Los entes de seguridad del Estado son quienes cometen crímenes de odio

Según Donny Reyes los patrones son: hostigamientos y seguimientos, mismos que son cometidos por personas que trabajan en los diferentes órganos de seguridad.  “Nosotros hemos hecho algunas investigaciones a lo largo de la vida organizativa.  Y en las investigaciones nos ha salido que quienes cometen mayor número de crímenes hacía la comunidad LGBTI son las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas o de Seguridad del Estado. Es decir, de una investigación que hicimos sobre 171 casos que tuvimos, el 61% habían sido cometidos por los cuerpos de seguridad del estado,  llámese: la Policía Nacional, la policía de investigación, el ejército”, enfatiza Reyes.

De igual manera indica que para la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, la  Policía Municipal ha realizado acciones similares. También indicó que la Policía Nacional tiene una serie de denuncias por violación sexual, acoso hacía personas trans y hombres gays ejecutadas por la Policía Militar.

“Eso nos preocupa fuertemente, por qué ¿quién investiga la Policía Militar, quién castiga o cómo se hace el resarcimiento del daño?”, señala el defensor.

Un alto índice de impunidad

Honduras es uno de los países a nivel mundial con mayor índice de violencia e inseguridad, y parte de ello es la desconfianza que tiene la población por el uso ilegítimo del uso de la fuerza por el cuerpo policial, policía militar y ejército.

“Lamentablemente el índice de impunidad supera la media del país. La media del país es del 90% de impunidad. Nosotros estamos como el 95, 97% de impunidad”, indica Reyes.

Además, Reyes señala que hay un trinomio que promueve y genera este tipo de crímenes y rechazo y discriminación a la comunidad. “Primero el Estado que no tenemos ninguna política pública, ninguna legislación para mejorar nuestras condiciones en este país. Lo otro es la iglesia que con sus mensajes de odio, de rechazo y condena están constantemente mandando esos mensajes. Y los medios de comunicación que perpetúan el mensaje del estado y la iglesia a través de todas las redes corporativas y no corporativas”.

A pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de Honduras para que adopte una ley de identidad de género o medidas similares para su reconocimiento y un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad y realizar investigaciones exhaustivas por los asesinatos, este ha hecho caso omiso evidenciando el poco compromiso que tiene con las persona de la comunidad LGTBI+.

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