“Carabineros de Chile van a recibir a partir de esta semana la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, España y de Francia para poder enriquecer las estrategias y el procedimiento operativo para poder mejorar los mecanismo de control del orden público, para dar un mejor resguardo a nuestros compatriotas”, declaró el Presidente chileno Sebastián Piñera tras sotener una reunión con ministros y el director de Carabineros el pasado 24 de noviembre.
Tras dicha reunión oficial se anunciaron una serie de medidas que buscan “restablecer el orden público”. Entre estas, destacan el hecho de que Carabineros recibirán asesoría profesional por parte de policías europeas y un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles “sin la necesidad de establecer Estado de Excepción Constitucional”.
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Chile recibirá el apoyo de España, Inglaterra y Francia
Según explicaciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la meta es “evaluar cómo, en situaciones de alta conflictividad y de violencia, se puede mejorar el trabajo de control del orden público, de control de lo que son estas manifestaciones violentas”, así como “hacer un análisis de los protocolos, hacer un análisis de las tácticas y estrategias que se utilizan actualmente en operaciones de control de orden público”.
Ubilla también agregó que esa cooperación se está estableciendo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con “potenciales posibilidades” de que las policías europeas ofrezcan capacitación a cuadros especializados chilenos.
Dicha cooperación internacional no es nada sorprendente. En el caso de Francia, el anuncio suena como un doloroso recordatorio de la historia: cuando el general Augusto Pinochet estableció su dictadura en 1973, los soldados franceses llegaron a enseñar a las autoridades chilenas las técnicas de “contrainsurgencia” desarrolladas durante la Guerra de Independencia de Argelia (entre los años 1954 y 1962), y ayudaron al fortalecimiento de la famosa policía secreta de la dictadura chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Cabe recordar que las autoridades francesas son pioneras en el desarrollo de estrategias de “mantenimiento del orden”, y llevan décadas asesorando policías alrededor del planeta. Francia se destaca también como uno de los mayores exportadores de armas para la represión de movilizaciones. Recientemente, el país europeo ha vendido cañones de agua al gobierno de Hong Kong para acabar con las movilizaciones anti-gubernamentales iniciadas en junio pasado.
Reforma constitucional pretende militarizar las calles sin Estado de Excepción
Piñera también anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan participar de la protección de infraestructura crítica “sin la necesidad de establecer el Estado de Excepción Constitucional”.
Según el mandatario, la iniciativa tiene como meta permitir que militares colaboren en resguardar servicios básicos como el sistema de abastecimiento de electricidad, el de agua potable y también infraestructura policial.
“Esta colaboración militar va a permitir liberar a un número muy significativo de Carabineros para que puedan cumplir sus labores de proteger a nuestros compatriotas, de proteger el orden público, de asegurar la paz”,
AGREGÓ EL PRESIDENTE CHILENO.
Sebastián Piñera también ratificó la medida por la cual los carabineros y los miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) recibirán un aumento de 4,354 efectivos en los próximos 60 días, gracias a la reintegración que se hará de funcionarios en retiro y con el anticipo en el egreso de las nuevas generaciones de las escuelas de oficiales y suboficiales.
Uso excesivo de la fuerza
Estas iniciativas llegan en un contexto en el que la represión contra manifestantes por parte del Estado chileno ya arroja un saldo de miles de víctimas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), más de 20 personas han sido asesinadas desde que empezó la revuelta, al menos cinco de ellas a manos de agentes del Estado, ya sean policías o militares. Además, más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. La Fiscalía chilena también registró más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
El 21 de noviembre, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que denunció los ataques generalizados que están cometiendo el Ejército y los Carabineros con la intención de dañar y castigar a las y los manifestantes.
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“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Dicha organización señaló la responsabilidad de las autoridades chilenas y la necesidad de sancionarlas. “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, declaró Guevara Rosas.
