En portada: Indígenas Guaraní Kaiowá de la Aldea Guyraroka, en el estado de Mato Grosso del Sur, reivindican la recuperación de su territorio tradicional (Tekohá) para evitar la dispersión de agrotóxicos en las cercanías de las comunidades originarias. Foto: Christian Braga.
El pasado jueves (13) fue presentado el informe “Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil. Datos del 2025”, un análisis elaborado por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi) el cual evidencia el aumento en la inseguridad que viven múltiples territorios indígenas en el país sudamericano, particularmente derivado de ataques violentos contra comunidades que luchan por la tierra y quienes defienden a sus comunidades de diferentes invasores.
Acorde al Cimi, durante 2025 registraron un aumento en tres tipos de violencia: contra las personas, contra el patrimonio de las comunidades, y por la omisión del poder público para defender a las poblaciones originarias.
Según los registros, fueron asesinados 258 indígenas en todo Brasil, lo que representa un incremento del 22% en comparación con los 211 casos documentados durante 2024. Resalta que, la mayoría de los homicidios ocurrieron en el estado de Roraima (82 casos), seguido por Amazonas (47) y Mato Grosso del Sur (37). Medios como Agência Pública alertan que dicha cifra supera la media de 199 indígenas asesinados por año durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019 a 2023).
Esta violencia, asegura el Cimi, está relacionada con las disputas por tierras indígenas. Durante el 2025 se registraron 169 casos de conflictos que afectaron a 143 territorios de pueblos originarios en 23 estados brasileños. El Cimi destaca que, al igual que durante 2024, la mayoría de los casos de violencia se registraron en Tierras Indígenas (TI) no regularizadas o donde el Estado no ha tomado las medidas necesarias para su demarcación legal.
“Esta es la situación de 95 de los territorios en los que se registaron casos de conflicto, lo que equivale a dos tercios (66%) del total de tierras afectadas por esta violencia”, subraya el informe.
Además, el documento enfatiza que la implementación de medidas legislativas y decisiones judiciales contrarias a los derechos constitucionales de los pueblos originarios, sumadas a la vigencia de la Ley 14.701/2023 (mejor conocida como Ley del Marco Temporal e impugnada por organizaciones sociales desde su promulgación), se reflejaron en ataques contra pueblos indígenas en lucha por la tierra.
Un ejemplo de ello es que, en mayo del 2025, el Senado brasileño aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 717/2024, el cual suspende los decretos homologatorios de dos tierras indígenas y, “aún más grave, suspende también parte del decreto 1775/1996, que regula el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indígenas”, alerta el Cimi en su informe.
En contraste, denuncia el Cimi, en el Supremo Tribunal Federal (STF), los pedidos para que la Corte analice la inconstitucionalidad de la Ley del Marco Temporal permanecieron sin ser juzgados hasta diciembre del 2025. Esto a pesar de las exigencias de pueblos indígenas debido a que dicha ley también incorpora dispositivos que permiten la explotación de tierras indígenas por parte de terceros y dificultan el reconocimiento legal como TI mediante las demarcaciones.
Para final de año, durante el juicio en diciembre, el Cimi señala que el Senado brasileño protagonizó una nueva agresión a los derechos indígenas al aprobar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 48/2023 que busca alterar la Constitución para incluir la tesis del “marco temporal” como criterio normativo para las demarcaciones de TI, esto a pesar de que el Cimi denuncia que, dicha ley que pretende restingir el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2023.
Con esto, la organización alerta que el STF se abstuvo de resolver el tema judicial. Peor aún, el relator de las acciones sobre la ley, el ministro Gilmar Mendes, presentó su voto en diciembre mediante el cual mantuvo los dispositivos más graves contra los pueblos indígenas, además de proponer otros que dificultan la garantía de ocupación de las comunidades originarias de sus tierras tradicionalmente ocupadas.
“Se suma a este contexto la presión económica, que encuentra resonancia en los tres Poderes de la República, por la regulación de la minería en tierras indígenas, por la realización de grandes obras de infraestructura para el transporte de granos y minerales y para la explotación de gas y petróleo en áreas con alto impacto sobre los pueblos indígenas”, sostiene el informe al señalar las distintas violencias contra las comunidades originarias.
Recrudecimiento de la violencia y omisión del Estado
La información recopilada por los equipos misioneros del Cimi en diferentes regiones de Brasil, sumada a un monitoreo de medios, dio lugar a que, en 2025, se registraran 63 casos que se saldaron con 68 indígenas asesinados. De estos casos, tres ocurrieron en territorios que se caracterizaron por el recrudecimiento de los conflictos por la propiedad de la tierra y por la omisión del Estado a la hora de garantizar a los pueblos indígenas la posesión de sus tierras.
El 10 de marzo, en la TI de Barra Velha do Monte Pascal, estado de Bahía, el Pataxó Vitor Braz fue asesinado a tiros mientras cerca de 300 líderes indígenas de los pueblos Pataxó y Tupinambá se encontraban en Brasília donde, el día siguiente, tenían agendado una audiencia pública para discutir soluciones que garantizaran la demarcación de sus tierras en el extremo sur del estado.
En julio, el joven Avá-Guaraní, Everton Lopes Rodrigues, de 21 años, fue hallado decapitado en el estado de Paraná. Junto al cuerpo se encontró una carta con amenazas de muerte contra la comunidad indígena, incluidas las infancias. El asesinato ocurrió en medio de un largo contexto de violencia contra el pueblo Ava-Guaraní en el area recuperada de la aldea Yvyju Avary.
Para noviembre, al mismo tiempo que se celebraba la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, el indígena Guaraní Kaiowá, Vicente Fernandes, fue asesinado con un tiro en la cabeza durante un ataque armado contra una recuperación de tierras en Mato Grosso del Sur. El Cimi enfatiza que estos tres casos ocurrieron en tierras indígenas ya oficialmente delimitadas por el Estado, “pero cuyos procesos demarcatorios se extienden por más de una década. Una larga espera, prolongada en 2025, por actos de los poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
